La comunidad educativa española está en pie de guerra ante el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) enviado por el gobierno a las Cortes para su tramitación. Todos los sectores involucrados en la Educación están afectados de una u otra forma por la modificación normativa que propone el Partido Popular. […]
La comunidad educativa española está en pie de guerra ante el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) enviado por el gobierno a las Cortes para su tramitación. Todos los sectores involucrados en la Educación están afectados de una u otra forma por la modificación normativa que propone el Partido Popular.
Las voces más críticas se han levantado contra el incremento de la presencia de la religión en las aulas, contra el ataque al modelo lingüístico de las comunidades autónomas con idioma propio, contra la financiación del modelo de educación segregada, contra el fomento de la red concertada de centros de enseñanza frente a la escuela pública, contra la desaparición de la participación democrática en la vida de los centros educativos, etc… La LOMCE trae mucho de lo que quejarse.
Hay un aspecto más, tan importante como los anteriores, pero al que no se está prestando suficiente atención: este proyecto de Ley abre el camino para la completa privatización de la Educación en España.
La propia Exposición de Motivos del borrador destaca la importancia que para las empresas tiene la Educación: «La educación es una tarea que afecta a empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a las familias.» ¿El orden de la frase es casual o responde al orden de prioridades del gobierno?
Desde la óptica del mercado, y de la ideología liberal del gobierno del PP, los servicios públicos que permiten a la ciudadanía el acceso a derechos fundamentales no son más que bienes de consumo. Para acceder a ellos se ha de pagar un precio y, en función de ese precio, se obtendrán diferentes calidades, igual que sucede en la compra de electrodomésticos o los servicios de restauración.
Para ellos la Educación, igual que la Sanidad, la atención a la dependencia, etc. está sujeta a las reglas del mercado, de la oferta y la demanda y, por tanto, en su prestación puede, y debe, intervenir la iniciativa privada.
Todo esto no es exclusivo de España. Debemos entenderlo dentro de una estrategia global. Las cifras1 publicadas son claras: La matrícula en la educación infantil (0-6) registró un aumento constante entre 1995 y 2011 en todo el mundo. En 2011 se matricularon en todo el mundo en Enseñanza Primaria, 713 millones de niños frente a los 689 millones de 2006. La tasa bruta de escolarización en secundaria aumentó del 72% al 80% a nivel mundial entre 1999 y 2009, con mayor incremento en los Estados Árabes y el África Subsahariana. Y en EEUU, donde se producen una buena parte del «consumo» en Educación de todo el mundo la enseñanza ha sido uno de los pocos sectores en crecimiento constante durante la crisis.
Por eso, los gestores de carteras de inversión abren ante los ojos de sus clientes, un mercado en crecimiento. Y destacan que el sector está marcado por una demanda casi cautiva debida a la necesidad de titulaciones para el acceso al mercado de trabajo y donde las familias buscan, al precio que sea, la promoción social de sus hijas e hijos.
En febrero, el Washington Post publicó un informe2 del fondo de inversión del banco IBIS de Londres donde se felicita a quienes ven en las reformas educativas una forma de hacer mucho dinero. Según sus datos, el «Mercado de la Educación» mueve en el mundo unos 4,4 billones (españoles) de dólares y esperan un fuerte crecimiento en los próximos 5 años.
Algunas de las razones que justifican este aumento son:
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La caída de la financiación pública de la Educación en todo el mundo, dejando sitio a las empresas para moverse,
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El aumento de alumnos adultos, y
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La creciente importancia de la Educación para el desarrollo de las economías basadas en el conocimiento.
Por último, pone el énfasis en que en los Estados Unidos, las políticas de educación puestas en marcha tanto por el ex presidente George W. Bush, como ahora por el presidente Obama, han mantenido una tendencia hacia la privatización de la educación pública. Durante más de una década, las «fuerzas del mercado» han impulsado «la reforma escolar». Y el articulista termina preguntándose: «¿Son las escuelas mejores?» a lo que se contesta con un «En realidad la pregunta es cuánto han empeorado».
En España, además de quienes tradicionalmente han ofertado formación: las congregaciones religiosas y algunos pocos empresarios «de los de siempre»; han aparecido desde hace unos años inversores especuladores. Ya hay una serie de empresas que ofrecen «educación de consumo» con el beneficio como único objetivo.
Resultan representativas de este fenómeno, gracias a una normativa especial de 2009 de la Comunidad de Madrid, las empresas que gestionan ya la mayor parte de los centros de Educación Infantil de la Comunidad. Entre ellas destacan ALFEDEL, propiedad de Arturo Fernández y CLECE y GECESA, propiedad de Florentino Pérez que, según se ha publicado, han recibido ya más de 400 millones de euros en «proyectos educativos».
El periódico de negocios Expansión se hizo eco de estas «oportunidades» en un artículo3 reciente donde destaca que «La educación es señalada por los gurús como uno de los ámbitos de crecimiento en la sociedad del conocimiento. En este campo operan colegios, universidades y escuelas de negocios privadas, consultoras especializadas en formación para empresas, centros de enseñanza de idiomas, preparadores de oposiciones y todo tipo de academias.»
Entre las opiniones que aparecen en el artículo es interesante la de Enrique Quemada, consejero delegado de One To One Capital Partners, que cree que la política del capital riesgo de «comprar y crecer» es posible en el sector y que tiene incluso posibilidades de crecimiento internacional vía adquisiciones.
