Insistentemente, en los últimos tiempos, los EUA vienen presionando a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay a que ejerzan un mayor control en la zona de la ‘Triple Frontera’. Alegan que informes de inteligencia confirmarían la presencia de ‘células dormidas’ de terroristas internacionales y actividades de lavado de dinero con qué financiarlas. Los medios […]
Insistentemente, en los últimos tiempos, los EUA vienen presionando a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay a que ejerzan un mayor control en la zona de la ‘Triple Frontera’. Alegan que informes de inteligencia confirmarían la presencia de ‘células dormidas’ de terroristas internacionales y actividades de lavado de dinero con qué financiarlas.
Los medios de comunicación se han hecho eco de esta advertencia, produciendo un sinnúmero de informes especiales, señalando que las acciones terroristas que destruyeron la Embajada de Israel en la Argentina y la AMIA provinieron de elementos que ingresaron a través de esa zona geográfica.
Los informes no dejan de ser significativos; aunque hay otras opiniones muy llamativas, como la que formula el ‘Centro de Militares para la Democracia Argentina’ (CEMIDA), que llega a la conclusión de que el objetivo real de la presión reside en una intervención del ejército norteamericano, ‘justificada con falsas denuncias de terrorismo’, para lograr el control del ‘Sistema Acuífero Guaraní’ (SAG).
Evidentemente ‘el agua está agitada’ en la región ya que, simultáneamente, los tres países que comparten esa frontera, sumado Uruguay, firmaron hace unos meses un ‘Proyecto para la protección ambiental y desarrollo sustentable del SAG’, desarrollado por el Banco Mundial.
En un informe titulado «Algo feo se cocina con el agua», reproducido por el Boletín de información y debates del ‘Grupo de Reflexión Rural’, Cecilia Chérrez, desde Tintají, Ecuador, se preguntaba: «¿Qué buscan las grandes instituciones internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial al repetir con insistencia que el agua será cada vez más escasa y que las guerras de este siglo serán a causa del agua?».
La respuesta sería: ‘el escenario que está en marcha es el de la privatización del agua, y la guerra, por ahora, se está dirimiendo en ámbitos jurídicos’.
Características de la región
El trabajo desarrollado por el CEMIDA, elaborado por la Profesora Elsa Bruzzone y los Cnls. José Luis García y Horacio Ballester, dan cuenta de las características de la región por haber tenido el privilegio de prestar sus servicios militares en la zona de referencia o en su área de influencia:
«Tomando como núcleo central el lugar llamado ‘Tres Fronteras’ donde limitan Argentina, Brasil y Paraguay y sin otro objetivo que dar un panorama general de la zona, la sensación dominante de un observador es la de encontrarse en el reino de las aguas fluviales. La magnitud del río Paraná en la zona de su confluencia con el Iguazú, potenciado inmediatamente al norte por la enorme represa de Itaipú con sus ensordecedores vertederos y engalanado hacia el este por las portentosas Cataratas del Iguazú, nos obliga a pensar en la enorme riqueza que constituyen las aguas de superficie en ese lugar, corazón de la llamada Cuenca del Plata, que no demasiado lejos de allí, agrega las enormes cuencas de los ríos Paraguay, Uruguay, Pilcomayo, Bermejo, Grande, Parapema, San Lorenzo, Apa, Negro y cuantos otros que constituyen un recurso que, aunque poco explotado, determina el potencial de esa región derivada de sus posibilidades energéticas y la diversidad de recursos disponibles de esas potenciales vías de comunicación».
«De acuerdo a datos oficiales la zona de las Tres Fronteras tiene una población de 470.000 habitantes agrupados en Puerto Iguazú (Argentina) 30.000, Foz do Iguazú (Brasil) 270.000 y Ciudad del Este (Paraguay) 170.000. Si bien en conjunto es una cantidad respetable, en particular y en cada caso constituyen porcentajes reducidos del total de sus respectivos países y casi sin importancia con relación a la población total de los tres».
«La zona así descripta presenta características diferentes en cada país. En la Argentina, la región norte de la Provincia de Misiones ha sido organizada como Parque Nacional, preservando las especies originales (aunque bastante depredadas) de la selva misionera, no permitiendo en ellos actividades comerciales y controlando severamente la actividad turística».
