«10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento». En tales claros términos se expresaba la Resolución 1463 de la […]
«10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento».
En tales claros términos se expresaba la Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas.
Resolución aprobada dos años después de la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y todavía sin aplicación hoy en nuestro país, ya en 2010.
No sé, quizá es una impresión mía, pero como España es el segundo país del mundo en desaparecidos en fosas clandestinas -por no hablar de los «niños perdidos»- y el primero de entre los países del Consejo de Europa muy por delante de Rusia o Turquía pudiera parecer que las autoridades españolas debían ser las primeras en darse por aludidas e introducir las modificaciones pertinentes en nuestro código penal para que, entre otras cosas, el artículo 408 contemplase una tal específica modalidad agravada del delito de omisión del deber de perseguir delitos: el delito de no perseguir crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y contra la paz diferenciado del resto de delitos y tomado en serio, conexamente inamnistiable, conexamente imprescriptible … porque si supuestamente blindamos tales delitos internacionales pero no el delito de omisión de perseguirlos puede salir algún Ministro en televisión diciendo que nuestra justicia ya ha cumplido con las víctimas de Franco… y no es que a estas alturas me inmute siquiera con semejante despropósito… aunque sí que preferiría que donde lo dijese el Sr. Ministro fuese ante un tribunal de estar plenamente vigente en nuestro país la Resolución 1463… como si la consciente omisión de investigar toda desaparición forzada fuese un delito de la extraordinaria gravedad que justamente es…
Claro que ¿se imaginan que el legislador mayoritario en 2005 al tiempo de la Resolución 1463, el PSOE, hubiese implementado dicho llamamiento para que los Estados reforzasen legislativamente la omisión del deber de investigar desapariciones forzadas de modo que, un par de años después, en 2007, hubiese podido llevar a alguno de los integrantes de su propio Gobierno ante los tribunales en virtud de la omisión sistemática de toda investigación que determina en la práctica la «ley de la memoria?
Esa misma ley de impunidad que en Oporriño, en el TS y en otros tribunales citan jueces y magistrados para inhibirse de su deber de investigar…
Porque la obligación de nuestro Gobierno al legislar en esta materia era justamente la contraria, como también ha señalado el Tribunal Europeo a Grecia y a otros Estados en relación al articulo 2 del Convenio Europeo: el deber de legislar sí, pero legislar adecuadamente, no de cualquier manera, no siguiendo cualquier ocurrencia, legislar para garantizar la plena aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos…
No legislar para garantizar su completo incumplimiento, que es lo que viene a hacer la «ley de la memoria», auténtica maquinaria de generar responsabilidad internacional de Estado.
De modo que con los ecos de la también reciente resolución argentina, allende los mares, abriendo camino a tales investigaciones, allí, de lo que los ayudantes de la impunidad no nos dejan investigar aquí, lo que en todo caso queda en evidencia, una y otra vez, también desde el punto de vista de la aludida Resolución 1463, es que la forma en la que el Gobierno de la nación está gestionando todo esto es de una extraordinaria gravedad, desentendiéndose de los deberes de «investigación oficial» y delegando en las familias las tareas de búsqueda y exhumación. Mayor gravedad todavía de la que ya barajábamos no «únicamente» en la esfera de la violación de los derechos humanos sino también en la esfera penal como también apunté en mi investigación de los niños perdidos.
La resolución 1463 del Consejo de Europa lo deja claro. El delito de no investigar es el delito de la impunidad, de daño a las familias y a nuestra entera sociedad.
Y por eso con la resolución 1463 en la mano hay que empezar a decir claro también que nos encontramos ante un presunto crimen de Estado.
El otro crimen de Estado que aún permanece silenciado como tal y prácticamente ajeno de toda denuncia pública, incluso por parte del movimiento memorialista que no duda en condenar las bochornosas actuaciones del Tribunal Supremo pero que aún sigue considerando, al menos parte del mismo, al Gobierno socialista como una suerte de aliado confundido. No lo es. Este concreto Gobierno al menos no lo es. Lo ha demostrado hasta la saciedad.
Entre otras cosas porque perfectamente consciente de sus gravísimas obligaciones internacionales, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Resolución 1463, de los recientes duros posicionamientos por parte del Grupo de Desaparecidos, del Comité de Derechos Humanos, de lo reclamado por Méjico y otros países, etc, etc, etc, este Gobierno ha decidido respetar la impunidad. Se dedica a vulnerar gravemente derechos humanos y a tomarle el pelo al país con cuatro chascarrillos repetidos una y otra vez y publicados en alguno de los potentes medios afines. Ni la justicia o la humanidad, ni el Estado de Derecho importan, tan sólo lo plausiblemente articulable en un mensaje para el común de la ciudadanía.
Pero la verdadera dimensión del caso de las fosas del franquismo, y de los niños perdidos es inevitablemente tozuda, dada la extraordinaria gravedad de todo lo que se ha perpetrado y la actuación del Gobierno Zapatero nos enfrenta a nuestros peores demonios.
