Bernardo Caal Xol, defensor maya Q’eqchi´, fue condenado en 2018 a siete años y cuatro meses de cárcel por presuntos delitos relacionados con la defensa del Cahabón, río sagrado para las poblaciones indígenas en el departamento del Alto Verapaz, al norte de Guatemala, y por reivindicar la consulta previa a las comunidades.
Permanece en prisión desde hace más de tres años. El líder maya se movilizó pacíficamente, en 2015, contra dos proyectos hidroeléctricos que afectarían a más de 70.000 personas a lo largo del río Cahabón y sus afluentes, informan el colectivo ecologista Madre Selva y la ONG Alianza por la Solidaridad. En la construcción de una de las centrales –denominada RENACE-, ha participado la empresa española Cobra.
Dedicada a la construcción y gestión de infraestructuras industriales y con presencia en 70 países, la compañía Cobra forma parte del grupo ACS, cuyo presidente ejecutivo, Florentino Pérez, lo es el también del Real Madrid y de la por el momento frustrada Superliga europea de fútbol; Florentino Pérez se halla en la posición 1.517 en la lista de multimillonarios mundiales, con un patrimonio de 2.200 millones de dólares según Forbes. En cuanto a ACS, logró en 2020 unas ganancias netas de 574 millones de euros y lideró en 2019, según Statista, la ratio de constructoras con mayor negocio internacional por volumen de ingresos, seguido de la alemana Hochtief y la francesa Vinci.
La filial Cobra tiene entre sus áreas de negocio las plantas termosolares y fotovoltaicas; en el estado español, 13 en fase de ejecución o ya finalizadas (datos de la empresa), en las provincias de Ciudad Real, Albacete, Murcia, Badajoz, Cáceres, Sevilla y Granada, entre otras.
En la provincia de Alicante, Cobra SL promueve una instalación solar fotovoltaica con una potencia de 100 megavatios que se ubicaría en el municipio de Castalla (10.100 habitantes); las “infraestructuras de evacuación” del proyecto incluyen una subestación transformadora de 220 kilovatios, una línea eléctrica de alta tensión de 10.000 metros de longitud y una subestación colectora de 220 kilovatios. La ocupación de suelo prevista es de 400 hectáreas.
El presupuesto total de la actuación, denominada “FV Castalla”, suma 48 millones de euros; la iniciativa ha finalizado la fase de información pública a la solicitud de autorización administrativa previa y Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el organismo competente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en manos del PSOE.
Pero no sólo se trata de “FV Castalla”. Entre marzo de 2020 y enero de 2021, el Ayuntamiento de Castalla ha recibido solicitudes empresariales (incluida la de Cobra SL) de “compatibilidad urbanística” para la instalación de huertos solares que afectarían, si se ejecutaran, a 789 hectáreas; esta superficie representa el 6,8% del suelo total de este municipio de interior y el 16,5% del suelo que el Plan General establece como “uso compatible limitado” (el de carácter paisajístico, rural agrícola, agrícola y no urbanizable común).
El Pleno del Ayuntamiento de Castalla acordó, en enero, interpretar las Normas Urbanísticas del Plan General de modo que las plantas fotovoltaicas no puedan calificarse como “uso limitado compatible”; una de las razones es que, por sus grandes dimensiones, “perturbarían gravemente el uso global de los suelos sobre los que se asientan”; la corporación argumenta que Castalla forma parte de la Infraestructura Verde diseñada por la Generalitat Valenciana, como “Gran Parque Provincial Alicante”.
El Ayuntamiento advierte, asimismo, de un posible impacto visual de las fotovoltaicas sobre el castillo de la población y de que el término municipal forma parte del catálogo de Paisajes de Relevancia Regional. A ello se añade una posible afección sobre elementos del patrimonio cultural, como casas de recreo y masías, molinos hidráulicos harineros (en algún caso del siglo XVI) o yacimientos arqueológicos como el de Almarra (siglos X-XIII).
Frente al riesgo de impactos negativos, el consistorio informó, el 9 de abril, de que había iniciado los trámites ante la Generalitat para la modificación del Plan General y, así, “blindarse contra las macroinstalaciones fotovoltaicas”; asimismo en el pleno del 21 de abril, el Ayuntamiento de Castalla resolvió suspender las licencias de edificación y actividad a las centrales fotovoltaicas en el suelo con uso correspondiente a “zona rural común de explotación de recursos naturales”.
