La Renta Básica Universal es el motor de los Campamentos Dignidad de Extremadura, desde su nacimiento -el 20 de febrero de 2013- en una acampada frente a las oficinas de empleo del SEPE (antiguo INEM), en Mérida. Pese a que sus activistas son perseguidos, multados y procesados, han conseguido que los pobres urbanos -«el lumpen […]
La Renta Básica Universal es el motor de los Campamentos Dignidad de Extremadura, desde su nacimiento -el 20 de febrero de 2013- en una acampada frente a las oficinas de empleo del SEPE (antiguo INEM), en Mérida. Pese a que sus activistas son perseguidos, multados y procesados, han conseguido que los pobres urbanos -«el lumpen de los barrios machacados»- sean cada vez más un sujeto político, afirma Manolo Cañada, miembro de los Campamentos. La iniciativa fue extendiéndose por Plasencia, Almendralejo, Badajoz y otros municipios hasta llegar a plantearle un pulso serio al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, en los últimos dos años. Sobre todo, en la batalla por el pago de la Renta Mínima de Inserción. Los Campamentos Dignidad no sólo son autónomos en cada ciudad donde se han asentado, sino que se declaran independientes respecto a cualquier partido o sindicato. Otra cuestión es la militancia individual. «En los Campamentos convive gente de IU, CNT, Comisiones Obreras, CGT, Podemos y otras muchas organizaciones», apunta Cañada.
-Un pacto entre el PSOE y Podemos podría alzarse con el gobierno de la Junta de Extremadura (suman 36 escaños frente a los 29 del PP y Ciudadanos). Además el PP ha perdido la mayoría absoluta en Cáceres, Badajoz y Mérida. ¿Cómo valoras el resultado de las elecciones del 24 de mayo en la comunidad extremeña?
La opinión es a título individual. Me parece importante la derrota del PP en las elecciones autonómicas y en municipios como Mérida (donde ha logrado el 28% de los votos). Monago hizo una campaña muy personalista, sin las siglas del PP, y «vendiendo» una Extremadura irreal. Dirigentes del PP nos dicen en privado que los resultados se explican en parte por la erosión que les ha causado los Campamentos Dignidad. Han sido dos años y medio de enfrentamiento muy duro entre el PP y los Campamentos, por ejemplo en asuntos como la renta de inserción. En febrero de 2013 nacieron en Mérida los Campamentos Dignidad. En mayo del mismo año el gobierno extremeño aprobó la Ley de Renta Básica de Inserción.
-¿Se abre un periodo político nuevo con Monago y el PP fuera de la Junta de la Extremadura?
También respondo a título personal. El hecho de que PSOE sólo pueda completar mayoría para gobernar con Podemos abre nuevas expectativas. De entrada, Podemos ha reclamado que las reuniones entre los dos partidos se celebren en un espacio de conflicto, la Corrala «Dignidad», y con un contenido de las conversaciones abierto a los ciudadanos. Sin embargo el «bipartidismo» resiste en Extremadura mejor que en otros lugares: el PP y el PSOE suman más del 70% de los votos. Esto se explica por la «anomalía» que supone el clientelismo, que es además para nosotros la pelea de los próximos años. Por otro lado, el «sí se puede» requiere hoy, de manera urgente, de una unidad popular que incluya a los movimientos sociales, como demuestran los resultados de Madrid y Barcelona.
-¿En qué consiste el proyecto «solidaridad contra la represión» impulsado por los Campamentos Dignidad?
La iniciativa consiste en recabar recursos para afrontar multas y procesamientos. Por ejemplo se ha generado un grupo de abogados de otros puntos de España para nuestra defensa. La gente de Espai Marx, El Viejo Topo y Kaos en la Red, entre otros, nos han dado también su apoyo. También el Parlamento de Cataluña aprobó una moción de respaldo a los Campamentos.
-¿Cómo ha afectado la represión a los Campamentos Dignidad?
Tenemos 62 compañeros multados o procesados por diferentes acciones de lucha. Nos reclaman multas, además, por valor de 183.000 euros. El juicio más llamativo al que se nos ha sometido fue por irrumpir en los estudios de Televisión Española en Extremadura (febrero de 2014), en el momento de los informativos. Actualmente se hallan en libertad provisional 18 compañeros. Todo esto, a pesar de que somos un movimiento de desobediencia civil pacífico, aunque muy perseguido. Ha habido una consigna clara de ir a por nosotros. Incluso la Delegación del Gobierno fue presionada por Monago en este sentido.
-¿Quién fue José?
Un compañero de los Campamentos Dignidad de Mérida, que murió cuando tenía cerca de 60 años. Nos decía siempre que el fuego purifica. El final de José fue muy triste, y explica mejor que ninguna otra desgracia el sentido de nuestra lucha. Estaba enfermo, pero la realidad es que no se podía pagar los medicamentos: lo hacía a meses alternos. Participaba en los desahucios, en los escraches…
-¿En qué consiste la batalla por las rentas mínimas de inserción en Extremadura?
