El pasado sábado, día 7 de noviembre de 2015, tuvo lugar una reunión de los principales representantes del movimiento antinuclear de la Península Ibérica, incluyendo personas procedentes de Portugal, país que también se vería afectado por un hipotético accidente en una nuclear española. A lo largo del día, los más de 50 asistentes debatieron sobre […]
El pasado sábado, día 7 de noviembre de 2015, tuvo lugar una reunión de los principales representantes del movimiento antinuclear de la Península Ibérica, incluyendo personas procedentes de Portugal, país que también se vería afectado por un hipotético accidente en una nuclear española. A lo largo del día, los más de 50 asistentes debatieron sobre los diferentes impactos que conllevaría el alargamiento de la vida de las nucleares y acordaron solicitar al Gobierno el cierre escalonado de las centrales nucleares españolas y pedir a los partidos políticos su compromiso con un calendario de cierre para las elecciones del 20 de diciembre.
Algunos de los asistentes participaron a nivel personal y otros lo hicieron en nombre de diversas organizaciones ecologistas y antinucleares, dando lugar a un espacio en el que se coordinan los principales activistas antinucleares de la Península Ibérica, si bien es posible que, con el tiempo, se amplíe a más países fuera de la Península. Al final del encuentro se acordó mantener este espacio de coordinación de forma estable con el nombre de Movimiento IbéIbérico Antinuclear (MIA). La reunión contó también con la participación de algunos miembros históricos del movimiento antinuclear que habían tomado parte en las movilizaciones contra los planes para instalar unos 30 reactores nucleares en España, de los cuales solo llegaron a terminarse 10.
El MIA solicitará que no se concedan nuevos permisos de explotación a las centrales nucleares, una vez expiren los que tienen concedidos actualmente, de forma que como muy tarde se cierren las nucleares españolas según vayan expirando sus permisos de explotación, si no lo hacen antes por motivos económicos, de seguridad o de política energética. De esta forma, la última en cerrar será la central de Trillo en Guadalajara, que lo hará en 2024. Este lapso temporal permite que las centrales estén amortizadas tras su cierre, lo que habrá posibilitado a sus explotadores recuperar su inversiones y evitará que puedan reclamar por ello; evitará igualmente que los operadores puedan recurrir legalmente al no tener ningún permiso vigente y permitirá también que una parte de los enormes beneficios de la venta del kWh nuclear en el actual mercado eléctrico español (conocidos como wind-fall profits o beneficios caídos del cielo) se inviertan en las zonas donde han funcionado las nucleares para paliar el efecto de su cierre en las economías locales.
Los principales argumentos que se esgrimen para pedir que no se prolongue la vida útil son la degradación de la seguridad de las centrales según envejecen, en particular por el problema de la corrosión y por el envejecimiento de los diferentes sistemas de control y de seguridad. Asimismo se hizo referencia al problema de la generación de residuos radiactivos, que deben ser reducidos lo más posible, y para los que no existe hoy en día solución satisfactoria, como muestra la falta de acuerdo a nivel internacional sobre el mejor método de gestión.
La minería del uranio y la fabricación de elementos combustibles dejarán de tener sentido con este calendario de cierre, por lo que se solicita que se programe el cierre de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca) y que no se abra la mina de Retortillo-Santidad (Salamanca), cuya explotación se ha concedido a la empresa especuladora Berkeley.
Los activistas antinucleares mostraron su preocupación por la economía de las comarcas donde se han ubicado las centrales, que han visto como estas instalaciones expulsaban a otras actividades y negocios, condenando así a las zonas nucleares a un «monocultivo» económico. Los beneficios sobre las zonas se han reducido prácticamente a algunos empleos indirectos y a los dineros satisfechos por ENRESA por mantener los residuos de alta actividad en la central nuclear. Además, los procesos de desmantelamiento servirán para mantener los puestos de trabajo mientras todavía están llegando las compensaciones de ENRESA por mantener los residuos. Para el MIA sería más sensato entregar todo este dinero tras la presentación y evaluación de proyectos económicos, en lugar de como se ha venido haciendo hasta ahora, en que se entregaba a los ayuntamientos para que lo gastaran al albur de los representantes municipales, dando así lugar a un caciquismo de nuevo cuño.
El MIA hará público próximamente un documento donde establecerá su plan de calendario de cierre y mostrará sus argumentos en detalle.