Ana Jorge Alonso, miembro del Comité de redacción de Sin Permiso, entrevista a Ángel Munárriz, periodista y autor del libro «Iglesia S. A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España» (Akal, 2019). En esta entrevista Munárriz reflexiona sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia en el marco de un pensamiento republicano y, por tanto, laicista.
¿Qué papel crees que ocupa el laicismo en el ideal republicano?
Es consustancial, o debería serlo. El ejemplo francés está inevitablemente asociado a nuestra experiencia en la Segunda República, que fue el intento más claro de desligar por fin a la Iglesia católica del Estado. Los reformistas consideraban que sin que la Iglesia se separara de los asuntos públicos era imposible una verdadera reforma y modernización de España, con la superación de sus históricas desigualdades. La jerarquía reaccionó con brutalidad, integrándose en la coalición de fuerzas que se cargaron la República y colaborando estrechamente con el franquismo a cambio de su práctica integración en el Estado. No por casualidad se lo llamó nacionalcatolicismo. Más tarde, ese asunto, el apartamiento de la Iglesia de la esfera pública, la separación entre lo civil y lo religioso, quedó en un segundo plano durante la Transición, donde hay que recordar también que la Iglesia, o más bien una parte significativa de la Iglesia de base, hizo un papel muy digno, que tuvo como máximo exponente a Tarancón. En España, sobre todo en la década de los ochenta, pesó el recuerdo del altísimo coste que tuvo para la República su enfrentamiento con la Iglesia. Y por eso, entre otras razones, quedó pendiente la separación plena de la Iglesia del Estado, su apartamiento de la esfera pública, fundamentalmente de la educativa.
Hoy el republicanismo es poco insistente en esta cuestión, creo que la tiene injustamente relegada a un segundo plano, con destacables excepciones. Damos por asumido demasiado fácilmente y sin reflexionar que la Iglesia en España tiene un papel privilegiado. El resultado es que goza de una posición prácticamente imposible de cambiar. Hay un punto de resignación en la izquierda sobre la Iglesia y su papel en España. Al igual que ocurre con la memoria histórica, los conservadores decían que en la Transición era demasiado pronto y ahora dicen que es demasiado tarde. Ese discurso ha ido calando.
De todas formas, hay una paradoja: España es un país enormemente secularizado, de los más secularizados del mundo. En cambio, la Iglesia como institución, a pesar de que yo diría que ya no es rectora moral de la sociedad española, sigue teniendo un gran peso, sobre todo en el ámbito educativo, donde su influencia es desproporcionada desde cualquier punto de vista. Yo creo que si hoy el ideal republicano tiene un campo donde expresarse en plenitud es en la educación. La famosa educación universal. Y gratuita y única. Ahí rivaliza directamente con los intereses de la Iglesia en España. El ideal republicano español se expresa muy bien en las reivindicaciones educativas y esas reivindicaciones deben tener un cariz laicista para tener una aspiración de cambio de modelo. España aún tiene pendiente rebajar el peso de la Iglesia en las aulas.
Por tanto, ¿en qué medida crees que la coexistencia de una educación concertada financiada por el Estado y mayoritariamente, salvo pequeñas excepciones, gestionada por la Iglesia católica, es un impedimento para la consolidación de un proyecto democrático?
