La corrupción se instaló en las instituciones y provocó la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales. El escándalo que golpea al gobierno de Mariano Rajoy
Un problema social
Según un estudio de la Universidad de Las Palmas, la corrupción perjudica de manera directa al 8 por ciento del PBI del país y afecta a todos los niveles de la sociedad: desde el ciudadano que no paga sus impuestos pasando por el empresario que entrega coimas y el político que las recibe hasta el afiliado que acepta un cargo.
Riesgos reales
Una de las consecuencias más graves de la desafección ciudadana es la aparición de partidos políticos de extrema derecha o el surgimiento de la antipolítica, un peligro real para el sostenimiento del régimen democrático. El «todos son iguales» puede desembocar en la desaparición de la democracia y el auge de sistemas autoritarios.
Marchena es una ciudad cercana a Sevilla. En marzo de 2011, el Juzgado de Primera Instancia de la localidad llamó a declarar al intendente de la municipalidad (PSOE) por indicios de un presunto fraude a la hora de destinar fondos a la compra de equipos informáticos. En el otro extremo del país, la cúpula de CIU, partido que gobierna en Cataluña, es investigada por el uso de los fondos de la Fundación del Palau de la Música de Barcelona en la financiación irregular de la formación. En la Diputación Provincial de Orense, Galicia, se investiga la creación de una bolsa de trabajo destinada a emplear a militantes de Partido Popular y sus familiares. Hace unos años, los integrantes de la asociación No les votes crearon un mapa de la corrupción en España. Los logos de la mayoría de los partidos con responsabilidades de gobierno se desparraman por la geografía poniendo de manifiesto que el fenómeno es un problema a gran escala.
En los últimos tiempos, el escándalo de la trama Gürtell, un entramado de relaciones económicas y políticas en torno a los mecanismos de financiación del Partito Popular, ha eclipsado los casos más pequeños. La dimensión de la red delictiva creada por Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, que ha puesto en la picota al presidente Mariano Rajoy, las andanzas del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, al frente del Instituto Nóos o casos como el de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos en Andalucía (PSOE) acaparan portadas, tertulias periodísticas, debates parlamentarios y comentarios de café. Pero los hechos ponen de manifiesto que el tumor está extendido.
«Es una consecuencia más del país que surgió tras la Transición política», señala a Debate Ginés Fernández. Este ciudadano «preocupado» es portavoz del Frente Cívico, una agrupación de ciudadanos de reciente creación surgida al albor de la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales. «No se ha logrado romper con las mañas del franquismo y se ha perpetuado esa ligazón entre poder económico y política que era la esencia de la dictadura. Han cambiado las formas, pero el fondo no. Al final, la verdadera naturaleza del sistema se manifiesta en el saqueo de los ingresos de la población a través de la apropiación de las arcas del Estado», dice.
La gente se cansa. En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de agosto último, la corrupción aparece como el segundo problema más importante para la sociedad española. Sólo el desempleo la supera. La propia clase dirigente se coloca como el cuarto item de esta lista de inconvenientes. Según la encuesta, el 81 por ciento de los españoles considera que la situación política es mala o muy mala. El 43 por ciento percibe que ésta es peor que el año pasado y más del 50 por ciento estima que se deteriorará aún más en 2014. Sólo un 4 por ciento de los españoles confía en los partidos políticos.
Los números son para preocuparse. Según algunos estudios, en los últimos 13 años se han detectado unos 800 casos de corrupción en España. Los hay de todos los colores políticos, modos de actuación y motivación. Pero el 88 por ciento de estos casos tienen que ver con la gestión urbanística del suelo; un dato lógico teniendo en cuenta la dimensión de la fallida burbuja inmobiliaria, a la postre principal responsable de la crisis económica que vive el país.