Otra vez un nuevo escenario de posible responsabilidad criminal de miembros de un Gobierno socialista. En este caso como consecuencia de una legislación, llamada «de la memoria», llevada en su redacción y consecuencias mucho más allá de cualquier línea roja jurídica que cualquier militante del PSOE pueda pensar. Es duro pero hay que decirlo.
Y si se empieza a decir alto y claro y a las puertas de Ferraz mucho mejor, visto que la prepotencia suele acarrear efectos secundarios de sordera. Y en periodo electoral hay actuaciones simbólicas claramente entendibles por la ciudadanía a nivel nacional que seguro que funcionan mejor que ningún otorrino. Como suele decirse mano de santo para que los que deliberadamente violan derechos humanos con sus políticas, hasta pueden estar incurriendo, presuntamente, en crímenes de Estado.
Y por eso opino que las concentraciones de todas las semanas con las velas y las fotografías en la Puerta del Sol son muy valiosas, pero que a las puertas de Ferraz, hasta que nuestro Gobierno del PSOE decida actuar como si respetase de verdad los derechos humanos, estarían muchísimo mejor.
Y si puede ser con algunos militantes del PSOE arropándoles a título individual mejor todavía. «Militancia pura y dura», pero en un sentido muy distinto al expresado hace poco precisamente por el ex Presidente González. Militancia pura y dura para que cualquier Gobierno democrático se atenga a unos mínimos legales y de humanidad como es su deber.
Porque ningún partido es un fin en si mismo es un medio para servir a algo más elevado, los derechos humanos, las libertades, el progreso y bienestar social. Y por eso mismo no todo vale. Y denunciar aquellas situaciones que incumplen brutalmente todo esto también es militar en un partido y en unas ideas.
Porque desde el sentido común, desde el derecho, y desde el corazón, a estas alturas cada vez son más los militantes socialistas que saben que está profundamente mal lo que nuestro Gobierno está haciendo con las víctimas del genocidio franquista y su tragedia infinita.
Y luego si nuestro Gobierno del PSOE quiere que siga dando subvenciones en cumplimiento de su política de privatización y desjudialización de las fosas comunes, como acaba de hacer hace unas semanas en pleno periodo vacacional.
Que siga dando continuidad al sistema creado por la Orden de Franco de primero de mayo de 1940, «sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos».
Que aquí lo determinante es el deber de una «investigación oficial efectiva e independiente» de cada fosa para localizar a los desaparecidos, esclarecer los hechos, y perseguir penalmente a los responsables, como ha explicado hasta la saciedad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y decidir no activar dicha investigación oficial, derivarla sistemáticamente a la esfera privada -sin ser el Estado el que investigue con diligencia y con todos sus medios- ya sabíamos que suponía una forma encubierta de abandono de tales víctimas, de trato inhumano, cruel y degradante a las familias, violación del deber del Estado de proteger la vida en su sentido procesal, violación del derecho humano a la vida familiar y violación de las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho humano a un recurso efectivo. Responsabilidad internacional de Estado en materia de derechos humanos ante los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
O como diría la Corte Interamericana de Derechos Humano, en la histórica sentencia Velásquez Rodríguez contra Honduras, de 29 de julio de 1988, y que ha obligado después a numerosos Estados americanos a crear dicho doble aparataje estatal Comisión de Búsqueda-Base Nacional de Datos Genéticos: la mera persistencia de las desapariciones «supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención».
Porque frente a dicho erre que erre de impulsar subvenciones y políticas auto- exhumatorias persiste el deber de crear una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y, también, de una Base Nacional de Datos Genéticos en el seno del aparato del Estado participados por fiscalía, policía, etc, -para que así además de ser exhumados no se nos queden sus restos en tantos almacenes perdidos… Es abundantísima la jurisprudencia e instrumentos internacionales que apuntan en el sentido justo contrario a lo que el Gobierno Zapatero está perpetrando.
De modo que toda esta situación ya era así de ilegal y de grave.
Pero resulta que la resolución 1463 lo califica, además, como presunto crimen de miembros del Gobierno de cualquier Estado miembro que incurra en ello, no ya «tan sólo», escenario de presuntos ilícitos de prevaricación judicial.
La inquietante óptica que nos ofrece la misma sobre las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado y sus concretos gobernantes, apunta mucho más allá y al margen de que -todavía- no haya sido implementada en nuestro derecho interno debería ser motivo de reflexión. Y de denuncia. Y mucho más entre la propia militancia del PSOE.
Porque el PSOE no viola los derechos humanos. El PSOE los defiende o debería hacerlo. Los derechos humanos están, con otras palabras, en el mismo código genético de lucha y solidaridad que le imprimió Pablo Iglesias y portaron tantos militantes después. Y esto es así lo hayan olvidado o no los concretos responsables gubernamentales de que esa resolución del Consejo de Europa de 2005, y su otra posterior denuncia internacional de marzo de 2006 sobre el caso español, hubiese encontrado una acogida muy distinta en la posterior «ley de la memoria» de 2007.