Hay excepciones, sí. Y valiosas. Hay también una escuela laica y cooperativa de la que se habla poco al debatir sobre la concertada. Pero, para centrarnos en la Iglesia, hay que hacer un pequeño barrido histórico. El problema es que venimos del franquismo, que entrega la educación a la Iglesia y la convierte en una guardería para niños pobres. Catecismo en mano. De un nivel intelectual y de una altura de miras paupérrima. Eso empieza a cambiar con Villar Palasí, con la ley de los años setenta que trata de adaptar el modelo educativo a las crecientes exigencias de mano de obra de una economía en desarrollo. La Iglesia empieza a perder el monopolio con una reforma salida del propio franquismo, pero mantiene todavía una fuerza brutal. ¿Y qué ocurre en 1985? El primer PSOE se encuentra con que tiene que universalizar la educación, con unos ciertos estándares de calidad, y adaptarse a un transformación enorme en la sociedad española, con un boom demográfico y un cambio cultural y económico imparable. ¿Qué hacer con esa infinidad de colegios congregacionistas? ¿Los estatalizamos? ¿O creamos una solución de circunstancias? Es decir, ¿los financiamos y los incorporamos a la red pública, pero los dejamos en manos de la Iglesia? Esto es lo que se hizo. La opción B. La concertada. La cuestión es que la opción B, que por cierto el escasamente autocrítico Felipe González ha admitido que fue un error, tenía en principio un carácter circunstancial y sujeto al cumplimiento de un compromiso por parte de la Iglesia. Ese compromiso era que la Iglesia católica, sus múltiples entidades que controlan los centros educativos, garantizara que son espacios que, a pesar de ser privados, se rigen por algunos principios, como por ejemplo, muy importante, la gratuidad. ¿Ha cumplido la Iglesia su parte del trato? No, como es habitual. No ha cumplido, por cierto, tampoco los Acuerdos de España con la Santa Sede, porque su autofinanciación ni está ni se la espera. Pero bueno, eso es otra historia.
En lo referente a la educación, ¿qué ha hecho la Iglesia católica con esa posición que se le otorga en 1985? Aprovecharla en su propio beneficio, no en el del conjunto del sistema. Aunque las generalizaciones son siempre inexactas, porque la Iglesia es plural y no son mismo los jesuitas que el Opus, en conjunto podríamos ofrecer la siguiente visión: los centros han ido estableciendo barreras para la segregación de alumnado, mediante la ubicación selectiva y el cobro de cuotas, asunto al que nos hemos dedicado extensamente en infoLibre. La escuela concertada católica —excluiría a la escuela concertada laica, que está inspirada en ocasiones por principios muy parecidos a los de la escuela pública—, en su gran mayoría, está colocada en zonas económicamente favorecidas, no hay más que darse un paseo por la ciudad de Sevilla, en cuyo centro la escuela pública es minoritaria. Ahora vete a un pueblo perdido o a un barrio pobre, donde apenas hay concertada. Esto es así, sin perjuicio de que la Iglesia siempre puede poner un ejemplo de unas monjitas en tal barrio. Lo mayoritario es lo contrario: barrios ricos, cuotas, colegios conectados con los intereses de las editoriales de la propia Iglesia, orientados hacia sus universidades… Y no olvidemos que el carácter religioso del centro ya es en sí mismo una barrera socialmente condicionante. En cuanto al cobro de cuotas, es un hecho grave porque acaba excluyendo alumnado pobre e inmigrante de la red concertada, con lo cual se quiebra la idea con la que se incorporó la red de la Iglesia al sistema. Piensa que las familias, la mayoría, no conocen al detalle la ley, no saben que tienen derecho a exigir no pagar cuotas. Lo que se encuentran el primer día que llegan a preguntar por el colegio es que les explican que hay que pagar un uniforme, una cuota de desgaste de patio, una aportación a la fundación, un complemento de materiales, un profesor de refuerzo de inglés, una señora de la limpieza y un plus covid. Lógicamente, la exclusión de alumnado pobre e inmigrante resulta en una mayor homogeneidad del alumnado de la concertada. No es ningún secreto que los alumnos de mayor nivel socioeconómico obtienen mejores resultados, de modo que la Iglesia presume de que tras pasar por la concertada el alumnado tiene mejores perspectivas laborales porque ha ido a la concertada, dándole la vuelta a la realidad: el alumnado con mejores posibilidades en la vida va a la concertada. Por supuesto, esta explicación es esquemática, hay mil matices. Pero el relato de la Iglesia es claramente falaz. La Conferencia Episcopal llegó a emitir un argumentario en el que afirmaba que el alumnado en la pública incurría en mayor criminalidad, atribuyendo al hecho de que fueras a la escuela pública la comisión de mayor número de delitos, en una trampa argumental de libro pero que tiene calado en parte de eso que se da en llamar «clases medias».
