El runrún sobre el sostenimiento del sistema público de pensiones es constante en todos los ámbitos. Desde lo político hasta lo social, pasando por el ámbito académico y empresarial. Que si son muy altas, que si hay que bajarlas, que si las personas jubiladas son unas privilegiadas, que si el sistema no es sostenible, y un largo etcétera. La realidad, no obstante, es la que es. El Estado español cuenta con un sistema público de pensiones que funciona bajo cinco principios fundamentales: principio de reparto, principio de proporcionalidad contributiva, principio de universalidad, principios de gestión pública y principio de suficiencia de las prestaciones.
Reparto, proporcionalidad contributiva, universalidad, gestión pública, suficiencia. No suena mal, desde luego. Pero, ¿quién querría ser pensionista en España pudiendo serlo entre los enormes rascacielos de Nueva York, dando un paseo por el Támesis y montándose semanalmente en el London Eye (seguro que hay un descuento para personas mayores), visitando la aldea Bukchon Hanok en Seúl o adquiriendo un bono de temporada en la Ópera de Sidney? Pues probablemente un defensor del igualitarismo liberal rawlsiano que, imaginemos, se encuentre en la posición original bajo el velo de la ignorancia, desconozca su posición social futura, su concepción del bien y sus capacidades y tenga que pactar las reglas de funcionamiento social que aseguren, incluso en el peor de los casos, unos mínimos que garanticen la supervivencia.
Y es que el sistema de pensiones público español funciona relativamente bien en comparación con los distintos sistemas de pensiones de países de la OCDE. El porcentaje de personas mayores de 65 años que se encuentran en riesgo de pobreza en España, según el informe Pensions at a Glance de la OCDE (2015), es el 6,8%. En Alemania el porcentaje es un 38% superior, en Reino Unido un 97%, en Japón un 185%, en EE.UU. un 216% y en Corea del Sur un 629%. Es decir, en Corea del Sur, el milagro económico del capitalismo, “una de las grandes historias de éxito del último siglo”, el 49,6% de las personas mayores de 65 años viven en situación de pobreza. De hecho, más de un millón de ancianos coreanos se han visto obligados a volver a trabajar para poder complementar sus miserables pensiones.
A tenor de estos datos, y viendo el panorama desolador que atraviesa la juventud, cualquiera podría pensar que en España son los abuelos y las abuelas, con sus elevadas pensiones, las que hacen que las personas jóvenes estén tan mal pagadas. Porque claro, como perfectamente sabemos, durante los últimos años los pensionistas no han tenido pérdida de poder adquisitivo, pero los salarios de las personas jóvenes se sitúan al nivel de 1999. Y me gustaría hacer un inciso: la eliminación del factor de sostenibilidad introducido por Rajoy en 2013, y que todavía reivindica el Partido Popular, ha impedido que un jubilado al que le corresponda una pensión de 1.500€ mensuales pierda 100€ al mes si se jubila en 2030, 207€ al mes si se jubila en 2050 y 343€ al mes si actualmente tiene 18 años. Pero, volviendo al tema, parece que hay quien quiere que creamos que el problema es que mientras los mayores se lo llevan crudo, los jóvenes lo tienen extremadamente crudo. Sin embargo, el mayor problema es, precisamente, pensar que estamos ante una batalla intergeneracional. ¿Por qué? Porque la clave está en que quienes han dado forma a las reglas económicas, políticas y jurídicas del sistema son quienes se benefician de económicamente, políticamente y jurídicamente del sistema. Y ésos no son los pensionistas, ni son las personas jóvenes. Tanto unos como otros son víctimas del mismo sistema, alimentado a raíz de la lucha de todos contra todos mientras quienes mueven los hilos observan plácidamente cómo nos matamos entre nosotros.
Y puede ser lógico y totalmente comprensible que no entiendas por qué en los presupuestos de 2023 las pensiones vayan a revalorizarse con el IPC cuando la subida salarial pactada en los convenios colectivos hasta julio tan solo ha aumentado hasta el 2,56%. Pero tenemos que tener en cuenta que el problema aquí no son los pensionistas, quienes están ya fuera del mercado laboral y carecen de instrumentos para actualizar sus ingresos con la inflación, sino los salarios. La crisis económica del año 2008 y las reformas laborales aprobadas para afrontar dicha situación afectaron enormemente a la capacidad de la clase trabajadora y de los sindicatos para negociar unas condiciones de trabajo y salarios dignos. La precariedad estructural instaurada en el mercado laboral español y el debilitamiento de la negociación colectiva han tenido como resultado una clara depreciación de los salarios. Recordemos que el sistema de pensiones español funciona mediante el principio de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento. Es por ello que, si existiera algún déficit en la Seguridad Social, este no se debería a las cuantías actuales de las pensiones, sino a los bajos salarios que impiden una cotización suficiente para financiar todas las prestaciones.
