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Castilla-La Mancha: Plataformas en defensa de los caminos públicos se movilizan para defenderlos de la privatización

El Presidente de Reyal Urbis, amigo personal de Bono, compra los caminos públicos de un pueblo

Fuentes: Diagonal

El presidente de la constructora Reyal Urbis, Rafael Santamaría, se apropia de los caminos públicos del pueblo conquense de Pedroñeras gracias a sus buenas relaciones políticas y a un donativo al municipio de 1.800.000 euros. La vida era tranquila en este municipio de Cuenca de 7.200 habitantes famoso por el ajo. En medio de esta […]

El presidente de la constructora Reyal Urbis, Rafael Santamaría, se apropia de los caminos públicos del pueblo conquense de Pedroñeras gracias a sus buenas relaciones políticas y a un donativo al municipio de 1.800.000 euros.

La vida era tranquila en este municipio de Cuenca de 7.200 habitantes famoso por el ajo. En medio de esta llanura existe un oasis, la finca de La Veguilla. Rafael Santamaría desembarcó allí hace tres años. Enriquecido gracias a los pelotazos, ocupaba el puesto 15 en la lista de ricos españoles en 2007. Presidente de Reyal Urbis, cuenta con muchos negocios en Castilla-La Mancha y ostenta cargos en varias empresas. Con Vega del Záncara S.L. compra en 2006 La Veguilla y Las Vaquerizas: 3.000 hectáreas (equivalentes a 3000 campos de fútbol) de tierras de cereal (subvencionado), bosquetes de encinas, hábitats protegidos, y pinos piñoneros, surcados por el río Záncara. Lo primero que hizo, en 2007, fue cerrar el camino principal con una gran verja y prohibir el paso. El pueblo se opuso y empezaron las manifestaciones con la concejala socialista Yolanda Picazo, entonces oposición, pidiendo «luchar contra los terratenientes». Después, los derribos. Las construcciones rurales que albergaba la finca fueron convertidas en una gigantesca montaña de tierra y cascotes depositados encima de otro camino sepultando una fuente. Allí siguen con permisos. Después construyó una mansión, 400 metros y seis bungalós, para lo que taló una hectárea de encinas, con licencia.

Llegan las elecciones de 2007 y los socialistas ganan la alcaldía. Santamaría hace una oferta para quedarse con los caminos públicos de su finca por 30 años: 1.800.000 euros en concepto de donativo a las arcas municipales, caminos alternativos fuera de su finca y una senda ecológica. Entonces surge la Plataforma por los Caminos Públicos de La Veguilla.

Campaña de márketing

La imagen del pueblo está por los suelos. En agosto de 2007, Bono se convierte en el pregonero de las fiestas, arropado por el mismísimo Santamaría, que ha enturbiado la vida del pueblo. Cuatro meses después, desde Pedroñeras se retransmiten las campanadas de fin de año en la televisión autonómica y, en mayo de 2008, Pedroñeras es el municipio elegido en toda Castilla-La Mancha para los fastos del Día de la región, con José Bono a la cabeza.

Los medios locales ahora se tornan en portavoces de Santamaría, junto con otro conocido periódico de Cuenca. Pero la tormenta continúa y el nuevo edil socialista acaba dimitiendo por razones personales. La número tres, Yolanda Picazo, se convierte en alcaldesa. Se acabaron las pancartas y la insurrección. Los cargos autonómicos la respaldan y el consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, declara el 4 de agosto de 2008 en un medio local: «Creo que es bueno intentar llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad de la finca (…). Más vale un buen acuerdo que un mal pleito». Y el 1 de diciembre de ese año, en un tenso pleno, en el que la oposición abandona la sala, se aprueba el acuerdo para cerrar los caminos públicos de la finca de Santamaría.