«En Brasil toda la selva original ha desaparecido, su relativa mayor población se dedica a las actividades rurales y existe un importante flujo turístico en la zona de Cataratas».
«En Paraguay la principal actividad en la región es comercial, derivada del comercio de todo tipo creado en Ciudad del Este, que si bien no tiene acceso directo a las Cataratas, aprovecha el flujo turístico para comerciar en lo que puede considerarse una escala intermedia, aunque para ellos aparezca como muy importante. En las inmediaciones de la región hay poca población y ésta se ocupa en actividades rurales, incrementadas últimamente por el cultivo de la soja, aunque en magnitud reducida. La selva original ha sido depredada y prácticamente no existe».
Fuerzas desplegadas en la región
Siguiendo con la opinión del CEMIDA, éste manifiesta que «dentro de ese espacio geográfico, de un gran movimiento turístico nacional e internacional que concurre a disfrutar del majestuoso espectáculo de las Cataratas del Iguazú, con su inevitable oferta de toda clase de mercaderías para atraer a esos públicos, los países interesados han desplegado sus medios de seguridad a fin de evitar que eventuales acciones delictivas puedan amenazar a esa industria tan vital. Los medios son abundantes y operan en forma coordinada y con modalidades particulares».
Expresa que «en general los tres países disponen en sus tres ciudades básicas: Puerto Iguazú (Arg.), Foz do Iguazú (Br.) y Ciudad del Este (Py.), elementos de la policía nacional en cantidad más que suficiente, agregados a las disponibilidades de fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura), filiales de órganos de inteligencia, policías aduaneras y agencias de vigilancia privada para hoteles y otras dependencias turísticas». Dice que «prácticamente en un espacio geográfico no demasiado extenso y con una población permanente de magnitud moderada, los medios de vigilancia y seguridad son más que suficientes para mantener un control casi absoluto de la zona y sus habitantes y detectar de inmediato cualquier anomalía de importancia». Agregando que «la disponibilidad inmediata o casi inmediata de guarniciones militares de importancia regional, sobre todo en Brasil y Paraguay y un poco más distante en la Argentina son elementos que ayudan a completar la disuasión de delincuentes en la zona señalada, tanto comunes como políticos».
En particular expresa que «tanto en territorio argentino como en brasileño las actividades turísticas, comerciales y sociales están aceptablemente organizadas y controladas, si bien se puede observarse cierta tolerancia de los controles sobre el ‘contrabando hormiga’ que practican los residentes permanentes y algunos turistas. Pero siempre bajo el control de las autoridades que no permiten desbordes». En cuanto a Paraguay remarca que la situación es diferente, ya que no posee la atracción de las Cataratas, privilegio argentino-brasileño, y por ello han apelado a un comercio de bienes y mercaderías que se realiza aún en las calles públicas y donde se puede obtener todo tipo de elementos. Todo ello en medio de una situación que un ojo desprevenido puede calificar de caótica. Pero el CEMIDA señala que no conviene engañarse: «El Paraguay basa la obtención de parte de sus recursos en actividades que a veces no son muy claras, pero que tienen un grado de control riguroso. Nos referimos al contrabando a escala mayor, a la compra-venta de objetos robados en Brasil y Argentina, especialmente automóviles, actividades de cruce ilegal de todo tipo de mercaderías y objetos por lugares ajenos a los puestos de control fronterizos y aún acciones menores de narcotráfico. Esas actividades ilícitas se desarrollan en un marco muy controlado ya que los recursos mal habidos son administrados por un poder político-militar que históricamente lo organizó y controló. Ese control es hermético y casi infalible. Cualquier elemento extraño a la organización mafiosa oficial que pretenda terciar en las actividades tendrá una existencia efímera».
Resalta enormemente la opinión de que en Ciudad del Este se ha radicado y dedicado al comercio -que es su vocación ancestral- una relativa importante comunidad sirio-libanesa, que desarrolla sus actividades muy controladas y pacíficamente. Que ella ha sido destinataria, conjuntamente con la comunidad árabe de Foz do Iguazú, de acusaciones como la que nos ocupa y dicen que, en este marco de referencia, las denuncias resultan no sólo irrelevantes sino también ridículas. Asegurando con gran elocuencia: «¡Pobre comunidad árabe si se atreviera a quebrar el orden establecido a través de los años!. En realidad puede trabajar en el marco comercial establecido por el orden creado y aún debe desembolsar grandes sumas de dinero para poder hacerlo».
