Acepta tramitar la queja presentada por el afectado Eduardo Raya, tras su negativa inicial. Ha solicitado a la Comisión Europea información sobre las distintas vertientes de esta tragedia colectiva. Tras muchas reticencias, el Parlamento europeo se ha decidido finalmente a abrir una investigación oficial sobre el robo de bebés en España, solicitando para ello información […]
Acepta tramitar la queja presentada por el afectado Eduardo Raya, tras su negativa inicial. Ha solicitado a la Comisión Europea información sobre las distintas vertientes de esta tragedia colectiva.
Tras muchas reticencias, el Parlamento europeo se ha decidido finalmente a abrir una investigación oficial sobre el robo de bebés en España, solicitando para ello información a la Comisión Europea sobre las distintas vertientes del problema, especialmente la defensa de los derechos humanos y la obligación de los Estados miembros de realizar la búsqueda de personas desaparecidas para reintegrarlos a sus familias. Ello será posible gracias a que la Cámara de diputados comunitaria ha aceptado tramitar la queja presentada por el denunciante pionero en nuestro país, el granadino Eduardo Raya, cuya hija fue supuestamente raptada al nacer en 1990 para darla en adopción ilegal.
Una vez admitida a trámite la queja, el Parlamento queda obligado no sólo a realizar la investigación, sino también a emitir un dictamen de obligado cumplimiento para los Estados miembro. Según se especifica en su propia página web, las quejas «dan al Parlamento la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución», lo cual podría beneficiar en este caso a las miles de familias que han denunciado la sustracción de sus hijos mediante engaño en 190 centros sanitarios de toda España entre 1950 y 1990, y que hoy día siguen buscándolos, puesto que hasta ahora sólo ha sido posible el reencuentro en una decena de casos.
En un primer momento, en febrero de este año la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, Erminia Mazzoni, denegó la solicitud de Raya por considerar que esta institución «no es una autoridad judicial» y por tanto «no puede emitir juicios ni revocar decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y administrativas» de los Estados miembros, por lo que recomendaba al afectado dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez agotase la vía jurisdiccional en nuestro país. A esta negativa Eduardo Raya, en su calidad también de letrado, respondió con una dura carta argumentando que es «competencia del Parlamento europeo las quejas y reclamaciones de ciudadanos por violación de derechos humanos», en virtud del artículo 227 del Tratado de la Unión.
«Retrocedemos sesenta años en la historia de Europa -proseguía Raya-, pues ante delitos de lesa humanidad», los «más espeluznantes y atroces cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial», el Parlamento europeo «mira para otro lado, hace la vista gorda». En su misiva Raya realizaba acusaciones todavía más graves: «Aquí en España nadie duda de la ‘mano negra’ de eurodiputados españoles actuales que tienen familiares de hasta primer grado sobre los que planea la sombra de esta terrible causa y que pueden estar detrás de la respuesta que se nos ofrece», considerada por el afectado como «un insulto a la dignidad de los ciudadanos europeos».
Ante tales argumentaciones, el Parlamento europeo ha cambiado radicalmente de postura. En una carta enviada el pasado 17 de mayo la propia presidenta de la Comisión de Peticiones comunica a Raya la «reapertura de su petición» y la correspondiente solicitud de información a la Comisión Europea. La noticia coincide con la inminente decisión de la Audiencia de Granada sobre la reapertura también de la causa judicial por la presunta sustracción y detención ilegal de la hija de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, a quien el equipo del Hospital Clínico de la capital granadina dio por muerta. Sin embargo, múltiples análisis por parte de laboratorios públicos y privados del ADN del cadáver desenterrado han concluido la imposibilidad de que los restos pertenezcan a una hija del matrimonio, a la vez que señalan como «falsa» la prueba en base a la cual fue archivado el caso: unos restos de hígado que aseguran no puede pertenecer a un recién nacido. La propia Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha recomendado la reapertura del caso.
Por otra parte, representantes de la asociación SOS Bebés Robados se han reunido con la Fiscalía de Sevilla, que les ha confirmado que están investigando de forma prioritaria 66 denuncias de posible robo de niños por haber encontrado en ellas «indicios de criminalidad». En total se han presentado ya en la provincia sevillana 110 denuncias, de entre los 212 posibles casos documentados. Ante esta importante carga de trabajo, SOS Bebés Robados va a realizar una recogida de firmas para pedir a la Fiscalía General del Estado una mayor dotación de medios en los Juzgados y la Policía en Sevilla, dado que la «lentitud» actual de las investigaciones puede dar lugar a que se destruyan más pruebas e incluso a que los «médicos y las matronas se mueran y las madres también nos muramos sin haber podido encontrar a nuestros hijos», se queja Carmen Lorente, una de las afectadas.