La Ley de Patrimonio impide consultar la ficha de los agentes hasta 25 años después de su muerte
La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España y la actualización de esta ley, aprobada por el Congreso, permanece aparcada.
La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España. Las materias clasificadas afectan a casos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe del 23-F. Expedientes de secuestro de los Grapo como el caso Oriol y Villaescusa son algunos de los documentos ocultos a investigadores. Sus datos salpican directamente a agentes de la BPS: Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’ (con causa abierta en la Querella Argentina) o Roberto Conesa son algunos de los implicados y protegidos por el sistema. Asimismo, los expedientes policiales de Pacheco y Conesa permanecerá oculto hasta 25 años después de su muerte gracias a la Ley de Patrimonio.
La norma sobre el acceso a archivos oficiales oculta expedientes de la Transición y el tardofranquismo. Y buena parte de sus casos como el sonado secuestro de Oriol y Villaescusa, perpetrado por los Grapo en 1977 y que implica directamente a los agentes de la Brigada Político Social, Roberto Conesa y Billy el Niño. Las limitaciones son claras para la consulta de estos archivos. Las materias clasificadas no tienen fecha de caducidad. Y es que a diferencia de la regulación en la mayoría de los países, la ley de secretos oficiales española carece de límites temporales o de un proceso automático para desclasificar secretos de Estado.
La vieja ley de secretos oficiales, vigente desde la etapa franquista, «menosprecia la investigación histórica» y lo que es más grave impide «conocer con exactitud el pasado». José Antonio González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia argumenta a Público que el propósito de mantener en secreto tantísimo material reciente de la historia de España carece de justificación racional y jurídica. » Ni moralmente ni políticamente se debe permitir».
José Antonio Sainz Varela, director del Archivo Histórico Provincial de Álava, argumenta a Público cómo la nomenclatura de «secreto» reporta ya de por sí al documento un carácter «morboso e innecesario» y que solo debería ser decretado para proteger «secretos comerciales, diplomáticos, industriales o de defensa nacional».
La modificación de la ley de secretos paralizada en el Congreso
El pleno del Congreso aprobó el pasado 29 de noviembre, hace ahora casi un año, la modificación de la ley de Secretos Oficiales, impulsada por el PNV. Sin embargo, la actualización de esta ley franquista, aprobada en 1968, ni siquiera ha iniciado su tramitación. El desinterés del PSOE y el PP en la Cámara lleva frustrando casi un año una medida imprescindible para los historiadores con un retraso de casi cuatro décadas.
Lo más peculiar es que la obsoleta normativa aprobada en plena dictadura prevalece sobre una ley más reciente como es la de transparencia con mayor flexibilidad a la hora de abordar documentación histórica. Si la norma llegara a aprobarse, supondría la desclasificación automática de todos los documentos que siguen secretos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe de Estado del 23-F. Los más afectados por el número de víctimas que se encuentran en posesión de declarar.
A pesar de recientes intentos de Ministros de defensa como la fallecida Carmen Chacón de iniciar la desclasificación de miles de documentos, Pedro Morenés, su sucesor no permitió que estos papeles de «especial relevancia» salieran de la máxima protección. «Con esa normativa parece que los investigadores están solamente obligados a tratar con datos de hace 400 años», aclara el director del Archivo de Álava. Sin víctimas ni verdugos que puedan tener causas abiertas con la justicia.
La implicación de Billy el Niño y Roberto Conesa en el caso Oriol y Villaescusa
Fernando Hernández Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid se hace una pregunta cuando habla de casos ocultos que implican a torturadores de la Transición. «¿Alguien se imagina a Antonio González Pacheco ‘Billy el Niño’ autorizando a un historiador el acceso a su expediente en el archivo del Ministerio del Interior? ¿Por qué se está protegiendo, todavía, la identidad de confidentes a alto nivel? ¿A quién beneficia a día de hoy ese secretismo?».
La experiencia de los años le ayuda a hablar con sabiduría. «Si alguien se ha hecho ilusiones de que en España se pueda dar una escena como la del final de la película La vida de los otros, donde un antiguo espiado por la Stasi consulta su propia ficha en el archivo abierto al público, está muy equivocado».
Hernández dirige la tesis doctoral del historiador Pablo Alcántara quien ha logrado en su corta pero dilata investigación hallar archivos ocultos de casos tan sonados como el de Oriol y Villaescusa junto a su profesor. El famoso secuestro de los GRAPO, perpetrado en 1977 es uno de los archivos que se encuentra actualmente «protegidos como materia» por parte del Estado Español. «Al no haber una mayor relación de los casos, los historiadores nos vamos encontrando poco a poco con esta documentación como ha sido este famoso secuestro que tuvo tanta repercusión mediática», aclara a Público el joven investigador.
