La crisis ecológica como resultado de las contradicciones internas del capitalismo tiene su reflejo en nuestros pueblos, en donde uno de sus efectos es la sequía imparable que está afectando al consumo humano, y dañando de modo irreversible a la agricultura y la ganadería que sufren gravemente los impactos medioambientales, aunque son las actividades productivas que menos contribuyen a la crisis climática.
En la Comunidad Extremeña la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, presentó con todo tipo de alharacas como un trofeo El Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC), aprobado por la Junta de Extremadura en junio de 2021. La dirigente del gobierno extremeño expresó que aquél se apoya en las normas y acuerdos que se referencian en el Plan Nacional Integrado por la Energía y el Clima, los Acuerdos de París y la nueva Ley del Clima Europeo.
En el acto de presentación, la consejera presumía que “Extremadura es la primera comunidad autónoma que desarrolla un plan de estas características, y de este modo, muestra su compromiso inequívoco en la lucha contra la emergencia climática y se coloca en vanguardia en el proceso de transición energética.
Las alabanzas de la consejera no quedaban ahí, y continuaba indicando que “el Plan es un documento programático, realista y realizable, para una década, con una entidad muy amplia, por sus objetivos y por las medidas de calado que contiene de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética. El Plan va a cambiar el modelo energético y contribuir al empleo”.
En teoría, los objetivos generales establecidos por el PEIEC para 2030 prevén una disminución de las emisiones de gases respecto a 2017 y la neutralidad climática por la que los valores de dióxido de carbono lanzados a la atmosfera serán absorbidos por los sumideros de la naturaleza extremeña. Las hipotéticas previsiones de nuestros gobernantes regionales desbordan optimismo apuntando a que el logro de las finalidades establecidas en el plan serán algo más que estímulos para el desarrollo económico y social de la región, con empleos de calidad y el mínimo efecto en la naturaleza y en los sistemas productivos.
Las claves del impacto positivo que tendrá el PEIEC en 2030 se detallan en una programación que marca una reducción de un 10,03% de las emisiones de Gases Efecto Invernadero de Extremadura respecto de las emisiones de 2017; un incremento en un 9,8% de la capacidad de absorción de emisiones de Gases Efecto Invernadero de los sumideros; habrá una contribución del 40,6% de energía primaria renovable y del 35,7% de energía final renovable en 2030; se reducirá en un 22% la energía primaria en 2030 respecto a 2017, la contribución de energía renovable en la generación eléctrica en 2030 será de un 99 %.
Para alcanzar los propósitos apuntados se manejan valores económicos de una magnitud muy considerable, puesto que se menciona que se movilizarán algo más de 17.000 millones de euros con la generación de unos 79.600 empleos; los Municipios extremeños ingresarán unos 1.239 millones de euros y se inyectarán en los hogares unos 1.848 millones; se mejorará la eficiencia energética en más de 24.000 viviendas. El impacto positivo sobre nuestro PIB superará a los 4.600 millones de euros.
2.- LOS FRACASOS DE LA SOCIALDEMOCRACIA.
En definitiva, las declaraciones oficiales nos vienen a decir que hay profundos y sólidos cimientos para suponer que se pueden alcanzar unos resultados inmejorables en el terreno económico, social y medioambiental en el período 2021-2030.
No obstante, los insuperables obstáculos que emanan de las contradicciones del capitalismo eliminan la posibilidad de que se detenga la crisis medioambiental. Las causas y las consecuencias en muchos casos dolorosas en los diferentes ámbitos geográficos no desaparecerán mientras se mantengan las mismas relaciones de producción y los Estados siga siendo instrumentos al servicio de las burguesías nacionales e internacionales.
En el caso concreto de Extremadura, el plan elaborado por el gobierno regional además de parecer excesivamente fantástico e irreal por sus porcentajes y cantidades numéricas, su dependencia jerárquica de los presupuestos y decisiones de otras administraciones públicas, se enfrenta a cuestiones estructurales del propio sistema económico-social y no ataca de raíz los serios problemas que tiene la región.