El salario medio de 2020 en España es inferior al de hace 20 años pese a que el PIB se ha multiplicado por dos. Mientras que en la Eurozona el salario medio a precios constantes ha incrementado un 12,5% en las dos últimas décadas, en España se ha reducido un 1,1%. Según datos de la OCDE, este se situó en 2020 en 26.537 euros anuales. Son 9.528 euros por debajo de la media de la Eurozona. Es decir, un 26,4% menos. Evidentemente, con una sociedad cada vez más envejecida y con una clase trabajadora que ha perdido un 12% de poder adquisitivo desde la crisis de 2008, son necesarios cambios para que las cuentas puedan mantenerse en equilibrio. Eso no significa, sin embargo, que el sistema no sea sostenible.
Lo que está claro es que, independientemente del devenir del mercado laboral, el sistema de pensiones español debe ser modernizado, adaptado a los nuevos tiempos y mejorado. Actualmente el gasto en pensiones es cercano al 12% del PIB español. Para 2030 aproximadamente, cuando se jubile la generación del baby-boom, este se incrementará 3 puntos porcentuales, hasta el 15% del PIB. Nos puede parecer un gran incremento, sin duda lo es, pero por ponerlo en perspectiva, situaría el nivel de gasto en el que hoy en día ya tienen países de nuestro entorno como Francia o Italia.
Es lógico que una sociedad más envejecida dedique una mayor proporción de su riqueza a garantizar que la capacidad adquisitiva de la población mayor se mantenga. Es por ello necesario también incorporar nuevas fuentes de ingresos a la Seguridad Social. Entre ellas las asociadas al destope de las bases máximas de cotización, por ejemplo. No tiene sentido que quien gana 100.000, 200.000 o 4.000.000 euros al año otice lo mismo que quien gana 45.000 euros. Pero también está la posibilidad (y necesidad, diría yo) de financiar parte del gasto de las pensiones mediante los ingresos generales.
Resulta interesante hablar de la posibilidad de financiar parte del gasto mediante los ingresos generales porque nos permite explicar una de las grandes mentiras sobre el sistema público de pensiones: “está en quiebra, con un agujero de unos 22.000 millones de euros”. El problema es que bajo la palabra pensiones, y con el dinero de las pensiones, se están financiando gastos impropios. Es decir, políticas públicas que no son pensiones, como pueden ser las tarifas planas de los autónomos, las prestaciones por hijos y, sobre todo, pensiones de viudedad u orfandad que, casualidad, suponen unos 22.000 millones de euros. En esta línea se posiciona también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que considera “factible cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones”. La financiación de los gastos impropios por parte del Estado supondría incrementar la recaudación un 1,7% del PIB español. Teniendo en cuenta que la presión fiscal española era, en el año 2020, un 4,3% inferior a la media de la zona euro, se podría pensar que financiar dichos gastos impropios mediante un incremento de la presión fiscal sería una solución factible para garantizar la sostenibilidad de un sistema de pensiones público que cubra los gastos contributivos.
En otoño se dará la segunda parte de la reforma de las pensiones. Encima de la mesa está, además del destope tanto de la pensión máxima como de la base máxima de la cotización, la ampliación del período para el cálculo de la pensión. Aunque esta medida, de momento, ha sido descartada por el ministro Escrivá, sobrevuela los titulares informativos. Una medida nada deseable para los pensionistas futuros. Menos aún cuando existen alternativas. Si este alargamiento en el período para el cálculo de 25 a 35 años se llevará a cabo, las pensiones se verían recortadas, de media, entre el 5% y el 10%. Es decir, entre 80 y 145 euros al mes.
La lucha por unas pensiones dignas es una carrera de fondo que entrelaza muchos intereses. Los planes de pensiones individuales mueven un negocio de más de 84.000 millones de euros y las grandes entidades financieras han recrudecido la batalla por atraer nuevos inversores con el mantra de la decadencia de las cuentas públicas. Cuidado. Cuidado cuando ciertos agentes económicos o partidos políticos intenten vendernos que el sistema de pensiones públicos está quebrado, no vaya a ser que lo que realmente nos están vendiendo es una privatización encubierta del sistema público de pensiones o, por qué no, un plan de pensiones privado.
Julen Bollain es doctor en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea. Acaba de publicar Renta Básica: Una herramienta de futuro (Editorial Milenio, 2021), con prólogo de Daniel Raventós y epílogo de Guy Standing.
Fuente: https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40868/pensiones-sostenibilidad-salarios-julen-bollain.htm