Carlos Jiménez Villarejo (CJV), el ex fiscal anticorrupción, el actual asesor jurídico de ICV, el antiguo simpatizante del PSUC en años de riesgo y penumbra, nos ha regalado un nuevo artículo sobre los avatares de Manuel Marchena [1], magistrado del Tribunal Supremo (TS), el instructor de la causa penal contra Baltasar Garzón por el patrocinio […]
Carlos Jiménez Villarejo (CJV), el ex fiscal anticorrupción, el actual asesor jurídico de ICV, el antiguo simpatizante del PSUC en años de riesgo y penumbra, nos ha regalado un nuevo artículo sobre los avatares de Manuel Marchena [1], magistrado del Tribunal Supremo (TS), el instructor de la causa penal contra Baltasar Garzón por el patrocinio del Banco Santander. CJV pone el foco en las inconsistencias que pueblan los alrededores del magistrado y en los turbios manejos que han rodeado al caso Grazón. Desplazo mi mirada a un terreno anexo que también es transitado por ex fiscal anticorrupción.
Entre 1987 y 1989, con un PSOE en el gobierno con mayoría absoluta, el Banco Santander, y sus filiales Banca Jover, Banco Comercial Español, Zaragozano y de Murcia, comercializó un producto financiero que se llevó el nombre de «cesiones de créditos», dirigido, claro está, a captar lo que llaman «recursos financieros». Uno de los principales reclamos del producto, comenta CJV, y no es una simple nota a pie, era su opacidad fiscal: inexistencia de obligación legal de practicar retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del «producto financiero», y su anexo correspondiente: falta de obligación de comunicar de forma periódica y generalizada los datos de sus titulares e importes de la inversión a la Hacienda Pública española. Ni más ni menos, (ir)real como la vida misma. A ello se añadía, faltaría más, una «buena» rentabilidad. CJV no da cifras pero no estarían alejadas, teniendo en cuenta la época, de un 15 o un 20% anual o incluso de alguna cifra superior.
El procedimiento se convirtió, a ello iba destinado, en instrumento ideal para la inversión de dinero negro. Se llegaron a captar, apunta CJV, más de 410.000 millones de las antiguas pesetas que, hace 23 años, no era ninguna cantidad despreciable. Tampoco ahora desde luego.
Los que luego fueron perseguidos por la singular justicia española, el presidente Botín y varios altos directivos del BS, participaron directamente, según se supo, en el diseño de la estrategia y de la operativa para la comercialización de este producto en negro. Más aún, prepararon, según CJV, «las directrices de actuación para responder a los requerimientos de información de la Agencia Tributaria a fin de obstaculizar su tarea y facilitarle datos erróneos, incompletos o falsos».
La magnitud del movimiento de capitales no pasaron desapercibidos, no podía ser el caso, a la Agencia Tributaria (AT) española. Esta inició actuaciones para conocer el origen de los fondos. El Banco de Santander y sus filiales eligieron la estrategia de la resistencia y ocultamiento ante los intentos de la AT por «esclarecer las titularidades y regularizar las situaciones tributarias de los implicados». Recuérdese las garantías dadas a los clientes en la operación: plena opacidad fiscal y ausencia de riesgo fiscal en la contratación de las «cesiones de crédito».
Los responsables del BS, este hombres y mujeres de bien, se negaron primero a facilitar a la AT la identidad de los inversores. Alegaron inexistencia de obligación legal para hacerlo. Más tarde, apunta CJV, «facilitaron los datos, de forma tardía, parcial, incompleta o errónea, llegando finalmente, en determinados supuestos, a proporcionar datos falsos de personas que no se correspondían con la titularidad real de la inversión». La pela es la pela y, como apuntaba Paul K. Feyerabend en otros ámbitos alejados, todo vale. El fraude fiscal se calcula que alcanzó los 80 (¡ochenta!) millones de euros.
La actitud de obstrucción por parte del BS y sus tentáculos fue in crescendo. Cuando la AT inició la recopilación de información por el procedimiento de ejecución forzosa, apunta CJV, «los responsables del grupo bancario llegaron a la convicción de que la entrega o descubrimiento de los datos que se habían querido ocultar era inevitable». ¿Qué hicieron? Aunque no pueda creerse por inverosímil: se puso en marcha la última fase de la estrategia obstructora: se cambiaron las titularidades de las «cesiones de crédito» y se elaboró documentación inexacta para avalar las titularidades falsas.
Ante la falta de acusación de los respectivos fiscales del estado, las acciones judiciales contra el entramado pirata-financieto fueron iniciadas por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, y por ICV. El tribunal decidió, mediante la creación de la llamada «doctrina Botín», señala CJV, no enjuiciar a los acusados ante, hay que tomar nota, «la irrelevancia de los acusadores y la ausencia del fiscal».
El magistrado Marchena se sumó a la posición mayoritaria en claro y directo beneficio de los acusados. Unos meses después, este mismo magistrado participaba en unas jornadas sobre «la prueba en el proceso penal en Canarias». ¿Patrocinio de las jornadas? Efectivamente: una única entidad bancaria, el Banco Santander. Se desconoce la remuneración otorgada al magistrado. No sería equivalente a una pensión de viudedad.
El desafío, el proceso, duró en total 14 años. Se conocen los nombres de los vencedores. ¿Recuerdan cuando se empezaba a hablar de crisis, con quien quiso fotografiarse el señor Zapatero, el presidente del gobierno del Reino de España, para mostrar la solidez de nuestro sistema financiero en absoluto, se dijo, afectado por créditos basura, por la subprime, o por productos afines? Efectivamente, el compañero de fotografía de la segunda autoridad del Estado fue el señor Botín, que sigue siendo el principal banquero de España, y el acaso quinto de Alemania, feliz de conocerse a sí mismo y sabedor de que a él no le ha tosido nunca nadie. Faltaría más. A él sólo se le rinde pleitesía y la justicia cuenta para él lo mismo que cuenta el primer libro de El Capital en la sede del PP. Nada, nada de nada.
PS: Hablando de emprendedores y autoridades económico-financieras [2]. Ángel Jurado tenía 17 años en 1969. Trabajaba en una fábrica de carburantes en un polígono industrial de Madrid, de la ciudad resistente antifascista, cuando fue despedido. «Ausencia injustificada» señalaba la carta de despido que recibió en su casa.
Llevaba tres días sin aparecer por el trabajo. No era fácil que apareciese. Los esbirros de la Brigada Política Social del fascismo español lo estaban moliendo a palos, lo estaban torturando. Querían que «cantara» el nombre de compañeros suyos de la Juventudes de Comisiones Obreras de San Blas, la otra cara de la moneda de estas CC.OO. Ángel Jurado pasó tres meses en la cárcel y a la salida se encontró en el paro. La persona que le delató a la policía fascista era la misma que lo había despedido del trabajo por ausencia injustificada. Dos en uno, dos fascismos en un mismo ser.
Este emprendedor, que acaso siga vivo, deseemos que sea así, tendrá ahora seguramente 80 u 85 años y es altamente probable que él y su familia hayan atesorado una importante fortuna cuyas bases reales están en actuaciones de este tipo. El sistema se lo permitió, el sistema se lo permite, y nadie le ha pedido responsabilidades por actuaciones tan ejemplares: denuncias a la policía fascista y despidos para degüello del resistente. Corolarios complementarios de nuestra modélica transición, modélicamente publicitada.
Notas:
[1] Carlos Jiménez Villarejo, «El magistrado y el banquero». Público, 19 de mayo de 2010, p. 7.
[2] Pedro Águeda, «El último listado de presos políticos». Ibidem, p. 21
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.