La cosecha de maíz en Sinaloa -corazón de la agricultura industrial en México- está por terminar, con una producción récord cercana a los 5 millones de toneladas. Cuatro empresas trasnacionales controlan 66 por ciento de la oferta del grano, con sus correspondientes subsidios, y en la pista de la crisis de los precios agrícolas conducen […]
La cosecha de maíz en Sinaloa -corazón de la agricultura industrial en México- está por terminar, con una producción récord cercana a los 5 millones de toneladas.
Cuatro empresas trasnacionales controlan 66 por ciento de la oferta del grano, con sus correspondientes subsidios, y en la pista de la crisis de los precios agrícolas conducen la comercialización y distribución del alimento esencial de los mexicanos.
Desde la década de los 90 el gobierno renunció a regular el mercado del maíz y el resto de los productos básicos y dejó este jugoso negocio en manos de las trasnacionales. Cuando la producción excedentaria de Estados Unidos inundaba el mercado de México a precios dumping, las corporaciones, que son también las principales importadoras, exigían subsidios al gobierno para comercializar la cosecha nacional. Los «programas de apoyos directos por excedente de comercialización» de la Secretaría de Agricultura les permitieron engrosar sus ganancias.
A partir de 2006, el escenario agrícola mundial cambió y no hay más excedentes de alimentos a precios baratos; sin embargo, el gobierno mexicano se ha rehusado a cumplir sus funciones de regulación y las trasnacionales mantienen el control del mercado.
El precio internacional del cereal ha llegado a niveles sin precedentes; a finales de junio cerró en 282 dólares por tonelada, y se espera que continúe en ascenso, para llegar en diciembre a cerca de 310 dólares la tonelada, debido al aumento de la demanda para la producción de etanol, usado como agrocombustible y porque se ha convertido en uno de los productos más atractivos para los inversionistas bursátiles que actualmente controlan en instrumentos de futuros la mitad de los inventarios de Estados Unidos.
Para detener la ofensiva de los precios, el gobierno mexicano, fiel al libre comercio, estableció desde el año pasado un programa de compras anticipadas de maíz blanco. Para la actual cosecha de Sinaloa (ciclo otoño-invierno 2007-2008) el programa ampara la compra de 3.85 millones de toneladas, que serán subsidiadas hasta con 625 pesos cada una, destinados a apoyar los costos del flete a las regiones de consumo, los de almacenamiento y financieros, el cabotaje o flete para la exportación, un subsidio de 200 pesos si el grano se destina al consumo de ganado, y la mitad del costo de las «coberturas» utilizadas para proteger el precio pagado. Maseca compró 922 mil toneladas, Cargill 900 mil, Minsa 317 mil y Archer Daniels Midland, vinculada a Maseca, otras 86 mil. Estas corporaciones, junto con algunas industrias ganaderas como Bachoco, SuKarne y otras empresas menores, se repartirán el mercado, y los correspondientes subsidios.
Pero la comercialización de maíz es un negocio, y mientras los acopiadores pagaron a los agricultores de Sinaloa entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada, el control de la oferta que ejercen les permite presionar los precios al alza. A finales de mayo, antes de que las trasnacionales reditaran una nueva crisis de la tortilla, subiendo de manera abrupta los precios, el gobierno acordó incrementos escalonados en los precios de venta del grano, que van desde 3 mil 450 pesos en julio, hasta llegar a 3 mil 950 pesos en noviembre, además de aumentar 100 pesos a los subsidios por tonelada (La Jornada, 02/6/08).
Los más de 60 mil molinos dedicados a la elaboración de masa y tortillas que existen en el país son principalmente pequeños negocios familiares, sin capacidad de compras anticipadas, ni de almacenamiento, por lo que recurren semanalmente a las comercializadoras para su abasto de grano. Cargill surte a alrededor de 2 mil molinos en la ciudad de México.
El precio de venta del maíz pactado para noviembre implica un significativo aumento de 17 por ciento y se coloca por arriba del precio internacional esperado. Por su parte, los agricultores se protegieron con coberturas y esperan el pago de una compensación que les permita alcanzar los 3 mil 354 pesos por tonelada al que cerraron sus contratos de futuros.
En este entorno de especulación financiera y disputa por las ganancias que arroja la producción y comercialización de maíz, el margen del gobierno para evitar nuevos aumentos al precio de la tortilla es muy estrecho, mientras los vampiros trasnacionales se fortalecen.