El PP es la charca

En multitud de ocasiones nos decía Esperanza Aguirre, esa lideresa pepera que siempre se va y nunca acaba de irse, que de todos los cargos políticos que ella había nombrado (más de 500, según propio testimonio), sólo dos le habían salido «rana». A tenor de lo ocurrido y destapado durante estos últimos meses, más bien tenemos que concluir que ella es la rana, ella es la protectora principal de la escandalosa corrupción de su partido, ella es la encargada de elegir a sus «batracios» preferidos, y su partido, el PP, es la charca donde nacen, se crían, actúan, se reproducen y mueren. El PP es ese partido corrupto por definición, ese engendro polìtico por antonomasia, esa charca fétida e infecta, esa maquinaria ponzoñosa de donde emerge la flor y nata del capitalismo más vil y descarnado, que es la propia esencia de la corrupción. Y es que después de los casos que todos conocemos, y cuya lista completa necesitaría varios artículos más (Pokemon, Auditorio, Palma Arena, Rus, Fabra, Púnica, Tarjetas Black, Gürtel, Baltar, Bankia, Rato o Brugal son algunos de los más conocidos) ha estallado el caso Lezo (en honor a Blas de Lezo, el famoso marino español del siglo XVIII), que implica al que fuera número 2 de la Administración Aguirre y posteriormente Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y hasta 12 detenidos más (entre ellos, un hermano del ex presidente madrileño).

González ya venía siendo acosado por diferentes frentes (tales como el caso del conocido ático de Estepona, entre otros muchos, cuyo proceso de compra estudian los jueces), pero ahora, tras un minucioso y extenso registro por parte de la Guardia Civil tanto de la mansión como del despacho de González, así como de la sede de la empresa Canal de Isabel II, se ha procedido a dichas detenciones, acusando a Ignacio González de una extensa variedad de delitos contemplados en el Código Penal (prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios). Esta «Operación Lezo» se centra sobre las oscuras actividades que llevó a cabo la mayor empresa pública de la Comunidad madrileña, Canal de Isabel II (con más de dos mil empleados/as), encargada de gestionar lo relativo al servicio público del agua para todos los madrileños. Concretamente, se centra en el saqueo que para las arcas públicas hayan podido suponer (estimado en más de 60 millones de euros) las diversas operaciones de adquisición de terceras empresas dedicadas a la gestión de los recursos hídricos situadas sobre todo en América Latina (República Dominicana, Haití, Colombia, etc.). La práctica habitual parece ser la de libro: adquirir empresas ruinosas a un precio de mercado bastante más alto que el estimado, para desviar comisiones ilegales, y enriquecer personalmente a los líderes y gobernantes de estas tramas corruptas.

Y como decimos, la detención de Ignacio González se suma a la ya larga lista de políticos amparados por la lideresa Aguirre, y acorralados por la corrupción. Y es que decenas de alcaldes y cargos públicos del PP están involucrados directa o indirectamente en casos de corrupción. Ahora suelen distinguir eufemísticamente entre «meter la mano y meter la pata», para disculpar las torpes gestiones de algunos cargos públicos, y para intentar desviar el foco de atención sobre algunas prácticas, también corruptas. Porque incluso se han atrevido (en sus discusiones con su formación política muleta, como es Ciudadanos) a revisar los límites del concepto de corrupción, circunscribiéndolo a los casos donde haya existido enriquecimiento personal. Una distinción absolutamente absurda, pues el concepto de corrupción no sólo es que abarque mucho más que eso, sino que es completamente inherente a su forma de gobernar, a su manera de entender la política. Y así, las famosas «ranas» de Esperanza Aguirre ya incluyen a López Viejo, Granados, González, Figar, Victoria, Beltrán Gutiérrez, Jesús Sepúlveda, González Panero, Moreno Torres, y un largo etcétera de cargos públicos del partido de la carroñera gaviota. Porque la corrupción les acompaña desde el mismo momento de su llegada al poder, desde sus tomas de posesión. Porque la corrupción consiste simplemente en desvirtuar la política, en desenfocarla de su principal misión de velar por el interés general, para favorecer al interés particular de los gobernantes y sus allegados.