La Veguilla está cruzada por una vasta red de caminos. Según el borrador del acuerdo, la atraviesan tres primarios y siete secundarios, después han inventariado nueve más; muchos comunican con otros pueblos. Según la Plataforma existen más caminos, mal registrados, que están siendo arados. Todos quedarán dentro de la valla que rodeará la finca. José -oculta su apellido por miedo- recuerda con impotencia sus recorridos infantiles en bicicleta por La Veguilla para jugar en el río y ver aves rapaces: «Nos roban nuestros recuerdos», sentencia. También los abuelos, jóvenes entonces, volaban por esos caminos para ir al baile de otros pueblos a buscar novia. Otro camino cerrado será el de la romería de la Virgen de la Cuesta, patrona compartida con Alconchel de la Estrella. Santamaría permitirá el paso a la Virgen siete días al año. Ahora, la Guardia Civil y el guarda echan el alto a los caminantes. El coche de la Guardia Civil patrulla la finca y luego los guardias meriendan con el vigilante.

El guarda privado de Santamaría fue pillado en 2008 in fraganti por un agente forestal con un cubo lleno de garras de rapaces protegidas en la finca de la Veguilla. Denunciado, se le impuso una multa de 6.000 euros y tres meses después la Guardia Civil de la provincia lo condecoró. La denuncia está en la Fiscalía. En la finca de Santamaría se emplean jaulastrampa sin las condiciones legales. Unas para cazar zorros y otras para córvidos, con urracas vivas de reclamo. «El problema son las primeras, lo que menos se atrapa son zorros, caen aves protegidas. No se tapan bien, se emplean cebos vivos y mueren muchos animales. De hecho, las 22 garras encontradas en posesión del guarda pertenecen a cuatro azores, dos águilas culebreras, dos águilas calzadas, dos águilas ratoneras y un cernícalo vulgar, especies con el mayor rango de protección, y no sabemos si esas aves han sido apresadas en las jaulas o las han matado en el nido. Son fincas de caza por ojeo, y los dueños quieren una alta densidad de perdiz y arrasan con los predadores», señalan desde Ecologistas en Acción.

Se han cortado más de 200 pinos piñoneros con subvención, «para clarear el monte» y se han talado encinas de 40 centímetros de diámetro, según la Plataforma. Además, desde que el constructor compró la finca, la orden de veda prohíbe pescar el cangrejo rojo (especie invasora. Ver pág.17-) justo en el tramo del río Záncara que la recorre.

Pero Santamaría presume de conservacionista en el convenio con el Ayuntamiento. En él menciona su colaboración con la Sociedad Española de Ornitología, SEO, en el programa para la protección del águila imperial en su finca de Torrenueva, Ciudad Real. El proyecto, según esta organización «reporta beneficios a los dueños de las fincas». La SEO ha declarado que se personará en el juicio contra el guarda que fue pillado con las 22 garras de rapaces y que tienen pendiente «una entrevista con Santamaría».

La amistad de Bono y El Pocero es conocida… La de Bono y Santamaría, menos. El presidente de Reyal Urbis le construyó un lujoso chalé y parte de la hípica; los Bono han veraneado en una propiedad de Santamaría y una hija de Bono pasó por el consejo de administración de Urbis en octubre de 2007, según publicaron varios medios. Bono también pasea por Pedroñeras con Santamaría. Un vecino, no se identifica, dice que «les gusta ir a la churrería del pueblo y saludar a la gente».

La Plataforma por los Caminos Públicos de La Veguilla recuerda que ahora es Bono y antes era Fraga quien cazaba allí. Se sienten presionados, pero con empeño aseguran que «la verdad sólo tiene un camino».


Términos de la compra

El Convenio de Colaboración detalla que el Ayuntamiento «considera de interés general el fomentar el disfrute de la naturaleza». Reconoce un déficit de 1.804.749 euros y que Vega del Záncara S.L.»desea colaborar». Para ello, la empresa argumenta su experiencia con la SEO y dice que «considera que determinados usos de los caminos públicos atentan contra la tranquilidad necesaria (…) perjudican la nidificación (…). Se ha constatado que, en la actualidad, los caminos(…) prácticamente no se utilizan (…), han perdido carácter de necesidad y de contribución al bien común (…)». Ofrece trazarlos fuera y devolverlos en 30 años. Para Xavier Campillo, geógrafo, «según la ley municipal y el reglamento de bienes (art. 5) los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles». Para desafectarlos (art. 8) se requiere expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad». Para Campillo, «no sólo se van a privatizar unos caminos, sino que se va a mermar el derecho constitucional a circular por el territorio nacional (art. 19 CE) y a disfrutar del medio ambiente (art. 45 CE)».