El medicamentazo que anunciara la ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado mes de junio es una realidad desde el viernes 17 de agosto. Según publica el BOE con fecha del 17 de agosto, un total de 417 fármacos dejarán de ser financiados por la Seguridad Social desde el próximo día 1 de septiembre. La […]
El medicamentazo que anunciara la ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado mes de junio es una realidad desde el viernes 17 de agosto.
Según publica el BOE con fecha del 17 de agosto, un total de 417 fármacos dejarán de ser financiados por la Seguridad Social desde el próximo día 1 de septiembre.
La mayoría corresponde al tratamiento de síntomas menores, aunque algunos subgrupos de ellos están indicados para el tratamiento de enfermedades graves. En este último caso existen otros medicamentos alternativos que sí mantendrán la financiación de la Seguridad Social, pero serán los médicos quienes elegirán «lo más conveniente en cada momento», según afirma Agustín Rivero, Director General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
La lista de medicamentos que habrán de ser «repagados» por los ciudadanos abarca un amplio espectro de tratamientos como los antigripales, los jarabes para la tos, los mucolíticos, los tratamientos para varices y hemorroides, para la psoriaris, cremas para los virus que afectan a la piel como el aciclovir para el herpes; cremas antinflamatorias tipo voltarem; las destinadas para la dermatitis del pañal; lagrimas artificiales; laxantes; antidiarreicos; antiácidos; fármacos para la ansiedad leve y para prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad.
Se encuentran en la lista productos de uso tan extendido como Almax, Fortasec, Emportal, Fastum, Calmatel, Zenavan, Mucosan, Pectox o Rinomax. La lista completa de medicamentos se puede consultar en esta página del BOE.
Fuentes oficiales utilizan el eufemismo «desfinanciar» para encubrir esta imposición del «repago» farmacéutico al ciudadano, algo que la dirección del Partido Popular ha estado negando sistemáticamente hasta que se ha convertido en una triste realidad para el ya maltrecho bolsillo del ciudadano.
Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, esta «desfinanciación» permitirá al Estado ahorrar más de 450 millones de euros, que tendrán que ser pagados entre todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos y de su situación laboral.
Sin embargo, según varias organizaciones sanitarias y sindicales, este es un paso más en el desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo el Partido Popular en contra de su discurso preelectoral en el que afirmaban haber marcado una línea roja infranqueable y que estaría situada en «una sanidad pública, universal y gratuita», en lo que a este frente se refiere.