«El poder en España se articula entre fincas y cacerías»

Andrés Villena publica Las élites que dominan España (Libros del K.O., 2026), un ensayo en el que rastrea la continuidad de las élites económicas desde el franquismo hasta hoy a través de nombres, redes y espacios de poder. Con un saber enciclopédico poco frecuente y una atención sostenida a las permanencias históricas, Villena reconstruye largos arcos de tiempo para mostrar cómo el modelo económico que se consolida en 1959 no solo define la dictadura, sino que sigue estructurando la democracia española. Esa memoria económica, poco visible y rara vez narrada, permite entender por qué proyectos políticos distintos han operado dentro de un mismo marco. ¿Cómo se construye ese “sentido común”? ¿Por qué resulta tan difícil cuestionarlo?

En los agradecimientos señalas dos sesgos que quieres evitar: el economicismo y la identificación de las élites españolas con las madrileñas. ¿Por qué?
Se lo debo a Enrique Murillo, autor de Personajes secundarios. La oscura trastienda de la edición (Trama, 2025), que me hizo ver que mi enfoque desatendía el papel de las burguesías periféricas en procesos clave como la industrialización o la Transición. Esa equivalencia (España = Madrid) forma parte de una ideología dominante que empobrece el análisis. A partir de ahí he intentado pensar España como un país con distintas élites y sistemas productivos. No he eliminado del todo ese sesgo, pero creo que he avanzado. Y dejo abierta una línea que me interesa: que el origen del Procés también está en Madrid.

En el libro dices que los industriales catalanes reivindicaron el Plan de Estabilización como propio, lo que interpretas como una muestra de la participación de Catalunya en la dirección del Estado franquista.
Eso lo tomo de La burguesía catalana(Península, 2022), de Manel Pérez. La idea de una Catalunya contraria al franquismo es, como mínimo, parcial. Tanto los burócratas del Estado como las élites catalanas reivindicaron el Plan de Estabilización como propio, aunque el impulso decisivo viniera de Estados Unidos, interesado en abrir la economía española. Además, una parte importante de la élite franquista estaba vinculada a Barcelona (Laureano López Rodó, Fabián Estapé…) y allí se consolidaron espacios clave de formación y articulación de poder, como el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) o la editorial Planeta. También pienso en figuras como Juan Antonio Samaranch, Jaume Castell o José María Porcioles, así como entornos vinculados al llamado “Clan de El Pardo”. Todo eso apunta a una base social del franquismo en Catalunya mucho más sólida de lo que suele reconocerse.

¿Crees que el contenido del libro influyó en que Planeta se echara atrás con su publicación?
No hay una explicación clara. Se habló de un cambio en la línea editorial y de falta de tiempo, pero eran argumentos poco convincentes: el libro iba a ser una de las apuestas del año. Más bien tiene que ver con cómo funcionan las grandes corporaciones. Cuando un libro aborda cuestiones como los orígenes empresariales del franquismo o los vínculos entre grandes empresas y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid; y tu propia empresa está conectada con esos entornos, no es tanto un problema de censura como de falta de incentivo. No es que no se pueda publicar: es que no interesa que circule. Puede generar incomodidades sin aportar beneficios relevantes.

¿Puede que lo incómodo sea precisamente el enfoque: pasar de un análisis de ideas a uno de redes y nombres propios?
Claro. Se pueden publicar críticas muy duras al capitalismo en abstracto, pero aquí pongo la lupa sobre actores concretos: quién toma decisiones, cómo se relaciona y qué intereses están en juego. Eso también es análisis económico, aunque a menudo se desprecie como algo “periodístico”. Y puede resultar incómodo precisamente por eso. Además, el libro está lejos de estar escrito en un estilo más deslenguado al modo de Gregorio Morán. Los hechos ya son suficientemente duros; no hacía falta subrayarlos constantemente como “franquistas” o “neoliberales”. Puede que moleste precisamente lo contrario. El informe legal sobre nombres y derecho al honor concluyó que era completamente objetivo, incluso elogioso en algunos casos. Yo mismo llegué a pensar que estaba siendo demasiado prudente.

En tu libro hay una idea de fondo muy clara: que hay momentos clave que fijan el rumbo del sistema. ¿Cuáles señalarías?
Diría dos fechas: 1957 y 2014, momentos muy distintos.

En 1957 se produce un cambio de gobierno dentro del franquismo en el que conviven dos élites: la Falange, partidaria de profundizar en la autarquía, y los tecnócratas vinculados al Opus Dei, que buscaban orientar la economía hacia el modelo estadounidense. A través de la mediación de Carrero Blanco se imponen estos últimos, en un giro decisivo también condicionado por la deuda con Estados Unidos. Entre 1957 y 1959 se consolida un “sentido común” que no solo define el resto de la dictadura, sino que llega hasta hoy. Es difícil encontrar discursos políticos que cuestionen de manera profunda ese modelo económico. En ese sentido, 1959 tiene una fuerza comparable, aunque inversa, a 1898: si entonces hubo un impulso regeneracionista, aquí la regeneración se articula a través de la apertura económica. Se puede discutir 1978, pero 1959 es más difícil de cuestionar porque está en la base del modelo de crecimiento.