Hablo de aquello que sigue poniendo en los carnets de «Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que les anima, sino para difundirlas, para llevarlas a todas partes…». Lo de «a todas partes menos a las fosas clandestinas, menos a las víctimas del genocidio, omitid el deber de perseguir tales delitos, que las víctimas no puedan tener justicia jamás en este país» no está escrito en ninguna parte.
Y sé que para algunos invocar a gente como Pablo Iglesias o Juan Negrín, o invocar a tantos de nuestros compañeros que se dejaron la vida en los campos de combate o en los pelotones de fusilamiento, invocar su defensa estremecedora de nuestra anhelada República perdida, invocar su dignidad infinita que continúa quemando en nuestros corazones 70 años después, se ha convertido en algo como hablar de los Reyes Magos: con los que está bien contar para que nos traigan un poco de ilusión de vez en cuando, pero, en realidad, sólo es cosa de niños…
Para otros no es así. No son, no somos, capaces de entender nuestra condición de socialistas sin ellos, sin su integridad que debiera ser un ejemplo para la nuestra o de quienes se dicen de los nuestros. Ni de aceptar que se trate de semejante manera el genocidio franquista sea cuales sean las consecuencias.
Por mucho que nuestros actuales gobernantes hayan estado sordos y ciegos también al significado último de todo esto para sus propias bases, incurriendo en un comportamiento muy poco ejemplar para su propio partido, para las creencias y los corazones de muchos de sus militantes.
Que alguna Vicepresidenta del Gobierno responsable de la «ley de la memoria» ni tan siquiera milite en el PSOE a lo mejor ha podido tener también algo que ver.
De modo que a un Gobierno al que ya ha demostrado darle bastante igual su militancia de base de hoy, demuestra ahora importarle bastante menos todavía la militancia de base de hace 70 años, esa que se dejó la vida defendiendo la democracia en este país. Y sus familias.
Verdaderamente pueden estar muy orgullosos, del primero al último de ellos, de lo que están haciendo valientemente con todas estas personas indefensas tras toda una vida de sufrimiento y vejación.
Bien podrán, serviles y cobardes hasta decir basta cuando se trata de mantener sus políticas de Gobierno ante otros actores económicos menos desvalidos. Ahí si que rectifican lo que haga falta con toda celeridad y no como con las miles de fosas clandestinas y los pobres restos de los seres queridos de los que aún aguardan los mismos o una anulación de pleno derecho.
En cualquier caso, si la Resolución 1463 del Consejo de Europa consiguiese ser implementada en nuestro país varios de los miembros del Gobierno Zapatero podrían enfrentar procesos penales como cualquier otro presunto autor de hechos delictivos en los concretos términos que dicha Resolución expresa. Por las distintas razones apuntadas, y que a buen seguro el lector comprenderá por si mismo, difícilmente lo será.
Y si, como cabe esperar, dicha Resolución no consiguiese ser implementada en nuestro país o lo fuese muy tardíamente de modo que la irretroactividad penal o la prescripción entrasen en juego – jamás respecto el crimen de las fosas, sólo respecto la omisión del deber de investigarlo en su actual configuración como delito ordinario, que hay que cambiar – el mal menor sería su comparecencia ante una Comisión de la Verdad de los Crímenes del Franquismo que, antes o después, cabe esperar como complemento de una Fiscalía Especial contra los crímenes del franquismo y del posterior periodo de impunidad, ya que la primera sólo empieza donde termina la segunda, y ambas son necesarias en ese inmenso escenario de impunidad. En esa inmensa fosa común, llamada España.
Mientras tanto afortunadamente ahora Argentina nos acaba de ganar bastante más que 4 a 1 en cuanto a lucha a la impunidad, y cada vez estamos más cerca del Tribunal Europeo y de otras instancias de Naciones Unidas. A los criminales de Estado de las fosas, y a los presuntos criminales de Estado de la omisión, cada vez les quedan menos opciones y con un poco de suerte llegará el día en el que serán calificados y recordados por nuestra sociedad exactamente como merecen: como los artífices de un periodo negro de vergüenza e impunidad.
Y, sí, ya sé que para algunos militantes del PSOE será algo terrible todo esto que digo aquí como si la Resolución 1463 me la hubiese inventado yo. A mi lo que me parece verdaderamente terrible es la actuación antijurídica e inhumana que sigue teniendo nuestro Gobierno, cinco años después de ser aprobada la misma, y sin encontrar un solo respaldo internacional al galimatías que se han empeñado en montar con este tema. Ni uno solo.
Y también me parece terrible su silencio, el clamoroso silencio de esos mismos militantes a los que todo esto les parecerá del todo irresponsable y muy mal, pero que ante las violaciones de los derechos humanos y el presunto crimen de Estado, mantendrán prietas las filas con quienes, de bandazo en bandazo, ni tan siquiera saben ya hacia donde nos llevan. Por lo pronto a perpetrar algo que nos avergonzará a todos los socialistas durante años y a estrellarse de frente contra la Resolución 1463 del Consejo de Europa. Qué inmensa decepción:
«10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento».
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro «El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad» y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
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