Habrá quien piense que exageramos cuando sostenemos que Euskal Herria vive inmersa en un estado de excepción, en el que una parte sustancial de la sociedad carece de cualquier tipo de seguridad jurídica sobre la aplicación misma de las leyes, pues éstas se vuelven siempre relativas cuando de la izquierda abertzale se trata. Quien así […]
Habrá quien piense que exageramos cuando sostenemos que Euskal Herria vive inmersa en un estado de excepción, en el que una parte sustancial de la sociedad carece de cualquier tipo de seguridad jurídica sobre la aplicación misma de las leyes, pues éstas se vuelven siempre relativas cuando de la izquierda abertzale se trata. Quien así lo crea que defina cómo puede denominarse si no es estado de excepción a aquella situación en la que el ministro de Justicia anuncia que ha instruido «con carácter general y permanente» al Ministerio Fiscal que recurra la aplicación de la ley sobre la excarcelación de presos políticos vascos. ¡El ministro de Justicia contra la Ley! Una nueva aportación española al mundo del Derecho.
Según la legislación española, Iñaki de Juana como otros muchos presos que han cumplido las tres cuartas partes de su condena hace meses que debiera estar en libertad. Su excarcelación fue siendo demorada por el Ejecutivo de José María Aznar con artificios. Y cuando la salida de prisión ya era inevitable, cogió el relevo el Gobierno del PSOE, que intentó volver a procesar a De Juana por unos supuestos delitos que no eran más que invenciones y patrañas para mantenerlo en la cárcel. No son el colectivo de presos ni la sociedad vasca quienes han redactado las leyes por las que Iñaki de Juana debe quedar en libertad, lo ha hecho el Legislativo español. La orden dada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para que los fiscales actúen contra la aplicación de la ley, se aproxima mucho al delito de prevaricación.
Desde hace años, y en especial con la puesta en marcha del Pacto PP-PSOE, se ha impuesto en el Estado español una concepción que subordina la legalidad a los intereses políticos. De esta forma se ha endurecido el Código Penal de forma singular para los presos vascos, se modificó la Ley del Menor antes de su entrada en vigor, se han creado delitos pensando sólo en Euskal Herria y hasta se ha redactado una ley orgánica para ilegalizar un partido. Y cuando todo eso resulta insuficiente para la «estrategia antiterrorista», se crea la «alarma social» necesaria que pretenda justificar que desde el propio Estado se invite a incumplir las leyes.
De Juana debe ser excarcelado porque legalmente ha cumplido su condena y ni se le puede exigir arrepentimiento alguno ni que abjure de sus ideas. Queda por ver si al final se aplica el Derecho o también esta vez vuelve a triunfar el estado de excepción.