El otro momento es 2014. Tras la crisis iniciada en 2012, se llegó a plantear la posibilidad de reestructurar la deuda, en un contexto crítico también para Europa. Sin embargo, la reacción fue cerrar filas en torno al modelo existente. En El País se publicó un artículo firmado por antiguos miembros de FEDEA en el que se afirmaba: “No queremos volver a la España de los años 50”. En el fondo, se estaba reivindicando 1959 como el fundamento de la civilización económica española contemporánea. A partir de ahí se abre una crisis más amplia (monarquía, modelo territorial, irrupción de nuevas fuerzas políticas), pero el sistema responde integrando esos elementos. En el Gobierno de 2019 conviven perfiles tecnocráticos y representantes de la “nueva política”, aunque con un reparto desigual del poder.

Ese reparto recuerda, con cautela, a una lógica ya presente en el franquismo de los años 50 y 60: las carteras “sociales” para perfiles políticos y las áreas técnicas para los tecnócratas vinculados al Opus Dei. No es un paralelismo exacto, pero sí señala una continuidad en la forma de organizar el poder. En la práctica, los nuevos actores quedan en posiciones secundarias y, salvo excepciones como Trabajo, desempeñan un papel subordinado frente al núcleo tecnocrático. En suma, lo que muestran tanto 1959 como 2014 es la capacidad del sistema para recomponerse sin alterar su lógica de fondo.

Dices que en 1959 se consolida una separación entre economía y política. ¿En qué consiste exactamente ese marco?
La idea central es separar la economía de la política y presentarla como un ámbito técnico, no discutible. Esa lógica tiene mucho que ver con el pensamiento económico estadounidense de la época. Autores como Walt Whitman Rostow defendían que, llegado cierto nivel de desarrollo, las economías debían especializarse y organizarse en esferas separadas: los economistas gestionan la economía; los políticos, en todo caso, redistribuyen, pero no planifican. Ese es uno de los giros clave de 1959. Entran en el Gobierno perfiles tecnocráticos que buscan construir una economía que no pueda ser cuestionada políticamente, presentándola como regida por principios objetivos —equilibrio presupuestario, reglas estables— y no por decisiones discutibles.

Ese marco se prolonga después. En la etapa de Felipe González, con Carlos Solchaga al frente, la “modernización” se convierte en un mantra que sirve tanto para privatizar como para justificar reformas estructurales. En el fondo, lo que se consolida es un aislamiento de lo económico respecto de lo político: se trata de limitar la intervención democrática en la economía. La culminación llega con Maastricht, cuando se fijan reglas estrictas sobre deuda, déficit e inflación, y se cede la política monetaria (el santo grial de la política económica)al Banco Central Europeo. La idea es que expertos supuestamente neutrales gestionen la economía con criterios casi matemáticos. El encaje es perfecto… pero es pura ideología.

Para explicar esto recuperas a Joan Sardà. ¿Qué te interesa de esa figura?
Joan Sardà es quien pone la letra al Plan de Estabilización y, sin embargo, poco antes de morir, afirma: “Esto es un desastre”. Y reconoce: “Yo me he equivocado”. Ahí hay algo muy valioso: alguien que, después de toda una vida defendiendo un modelo, reconoce sus límites. Es una forma muy poco habitual de lucidez. Y no fue el único. También Miguel Boyer advirtió de los riesgos del euro. Es decir, dentro de esas élites había conciencia de lo que se estaba haciendo. Otra cosa es que esas advertencias no cambiaran el rumbo.

Dices que esa tecnocracia se articula en distintas “almas”. En el Gobierno de Zapatero hay un ejemplo muy claro: mientras se aprobaba el matrimonio igualitario, se regularizaban las SICAV. ¿Qué muestra esa simultaneidad?
Ese episodio lo ilustra muy bien. En ese momento, la derecha había salido a la calle, con sectores muy vinculados a la jerarquía eclesiástica, en una imagen muy dura: curas vestidos de negro defendiendo que el matrimonio debía ser entre hombre y mujer. El Parlamento aprobó entonces el matrimonio igualitario —una medida claramente progresista—, pero poco después se dio luz verde a una “amnistía fiscal” de determinadas SICAV en situación irregular. Era una medida técnica, impulsada desde el sector financiero y aprobada a iniciativa de Convergència i Unió, que pasó prácticamente desapercibida. Ahí se ve bien esa pluralidad: distintas “almas” que no son equivalentes, pero que operan dentro de un mismo marco. Lo político se visibiliza y se disputa públicamente; lo tecnocrático, en cambio, apenas se comunica. Es lo que podríamos llamar una “tecnocracia progresista”.

