El negocio de las redes eléctricas

Durante este último año se ha divulgado insistentemente que las redes eléctricas en el Estado estaban saturadas. Se ha repetido una y otra vez que hacían falta nuevas inversiones para que las empresas pudieran electrificar su actividad, un objetivo, por cierto, alineado con el propósito de descarbonizar la economía. Se ha apuntado asimismo que con este colapso en la red eléctrica se estaban perdiendo inversiones, con el consiguiente perjuicio para el empleo y la riqueza. Y como para dar la razón a los malos augurios, a finales de abril un apagón dejó sin suministro a la península.

A esta campaña se sumó también el Gobierno de Gasteiz, que ya en enero advertía de una deslocalización de la industria vasca por la falta de potencia y señalaba que la red vasca necesitaba hasta un 30% más de potencia eléctrica. La sensación de colapso y de urgencia crecía. Sin embargo, como suele ser habitual en este tipo de campañas, no todo el monte es orégano. De las cifras aportadas por los diferentes agentes implicados conviene destacar algunas.

Especulación 

A raíz de la demanda de mayores conexiones salió a la luz pública un fraude que al parecer está bastante extendido. Consiste en acaparar permisos de acceso y conexión a las redes para luego especular con ellos. El procedimiento es sencillo. Se crea un vehículo de propósito especial (SPV), esto es, una sociedad para conseguir financiación que hace una petición de potencia que cumple los requisitos administrativos estipulados (crear un centro de datos, por ejemplo) y paga el coste (40 euros por kW de potencia solicitado). 

La compañía eléctrica analiza la solicitud, y si hay capacidad, concede el permiso. Una vez conseguida la reserva de potencia, el especulador la guarda en un cajón hasta que aparezca un inversor con un proyecto de verdad al que pueda revendérsela. 

Muchas de esas peticiones de nueva potencia se centran precisamente en aquellos nodos que están a punto de quedar saturados, lo que otorga mayor valor al permiso.

Los expertos calculan que entre el 10 y el 15% de las solicitudes son de carácter especulativo. Una cantidad a tener en cuenta a la hora de valorar las cifras que se están manejando sobre el déficit de potencia existente.

La demanda de potencia 

A principios de septiembre, Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy pusieron algunos números al colapso de la red. Dijeron que el 83,4% estaba ya saturada, por supuesto, sin hacer ninguna mención a la especulación con los permisos. Sí fueron muy claras a la hora de señalar que hay inversiones que se pueden perder a causa de estos cuellos de botella. Y es que incluso la OCDE recomendó el pasado verano a la industria europea recolocarse en el Estado por su competitiva energía verde.

Sin embargo, la asociación de distribuidoras de electricidad, Aelec, sí dio cifras sobre la demanda de potencia. Dijo que en 2024 se pidieron 67 GW y señaló que la mitad de las solicitudes de acceso se estaban denegando. Unos días más tarde, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que en los dos últimos años se han concedido 43 GW de capacidad para nuevas demandas. Eso supone que se han concedido casi dos tercios de la cifra dada por Aelec, (67). Pero teniendo en cuenta que la cifra del Ministerio se refiere a dos años y la de Aelec es solo de 2024, en realidad, solo un tercio habría conseguido el permiso. Algo no cuadra.

Más sorprendente todavía resulta que 43 GW es la potencia actual instalada en el Estado español, es decir, que en dos años se ha concedido tanta potencia como la existente. A primera vista, parece una ampliación exagerada.

En este sentido, la demanda del Gobierno de Gasteiz era de un 30% más de potencia y al parecer ha logrado que se aumente en un 40%, una cantidad muy respetable, pero que está lejos de doblar la potencia instalada. Además, en la nota en la que anunciaba el acuerdo, señalaba que durante los últimos 20 años se ha mantenido estable en torno a los 12 GW. Una cantidad que supone casi una cuarta parte de la potencia de todo el Estado, aunque el PIB de la CAV sea aproximadamente el 6% del total. 