Tan superlativa como esta descripción es la hipótesis que el CEMIDA plantea en cuanto a si «¿el terrorismo internacional de las ‘Tres Fronteras’, sistemáticamente denunciado por las autoridades norteamericanas en los últimos tiempos, está siendo financiado por el poder establecido en el gobierno del Paraguay?. El sólo enunciado de ese desatino resulta inverosímil y obliga a investigar si, en lugar de la lucha contra el terrorismo, los EUA están buscando lograr otros objetivos en esos lugares con ese pretexto».
Recursos estratégicos de la región
En la zona no hay recursos minerales de importancia salvo los yacimientos de hierro de El Mutún y El Urucún en Bolivia y Brasil respectivamente. Pero no tienen un valor estratégico de carácter mundial. En la investigación apareció de pronto un colosal yacimiento, quizás la reserva más importante en el orden mundial de agua potable: ‘El Acuífero Guaraní’.
Ha sido muy significativa en los últimos tiempos la importancia que se está dando al agua potable como un recurso escaso para los próximos años y lo fundamental que resultará para la humanidad. En realidad mucho más fundamental que los hidrocarburos: ‘quien controle el agua controlará la economía universal y toda la vida de un futuro no lejano’.
Tampoco hay que olvidar la enorme capacidad de generación energética a partir de los ríos y la importante vía de acceso al comercio que constituye la ‘Cuenca del Plata’ y los proyectos referentes a la ‘Hidrovía’.
Descripción del ‘Acuífero Guaraní’
Está situado entre los paralelos 16º y 32º de latitud Sur y los meridianos 47º y 56º de longitud Oeste. Se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Tiene una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 839.000 corresponden a Brasil, 226.000 a Argentina, 71.700 a Paraguay y 59.000 a Uruguay.
Por el norte, toma contacto con el Pantanal que a su vez se conecta con la Amazonia. Se desconoce el límite oeste del Acuífero en el Paraguay. En territorio Argentino se estima que se prolonga hacia la cuenca del Bermejo; también es desconocido el límite sur, pero no se descarta que continúe hacia las regiones pampeana y patagónica, pudiendo llegar a conectarse con la zona de los grandes lagos precordilleranos.
Es una de las mayores reservas de agua subterránea del planeta, estimándose en unos 50.000 kilómetros cúbicos. La recarga se estima entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año. Utilizándose 40 kilómetros cúbicos por año podría abastecer diariamente a 360.000.000 de personas con una dotación de 300 litros por habitante. En vastas regiones presenta surgencia natural. La profundidad más común del Acuífero es de 200 mts., pero puede llegar los 1.000 mts. La temperatura del agua varía con la profundidad.
La región comprendida por el Acuífero posee unos 15.000.000 de habitantes. Constituye el Guaraní la principal fuente de suministro de agua potable para abastecimiento urbano, industrial y agrícola. En Brasil, más de 300 ciudades de entre 3.000 y 500.000 habitantes son abastecidas total o parcialmente por él. Sólo en San Pablo, más del 60% de la población (es decir, 5.500.000 personas) dependen del agua del Acuífero. En Paraguay, se han registrado unos 200 pozos que abastecen a poblaciones de la región oriental del país. Uruguay cuenta con unos 135 pozos y se los usa para abastecimiento público y baños termales. En la Argentina, se utilizan solamente 6 pozos termales de agua dulce en el sector oriental de la Provincia de Entre Ríos.
Las áreas de recarga y descarga y las áreas donde existe una alta concentración de usos y usuarios se consideran áreas críticas (‘hot spots’): Concordia (Argentina), Salto (Uruguay), Rivera (Uruguay), Santana do Livramento (Brasil), Ribeirao Preto (Brasil). El área más importante y fundamental de recarga y descarga es el corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina, y este corredor está ubicado significativamente en la ‘Triple Frontera’. Según el Banco Mundial, «en el Mercosur el crecimiento industrial y de la población puede poner en riesgo los recursos disponibles, incluyendo el agua».
El ‘Proyecto para la protección ambiental y desarrollo sustentable del SAG’
Para Gian Carlo Delgado Ramos, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México; autor con John Saxe-Fernández de ‘Banco Mundial y Desnacionalización Integral de México’, UNAM, México, 2003, de lo que se está hablando en el fondo es de «moldear las legislaciones nacionales de los países Sudamericanos para que faciliten programas de inversión privada sobre un recurso por demás estratégico».
