Pese a las presiones internas, Marlaska mantiene su negativa a derivar migrantes a la península. Mientras, Migraciones prepara campamentos en terrenos cedidos para reubicar a las miles de personas que están acogidas en hoteles de las islas. Ayer, Interior hizo lo propio para aliviar el muelle de Arguineguín. La prioridad del Gobierno ahora es frenar las salidas desde costas africanas e impulsar las deportaciones para evitar que lleguen al continente europeo.
A Canarias —de momento— se puede llegar, pero de allí no se sale, salvo en un vuelo de deportación, algo que la pandemia ha reducido a mínimos. Con cada nueva embarcación que llega cargada de migrantes, con cada nueva medida improvisada que toma el Gobierno para aliviar el colapso del muelle de Arguineguín y con cada nueva declaración política, la situación y la estrategia para hacer frente a la crisis migratoria se acerca cada vez más a lo visto en Grecia. Más concretamente, a lo que ha sucedido en sus islas, con Lesbos como contundente y vergonzoso ejemplo de cómo formar un polvorín con miles de personas vulnerables.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lleva un año dejando muy claro que Canarias es y será el tapón que pide la Unión Europea. Su departamento no ha autorizado apenas salidas de migrantes de unas islas totalmente sobrepasadas por la afluencia de pateras en lo que va de año, a pesar de que la cifras de 2019 ya advertían de este drástico repunte. No es ninguna sorpresa para los expertos que la situación en Canarias sea la que es. Más de 18.000 personas migrantes han llegado, un crecimiento superior al 1.000% respecto al año pasado. Sin embargo, solo se han permitido unos 1.800 traslados a la península en todo el año, según confirmó hace un mes a Público la Cruz Roja, organización encargada por convenio con el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social de la acogida humanitaria y de emergencia en Canarias.
La misma ONG confirmaba a este diario que unas 2.000 personas habían logrado salir de las islas por sus propios medios desde mediados de 2019, bien para buscarse la vida en la península o bien para seguir con su proyecto migratorio, normalmente hacia otros países del norte de Europa. Y eso es precisamente lo que Marlaska —y Merkel y Macron— no quiere que suceda. Y no es que haya sido idea del ministro, cuya postura en el debate del pacto migratorio europeo era diferente a esta estrategia de bloqueo, pero tan minoritaria que ni siquiera se debate ya.
La contención es una exigencia de la Unión Europa, cada vez más preocupada por eliminar lo que denominan «flujos secundarios de migrantes«, es decir, la gente que se desplaza de un país de la UE a otro una vez que han llegado a Italia, Grecia o España, principales puntos de entrada al continente.
Pese a estas salidas a cuentagotas, en estos momentos hay alojados en complejos hoteleros de Canarias unas 6.000 personas, según Cruz Roja, y más de mil en la exigua red de acogida que se ha ido improvisando durante el año a golpe de llegada y de hacinamiento descontrolado en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Todavía este viernes alberga a algo menos de un millar de personas mientras han comenzado los traslados a un campamento militar en Barranco Seco, también en la isla.
Contener para deportar
Marlaska ha sido tajante y más explícito que nunca este viernes, justo cuando está de visita oficial a Marruecos —la gran mayoría de los migrantes que llegan son marroquíes— para pedirle más control en su costa atlántica, zona cero de las salidas de pateras, y para reactivar y acelerar el ritmo de devoluciones frenado por la pandemia.
Contra el criterio del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá; el del socio de Gobierno, Unidas Podemos, y el del Ejecutivo canario, con el socialista Ángel Víctor Torres como voz principal, Marlaska ha insistido en su cerrazón dictada por Bruselas: no habrá traslados desde las islas. «Cuando se habla de traslado a la península [responde]: hay que luchar contra la emigración irregular y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa», ha dicho tras su encuentro con las autoridades marroquíes. «Las políticas migratorias son del conjunto de la UE y no solo de España», ha añadido.
La última visita de Marlaska a Canarias la hizo el pasado 6 de noviembre en compañía de la comisaria europea para Asuntos de Interior, Ylva Johansson, que también fue clara en la estrategia que Bruselas pretende aprobar en el inminente pacto migratorio europeo. «Eso es insostenible, por supuesto», dijo en referencia al drástico aumento de llegadas a Canarias. «Creo que hace falta más apoyo europeo para afrontar la situación», argumentaba. Y el apoyo, además de visitar los países de origen y tránsito en África para lograr acuerdos que desbaraten las rutas migratorias, pasaba por el visto bueno para convertir Canarias en una nueva cárcel de migrantes a cielo abierto, tal y como llegó a ser la isla griega de Lesbos. La jugada es tan evidente que el propio Marlaska se ha apresurado a negarla en una reciente entrevista palabra por palabra: «No vamos a convertir Canarias en un nueva Lesbos», dijo en Antena 3 el pasado lunes.
«Las personas que no necesitan la protección internacional, los inmigrantes económicos, deben ser devueltos. De otro modo no es posible defender realmente el derecho de asilo y protección», puntualizaba. Pero para expulsar hay que tenerlos bien localizados, y nada mejor que siete islas cercanas a África.
