El Parlamento de Nafarroa ha aprobado una ley foral que velará por los derechos de las personas transexuales, con el apoyo de todos los grupos de la Cámara excepto UPN. La ley foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales busca definir «qué […]
El Parlamento de Nafarroa ha aprobado una ley foral que velará por los derechos de las personas transexuales, con el apoyo de todos los grupos de la Cámara excepto UPN.
La ley foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales busca definir «qué es la transexualidad» y, sobre todo, «cómo se acredita dicha condición».
A tal efecto, la ley, pionera en el Estado español, fija su cometido en «garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al asignado en su nacimiento, a recibir de la Administración Foral una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía».
Se consideran beneficiarias de las prestaciones que se concretan en esta ley «todos los residentes en Navarra que, con independencia de su situación legal o administrativa, tengan la condición de transexuales».
Así, por transexual se entiende toda persona que hay procedido a la «rectificación en el Registro Civil de la mención de sexo» y aquellas que, «habiendo iniciado los trámites para acceder al cambio de inscripción relativa al sexo, precisen de protección para eliminar la discriminación que pudiera darse como consecuencia de su situación de tránsito a la nueva identidad de género».
La norma precisa que los menores de edad tienen «pleno derecho» a recibir el oportuno «diagnóstico y tratamiento» médico relativo a su transexualidad, especialmente la «terapia hormonal».
La atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica, y conforme a la Ley reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
A partir de ahí, la ley pretende dar «calidad de vida» a las personas transexuales, para lo que, además de medidas de atención en materia laboral, social o educativa, se reconoce el «derecho a las prestaciones quirúrgicas y sanitarias en el sistema público de salud».
También se pretende que las instituciones públicas proyecten un discurso «respetuoso con las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género» existentes, lo que incluye medidas «adecuadas» de discriminación positiva, la activación de «programas de educación y capacitación», y el desarrollo de «planes de inserción laboral» para casos de «riesgo de exclusión social».
UPN, en contra
La ley ha sido aprobada con los votos de todos los grupos de la Cámara (NaBai, PSN, CDN e IUN) y con la oposición de UPN, que ha asentado su rechazo en las «dudas» sobre la inconstitucionalidad de la norma, la defensa de la exigencia del respeto al derecho a la igualdad y en que cree que hay otras prioridades en los servicios sanitarios.
En nombre de NaBai, impulsora de la iniciativa, Joseba Eceolaza ha valorado que esta ley «da forma a las ilusiones del sector» y supone «una conquista de libertades y derechos sociales», además de que «amplía la efectividad de los derechos constitucionales, ensancha la mirada, nos hace más humanos y mejora la sociedad».