Esa lógica se refleja también en las trayectorias. Figuras como Miguel Sebastián, procedente de organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), muestran ese tránsito entre supervisión y gobierno. Lo mismo ocurre con Joan Clos, posteriormente vinculado al sector inmobiliario tras su paso por el Ministerio de Industria. Y ese ecosistema se proyecta hacia las grandes corporaciones: perfiles como Marc Murtra, que fue jefe de gabinete en Industria, o José María Álvarez-Pallete, al frente de Telefónica, forman parte de ese mismo espacio de poder interconectado. El problema no es que haya especialistas (son necesarios), sino que esa lógica haga que el técnico prime sobre el representante político. Ahí es donde el margen de decisión democrática se reduce.

Eso nos lleva al asunto de la “carrera de oposiciones”: cómo construir un sistema que permita a los sectores plebeyos acceder a los altos cuerpos funcionariales. 
El problema es que, cuando no se abre el debate, el tema directamente desaparece. Ni siquiera el verano pasado, cuando el Gobierno lanzó un globo sonda sobre la reforma de las oposiciones, se llegó a discutir en serio. En cuanto intentas introducir cambios, las élites tradicionales reaccionan muy rápido, a través de patronales y asociaciones profesionales. Y ahí aparecen siempre los mismos perfiles: los cuatro apellidos compuestos de toda la vida. Por eso, los Gobiernos de izquierda o centroizquierda acaban negociando con la parte más afín de esas élites. A partir de ahí, impulsan medidas que tienen menor coste o que no cuestionan directamente el núcleo del sistema. El caso más claro fue el de Zapatero.

¿En el caso de Sánchez ves el mismo grado de asimilación institucional que con Zapatero?
En parte sí, pero con matices. Como en el caso de Zapatero, su llegada fue inesperada y eso permite ver cómo reacciona el sistema de élites. La diferencia es que Sánchez ha sido más atrevido en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en espacios como Telefónica o Indra se han producido intentos de reconfigurar posiciones de poder en sectores tradicionalmente muy consolidados. Allí donde hay margen, se intenta intervenir.

También hay más pluralidad en el enfoque económico. Frente a etapas anteriores más alineadas con el consenso de Washington, ahora conviven sensibilidades distintas, en parte por el impacto de la pandemia y la guerra. Medidas como la excepción ibérica, la inversión pública o el Ingreso Mínimo Vital apuntan en esa dirección. Incluso Nadia Calviño ha tenido que matizar sus posiciones. En ese giro también han influido Yolanda Díaz y el papel de Comisiones Obreras, que han actuado como pequeños contrapesos dentro del propio Gobierno. Esos lobbies de izquierda han tenido más peso que en la etapa anterior. Aun así, los resultados siguen siendo limitados en cuestiones como la desigualdad o la vivienda. Y, además, el margen de acción está condicionado por un entorno mediático muy hostil. En el fondo, se mantiene una tensión: hay más voluntad de intervenir que en etapas anteriores, pero también límites estructurales que dificultan cambios más profundos.

¿Hasta qué punto el clima político actual tiene que ver con el rechazo a integrar a determinados actores en la dirección del Estado?
Tiene mucho que ver. Parte del clima actual se explica por el rechazo a integrar en la dirección del Estado a actores considerados ilegítimos, como el independentismo vasco y catalán. En ese contexto aparecen discursos muy duros. He llegado a leer expresiones como “el rearme de ETA”, que, en cierto modo, parecen necesitar mantener vivo ese marco. Pero hay un hecho que no se puede obviar: hoy no existe terrorismo, y eso es un éxito político. Hasta el punto de que hay más violencia en un verano en Torrepacheco que en una calle de San Sebastián. Es una comparación incómoda, pero ilustra bien el cambio de escenario. La canalización del conflicto por vías institucionales supone un avance evidente, aunque a algunos sectores les incomode reconocerlo. Y precisamente por eso genera resistencia: integrar a esos actores implica asumir ese cambio. Si ese proceso continúa, no es descartable que figuras hoy fuera del tablero institucional, como Puigdemont, acaben reinsertándose en él. Y ahí se concentra buena parte del rechazo.