Con su redacción actual, el proyecto de LOMCE presentado por el gobierno al parlamento hace posible la entrada de esta inversión especulativa en la Educación en España. El modelo social que quieren imponer pasa por la rendición de los servicios públicos a la iniciativa privada, o mejor dicho, a la especulación de los mercados.
Como en todo su discurso, tras las banderas de las libertades individuales y del emprendimiento en realidad hay unos inversores que huirán a las primeras mal dadas, dejando en la estacada a quienes hayan sido tan incautos para creerles o tan ciegos como para no verlo.
Y, para que los «productos» tengan salida al «mercado» han de ofrecer calidades diferentes, superiores a las existentes. Resultaba muy difícil para ellos competir con una Escuela Pública que, aunque no era perfecta, estaba creciendo y mejorando día a día hasta hace unos años. Por eso, con la complicidad de las políticas liberales de los gobiernos, han estado trabajado en la sombra para socavar esa oferta de calidad, impidiendo su mejora, dificultando el acceso de las familias y cortando los recursos públicos para llevarlos, en forma de subvenciones, de desgravaciones y de conciertos a empresas que están desarrollado un modelo basado en el marketing y el humo.
Volviendo a la LOMCE, el texto del proyecto de Ley es claro y no deja lugar a las dudas.
En el apartado II de la exposición de motivos se lee «Uno de los objetivos de la reforma es introducir nuevos patrones de conducta que ubiquen la educación en el centro de nuestra sociedad y economía», además del párrafo antes mencionado en el que se dice que «la educación es una tarea que afecta a empresas» anteponiendo estas a las familias, por ejemplo.
Más adelante, en el apartado VIII, se justifica la necesidad de las evaluaciones externas de fin de etapa (artículos 29 y 36 bis), las reválidas de la LOMCE, una de sus principales novedades. Y, visto desde el punto de vista del negocio, no está nada mal. Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan superado las reválidas en su momento tendrán una «segunda» oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio.
Claro, que como con la Revalida de 2º de bachillerato puede que no haya suficiente negocio, se habilita en el artículo 38 a las universidades para que realicen otras pruebas complementarias de «conocimientos y/o de competencias».
Hay otro nicho de negocio que surge del artículo 111 bis, donde se establece que las Administraciones elaborarán unos requisitos para desarrollar un soporte tecnológico al aprendizaje y a la gestión administrativa de la educación. Las consultoras tecnológicas estarán de enhorabuena si la LOMCE sale adelante.
En el texto encontramos la declaración de intenciones de convertir la «creación de centros» en principio inspirador de la Ley y se crea un Sistema Educativo Español en el que se incluye a «agentes privados» que podrán desempeñar «funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio público de la educación en España».
Y también aparece el adoctrinamiento puro y duro, con la economía liberal como credo, como en los objetivos de la Formación Profesional del artículo 40 donde se incluye «Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.» O, lo que parece más grave, que la materia «Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial» se podrá/deberá cursar desde 1º de la ESO y que, en cualquier caso, «el emprendimiento… se trabajará en todas las materias» tal como aparece en el artículo 24.
También la Formación Profesional Dual se define en el 42 bis como «el conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas…».
Y en lo que se refiere a los conciertos, el nuevo texto del artículo 116 aumenta la «permanencia mínima» a 6 años en primaria y a 4 en «el resto de los casos», sin especificar si se trata de conciertos singulares o no. Lo que lleva a pensar que, una vez que se apruebe un concierto de bachillerato, se estará pagando a la empresa 4 años, tengan alumnos o no.
Y se remata el desproposito, después de vender la rendición de cuentas como eje de esta contrarreforma, con la renuncia al control de las Administraciones del gasto público que se ejerce actualmente a través del concejal o representante municipal en los Consejos Escolares de los centros privados sostenidos con fondos públicos mediante una modificación del artículo 56 de la LODE, mientras que se conserva la posibilidad de que las «organizaciones empresariales» nombren un vocal en esos mismos Consejos.
Y, por último, el proyecto de LOMCE modifica el artículo 122 para que los centros públicos puedan aprobar patrocinios privados y se pueda aumentar la aportación pública a los centros privados concertados simplemente con la justificación de que tengan «proyectos que así lo requieran».
En consecuencia, si se aprueba el proyecto de LOMCE que se ha enviado a las Cortes, se permitirá la entrada de sociedades de inversión y de especuladores interesados solo en su beneficio y no en la Educación y en el progreso social. Porque La LOMCE da el paso definitivo en el camino emprendido por la LOE para supeditar la iniciativa pública a la privada y abrir definitivamente el espacio para que la Educación deje de ser un Derecho de todas y todos y se convierta en el negocio de unos pocos.
Notas:
1 http://www.kenresearch.com/report.php?A=310&T=D&S=99&goback=%252Egde_4275550_member_173364335
2 http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/02/09/global-education-market-reaches-4-4-trillion-and-is-growing/
3 http://www.expansion.com/2013/05/21/emprendedores-empleo/emprendimiento/1369152090.html?cid=2586034
Luis Antonio Castrillo Aguilera. Padre de una alumna de bachillerato y miembro de la Comisión Permanente del Área Federal de Educación de Izquierda Unida.
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