El PP ha aprovechado la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para 2007, para modificar el modelo de gestión directa de la sanidad pública madrileña, introduciendo la gestión privada al crear 6 empresas públicas sujetas al derecho privado en sus actuaciones. Dichas empresas se crean para gestionar los nuevos hospitales modelo concesión (Vallecas, Arganda, Aranjuez, […]
El PP ha aprovechado la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para 2007, para modificar el modelo de gestión directa de la sanidad pública madrileña, introduciendo la gestión privada al crear 6 empresas públicas sujetas al derecho privado en sus actuaciones. Dichas empresas se crean para gestionar los nuevos hospitales modelo concesión (Vallecas, Arganda, Aranjuez, Coslada, San Sebastián de los Reyes y Coslada), y posiblemente en el futuro todos los centros existentes, fragmentando aún más la red sanitaria madrileña.
La aplicación de mecanismos privados para gestionar la «parte pública» de los nuevos hospitales, se realiza para escapar de las leyes de las Administraciones Públicas y de sus mecanismos de control, pudiéndose someter a las normas privadas en materia de contratación, personal y patrimonio, actuando bajo un régimen presupuestario menos exigente. Estas empresas de gestión privada contarán con patrimonio y fondos propios, así como con la posibilidad de endeudarse y de externalizar aquellos servicios sanitarios considerados rentables (diagnóstico por la imagen, laboratorios, etc.).
En políticas de personal se les permite una mayor flexibilidad, desde contratar a personal laboral (con lo que convivirán en los centros trabajadores con diferentes derechos, jornadas y retribuciones), hasta llevar a cabo su propia selección de personal al margen de las ofertas públicas, o establecer retribuciones variables incluso por cumplimiento de objetivos individuales, que con toda seguridad estarán dirigidos a premiar el cumplimiento de objetivos económicos por encima de los sanitarios, lo que además creará aún mayor discrecionalidad y división de los trabajadores.
La contradicción que supone huir del Derecho Administrativo, pero mantener una personalidad de derecho público responde a lograr la mayor flexibilidad y libertad de funcionamiento. La personalidad pública libera de los aspectos más enojosos de la legislación mercantil (control de la competencia desleal, etc.), pero les permite ostentar potestades administrativas. Sin embargo, someterse a normas privadas en materia de contratación (sujeta a publicidad y concurrencia, pero no necesariamente al régimen de contratación administrativa), patrimonio y régimen presupuestario, supone que empresas creadas con dinero público, eludirán controles que actualmente se aplican a los centros sanitarios públicos.
Por otra parte, pese a las críticas del PSOE al alto coste económico de los nuevos hospitales de modelo concesión («un chollo para las empresas y un despilfarro para las arcas públicas», al incluir «suelo regalado, 640 millones de inversión inicial y un canon que van a recibir de la Comunidad de Madrid, de 3.750 millones de euros»), este partido es por lo menos consecuente con su apoyo a la Ley 15/97 de «nuevas formas de gestión en sanidad», aprobada con sus votos y que permite la privatización de la sanidad pública. El pasado viernes, Simancas llegó a decir: «Madrid necesita los nuevos hospitales, alguno más incluso, y no somos dogmáticos a la hora de decidir la fórmula para financiar, construir y poner en servicio estos hospitales». «Tan sólo pedimos que se cumplan algunas condiciones: que sean buenos hospitales, que estén bien dotados, que ofrezcan un servicio equitativo y que nos cuesten lo menos posible». En definitiva, el PSOE apuesta como el PP, por el modelo de concesiones en los hospitales, y por tanto será también responsable del deterioro del sistema público sanitario madrileño.
CAS Madrid (CNT, Solidaridad Obrera, CGT MSE, Plataforma Sindical EMT, SAS)
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