Con una potencia constante, el PIB ha podido crecer en esos 20 años nada menos que un 25% en términos reales, es decir, que tampoco parece que haga falta de repente tantísima potencia: los cambios suelen ser más graduales.

Sin descartar que haya líneas saturadas, las cifras que se han manejado en este debate parecen estar infladas. Incluso si descontamos el 10-15% que correspondería con peticiones meramente especulativas, las cantidades que se manejan son extraordinarias. 

Los proyectos 

La asociación española de centros de datos, Spain DC, ha ofrecido algunos detalles sobre las principales inversiones que se prevén. Calcula que hasta 2030 se invertirán 58.000 millones. Los principales inversores serán: Amazon, 15.700 millones de euros, Microsoft, 1.950 millones; Oracle, 1.000 millones; Blackstone, 7.500 millones; Stoneshield Capital, 3.600 millones y Azora, 2.000 millones. En conjunto, suponen el 2,5% del PIB del Estado. Sin embargo, el impacto de estas industrias en un 90% está clasificado como indirecto o inducido, esto es, el empleo que crean los centros de datos están asociados con servicios exteriores, los propios centros apenas necesita trabajadores. 

El Gobierno Vasco, por su parte, señalaba en su nota que con el aumento de un 40% en la potencia se apoyará a 117 empresas intensivas en consumo energético. La inversión, asimismo, contribuirá a «salvar» 70.000 empleos «directos, indirectos e inducidos». En su caso, no habla de nuevos proyectos ni de nuevos empleos. Se limita a señalar a los sectores de forja y fundición, metales, vidrio y fabricación de vehículos de motor. 

El Ministerio también ofreció un desglose de la potencia concedida estos dos últimos años: 12 GW para centros de datos, 11,3 GW para proyectos industriales, 6 GW para planeamientos urbanísticos, 3 GW para hidrógeno, 2,3 GW para infraestructura de recarga de vehículos. Nuevamente, destacan los centros de datos, que poca aportación hacen al tejido productivo, pero representan casi una cuarta parte de los nuevos permisos de potencia, tanta como la de la CAV estos últimos 20 años. En cuanto a los proyectos industriales, seguramente tendrán relación con las factorías de baterías y posiblemente con los automóviles eléctricos.

La inversión 

La ministra anunció unas inversiones de 13.500 millones en el nuevo plan de la red eléctrica 2025-2030, que actualmente está en fase de consultas. Entre otras cuestiones, propuso elevar el actual límite de inversión en las redes, lo que permitiría aumentar la capacidad de acceso, como piden las eléctricas.

La parte más interesante de este apartado es que las inversiones las hacen las eléctricas, pero las pagan los consumidores a través de la factura, son los costes fijos. Y aquí se entiende un poco mejor que este asunto va sobre todo de hacer negocio: ampliar la potencia a cuenta de todos para que luego la exploten las eléctricas. De ahí ese interés en inflar los números. Por ejemplo, la antigua empresa pública, Endesa, es la que más se juega, ya que el 37% de su resultado operativo proviene precisamente de la retribución de las redes. 

La CNMC es quien establece la remuneración y barajaba subir del actual 5,58% hasta el 6,58%, un punto porcentual, aunque Endesa presiona para que, como mínimo, esté en un rango del 7-7,5%. La decisión llegará antes del 1 de enero. En diciembre también se cerrará el plan de inversiones.
 
El tiempo dirá si nos encontramos ante una nueva burbuja impulsada por las eléctricas, como la de las nucleares, el gas, etc. Una cosa es segura: en este debate los intereses de las grandes corporaciones eléctricas y digitales pesan mucho más que el objetivo de electrificar la economía. Y la factura la pagará como siempre el consumidor; los beneficios ya se los repartirán con el próximo dividendo.

Fuente: https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20251130/el-negocio-de-las-redes-electricas-1