La corrupción es la natural forma de actuar de la trama política-económica-mediática que nos gobierna, y que viene visibilizando Podemos en su «TramaBús». Bancos, grandes multinacionales, entidades públicas, se unen y entremezclan los intereses públicos con los privados, saqueando las arcas públicas en beneficio de los altos dirigentes de las mismas, y bajo la cómplice y servil colaboración de los políticos de turno, que luego ocuparán lujosos sillones en los respectivos Consejos de Administración de esas grandes compañías. Ese el el motivo para las privatizaciones, para los recortes, para las «liberalizaciones», para las «externalizaciones», que son los nuevos eufemismos bajo los que disfrazan sus indecentes planes y actuaciones. Es realmente una trama de intereses que configuran políticos y empresarios en detrimento del conjunto de la ciudadanía, con la colaboración especial de los grandes medios de comunicación, que aunque «destapen» los casos de corrupción, jamás cuestionan los grandes dogmas del sistema, ni ponen en entredicho sus propios mecanismos de actuación. Es una trama que está parasitando las instituciones, socavando la democracia, y expoliando los recursos públicos. La corrupción no es la excepción, es la norma. La corrupción no es aislada, es endémica. La corrupción no es la manzana, es el cesto. La corrupción no es la rana, es la charca. La corrupción no es una noticia puntual, sino nuestra decadente realidad cotidiana.

Y el PP es el mejor paradigma de esa corrupción. Se trata de un partido que se ha comportado (y así está reconocido por los jueces) como una auténtica organización criminal, organizada para delinquir. El Presidente de ese partido es el Presidente del Gobierno. Como nos cuenta Francisco Garrido en este artículo, la actividad política del PP está íntimamente vinculada, estrechamente relacionada con su actividad delictiva, pudiéndose concluir que es su «modus operandi» natural, su manera de actuar por defecto. Hoy día son más de 400 los altos cargos procesados por actividades delictivas, entre los que se encuentran todos los antiguos tesoreros del partido, y gran parte de las distintas direcciones políticas locales, autonómicas y estatales de esta organización mafiosa. El mismo Presidente del Gobierno (y del partido), mientras dirige los designios del país, es responsable máximo orgánico y operativo de actividades (campañas electorales, congresos, sedes, etc.) que son causa específica de investigación criminal, e incluso aparece señalado como beneficiario directo de la financiación ilegal (mediante los famosos sobres). Y como Francisco Garrido expresa: «No es que el PP hiciera política para cometer delitos sino que cometió delitos como forma ordinaria de hacer política. Lo que caracteriza a una banda criminal no es que en ella coexistan diversas finalidades de la acción colectiva sino el que la organización es usada como instrumento en la comisión de delitos». Y concluye: «No es que los corruptos se aprovechen del partido es que es el partido el que aprovecha las conductas individuales de los corruptos».

¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todo ello? No cabe otra: por sanidad democrática, por limpieza de la vida pública, por la recuperación de la misión y el control de las instituciones, el PP debería ser ilegalizado. Y lo absolutamente inexplicable en una sociedad democrática es que «ese partido al que nos referimos», es decir, el PP, esa formación política proyectada para delinquir, esa maquinaria de dopaje electoral y de corrupción endémica, no sólo lleve las riendas del actual Gobierno del país, sino que además persista en las diversas encuestas como formación política más votada. Es un claro síntoma de una sociedad decadente y alienada. Y es que asistimos, en palabras de Jesús García Gualdras, al «destrozo de la cultura de la honestidad». En una carta publicada bajo tal título en el medio Rebelion.org, nos describe textualmente cómo «Los representantes políticos se acaban constituyendo en cártel de intereses que se presentan a las elecciones, y gracias a las redes clientelares que van organizando, con la complicidad de las empresas de medios de comunicación, que son parte de la misma trama, consiguen instalarse en los centros de influencia». Toda una trama organizada con fines y medios concretos, bajo un disfraz político que dice mirar al interés general. Una sociedad madura, avanzada y democrática no puede soportar por más tiempo esta terrible situación. Hemos de tomar conciencia de la gravedad de la corrupción en nuestro país, y actuar en consecuencia dando la confianza a otras opciones políticas que al menos están pidiendo intentarlo.

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