Y mientras se intenta deportar a todos los que se pueda—un gran número de migrantes son inexpulsables, como unos 2.000 menores no acompañados, mujeres con bebés y otros cuya procedencia e identidad son imposibles de comprobar—, la peor parte del trato siempre recae en las personas que migran y, colateralmente, sobre una población local que mira entre el recelo, el temor y el odio hacia una gestión cuando menos cuestionable de los flujos migratorios.
Una estrategia que, sin embargo, ya se ha probado en otros países receptores con idénticos resultados: crispación de los habitantes locales y desesperación, hartazgo y estallido de las personas que se juegan la vida para llegar a la Europa de las supuestas oportunidades.
De hoteles a tiendas de campaña
Ante la negativa de Marlaska a las derivaciones al continente, Escrivá no ha tenido más alternativa que ceder y gestionar la acogida con la esperanza puesta en que la industria del control migratorio y los acuerdos bilaterales con los países africanos sean algo más efectivos que hasta ahora. «El 90%» de los 18.348 migrantes que han llegado en patera a las islas en lo que va de año «son expulsables a sus países de origen», ha dicho el titular de Migraciones en su visita de este viernes a Canarias, donde ha anunciado un nuevo plan de choque que en nada se diferencia del anunciado hace una semana por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
Según Escrivá, los traslados a la península que puede promover su departamento se ciñen exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad. El siguiente paso (re)anunciado por Escrivá es cada vez más parecido a lo que se vivió en Lesbos: campamentos de migrantes en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa, Ayuntamientos y Bankia. Ha anunciado con carácter de urgencia campos con 6.000 plazas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para ir acogiendo a los migrantes que ahora se reparten por 17 complejos turísticos y, de forma paralela, trabajará para dotar otras 7.000 plazas más estables en el interior de inmuebles. «En un muy breve plazo de tiempo, en cuestión de semanas», ha incidido el ministro, un plazo que el pueblo canario lleva escuchando meses.
En total son 13.000 plazas estables que pueden servir para aliviar la actual situación, pero a costa de empeorar las condiciones en las que ahora mismo viven los alojados en hoteles, uno de los rasgos hasta ahora diferenciales entre la política griega y la española. Quizás no sea casual que Interior haya reforzado la presencia de policías antidisturbios en Gran Canaria esta semana, aunque también tiene que ver la tensión social que el debate político alimenta.
Escrivá ha anunciado que ya se ha firmado un contrato con la empresa pública Tragsa para iniciar las labores de acondicionamiento de carpas en los nuevos emplazamientos. Algunos de ellos ya se habían anunciado hace semanas, otros incluso hace meses. En Gran Canaria son el Colegio León (300 plazas), Canarias 50 (650 plazas) y la nave Las Palmas cedida por Bankia (500 plazas). En Tenerife, son 1.450 plazas en un terreno exterior llamado Las Raíces y otras 1.800 en el interior un antiguo acuartelamiento conocido como Las Canteras, en La Laguna. En Fuerteventura, se preparan 700 plazas en los patios exteriores de las instalaciones de El Matorral. A estas hay que añadir otras 500 plazas cedidas por Interior en un viejo polvorín en Barranco Seco, donde ya se han derivado a cientos migrantes que llevaban semanas en el muelle de Arguineguín.
«Estos trabajos permitirán contar con 7.000 plazas propias antes de final de año», ha afirmado. «Paralelamente», ha dicho, «se trabaja en el despliegue de plazas más estables en una cuantía similar en los emplazamientos que requieren labores de adecuación». No se descarta recurrir a módulos prefabricados si fuera necesario.
Además, la Secretaría de Estado de Migraciones abrirá una central de emergencias propia en Canarias, que estará exclusivamente dedicada a la coordinación migratoria en las islas con la finalidad de realizar «un seguimiento continuo de la situación in situ«.
Refuerzo de Salvamento Marítimo
También ha querido salir en la foto el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de quien depende Salvamento Marítimo, ente público encargado de la búsqueda y rescate de las pateras. Tras meses de tensión con los sindicatos, el ministro ha cedido y ampliará las plantillas mínimas de seguridad de sus embarcaciones de intervención rápida, las salvamares, de los actuales tres tripulantes hasta cuatro.
Mientras tanto, los mayores esfuerzos del Gobierno se centran ahora en controlar la salida de pateras y cayucos desde Marruecos, Mauritania y Senegal, espoleada por la crisis económica y social que ha generado la pandemia en África. Tras el bloqueo de la ruta migratoria del Estrecho y del Mar de Alborán, solo quedaba abierta la peligrosa travesía hacia Canarias para alcanzar suelo europeo. En 2008, Marlaska sacó pecho por la drástica reducción de las llegadas, aunque numerosas ONG y organismos advirtieron del riesgo de reactivar una ruta aletargada, difícilmente controlable y sumamente mortífera.
La pregunta ahora ya no es cuándo se logrará taponar el litoral atlántico norteafricano, sino hacia dónde se moverán los cientos de miles de personas para las que la pandemia y sus efectos solo son una razón más entre otras que ya existían para migrar hacia el norte del planeta. De momento, las llegadas hacia Baleares desde Argelia también se han disparado.
«Con la estrategia de Interior, en unos años veremos pateras llegando a la Costa Brava«, advertía a Público hace solo dos meses Ismael Furió, delegado sindical de Salvamento Marítimo que vivió de primera mano la crisis de los cayucos en Canarias en 2006. Ni dos décadas después, la historia vuelve a repetirse, al igual que las soluciones europeas.