El descrédito de la política
Algunos estudiosos hablan de una especie de neo caciquismo borbónico al modo del sistema de alternancia pactada anterior a la Segunda República. «La crisis política y democrática se ha trasladado a la ciudadanía en forma de desconfianza hacia un sistema político que se ha asentado gracias a la acción e inacción del PP y el PSOE a lo largo de los últimos años. Es una red que, de alguna u otra manera, ha salpicado a muchos de los políticos que han detentado responsabilidad de gobierno y que supone la utilización de los mecanismos de gobierno para instaurar un sistema de saqueo sistemático de las arcas públicas», comenta el portavoz del Frente Cívico.
«Son dos caras de una misma moneda, como en la Restauración anterior a 1931. Al principio funcionaron los clichés de oposición entre conservadores y progresistas, pero la realidad es que confluyen en casi todo. Ahora, ambos partidos son portavoces de esa extrema derecha económica que lo quiere desregular todo. Se han convertido en una especie de mafia institucionalizada para saquear las cuentas públicas y favorecer intereses privados. Y la gente se ha cansado», resume a Debate Pablo Orlantz, portavoz de la asociación Democracia Real Ya, uno de los muchos movimientos sociales surgidos al socaire del 15M.
El efecto más visible de esta situación es la pérdida de credibilidad de los partidos políticos tradicionales y el hundimiento de sus expectativas electorales. Las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2014, serán una buena muestra de esta realidad que confirman las diferentes encuestas públicas y privadas que se realizan mes a mes. «La gente se ha visto obligada a buscar nuevos referentes; nuevas vías de representatividad», señala Orlantz.
En este contexto surgen nuevos partidos que buscan ocupar ese espacio que queda huérfano ante el hundimiento de las expresiones tradicionales de la derecha y la izquierda liberal. Surgen formaciones más tradicionales, como Equo, y otras más heterodoxas como el enigmático Partido X. Esta formación política de nuevo cuño que ha surgido desde el ámbito de Internet y que, aún, no tiene caras, voces o programa más allá de la intención de regeneración político y la apuesta por un modelo de democracia directa. También se ha detectado un aumento alarmante de movimientos de extrema derecha o la aparición de la antipolítica.
El costo de la corrupción
Desde el punto de vista social, el efecto más inmediato de la corrupción política es el desánimo de la ciudadanía y la deslegitimación de las instituciones. Pero un sistema político corruptible, en una economía social europea, en la que el Estado juega un papel determinante como prestador de servicios sociales, supone también un quebranto económico. Según el equipo de investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el fenómeno genera un costo de 40 mil millones de euros al año. Una cifra nada despreciable que según destaca Jorge Araña, profesor de la institución académica y coautor del estudio, afecta a un 8 por ciento del PIB del país y supone una media de 800 euros por habitante.
Estos números incluyen el sobresueldo que recibe un político que acepta una comisión por haber favorecido a una empresa y lo que deja de cobrar un ciudadano que no accede a un puesto de trabajo porque alguien ha colocado a un familiar o a un afiliado del partido de turno. También estima los proyectos que las empresas dejan de realizar porque saben que pueden verse afectados por injerencias de carácter político.
«El impacto de la corrupción es doble», explica el experto. «Por una parte provoca una merma en el crecimiento económico porque las decisiones que se adoptan no son las más eficientes. Pero también se afecta a la calidad de vida de los ciudadanos que dejan de emprender o no se desarrollan personal y profesionalmente por culpa de estas prácticas».
Pero el problema va más allá de los despachos. Es un mal que se manifiesta a gran escala en todos los ámbitos de la sociedad y tiene que ver con la propia cultura de cada país. En España se tiene una percepción subjetiva muy alta de la existencia de corrupción, pero también una «tolerancia más alta que muchos de los países de su entorno».
«Hemos detectado que al menos hay cuatro dimensiones que ayudan a explicar el fenómeno de la corrupción y que atañen a toda la sociedad. La primera, y más básica es la poca efectividad a la hora de aplicar la fiscalidad a los ciudadanos. Otra es el fraude fiscal por parte de las empresas. En otro plano, este fenómeno afecta a los sobornos para contratar con la administración pública o para influir en las decisiones que pueden beneficiar de manera directa o indirecta a empresas y particulares. Y, por último, hay que aludir a la endogamia partidaria a la hora de contratar los cuadros de la propia Administración», indica Araña.