En el libro hablas de “alternativas frustradas” dentro de las propias élites. ¿Qué casos te parecen más significativos?
Hay un caso muy llamativo: el de José Larraz, ministro de Hacienda en los años de la autarquía. Plantea que, para impulsar la industrialización, es necesario reforzar el papel del sector público y propone una reforma fiscal más ambiciosa, con cierto grado de progresividad. No cuestiona la dictadura, pero sí intenta introducir cambios importantes dentro de sus límites, en línea con lo que estaba ocurriendo en Europa. Sin embargo, su propuesta es descartada y queda como un intento truncado. Más adelante aparecen iniciativas similares. En los años 70, por ejemplo, se plantean reformas asesoradas por Fuentes Quintana que tampoco prosperan en ese momento. No será hasta 1977 cuando se impulse una reforma fiscal de mayor alcance, con la introducción del IRPF y un sistema menos dependiente de impuestos indirectos.

Otro caso interesante es el de Dionisio Ridruejo. Procede del falangismo, pero acaba distanciándose al ver que ese proyecto ha derivado en redes clientelares. Inicia entonces un “exilio interior” que lo acerca a posiciones democráticas. Y algo parecido ocurre con ciertos sectores del PSOE en los años 70. En el congreso de 1979, cuando se abandona el programa de 1976, más clásico e internacionalista, hay una vía alternativa que no logra consolidarse.

Ahí el PSOE rompe con el marxismo.
Felipe González introduce un giro que sintetiza en la idea de ser “socialista antes que marxista”. Eso genera una fuerte oposición interna, pero la resuelve con una maniobra táctica: dimite para forzar una nueva elección y regresar con mayor legitimidad. Quienes se le oponen, figuras como Tierno Galván o Fernando Morán, no logran articular una alternativa sólida. Son perfiles diversos, pero sin capacidad de construir un frente común. Frente a eso, el liderazgo de González, apoyado también desde el exterior (principalmente Alemania), resulta determinante. A partir de ahí, el cambio no es solo ideológico. El partido se vuelve más jerárquico, con menor peso de la militancia y mayor control de las direcciones sobre la organización.

En el libro señalas que por aquel entonces el PSOE pasa de ser un “partido de militantes” a ser un “partido de electores”.
A partir de ese momento, el partido pierde peso frente al gobierno, donde ganan protagonismo los ministros de perfil técnico. Dentro del PSOE, una de las pocas figuras con capacidad orgánica es Alfonso Guerra. Aun así, incluso dentro del consenso dominante, hubo intentos de introducir matices: más gasto público, políticas de pleno empleo o una mayor protección industrial. Ahí encontramos figuras como Francisco Martín Seco o Fernando Morán, que mantuvo posiciones críticas, por ejemplo, respecto a la OTAN. También hubo perfiles técnicos que cuestionaron decisiones concretas, como determinadas privatizaciones o amnistías fiscales. Es interesante el caso de Manuel Conthe, que señaló posibles prácticas clientelares en esos procesos. Sin embargo, estos intentos no lograron consolidarse. A partir de 1986, el PSOE presenta una mayor homogeneidad ideológica, con una orientación más claramente liberal en lo económico. Algo similar ocurre con los Pactos de la Moncloa. Aunque suelen presentarse como una solución, hubo críticas que los veían como una reedición del Plan de Estabilización (“Plan de Estabilización con gaseosa”) por la contención salarial que implicaban. Pero esas voces tenían poca capacidad de influencia.

En las últimas décadas, ¿qué figuras encajarían en ese patrón de alternativas frustradas?
Hay un caso distinto: el de Mario Conde. En cierto modo, un antisistema dentro de las élites. Se enfrenta a un sistema de intercambio entre banca y gobierno dominado por una auténtica aristocracia financiera, con pocas entidades y fuertes dinámicas de puertas giratorias. Intenta moverse fuera de ese marco, con apuestas más rupturistas, pero acaba siendo neutralizado. Es una figura ambivalente: combina voluntad de ruptura con una gran ambición personal. Y, además, construye una enorme popularidad mediante una estrategia muy consciente de autopromoción. Eso explica que, incluso hoy, siga siendo visto por algunos como un personaje excepcional.

Si vamos a casos más recientes, uno claro es el de Pablo Iglesias. Su trayectoria tiene varias fases: detecta una oportunidad política en torno a 2013–2014, construye un proyecto con una lógica casi “empresarial” y crece muy rápido. El punto de inflexión llega cuando entra en el gobierno. Ahí pasa a asumir la política como práctica institucional, aceptando los costes del pacto y tratando de impulsar cambios desde dentro. Es una fase distinta, en cierto modo comparable a la de Santiago Carrillo. Después, en parte, regresa a esa lógica inicial con proyectos como Canal Red.

Otro caso es el de Gabriel Rufián. Tiene un perfil muy singular, con una dimensión casi quijotesca: una iniciativa muy personal, que intenta abrir espacios más amplios dentro de la izquierda, pero desde posiciones frágiles y asumiendo costes. En todos ellos aparece el mismo patrón: intentos de transformación desde dentro que acaban encontrando límites claros.

