Pese a que gasta en sanidad un 67% más por habitante que la Comunidad de Madrid, la tendencia privatizadora ha convertido el sistema público de salud en la segunda preocupación de la ciudadanía.
Hay famas que son puros espejismos. La sanidad pública vasca, por ejemplo, que forjó buena parte de su prestigio en un modelo de salud integral admirable, mengua hoy ante el avance implacable del imperio privado. La externalización de los servicios está causando estragos, las listas de espera en algunas especialidades se han vuelto insoportables, los conflictos laborales se multiplican, las corruptelas afloran mientras las puertas de altos cargos no dejan de girar.
Ante esta sucesión de sombras, la otrora joya de la corona del autogobierno vasco lleva camino de perder el brillo que alumbró su nacimiento en 1984. La prueba del declive es que el triste estado en el que se encuentra Osakidetza se ha encaramado al segundo lugar en el ranking de preocupaciones de la ciudadanía vasca. La valoración más baja de su historia. Sólo el desmadre de los precios le supera. Así lo revela el último sondeo del Deustobarómetro, el termómetro que mide el nivel de satisfacción social en Euskadi, publicado el pasado mes de diciembre. Y por si fuera poco, la mayoría de los encuestados dijeron votar al PNV. Todo un síntoma del malestar reinante. Aunque los autores del informe prefirieron no meterse en camisa de once varas a la hora de interpretar los resultados, “una explicación concreta”, apuntó una de las investigadoras el día de la presentación, es que el ciudadano ha empezado a notar “que la atención primaria se ha tensionado”. Ni los casi 4.600 millones de euros que el Gobierno vasco destinará este año a la sanidad, alrededor del 35% del presupuesto total, aplacan ya el fragor de las quejas. Las carencias son manifiestas. O como dicen especialistas, médicos de familia, trabajadores de la limpieza y hasta algún cargo destacado en un ataque de franqueza, el sistema sanitario va a necesitar profundas reparaciones si no quiere acabar convertido en chatarra al servicio del mercado.
“La crisis de Osakidetza es una realidad que sólo parece negar el PNV y la consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui. La falta de accesibilidad para los usuarios es infinitamente mayor que hace diez años. ¿Sabes por qué? Porque la derivación a la privada se ha multiplicado, porque el personal está cada día más quemado por la eventualidad, los sueldos, las sobrecargas de trabajo y la temporalidad de sus empleos. Yo terminé perdiendo la motivación de los primeros años cuando trabajar en atención primaria era priorizar la salud integral y tener tiempo para relacionarte con los pacientes”, afirma un médico de familia de Bilbao recientemente jubilado.
Algunas fuentes precisan que la sanidad vasca recibió una silenciosa puntilla en 2011, al calor de las reformas draconianas impuestas por el PP que terminaron devastando los sistemas públicos en la mayoría de las comunidades. La atención primaria en Euskadi, por ejemplo, quedó malherida tras ser integrada en unas megaestructuras llamadas Organizaciones de Servicios Integrados (OSI) que más que mejorar el servicio sirvieron para que sus responsables empezaran a comportarse como consejeros delegados de grandes empresas. Todo un torpedo para la línea de flotación de la gestión pública que, con el inapreciable desembarco de UTEs (Unión Temporal de Empresas) y otros conglomerados sanitarios como IMQ, terminaron repartiéndose muchos de los servicios esenciales que ofrecía el modelo. Hay que remontarse, según el periodista de Hordago-El Salto, Ahoztar Zelaieta, a 1993, “cuando se firmó el Plan Osasuna Zainduz”, el molde que ha formateado la evolución de la política sanitaria vasca hasta la actualidad. “Fue determinante para el fin del sistema público porque permitió a Osakidetza empezar a operar como un régimen jurídico privado, es decir, con criterios de gestión empresarial y conceptos de costes, que fue lo que les empujó a desdoblar la financiación. Por un lado, la pública, dependiente del Ejecutivo; y por otro lado, la provisión, que podía ser privada”, dice Zelaieta, uno de los periodistas que más ha apretado las clavijas al Gobierno vasco con artículos y libros de investigación que han llegado a poner al PNV a la defensiva.
