El PP de Alberto Núñez Feijóo ha recibido el robo de información confidencial de los móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa como una nueva oportunidad para desestabilizar al Gobierno de coalición y de ensanchar las desavenencias en el bloque político que dio lugar a la legislatura.
Oficialmente, Génova 13 trata de ofrecer un perfil “de Estado” para salvaguardar la seguridad nacional y no cuestiona la verosimilitud de las explicaciones ofrecidas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Pero en la práctica varios dirigentes del partido, incluido el propio Feijóo, han alimentado la idea de que el Gobierno utilizó el lunes este asunto para tratar de ensombrecer el protagonismo del PP en los actos oficiales del día de la Comunidad de Madrid, el primero al que asistía el nuevo presidente del partido.
La secretaria general del PP y portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, llegó a presumir este martes de “responsabilidad”, “lealtad” y “sentido de Estado” porque con sus votos ayudó al PSOE a impedir la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje. Sus argumentos son que poner el foco en el CNI y sus actividades sería tanto como “debilitar al Estado” pero, sobre todo, enfatizó que entre los partidarios de su creación esté el socio de gobierno de los socialistas, Unidas Podemos, y sus aliados del bloque de la investidura, con Esquerra a la cabeza.
En el PP son conscientes de que el caso del espionaje a los líderes catalanes ha puesto en riesgo la capacidad de Pedro Sánchez de conservar las mayorías sobre las que se ha apoyado para sacar adelante sus iniciativas desde que comenzó la legislatura y quieren explotar esa debilidad. De ahí que, aunque no quieren una investigación, sí han exigido —y conseguido— que el presidente tenga que dar explicaciones en el Congreso.
El PP quiere aprovechar ese debate para obligar a Sánchez a enfrentar las contradicciones internas de su Gobierno, cuya última expresión han sido precisamente las críticas que Unidas Podemos —y algunos ministros, como al responsable de Asuntos Sociales y líder de esta formación, Ione Belarra— han dirigido en particular a la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya cabeza piden los nacionalistas catalanes como principal precio político a cobrar antes de empezar a pasar página en este asunto.
“Curiosamente llevamos todo un día y medio de descalificaciones hacia el PP y ni una sola palabra del PSOE hacia su socio de Gobierno y sus socios de investidura, que son los que han apoyado esta comisión de investigación”, ironizó Gamarra en una rueda de prensa posterior a la votación que rechazó que el Congreso abra indagaciones sobre lo ocurrido.
La portavoz del PP, como Feijóo la víspera, jugó a la vez la carta de decir que no tiene intención de emitir “ningún juicio de valor sin haber tenido previamente la información” que facilite la directora del CNI a la comisión de Secretos Oficiales del Congreso y la de las insinuaciones sobre que el Gobierno tiene, en realidad, intenciones ocultas en este asunto.
El PSOE “está perdiendo día tras día la credibilidad” y el jefe del Ejecutivo “ha hecho de la mentira su manera de gobernar y eso hace que cuando plantean algo, los propios españoles duden de su palabra”, sentenció antes de decir, paradójicamente, que el PP no pone en cuestión en ningún momento la versión oficial facilitada por Bolaños.
La credibilidad del Gobierno
“De lo que dijo el Gobierno nos lo creemos todo, no tenemos por qué dudar de lo que dijo. Pero hay muchos aspectos de los que no habló y se están publicado”, insinuó sin entrar en detalles. Son en realidad los ciudadanos, según la portavoz del PP, los que están «cuestionando muchísimas de las informaciones” que ha dado el Ejecutivo sobre este asunto “porque no tiene credibilidad”.
No se creen lo que dice el presidente, pero al mismo tiempo quieren que dé explicaciones al Congreso porque, según Gamarra, el Gobierno ha generado una “ceremonia de la confusión”. “Es inadmisible que no hayan dicho absolutamente nada cuando la máxima responsable de Podemos está cuestionando las instituciones”, acusó. Cuando hay “tanta confusión, incertidumbre y hablan de la seguridad del Estado, lo más importante es la transparencia y las explicaciones públicas” para “despejar cualquier tipo de duda”, reafirmó. Aunque no, según el PP, a través de una comisión de investigación.
Feijóo cree que puede agitar el árbol del Gobierno aprovechando la tensión creciente entre los socios de coalición y la evidencia de que Esquerra ya no forma parte de la mayoría de la investidura. El argumentario del PP trata de retratar a Sánchez como un presidente, a diferencia de Feijóo, que “no tiene un proyecto creíble de futuro” para España porque “está todo el día pensando cómo no incomodar a sus socios en vez de dedicar su tiempo a las prioridades” del país.
En una línea semejante, la de negar toda credibilidad al Gobierno, se posicionó Vox. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, llegó incluso a insinuar que Sánchez ha sido chantajeado por Marruecos —a quien atribuye el espionaje del móvil del presidente— para que España cambiase su postura sobre el Sáhara.
En realidad los ultras ponen incluso en duda que el espionaje haya existido, como ya apuntó a primera hora de la mañana en una entrevista en Telecinco el presidente del partido, Santiago Abascal. “Este Gobierno es capaz de cualquier cosa, lo digo con desconfianza total y absoluta; pongo en cuestión cualquier anuncio de este Gobierno», sostuvo el líder ultra.
Pero si el espionaje ha existido, especuló Espinosa de los Monteros en rueda de prensa en el Congreso, “podría explicar lo inexplicable” sobre la decisión del Gobierno de reconocer el plan de Marruecos para el Sáhara. “Nadie ha entendido por qué se ha dejado a España a los pies de los caballos para no ganar nada”, señaló antes de fantasear, también, con la posibilidad de que todo sea “una cortina de humo” del Gobierno, que “lleva un mes y medio muy malo” y está inmerso en una crisis política con su socio de Unidas Podemos y con sus aliados parlamentarios.
Eso sí, el portavoz de Vox no cuestiona el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, pese a la violación de las comunicaciones del presidente y de la ministra de Defensa, sino que el Gobierno haya sacado a la luz los “puntos débiles” del espionaje español.