Estos sistemas viciados de dádivas y favores se multiplican en lugares «alejados y cerrados» como el Archipiélago canario. «Salvo en Marbella, es difícil encontrar una concentración de corrupción como la que se ha desarrollado en Canarias», relata a Debate Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, periódico digital que, durante las últimas décadas se ha convertido en un verdadero látigo contra la corrupción política en el archipiélago.
Los orígenes de este complicado juego de relaciones son antiguo. Tal como sucedió en el resto de España, la victoria del franquismo en la Guerra Civil supuso la recuperación del sistema caciquil que se vio amenazado seriamente por la Segunda República. «Cuando llegó la democracia se invirtieron algunos roles, sobre todo sociales. La burguesía intentó copar los espacios del nuevo régimen político y económico, pero las clases altas reaccionaron rápidamente tomando posición y posesión de los resortes del poder. En Canarias, esta realidad entroncó de manera rápida con la tradición caciquil que existía desde siempre», indica el periodista.
El boom turístico, iniciado en los años sesenta, hizo el resto: «El dinero fácil del ladrillo vinculado al turismo y la escasez de territorio, en un contexto en el que todo estaba por hacer, provocó un sistema en el que se compraban favores políticos a través del planeamiento urbanístico. La combinación de estos factores son los que han convertido a Canarias en una especie de paraíso de la corrupción», comenta, contundente, Sosa.
Y después está la sensación generalizada de impunidad. «Muchos de los casos de corrupción que se producen en España ni siquiera llegan a juicio por las intrincadas relaciones que existen entre el poder económico, político, judicial y policial. El poder empresarial y el político confluyen provocando un sistema de favores que se retroalimenta y que logra imponerse gracias a la ausencia de un periodismo crítico. Nada de esto podría prosperar si el periodismo funcionara mejor y esos comportamientos se denunciaran con más frecuencia», sentencia el periodista.
Los papeles de Bárcenas
La Ley de Financiación de los Partidos Políticos de España establece un límite de 60 mil euros por vez para las donaciones por parte de empresas o particulares que contraten con las administraciones públicas. Esa es la clave fundamental que sirve para explicar el Caso Bárcenas. Durante un periodo que, al menos, va desde 1990 al 2009, el ex tesorero del partido que sustenta el actual Gobierno español, organizó una trama de captación de fondos que, en el 70 por ciento de las ocasiones, superó este monto límite. Este es el primer elemento que explica este escándalo que ha puesto a Mariano Rajoy en la picota. Muchos vinculan estas donaciones al pago de comisiones ilegales por la concesión previa de contratos públicos. La lista de empresarios es amplio e incluye, entre otros rubros, a los grandes emporios de la construcción, el sistema bancario y la energía.
La tercera pata del asunto, y que implica directamente a los principales líderes del PP, es la minuciosa contabilidad anotada por Luis Bárcenas, que registró la entrega de presuntos sobresueldos a altos cargos del partido conservador. Según los papeles, el propio Rajoy, entre muchos nombres de primera línea de la formación política, se benefició de esta práctica. El presidente español, según Bárcenas, cobró algo más de 95.500 euros entre 1997 y 1999, cuando era ministro del gabinete de José María Aznar. El presidente lo niega. Otros cargos menores han reconocido la existencia de estos sobresueldos.
Asimismo, el propio Bárcenas logró acumular una fortuna considerable que depositó en cuentas de Suiza, Estados Unidos y España. Sólo en el país helvético llegó a contar con 38 millones de euros.
2º
Según el CIS, la corrupción es el segundo problema del país tras el desempleo.
38
millones de euros acumuló el ex tesorero del PP en cuentas suizas.
40.000
millones es el costo económico anual de la corrupción en España.
4%
Sólo el 4% de la población española se fía de los partidos políticos.