En medio de la más que potencial crisis hídrica presente en algunas regiones del hemisferio, sobre todo en las principales ciudades de EUA, la preocupación del Banco Mundial (BM) y otros actores por el acceso, gestión y usufructo de las principales reservas de agua dulce no se ha hecho esperar.
El 22 de mayo de 2003 se reunieron en Montevideo, el BM y los países que integran el Mercosur. Allí se firmó el ‘Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní’. El principal aporte para el proyecto lo hizo el GEF (Fondo Mundial para el Medioambiente), que garantizó 13,4 millones de dólares de los EUA para su financiación. La OEA/USDE (Unidad para el Desarrollo Sostenible) actuará como la agencia regional de ejecución y el Banco Mundial como la agencia de implementación. Las negociaciones bilaterales concernientes al ‘Proyecto de Implementación del Plan’ (PIP) cuentan con el apoyo del USDE y están bajo la dirección de los países y la OEA. Colateralmente y en adición al GEF el proyecto también tiene el apoyo financiero de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), la Vigilancia Geológica Germana (BGR) y el Programa Asociado del Agua de los Países Bajos (BNWPP). El programa también reclama una contribución equivalente de los países, en dinero y en especies, lo que daría una suma aproximada de 27 millones de dólares.
Delgado Ramos cita que según el News Release del BM (No. 2003/371_LAC), «los 27.24 millones del ‘Proyecto del Sistema Acuífero Guaraní’ servirán para elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y técnico para el manejo y la preservación del Acuífero.» La reserva de agua es reconocida por el Banco en ese mismo documento como «un recurso estratégico de agua potable en el Cono Sur». Entre los componentes del Proyecto, descritos en el documento base del BM (BM, Environmental Protection and Susteinable Developtment of the Guaraní Aquifer System. Reporte No. 23490-LAC. Washington, D.C. EUA, 17 de mayo de 2002, disponible en www.ana.gov.br/guarani/docsbasicos/pad.pdf ), cabe destacar «la expansión y consolidación del conocimiento científico acerca del Acuífero en base al Desarrollo e Integración del ‘Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní’ (SISAG), el desarrollo e implementación conjunta de un marco regulatorio de manejo del Acuífero y la consideración del potencial geotérmico para la generación de energía eléctrica».
El economista explica que «vale aclarar lo que el BM suele entender por ‘marco regulatorio de manejo’ o proceso de ‘fortalecimiento institucional’ en sus proyectos relacionados a recursos naturales (por ejemplo, biodiversidad o agua). Generalmente, se refiere a todas aquellas medidas que se han de tomar para homogeneizar los lineamientos legales y operativos de acceso a tales o cuales recursos (bajo el argumento de que es un prerrequisito necesario para ejecutar su ‘conservación’, ‘uso sustentable’, etc.). En tal sentido, de los 4 años que de entrada componen el proyecto del Acuífero Guaraní, los 3 primeros se enfocan a esa finalidad, o como el BM señala, a la ‘primera fase’ que, una vez consolidada, la siguiente sería colocar a determinados actores en la gestión y usufructo del líquido. Ese es el típico modus operandi del Banco que, en este tipo de proyectos, devela su interés, primero, por reconfigurar el manejo de cuencas y, segundo, por la transferencia de los servicios hídricos hacia el sector privado. Es decir, por un lado, impulsa una concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de ‘selectos actores’ y, una vez consolidados, busca, por el otro lado, colocar a las multinacionales de los acreedores en el centro de la gestión y usufructo del agua (servicios hídricos de almacenaje, distribución, potabilización, generación de termo e hidroelectricidad, etc.)».
Ese proceso del usufructo privado del agua, que se consolida mediante concesiones parciales o totales, se ha venido concentrando en manos de multinacionales como Monsanto Wells y Bechtel Co., las francesas Suez/división ONDEO (antes Lyonnaise des Eaux) y Vivendi, las españolas Aguas de Valencia y Unión FENOSA ACEX, o la inglesa Thames Water, entre otras. Es un proceso que ha sido posible a partir de que ‘los Gobiernos están abandonando el control de las fuentes nacionales de agua al participar en tratados o arreglos comerciales tipo OMC o NAFTA, desde los cuales transfieren la gestión de los recursos hídricos hacia la iniciativa privada’.