Hay un pasaje muy sugerente en el que saltas de la “agenda Rivara” a la lista Falciani. ¿Qué revela ese contraste?
Ese contraste es muy revelador. En torno a 1958, la llamada “agenda Rivara” recoge los nombres de grandes fortunas españolas que habían depositado su dinero en el extranjero. Georges Laurent Rivara, empleado de la Société de la Banque Suisse, filtró información sobre unos 900 clientes multimillonarios. Ahí aparecen apellidos como Abelló, Ampuero, Aresti, Barraquer, Botín, Calvo Sotelo, Carceller, Escámez, Escrivá de Romaní, Espinosa de los Monteros, Garriga Nogués, Pujol, Samaranch, Trías de Bes o Ybarra Oriol. No es solo una lista: es la élite económica que sostiene los grandes núcleos del capitalismo español. Y lo relevante es el patrón: incluso tras la llegada de Franco, muchos de esos capitales no regresan. Hay una forma muy particular de “patriotismo”: apoyar el sistema, pero mantener el dinero fuera.

Décadas después, con las filtraciones de Hervé Falciani, presentado como candidato al Parlamento Europeo por el Partido X en 2014, reaparecen apellidos como los Botín. Eso permite ver una continuidad muy clara. No es solo evasión fiscal puntual. Es un comportamiento recurrente: fuga de capitales, ocultación de riqueza y, en algunos casos, posibles orígenes ilícitos. El resultado es un patrón histórico bastante estable. Y eso tiene consecuencias: un Estado que no logra recaudar de quienes más tienen es, necesariamente, un Estado más débil.

Ahí aparece una lógica patrimonial clave para entender la desigualdad.
Si vamos a ejemplos concretos, están familias como los Del Pino o los Sotelo, vinculadas a Ferrovial. Son trayectorias que muestran cómo determinadas fortunas se construyen en estrecha relación con el Estado, por ejemplo, a través de contratos con Renfe en los años 50, y, una vez consolidadas, buscan optimizar su fiscalidad trasladando su residencia a otros países. Esto ilustra una relación muy particular entre capital y Estado. Es una dinámica que existe en otros países, pero que en España adopta una forma más marcada: no hay una voluntad clara de retribuir a la sociedad lo que esta ha contribuido a generar.

En ese sentido, encaja con la idea clásica de Karl Marx de que toda gran fortuna tiene su origen en procesos de acumulación. Existen fundaciones como la Fundación Rafael del Pino o la Fundación Juan March, pero cabe preguntarse si eso compensa realmente ese origen. El resultado es un problema estructural: grandes patrimonios que escapan a la fiscalización implican un Estado con menor capacidad. No es un Estado fallido, pero sí un Estado limitado. Y eso tiene una consecuencia clara: un Estado que es fuerte con los débiles, pero tiene dificultades para imponerse a los grandes poderes económicos.

¿Hasta qué punto no haber vivido la Segunda Guerra Mundial marca el desarrollo de España?
Marca una diferencia decisiva. La ausencia de una experiencia común como la Segunda Guerra Mundial impide en España la construcción de un consenso político comparable al de otros países europeos. En el Reino Unido, por ejemplo, tras la derrota de Winston Churchill, un gobierno laborista aglutina a la clase obrera y, con apoyo incluso de sectores conservadores, impulsa nacionalizaciones y construye un sistema con amplio respaldo social. La nación se articula ahí sobre una experiencia antifascista compartida, lo que le da una base muy sólida. El contraste con España es muy claro. Ese momento de 1945 no tiene equivalente aquí. Mientras en el Reino Unido se está construyendo el sistema de salud, en España las clases dominantes siguen manifestándose con el brazo en alto en la Plaza de Oriente. Esa diferencia de origen condiciona profundamente el desarrollo posterior.

No ha salido aún el “Clan de la Dehesilla”. ¿Por qué es importante para entender cómo se organizan las élites?
La lectura de El clan. La historia secreta de beautiful people, de Raúl Heras, me puso en la pista de que había que buscar un origen a esta concatenación de élites. El llamado “Clan de la Dehesilla” es interesante porque permite ver cómo se organizan las élites, tanto formal como informalmente. En esa finca se reunían perfiles vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, entre ellos Justino de Azcárate, con una orientación humanista y claramente antifranquista. Eran trayectorias diversas  pero con un objetivo común de modernización del país.

Lo relevante es lo que ocurre después. Cuando se abre la posibilidad de integrarse en los gobiernos democráticos, muchos de ellos acaban fusionándose con las élites tradicionales y ocupando posiciones de poder. Es un caso claro de absorción de la disidencia. Además, se trata de una disidencia burguesa liberal que ya había fracasado en parte durante la Segunda República, vinculada a un proyecto educativo y europeísta cercano a José Ortega y Gasset. Y ese proceso termina reproduciendo las mismas lógicas. Casos como IberCorp muestran cómo incluso estos perfiles, con formación y discurso reformista, acaban participando en dinámicas de ocultación patrimonial. En ese sentido, también fracasan como reformistas. Es, en cierto modo, una historia de realismo mágico.