Un minucioso informe elaborado en 2017 por la organización Medicus Mundi ya advertía de los riesgos que suponía “la política de concertación iniciada por el Departamento de Salud”. Y como muestra del peligro citaba los 23 millones de euros que la Administración vasca pagó en 2013 al Instituto Onkologikoa de Donostia, los 20,7 millones a la Clínica Asunción de Tolosa y los más de 81 millones –el 3,2% del presupuesto total de Osakidetza– que, en 2016, se repartieron diez empresas por limpiar los diez hospitales públicos. Una de ellas, Garbialdi S.A.L, bajo la dirección del exsecretario del Euzkadi Buru Batzar Josu Olazaran, se llevó cerca de 29 millones. Y, como corolario, otro dato revelador: el pasado año, el 22% de la ciudadanía vasca ya había firmado algún tipo de seguro privado para sortear los problemas que le planteaba la sanidad pública, según datos del Instituto Vasco de Estadística. El negocio estimado ronda los 340 millones de euros en concepto de primas.
Aunque al Gobierno vasco no le ha quedado otro remedio que reconocer a regañadientes “que han surgido algunas carencias”, la consejera Sagardui defiende que “ni un solo servicio del Departamento de Salud se ha privatizado”. Al contrario. Según ella, todos los nuevos recursos que se crean son de titularidad pública porque Osakidetza crece sin cesar. “Nunca hemos destinado tantos recursos como ahora. Para 2023, la inversión por habitante llegará a los 2.114 euros, hemos ampliado la plantilla en 2.467 profesionales, 358 de ellos en atención primaria, y hemos convocado 7.629 plazas en 110 categorías”, contrarresta la consejera de Salud a las continuas llamadas de atención que recibe de los sindicatos y de la oposición política parlamentaria. El origen del problema, para Sagardui, es la falta de profesionales en medicina familiar y pediátrica “algo que ocurre en toda Europa”. Y la responsabilidad corresponde a la Administración central “por haber reducido las plazas de formación en medicina”.
Ángeles Landa, una mujer con la rodilla derecha maltrecha desde hace tiempo, contradice ese argumento. Habla sin temor. “Llevo meses esperando una tomografía. Primero me dieron una cita, luego la anularon y me dijeron que en cuanto hubiera hueco me avisarían porque no era muy urgente. ¿Qué otra cosa puedo decir en mi estado más que la verdad?”. Su sentido común es difícilmente rebatible. “Yo, que siempre he acudido a la sanidad pública por principios y porque funcionaba, he tenido que desistir e ir a la privada pagándome la prueba de mi bolsillo porque ya no aguanto más. El sistema ya no responde a las necesidades de la gente”. Lo cuenta a la salida de la clínica que el Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) de Bilbao tiene en Zorrozaurre, el mayor centro médico privado del País Vasco. Pero el suyo no es un caso aislado. Una persona que trabaja en administración en ese mismo centro asegura a CTXT que el número de usuarios que acuden a este hospital ha aumentado considerablemente en los últimos años. “No puedo dar una cifra concreta pero es mucha gente, mucha. Lo sorprendente es que algunos ni siquiera tienen contratado un seguro de salud. Simplemente, piden cita, hacen la prueba que necesitan, pagan y listo”, señala.
Es cierto, como dice la consejera de Salud del Gobierno Vasco, que Euskadi gasta significativamente más dinero en la salud de cada habitante –2.130 euros en 2023 frente a los 1.456 euros de Catalunya o los 1.446 euros de Madrid–, pero la calidad de sus servicios no es notablemente mejor. “Es que no es una cuestión de dinero sino dónde invierten ese dinero. El problema es que conciben que el modelo es un mercado sanitario que convierte al usuario en cliente y los baremos de la gestión son la competitividad, los costes y la necesidad de pagar algunas prestaciones”, asegura Jesús Oñate, delegado del sindicato LAB en Osakidetza. En parecidos términos se expresan ELA, CCOO, UGT, ESK y Satse, y los partidos EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que cada día ven menos diferencias con el modelo privatizador del PP madrileño. “Aquí es incluso peor porque se invierte el doble de dinero”, apostilla Oñate.
Esta realidad dibuja un escenario difícilmente recuperable. La sanidad es una preciosa máquina de hacer dinero. Osakidetza contrató el pasado año los servicios del grupo Teknei, una consultora dirigida por personas próximas al PNV, para reorganizar e “innovar tecnológicamente” la atención primaria mediante el procedimiento directo de un contrato menor. Mientras tanto, gigantes del sector sanitario como el grupo alemán Fresenius Medical Care, que en Madrid posee cuatro hospitales y en EE.UU. fue multado por practicar sobornos en 17 países, hurgaban en las grietas para adquirir centros de referencia como la Policlínica Gipuzkoa o para controlar servicios esenciales como el de la hemodiálisis de toda la comunidad. La consecuencia es que el descontento hacia el funcionamiento de la sanidad pública creció y los conflictos laborales empezaron a aflorar. La eventualidad afecta ya al 58% del total de personal, una cifra que sindicatos y partidos esgrimen para hacer trizas los datos que difunde la consejera.