Hay más de 35.000 rentas solicitadas, el gobierno autonómico dice que ha resuelto positivamente 13.000, pero sólo han pagado 5.000. Además de que haya gente con la renta mínima de inserción reconocida, a la que no se la pagan, ocurre otra cosa. Los bancos están embargando la renta mínima a la gente (a pesar de que ésta es «inembargable»). Éste es el síntoma de que hemos de arrancarles hasta lo más elemental en la pelea. Y demuestra cómo son de rateros. Me recuerda a cómo Marx cuenta en «El Capital» el modo en que se arrebata minuto a minuto, bocado a bocado, la plusvalía a la clase obrera.
-¿Podría cambiar la situación con un gobierno formado por el PSOE y Podemos?
El PSOE se ha comprometido a una partida de 90 millones de euros para la renta mínima de inserción (En 2014 el PP destinó 20 millones de euros; y en 2015, 30 millones). Los 90 millones de euros nos siguen pareciendo injustos. Es cierto que se multiplica la cuantía, pero no llega para satisfacer las necesidades. Podemos ha planteado que la renta mínima cubra a todos los parados sin cobertura, que es lo que pedimos en nuestra propuesta a los partidos durante la campaña.
-¿Se asemeja en algo la Renta Mínima de Inserción a la Renta Básica Universal?
La Renta Básica es el nacimiento de los Campamentos Dignidad. La renta de inserción es otra cosa. Tiene unas limitaciones muy grandes. De entrada, tiene como fin «insertar» a parados y pobres, cuando el problema no es la «inserción», sino que son personas sin recursos. Por otro lado, la Renta Básica Universal no deberían tramitarla trabajadores sociales, como ocurre con la renta mínima de inserción, ya que se trata de un derecho ciudadano. Además de lo dicho, la renta básica es lucha de clases, no una cuestión meramente académica.
-¿Qué logros destacarías de los Campamentos Dignidad, después de dos años y medios de lucha social?
En primer lugar, que el «lumpen» y la gente de los barrios machacados sean un sujeto político. En América Latina se habla de los «pobres urbanos», pero el problema es que en España todavía hay pocos que hagan política. Aunque cada vez son más. Además, se trata de tejer alianzas dentro de la clase trabajadora. Ninguna fracción de la clase obrera puede por sí sola lograr los objetivos. Los Campamentos Dignidad han trabado alianzas con la PAH, el SAT, las «mareas», las Marchas de la Dignidad, o los trabajadores en huelga de Coca Cola, Panrico y las subcontratas de Movistar.
-Otra de vuestras reivindicaciones básicas tiene que ver con las becas de comedor…
Hay 10.000 personas en Extremadura, entre escolares de infantil y primaria, que comen en los colegios. El 80% de estos escolares tienen beca de gratuidad para la comida. Pero en los meses de junio y septiembre, las familias de esos 8.000 menores con beca han de pagar. Al final, come el que tiene dinero. Ahora les hemos arrancado al PSOE y Podemos el comedor gratuito durante todo el curso. Además, en los dos últimos años hemos conseguido que se abran los comedores escolares, en los municipios más grandes, durante los meses de julio y agosto.
-¿Qué ocurre con los bancos de alimentos?
El problema es quiénes controlan el reparto de los alimentos en el estado español. Éste es un «cortijo» del Opus Dei. Además, desde marzo de 2015 se reclama un «informe social» para los receptores, lo que no es sino un mecanismo para «fiscalizar» al pobre a través de los Servicios Sociales y los trabajadores sociales. Hay que tener en cuenta que el número de personas acogidas a los repartos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es ya de dos millones, según la Fundación del Banco de Alimentos. En definitiva, el modelo que tienen en mente es la caridad. Hemos de plantear que, si esos alimentos están pagados con dinero público, no pueden convertirse en la gestión de un «cortijo» para determinadas entidades.
-¿De qué modo estas «comunidades de lucha» se han extendido al campo de la vivienda?
Hay dos Corralas impulsadas por los Campamentos Dignidad. La primera en Almendralejo, hace aproximadamente un año y medio; la segunda en Mérida, la Corrala «Dignidad», el 1 de mayo de 2015, justamente el día de la clase obrera. Hoy están viviendo 19 familias en 24 viviendas. Se encuentran todavía en proceso de adaptación. Ya les han cortado en dos ocasiones la luz y el agua. Ésta es la pelea de siempre en las Corralas, además del empadronamiento. Al final, se trata de la necesidad de la autogestión en todos los ámbitos, en el techo, en la tierra o en los medios de comunicación. Vamos a plantear una batalla decisiva por el derecho a la vivienda. Actualmente hay 110.000 viviendas vacías de la SAREB (el «banco malo») en el estado español), el objetivo ha de ser convertirlas en alquileres sociales.
-Por último, ¿Cuál fue el resultado de las acampadas frente al domicilio de José Antonio Monago, en febrero de 2015?
Fue difícil mantenerlas por las presiones y las multas. Siete familias acamparon en la puerta de la urbanización de Los Altos de la Cañada, en la zona de la Vaguada, donde reside Monago. Al final quedaron en la resistencia sólo dos. Si nos desahucian, hay que ir a sus casas. Al político canalla hay que avergonzarlo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.