La Iglesia ha logrado compensar en las aulas su declive en el púlpito. Las iglesias se vacían los domingos, pero su red escolar gana prestigio a base de competir en posición de ventaja con la pública. Creo que la posición de la Iglesia en el ámbito educativo ha sido desleal con la idea original de la concertada y que hoy en día es un factor clave en la explicación de los elevadísimos índices de segregación escolar que hay en España. En la práctica, la Iglesia está alineada con el discurso educativo del PP, Ciudadanos y Vox, el de la defensa de la «libertad de elección» de centro por parte de los padres, que es un eufemismo de «obligación del Estado» de pagar mi educación privada católica incluso cuando esta se aparta de los principios de igualdad consagrados en la Constitución, por ejemplo separando a niños y niñas. La educación en España necesita, bajo mi punto de vista, más igualdad y más cohesión en torno a lo público. ¿Cabe ahí la concertada? Sí, pero sujeta con fuerza a unos principios marcados por el Estado.
¿Crees que ahora con el nuevo papado hay más posibilidades de reconducir la situación a una relación más lógica entre la Iglesia, que representa una creencia que no es compartida por todos los contribuyentes, y un Estado que se supone que es aconfesional y denunciar los acuerdos Iglesia-Estado?
La idea de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede está insistentemente presente en el PSOE diría que desde hace más de una década. Rubalcaba lo decía. ¿Por qué? Porque el laicismo, o más bien un cierto anticlericalismo, es una corriente de pensamiento con mucha presencia en las bases socialistas. Decir que vas a cargarte los acuerdos con el Vaticano, el mal llamado Concordato, es algo que viste muy bien en unas primarias. Sánchez gana sus primarias de 2017, aparte de puño en alto y cantando La Internacional, prometiendo la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Luego, el poder lo modera.
Voy a tratar de ser equilibrado en el análisis. Este es el Gobierno del que la Iglesia católica ha obtenido menos, sin duda, pero lo cierto es que se esperaba más y al final la Iglesia ha mantenido la mayoría y ha perdido muy poco, cuando la teoría decía que tenía que haber una revisión a fondo de las relaciones Iglesia-Estado en muchos ámbitos. El Gobierno ha sufrido mucho la falta de una mayoría parlamentaria consistente. Ni la Lomloe ha llegado lejos, ni desde luego el escándalo de las inmatriculaciones se ha saldado de forma satisfactoria, ni parece que vaya a haber una rebaja significativa de los privilegios fiscales, ni se puede decir que se haya forzado a la Iglesia a una mayor transparencia en la administración del dinero público que recibe, a pesar de que hasta el Tribunal de Cuentas lanzó alertas.
Ha habido desde luego un cambio en las formas, con una modernización clara en las tomas de posesión y los funerales oficiales. Y no ha habido nuevas cesiones que agraven la situación. Además, hay que reconocer una rebaja en el estatus académico de la asignatura de Religión y una Ley de Eutanasia que sin duda eriza a la Iglesia. Está por ver en qué queda todo esto de la investigación de la pederastia.
Si nos atenemos a la historia, hay que temer un posible lavado de cara. En cuanto a los acuerdos con la Santa Sede por los que me preguntabas, los firmados en 1976 y 1979 y que tanto facilitan la posición privilegiada de la Iglesia y su acceso masivo a recursos públicos, creo que es más que probable que no sufran un cambio significativo. Hay que pensar que, en su último congreso, ya con Sánchez en La Moncloa, el PSOE rebajó su compromiso al respecto, pasando de la derogación a la «revisión» en «consenso» con la Iglesia. Yo sé, informado por el Ministerio de Presidencia, que la revisión de los acuerdos no forma parte ahora mismo de las conversaciones entre Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, donde sí se está hablando de impuestos. Mis expectativas de resultado de esa mesa son bajas. Porque va a haber un retoque superficial de los privilegios fiscales de la Iglesia que parece que no va a afectar al IBI ni probablemente a la opacidad con la que administra su dinero la Iglesia.
¿Podría haber un cierto cambio de la religión Iglesia-Estado? Podría haberlo, sí. Sería un tanto político para el Gobierno y hasta podría ser vendido como una modernización por la Conferencia Episcopal, que se adaptaría así al rumbo reformista del papa. Pero tengo mis dudas de que se haga y aún más de que no se acabe quedando en un retoque superficial que sirva para que todo se quede como estaba sin ir a lo esencial: educación, dinero, transparencia, neutralidad. Me parece un melón excesivo para lo poco que queda de legislatura.