“Resulta increíble el grado de autocomplacencia que muestra el lehendakari Íñigo Urkullu o la consejera Gotzone Sagardui en sus intervenciones. A veces tengo la impresión de que dan por hecho que Osakidetza siempre va a funcionar bien, algo que no es extraño porque la consideran como la gran obra del PNV. Quizá por eso se sienten tan molestos con las críticas de los sindicatos y trabajadores. Creen que criticar su gestión equivale poco menos que a meterse con el PNV”, explica el celador de un hospital de Donostia que en los últimos diez años ha encadenado “decenas de contratos de tres, cuatro o cinco horas en diferentes centros de Gipuzkoa”. Prefiere no revelar su nombre porque teme que si sus responsables le identifican no le vuelvan a llamar. “Y necesito el trabajo. Soy uno de los afectados por la OPE 2016-2017 que retrasaron a 2018, la que terminó en los tribunales porque hubo filtraciones de los exámenes. Y también soy uno de los cientos de trabajadores que estamos a la espera de que actualicen las listas de contratación derivadas de la OPE 2014-15. Diez años y cuatro oposiciones pero sigo siendo eventual. Ese es el caos que reina”, asegura.
El Gobierno vasco lleva tiempo aplicándose a fondo para diluir la imagen negativa que ha provocado la mercantilización de muchos de sus servicios sanitarios. Tanto en prensa como en radio y televisión repiten el mantra de que los vascos disfrutan de “un sistema público de salud referente en Europa”. Al menos así lo pensaban hasta que la pandemia lo dejó en desnuda evidencia. En diciembre, Osakidetza contaba con una plantilla de 37.832 trabajadoras, pero pagó 40.260 nóminas en concepto de jornadas completas, otras 2.329 de medias jornadas, 813 de un tercio y 3.240 por otras jornadas parciales. Son los datos facilitados por el departamento de Salud a una pregunta parlamentaria de Rebeka Ubera, de EH Bildu. No hay que ser muy avispado para apreciar que el desfase contable entre empleados estructurales y nóminas pagadas corresponde a los casi 9.000 profesionales funcionales que mensualmente trabajan, bien a través de interinidades o de contratos temporales, fuera del esquema laboral aprobado oficialmente por el Consejo de Administración de Osakidetza. “Es su manera de esconder la realidad. Y hay miles de plazas que están sin código laboral y, por lo tanto, no aflora que miles, no decenas, de empleadas trabajan en diferentes plazas a la vez mediante contratos precarios”, sugiere Ubera, que tampoco olvida cómo la sombra de la corrupción ha empezado a comerle los talones a un partido como el PNV que hasta ayer presumía de integridad frente a la depravación de otros partidos gobernantes en varias comunidades autónomas. El caso Margüello, un enredo de contratos ilegales firmados entre la sanidad pública vasca y empresas ligadas a tres médicos durante 13 años que acabó con la condena de exaltos cargos de Osakidetza. La causa debe su nombre al exjefe de Calidad del hospital de Cruces, Juan Carlos Margüello, amigo del entonces consejero de Salud Gabriel Inclán, hoy jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Quirón Salud en Bizkaia y responsable del nombramiento como director de asistencia sanitaria en Osakidetza de su sucesor, Jon Darpón, cesado tras la denuncia por fraude en la OPE de 2018. Darpón tardó menos de dos meses en incorporarse a la dirección del grupo Keralty, una de las empresas más interesadas en la desregulación del mercado sanitario tras los lucrativos contratos que tiene firmados en países como México, Colombia y EE.UU.
Lejos de esperar que los agitados vientos privatizadores amainen, los temores aumentan, especialmente tras la publicación en el diario Gara de la propuesta confidencial que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha trasladado a las comunidades autónomas para que los servicios sanitarios públicos cedan a las mutuas privadas la atención de las enfermedades de los trabajadores. “De llevarse a cabo sería el proceso de privatización más duro que hemos conocido en la historia y que provocará una división entre aquellas personas productivas para el sistema, que serán atendidas por entidades privadas con el fin de conseguir su reincorporación lo antes posible; y aquellas que no se consideran productivas, que serían atendidas por una sistema público de salud vaciado de recursos”, comentan desde LAB, sindicato que ha dado a conocer un borrador que augura la llegada de más problemas. El mito de la sanidad pública vasca, poderosa y universal, que atrapó a toda una generación de ciudadanos se desvanece. Cada vez suena más a hermosa fábula.