Delgado Ramos hace referencia a que los argumentos son bien conocidos, «éstos suscriben ‘la urgente necesidad de mejorar el mal servicio que prestan las empresas estatales’ y ‘la ausencia de presupuesto público’. Justo aquí es dónde la International Finance Corporation (IFC), una sección del BM, hace su actuación estelar para buscar, en palabras de ese organismo ‘financiar proyectos del sector privado en países en desarrollo, ayudar a multinacionales del primer mundo a movilizar capital en los mercados internacionales y proveer asesoría y asistencia técnica a empresas y gobiernos’ (www.ifc.org)».
También alerta que aunque estas multinacionales, también llamadas ‘barones del agua’, son los actores más activos en el negocio, otras, sobre todo las que hacen uso masivo de agua, han buscado hacerse de tierras ricas en ese recurso, o al menos se han adjudicado sus ‘derechos’. Dando como ejemplos los casos de General Motors, Ford, Intel y demás multinacionales químicas, mineras, del petróleo y el carbón, y las diversas industrias productoras de textiles u otras mercancías.
Modalidades de Privatización de los Servicios de Agua
Siguiendo con la explicación de Delgado Ramos, dice que existen tres formas generales de privatización del agua a nivel mundial y en la mayoría de las veces involucra el aval de organismos internacionales (BM, etc.). Una primera, en la que hay una venta total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte del Estado nacional a favor de las multinacionales; una segunda, en la que se hace una concesión por parte de los Estados nacionales para que las multinacionales se hagan cargo del servicio y del cobro por la operación y mantenimiento del sistema en uso. El cobro por el servicio y las ganancias son gestionadas en su totalidad por la multinacional; y una tercera, que se trata de un modelo ‘restringido’, en el que el Estado nacional contrata a una multinacional para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos. La multinacional puede o no hacer el cobro del servicio, pero en todos los casos el Estado nacional no tiene acceso a las ganancias generadas. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más popular ha sido la segunda.
Volviendo al ‘Acuífero Guaraní’, remarca que el documento base del BM explicita que ‘la segunda fase’ implicará inversiones en la protección de áreas de recarga, en la prevención y mitigación de contaminantes, y en medidas para reducir la sobreexplotación del acuífero en localidades específicas, así como en el potencial para desarrollar actividades relacionadas a las características termales de las aguas. El financiamiento de la ‘segunda fase’ considerará recursos de agencias de cooperación, GEF, BM, el sector privado y/o otros organismos de financiamiento multi o bilateral. Es decir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. Esos datos científicos, estarán a disposición del BM y su IFC, del resto de financiadores y de los inversores interesados. ‘Es un escenario en el que la información de las características cualitativas y cuantitativas del recurso es fundamental para saber las dimensiones y potencialidades de los negocios viables’.
Por otro lado, existen más proyectos referidos al agua, como los vinculados a la Cuenca del Plata. En este caso se destaca el programa financiado por la National Science Foundation de Estados Unidos (NSF), denominado ‘Desarrollo de una Agenda de Investigación Multidisciplinaria en la Cuenca del Plata’. Éste es parte del proyecto ‘Ciencia para el Desarrollo Sustentable’ del Directorio de Programas Internacionales de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), financiada, entre otros, por diversos actores vinculados a un importante consumo de agua como la Rockefeller (EUA), Ford (EUA), IBM (EUA), Kellogg (EUA), Kodak (EUA) o la Coca-Cola (EUA). Esta última a la cabeza, junto con Nestlé, del negocio mundial del agua embotellada. En sí, el Proyecto, al igual que en el caso del ‘Acuífero Guaraní’ y su SISAG, busca consolidar el ‘Sistema de Información Geográfica’ (SIG) más preciso de la región, con el objeto de ‘fortalecer’ y enlazar ‘iniciativas ya existentes del BM, BID, etc’. (www.aaas.org).
¿Y por ALCA cómo estamos?
Desde 1994, todos los países de América, a excepción de Cuba, han estado negociando para la conformación del ‘Área de Libre Comercio de las Américas’ (ALCA). En la práctica, las negociaciones se han hecho de manera secreta. Sólo se publicaron documentos sobre intenciones y objetivos de la negociación pero, el texto mismo de la negociación, las posiciones finas de cada país, no se han informado. Esto ha impedido profundos debates sociales en cada país y les ha evitado a los gobiernos tener que dar cuenta a sus ciudadanos sobre los efectos de las decisiones que llevan a cabo.