Qué importantes son las fincas.
El poder en España se articula entre fincas y cacerías: en unas se educa a los herederos; en otras, se diseñan las reglas del sistema.

Háblanos de Las Jarillas. Señalas que en ella aristocracia, monarquía y finanzas inician su “entreverado camino hacia la modernidad”.
Es un ejemplo muy claro de cómo se articulan las élites. En la finca de Las Jarillas se reunían figuras del entorno monárquico y económico en un espacio donde se tejían relaciones de poder a largo plazo. No eran solo lugares simbólicos: funcionaban como espacios de socialización y decisión, fuera del foco político visible, donde se cruzaban lo económico, lo social y lo político. Ahí se observa bien una dinámica clave. Una parte de la aristocracia financiera entendía que Francisco Franco era una figura de transición y trataba de proyectar una restauración monárquica. Había distintas posiciones (alfonsinos, constitucionalistas), pero todas compartían un objetivo: asegurar la continuidad del orden.

Dentro del propio régimen también existían tensiones. Sectores como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas tendían a apoyar la opción monárquica, mientras que en la Falange convivían posiciones más diversas. A eso se sumaba la figura de Juan de Borbón, con su propio entorno. Pero hay un elemento constante en todos esos espacios: la presencia de la aristocracia financiera. Y ahí la finca vuelve a ser clave. Las Jarillas, propiedad de Alfonso Urquijo y Landecho, fue también escenario de acuerdos entre grandes entidades como el Banco Hispano Americano y el Banco Urquijo, que en 1944 impulsaron el primer banco mixto de España. Ese proyecto representaba una vía de modernización desde dentro de las élites, en parte vinculada a tradiciones anteriores como la Segunda República. Pero finalmente se impuso la continuidad del régimen: Franco decidió mantenerse en el poder hasta el final, y ese horizonte de transición quedó en parte bloqueado.

Cuando hablas de la polémica Chrysler–Barreiros señalas un dato muy revelador: apenas 200.000 personas tenían coche. ¿Qué transformación está en juego ahí?
Es, probablemente, la gran transformación del país. Se dispara el consumo, aumenta la renta per cápita y se produce un cambio material muy profundo. Ese giro responde a un planteamiento impulsado desde Estados Unidos y traducido en España por figuras como Laureano López Rodó: la idea de que la estabilidad política se garantiza a través del bienestar material. Cuando comprueban que el aumento del nivel de vida reduce el conflicto social, la lógica se consolida: alcanzar ciertos niveles de renta implicaba desactivar la amenaza comunista. Pero no se buscaba una democracia plena. Había una desconfianza de fondo: una democracia “real” podía derivar en socialismo, como se interpretaba que había ocurrido en la Segunda República. Por eso el modelo se articula sobre una distinción clara entre administradores y administrados. Ahí se produce el gran giro del franquismo: de una primera etapa basada en la represión y el control social a una segunda apoyada en el crecimiento económico.

Sin embargo, aparece una paradoja. El modelo funciona en términos materiales, pero pierde legitimidad social. Las nuevas clases medias comparan su situación con la de otros países europeos, donde el desarrollo va acompañado de derechos, y eso abre una brecha. El sistema sigue siendo una élite cerrada, incapaz de sostener plenamente ese nuevo sentido común. Y, paradójicamente, ese modelo termina consolidándose en democracia, especialmente a partir de 1982 con el PSOE y en hitos como 1992. En cierto modo, es entonces cuando se alcanza la hegemonía social que el franquismo no había logrado consolidar, como ha señalado José Luis Villacañas.

Lo trata en su libro sobre La revolución pasiva de Franco.
La idea es provocadora, pero muy esclarecedora: el franquismo no termina en 1975, se consolida después. Podría decirse que “triunfa” en el ciclo de 1992, con Felipe González como figura central. El modelo económico, productivo y de infraestructuras mantiene muchas de sus bases. El sistema cambia de forma, pero no de lógica. En otros países sí hubo una ruptura más explícita con el pasado. En España, la memoria económica apenas se ha abordado. Y los indicios son claros: Juan Antonio Samaranch en Barcelona 92, o la presencia de antiguos cargos del régimen en bancos como Banesto. Por eso, más que una ruptura, la Transición fue una recomposición.