Roberto Conesa, jefe de la BPS de Valencia, participó activamente en la resolución del caso. Billy el niño fue otro de los agentes que desde Madrid ayudó a resolver en menos de un mes el secuestro. «Conesa y González Pacheco recibieron por parte del Ministro de Gobernación, Martín Villa, la medalla al Mérito Policial». A pesar de la importancia de este caso no se ha querido mostrar los datos ni las resoluciones en los archivos. Tampoco las técnicas llevadas a cabo por estos torturadores. «Hay más accesibilidad en los periódicos de la época que en los expedientes», aclara Alcántara.
El caso de Oriol y Villaescusa se encuentra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares como material de secreto oficial. Los expedientes de ambos agentes están en el Archivo del Ministerio del Interior, protegido por la ley de Patrimonio. «Hasta que no pasen 25 años de la muerte de Billy el Niño no podremos acercarnos a su expediente policial. El de Conesa estará protegido hasta 2019».
El secuestro de Oriol y Villaescusa fue el punto culmen de los Grapo. El 11 de diciembre de 1976, cinco días antes del referéndum de la Ley para la Reforma Política, los terroristas secuestraban al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. Un mes más tarde, el 24 de enero de 1977, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa Quilisera secuestrado. Los hechos se producían pocos días después de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.
Pablo relata cómo «tras quince días y 38.000 horas, según Conesa, de investigaciones el 11 de febrero descubren donde están». Empieza la operación de rescate bautizada como «Operación Valencia». Roberto Conesa pasó a ser considerado como el «superagente» por el Gobierno y parte de los medios de comunicación, sobre todo de los de carácter conservador.
El profesor de la UAM, Hernández Sánchez resalta el grave problema que supone que este tipo de casos se encuentren ocultos. «El derecho al secreto protege al victimario y deja indefensas a las víctimas de la dictadura«. Aplicando unos simples cálculos aritméticos, el expediente de ex policías aún vivos, como González Pacheco (Billy el Niño), solo serán accesibles, si no hay alguna minuta reciente, un cuarto de siglo después de su muerte. «Dado su saludable estado físico, como maratoniano en activo, es probable que muchas de las víctimas de sus métodos de interrogatorio, bastante más maltrechas debido, precisamente, a ellos, mueran sin obtener la satisfacción moral de verle responder por sus actos criminales».
Investigadores «sin acceso» real a los expedientes
Cuarenta y dos años después del final de la dictadura de Franco no existe ninguna relación que permita conocer el número de casos que están sellados con este secretismo de estado y que afecta gravemente a víctimas con necesidad de pedir justicia. El catedrático valenciano Cussac puntualiza que no existe «un registro oficial público de los expedientes sometidos a secreto, algunos con decenas de años. Esa lista solo la pueden ir confeccionando los investigadores, reuniendo los casos que se encuentran todavía protegidos por el secreto oficial. Aunque debería instarse a los poderes públicos, al parlamento y el Gobierno a que lo hicieran«.
El investigador Pau Casanellas ha sufrido también en primera persona cómo los archivos policiales del período franquista (hasta junio de 1977, fecha de las primeras elecciones pluripartidistas) son completamente inaccesibles. El problema de base no es tanto la ley de secretos oficiales, de abril de 1968, como la Ley del Patrimonio Histórico Español, de junio de 1985, que en su artículo 57.1.C establece cómo los » documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados».
Hay dos requisitos básicos. O que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos», declara a Público el investigador afectado. Además, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 1999, establece cuantiosas multas económicas en caso de vulneración de estos plazos.
La mayoría de archivos públicos, aclara Casanellas «se acogen a esta legislación para no dejar consultar documentación que tenga menos de cincuenta años de antigüedad», a pesar de que muchas veces el tipo de información que se encuentra en la documentación policial es de conocimiento público. Un ejemplo puede ser la pertenencia a un partido u organización, o la participación en una manifestación. A menudo publicada en los periódicos de esta etapa reciente. En otros casos, aclara Casanellas «los archiveros permiten una consulta selectiva: dejan consultar documentación más reciente siempre que no contenga datos personales«.
Casanellas concluye destacando que además de la legislación vigente (y su interpretación completamente restrictiva), el otro problema es que «la mayor parte de la documentación policial de la Transición no ha sido transferida a archivos históricos para ser tratada y catalogada, como sería normal». En muchos de los casos también se encuentra destruida como ocurrió con la mayor parte de documentación del partido único del franquismo, FET y de las JONS, luego llamado Movimiento Nacional. «Esta problemática de la desaparición también afecta a la documentación de la Brigada Político Social, y a la documentación de la Guardia Civil, que también tenía un servicio de información propio, el Servicio de Información de la Guardia Civil y a la de la Policía Armada». Mucho de estos documentos están ocultos o destruidos sin que medie ninguna legislación para su consulta o esclarecimiento.