El ALCA fue propuesto por los EUA en la primera ‘Cumbre de las Américas’. Entre 1994 y 1998, las negociaciones se centraron en definir la estructura y la organización de contenidos. La discusión de éstos se comenzó en 1998 y debe terminar el 31 de diciembre de 2004. Los parlamentos de cada país deben aprobar o rechazar el acuerdo en su totalidad durante el 2005 para que entre en vigencia el 31 de diciembre de ese año.
Las negociaciones se han realizado a través de tres Cumbres Presidenciales o ‘Cumbres de las Américas’ (Miami, 1994; Santiago, 1998; Quebec, 2001), ocho reuniones ministeriales (una cada año y medio desde 1995), y una serie de reuniones de grupos y comités de negociación. También hay un ‘Comité Tripartito’, conformado por el BID, la OEA y la ‘Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe’ (CEPAL). Este comité funciona como secretaría técnica del proceso, proponiendo muchos de los textos de la negociación, vigilando que sean coherentes con la OMC y que no entren en conflicto con las condiciones exigidas por el BM o el FMI.
El acuerdo no sólo fija nuevas formas de comercio y propiedad privada, sino que impone un nuevo marco ideológico, jurídico y político para definir las relaciones entre el capital transnacional, los Estados y los pueblos latinoamericanos. Si se aprueba, sus disposiciones no afectarán solamente el comercio, sino la producción, los servicios, la propiedad de la tierra, el agua y los recursos naturales. En este aspecto, uno de los capítulos del ALCA negociados se denomina ‘Soluciones de Controversias’, por el cual se pretende crear cuerpos jurídicos supranacionales que irían más allá de cualquier Constitución Nacional. Por lo tanto, disputas entre propietarios ‘privados’ del servicio de agua y los Estados, serían dirimidas según esas normas y no según los derechos constitucionales de cada país.
Según lo reproducido por el Boletín de información y debates del ‘Grupo de Reflexión Rural’, el caso de la Columbia Británica (Canadá) puede ser, en ese sentido, paradigmático: «cuando por razones de Estado el gobierno canadiense suspendió la exportación de agua en gran tonelaje, desde esa zona hacia la sedienta California, la compañía Sun Belt Inc. (de Santa Bárbara, EUA) demandó a Canadá amparada en una de las cláusulas del NAFTA».
Armando el rompecabezas
El agua marca la última frontera que le queda por invadir al sector privado. Los empresas de agua hacen hincapié en que el recurso es gratis, que lo que se cobra es la potabilización y distribución. Pero, ¿qué pasaría si el agua se convirtiera en un ‘commodity’ o ‘bien comerciable’ que cotizara en un mercado internacional como el de Chicago?, por ejemplo.
Según el escritor norteamericano Norman Mailer «la administración de George W. Bush no fue sólo a Irak por su petróleo sino por el Éufrates y el Tigris, dos ríos caudalosos en una de las zonas más áridas del planeta». Por ahora, no hace falta una invasión militar para apropiarse del recurso. La presencia militar extranjera podría ser una avanzada ante futuros conflictos; amparada por un futuro marco jurídico, ¿acaso no se constituirían en una ‘fuerza de despliegue rápido’, en defensa de lo que se consideraría impropiamente de ‘todos’?.
Aquí, lo que resalta son ‘las magnitudes’, el desequilibrio de fuerzas. Para decirlo de otra manera, que exista derecho no asegura que exista justicia, ¿qué puede hacer un ciudadano cuando le están por rematar judicialmente su única casa porque un banco lo abrochó legalmente?. Quizá, parapetarse con una escopeta o irse a vivir a la plaza.
No tendríamos que llegar a ese extremo, la pregunta ahora sería: ¿Están nuestros negociadores a la altura de las circunstancias? Porque ‘el peligro radica en los órdenes jurídicos de competencia internacional, con la consiguiente pérdida de soberanía’.
Hoy por hoy, el lema ecologista de ‘actuar local pensando globalmente’ fue dado vuelta por el poder hegemónico en ‘actuar global pensando localmente’.
Las piezas están a la vista, sólo hay que acomodarlas.
Fernando Gleza
(ABC Ambiental)