Hay otra escena muy reveladora: el caso del aceite de Redondela. ¿Qué nos dice sobre el funcionamiento del régimen?
Es un episodio muy revelador. En el caso del aceite de Redondela aparece implicado el entorno de Nicolás Franco, que habría utilizado su proximidad al jefe del Estado para obtener beneficios en un negocio fallido que, sin embargo, fue protegido. También se menciona la participación de figuras del ámbito judicial, entre ellas, según algunas fuentes, el padre de Mariano Rajoy, en decisiones que favorecieron esa protección. El episodio tuvo incluso consecuencias políticas: afectó al ministro de Información, Alfredo Sánchez Bella, que fue apartado y recolocado, en una dinámica habitual del régimen. Lo interesante no es solo el caso, sino lo que revela. Cuando se abrían pequeños márgenes de libertad, los escándalos afloraban rápidamente. Eso muestra, por un lado, la debilidad creciente del sistema en su fase final y, por otro, las tensiones internas entre sus distintas familias.

Casos como el de Matesa lo confirman: no se trataba solo de corrupción aislada, sino de luchas internas por el control del aparato del Estado. En ese contexto, la corrupción no era una anomalía, sino algo profundamente integrado en el funcionamiento del sistema. Esa es, probablemente, la gran diferencia con hoy.

En el libro trabajas la idea de la “salvación nacional”, vinculada a la figura del “cirujano de hierro”. ¿En qué momento ese papel deja de encarnarse en una persona y pasa a institucionalizarse en el Banco de España?
La idea del “cirujano de hierro”, formulada por Joaquín Costa, plantea una paradoja: para regenerar el país hacía falta una figura fuerte que impusiera orden desde arriba, desconfiando de la capacidad transformadora de lo popular. Ese esquema se transforma en la Transición, y ya en la última etapa del franquismo, cuando ese papel deja de recaer en una persona y pasa a encarnarse en una institución: el Banco de España. Hasta entonces, el Banco de España había sido un organismo muy dependiente del Ministerio de Hacienda, utilizado para financiar al Estado. Pero a partir de los años sesenta entran técnicos con formación internacional, como Luis Ángel Rojo o Mariano Rubio, que impulsan su profesionalización y su autonomía. Esa independencia frente al poder político se interpreta como un avance modernizador.

El momento decisivo llega con la crisis bancaria de finales de los 70. Ante el riesgo de colapso, el Banco de España articula una respuesta basada en acuerdos con la gran banca: se movilizan recursos públicos y se facilita una reestructuración que sienta las bases del actual proceso de concentración bancaria. Pero ahí se toma una decisión clave: se renuncia a la nacionalización. A diferencia de lo ocurrido en la Francia de François Mitterrand, en España se opta por rescatar el sistema sin alterar su estructura de propiedad. Eso fija un marco que llega hasta hoy. La nacionalización deja de ser una opción y se consolida la idea de que la banca debe permanecer en manos privadas. En ese proceso, el Banco de España no actúa solo como una institución técnica, sino como el heredero institucional de esa lógica del “cirujano de hierro”: un actor que define los límites de lo posible en economía y contribuye a construir ese sentido común.

Hace diez o quince años el debate sobre la banca pública o la concentración del capital tenía más peso. Hoy parece más relegado. ¿Compartes esa impresión?
Sí, claramente. Y tiene que ver con tres cosas. Primero, la institucionalización: muchos de esos movimientos entran en la gestión y eso diluye las críticas más profundas. Segundo, el contexto: la acumulación de crisis desplaza el foco hacia lo urgente. Y tercero, algo más de fondo: la hegemonía de marcos técnicos que presentan la economía como algo inevitable, fuera del alcance de la política. Con esos tres elementos, es mucho más difícil volver a abrir debates estructurales como el de la banca pública.

¿Cuál es la principal diferencia entre el Andrés de Las redes del podery el de ahora?
El libro de 2019 era más “rockero”: más directo, más incisivo, más centrado en señalar actores dentro del bipartidismo. Este es distinto. He intentado hacer algo más histórico: entender de dónde venimos. Eso cambia la perspectiva y, en cierto modo, te hace más humilde. El anterior era una fotografía de la crisis reciente; este intenta explicar un proceso de largo recorrido. Es más ambicioso, pero también más contenido. Y ha sido mucho más exigente de escribir. Hubo momentos en los que pensé que no lo acabaría. El gran problema era el equilibrio: cómo mantener el rigor sin perder la capacidad de llegar a más gente.

¿Y ahora qué? ¿Sobre qué te apetece seguir escribiendo?
Me interesa la privatización de nuestras vidas. Cómo ámbitos como la vivienda, las pensiones, la educación o la sanidad pasan progresivamente a manos privadas. Pero, sobre todo, quién lo hace posible: qué actores, qué decisiones y qué marcos lo sostienen. Es, en el fondo, una continuación de lo anterior, pero aplicada a algo muy inmediato: procesos que sentimos, pero que muchas veces no sabemos nombrar. Y ahí aparece una paradoja: el discurso de protección frente a ese proceso lo están ocupando fuerzas como Vox.