En otro municipio alicantino, Villena (34.100 habitantes), Sistemas Fotovoltaico de Levante SA, del grupo Cobra, impulsa un proyecto de planta fotovoltaico de 140 megavatios, denominado “FV Salinas”; en la iniciativa figura una subestación colectora de 132 kilovatios y una línea eléctrica de alta tensión de 7,7 kilómetros, que está previsto evacue en una segunda subestación colectora de 400 kilovatios. La solicitud de autorización administrativa y Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto fue sometida a información pública por el Ministerio de Transición Ecológica.
La asociación Salvatierra de Villena, constituida en 2010 e integrada en Ecologistas en Acción, ha presentado alegaciones al proyecto “FV Salinas” por el impacto que generaría en el paraje “El Puerto”; la fotovoltaica de la empresa Cobra representa “una amenaza a la biodiversidad y los valores paisajísticos” de este espacio natural villenense, apunta el grupo conservacionista.
“Con sus 302 hectáreas de superficie, la planta casi igualaría la superficie del núcleo urbano de Villena y allanaría el camino a las tres instalaciones fotovoltaicas más propuestas a su lado”, añade la asociación Salvatierra, que informa de posibles impactos sobre aves esteparias, el águila real e imperial ibérica y otros como en el acuífero Sierra del Castellar. Si se aprobaran los proyectos presentados, “acabarían con los valores ambientales, agrológicos y paisajísticos del valle camino a la Sierra de Salinas tal y como lo conocemos”.
¿Una inflación de iniciativas industriales? En el pleno del pasado 25 de marzo, el Ayuntamiento de Villena aprobó una moción presentada por el grupo Los Verdes que solicita a la Generalitat y al Ministerio para la Transición Ecológica una moratoria sobre la autorización de centrales fotovoltaicas; el objetivo es que se establezcan nuevos criterios que se basen en la sostenibilidad social, económica y ambiental; para ello propone una modificación del Decreto Ley del Gobierno Valenciano –de agosto de 2020- aprobado con el fin de acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables.
Uno de los argumentos que sustentan la moción municipal es la concentración de proyectos -17 distintos en Villena con una potencia total de 900 megavatios- “y otros tantos en poblaciones cercanas como Salinas, Benejama y Castalla”; “las diferentes plantas que pretenden instalarse en nuestro término municipal cuentan con estudios de impacto ambiental incompletos e insuficientes”, destaca la resolución. Ecologistas en Acción-Alicante también califica de “altamente preocupante” el “aluvión” de iniciativas fotovoltaicas en el País Valenciano y especialmente en comarcas del interior, como el Alto Vinalopó, cuya capital es Villena.
Otra cuestión, a mayor escala, es la posible existencia de una burbuja especulativa en torno a las fotovoltaicas en el estado español. Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción-Alicante, responde afirmativamente: “Se parece un poco a la burbuja de los proyectos urbanísticos de hace algunos años. Se están presentando proyectos que en muchos casos son inviables, pues superan en su conjunto la planificación del Gobierno central, que son 30 gigavatios nuevos fotovoltaicos para 2030. Los 150.000 megavatios de fotovoltaica que Red Eléctrica Española (REE) ha recibido como solicitud de los promotores son casi 15 veces la potencia instalada actual, y casi cuatro veces las puntas de demanda de energía eléctrica global. Asimismo son cinco veces lo planificado por el Gobierno para 2030”.
Detrás de las solicitudes hay todo tipo de sociedades, añade Carlos Arribas: fondos de inversión extranjeros, empresas del sector de los combustibles fósiles más o menos disfrazados con firmas intermedias; constructoras o fondos de pensiones. En cuanto a los intereses concretos en el País Valenciano, “nos preocupa la concentración de proyectos en el Alto Vinalopó y el Valle de Cofrentes y Ayora. Están buscando suelos agrícolas de secano, baratos de alquiler, que sean planos, que no tengan que hacer grandes movimientos de tierras y, sobre todo, cercanos a las subestaciones de REE”, añade Arribas. De hecho, concluye el activista, “hay una carrera por hacerse con la potencia vacante de las subestaciones de REE, que son el verdadero nudo gordiano de su viabilidad”.