Sobre el papel mantiene las típicas directrices de las políticas socialdemócratas de humanizar el capitalismo y compatibilizar los intereses del capital con los de la mayoría social. El empleo, la eficiencia energética y la adaptación modernizadora de las viviendas son los contrapesos que se ofrecen a las subvenciones millonarias que se concederán a industrias y grandes empresas.
Sin embargo, hay poderosas fuerzas materiales en las entrañas de las sociedades capitalistas que son incontrolables y que influyen poderosamente en las decisiones de los gobiernos y en la vida de los pueblos; las ansias del beneficio, la reproducción ampliada del capital, que sumadas a las duras competencias entre los capitalistas se imponen y arruinan las estrategias de los gobiernos reformistas e impugnan los sueños para armonizar los intereses del capital con el bienestar de la humanidad trabajadora.
Además, no es nada sensacionalista decir que estamos acostumbrados a que estos grandes partidos políticos que se repiten al frente de las administraciones públicas, incumplen continuamente los programas que aprueban en reuniones y congresos, y subordinen sus decisiones a las directrices que marcan los dirigentes de las organizaciones patronales, representantes de los intereses de los grandes propietarios de la tierra, de las industrias, a fin de cuentas, de los dueños del dinero.
3.- LA LUCHA CONTRA LA CRISIS SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL ÁMBITO LOCAL. LA REFORMA AGRARIA.
La transformación política, económica y social de nuestra región es una necesidad ineludible si queremos evitar la profundización de la crisis social y ecológica en la que estamos sumidos. En este sentido, hay algunos asuntos que se rechazan por los dirigentes institucionales y que nos indican muy significativamente de qué lado se posicionan a la hora de la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales que tenemos en el territorio regional. Para las clases trabajadoras los desenlaces favorables sólo pueden llegar como resultado de la práctica política y social, de la lucha de clases, con la vista puesta en el horizonte de lograr un poder obrero y democrático.
Algunas de las tareas básicas que hay que afrontar para hacer frente a la crisis considerada globalmente, comienzan por una reforma agraria que ataque el problema de la propiedad de la tierra, la organización del poder regional y municipal desde el punto de vista de las clases trabajadoras para establecer los mecanismos de la necesaria expropiación de los grandes latifundios, el apoyo y la defensa de los agricultores que trabajan la tierra, el papel de la mujer en todo este proceso que permita acabar con la explotación patriarcal que sufre y otras acciones que cuenten con la colaboración de las pequeñas burguesías locales interesadas en mejorar sus posiciones económicas frente a las grandes compañías multinacionales y latifundistas.
En este orden de cosas, adquieren un indudable valor las luchas puntuales capaces de generar la convergencia de los diferentes movimientos sociales que hoy se manifiestan en la región. La idea de lograr una planificación democrática de la economía regional con las correspondientes aportaciones al equilibrio ecológico debe propiciar esta acumulación estable de fuerzas sociales que obliguen al poder regional a poner en marcha estas medidas con la anunciada Reforma Agraria.
En la actualidad, hay una probabilidad elevada de avanzar en la unidad por la transformación económica y social dada la coincidencia en las reivindicaciones que mantienen los diferentes movimientos sociales y algunas organizaciones sindicales con presencia en nuestra región.
Por citar algunas de ellas: las luchas de las organizaciones ecologistas para la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Valdecañas. Las luchas contra la minería extractiva. Las luchas ecologistas por la prohibición en las políticas industriales de los HCFs (los Hidroclorofluorocarbonos) que contienen cloro que destruyen la capa de ozono. La regulación severa de pesticidas, y químicos en la producción agroindustrial.
Políticas para una reducción drástica en la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Las luchas por un convenio colectivo del campo. Las luchas por unos precios agrícolas dignos. Las luchas por la vivienda. Las luchas por unos servicios públicos de calidad (sanidad, educación, pensionistas). Políticas de reforestación. Control hidráulico de los embalses por la Junta de Extremadura, entre otras cosas para evitar los vaciados intencionados por las empresas energéticas. El desarrollo del transporte público. Impuestos sobre vehículos contaminantes. La potenciación de los trenes de pasajeros y de mercancías interregionales.
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