En lo que escribes hay una tensión entre un diagnóstico duro y la defensa de la esperanza. ¿Cómo sostienes esa tensión?
No es fácil. Es como tener el mapa perfectamente trazado y, aun así, tener que encontrar un lugar dentro de él. Casi lo contrario del “sí se puede”: preguntarte por qué no se puede y dónde están los límites. Y, aun así, buscar grietas. La esperanza no es algo dado. A veces hay que construirla, incluso en lugares poco evidentes: en resistencias pasadas o en intentos fallidos. Supongo que es algo muy básico: la necesidad de encontrar una salida, incluso cuando todo apunta a que no la hay.

Todo el mundo escribe desde algún tipo de incomodidad o de oposición a algo. ¿Contra qué escribes?
Escribo contra la aceptación aséptica de lo que hay. Contra la idea de que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. No en un sentido revolucionario, sino en algo más básico: la necesidad de entender. Porque hay cierto sosiego en comprender lo que pasa. No se trata de descubrir algo nuevo, sino de hacer visible lo que ya está ahí y no vemos. Y, en una época bastante negativa, eso también es una forma de consuelo.

Dime tres referentes (personas, procesos o momentos) que te hayan despertado simpatía en tu investigación.
Los Pactos de la Moncloa. Con todas sus limitaciones, fueron una forma novedosa de construir acuerdos en un momento muy complejo y tuvieron un valor importante como mecanismo de estabilización si los situamos en su contexto.

La evolución del Partido Comunista de España hacia la reconciliación nacional. El abandono de la vía armada y la apuesta por la movilización social y sindical, en torno a Comisiones Obreras, muestran una capacidad de adaptación política notable. Es interesante, además, lo que señalan Jorge Semprún o Javier Pradera: que Iósif Stalin, poco antes de morir, recomendó abandonar el maquis e infiltrarse en las estructuras del régimen.

Y la figura de Joan Sardà. Participó en el diseño del Plan de Estabilización, pero años después reconoció sus límites. Ese gesto me parece valioso y, en cierto modo, esperanzador.

¿Y otros tantos que te hayan producido rechazo?
La comodidad de muchos sectores falangistas dentro del propio régimen. La facilidad con la que abandonan sus postulados ideológicos para integrarse en dinámicas de poder. Ahí la figura de José Antonio Girón de Velasco es muy clara: bajo su influencia se configura un modelo, el de la Costa del Sol, con consecuencias que llegan hasta hoy. Y, en el fondo, una misma lógica: redes de poder opacas, intermediarios y una forma de ejercer el poder basada más en favores que en reglas.

A lo largo del libro aparecen ironías y situaciones casi absurdas. ¿Hay alguna escena o personaje que te haya resultado especialmente cómico?
Sí. Hay anécdotas que rompen completamente la imagen solemne del régimen. Por ejemplo, Fabián Estapé cuenta que, siendo subcomisario de Desarrollo con Luis Carrero Blanco justo encima, instaló un pinball en su despacho. Jugaba tanto que, al marcharse, Carrero dijo: “Por lo menos se ha ido ya este loco”.

Y otra muy distinta: Ramón Tamames recordando cómo su padre le facilitó una noche con Ava Gardner junto al torero del régimen Luis Miguel Dominguín. Son escenas casi absurdas, pero muy reveladoras: muestran hasta qué punto el poder también se organiza a través de relaciones personales, privilegios y un cierto “instinto de clase”.

Te propongo un juego de asociación libre: una palabra y una idea rápida:

Dominar.
Lo primero que me viene es la idea de hegemonía de Antonio Gramsci. Dominar no es solo imponer, sino construir sentido común: conseguir que lo que beneficia a unos pocos se perciba como natural para la mayoría. No basta con imponer: hay que convencer.

Poder.
“El poder puede”. Me lo decía Narciso Pizarro, en una línea muy cercana a Max Weber: la capacidad de hacer algo incluso cuando otros no quieren. El poder no es algo que se quiera: es algo que se ejerce, y siempre encuentra la manera.

Élites.
Son, en parte, los “elegidos”: por cuna o por selección. Pero la clave es la permeabilidad. Todas las sociedades tienen élites; la cuestión es si se renuevan o se cierran. Si tuviera que poner una imagen, diría que son como un volante: el mecanismo que dirige el rumbo. La pregunta es quién puede llegar a él. Vilfredo Pareto hablaba de su circulación: si no se renuevan, acaban siendo sustituidas.

Élites españolas.
Están en un momento de crisis, en una especie de anomia. La entrada de élites extranjeras las está desplazando parcialmente y las obliga a redefinirse.

Lo contrario a las élites.
Una masa social bastante desorientada, con una bolsa de abstención muy alta, en algunos casos cercana al 40%, y todavía poco comprendida. Un espacio que reacciona más de lo que propone.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/politica/andres-villena-poder-espana-fincas-cacerias