El Constitucional concluyó este verano que el uso del decreto-ley para el pago de armamento no está justificado
El BOE recoge el estado de la ejecución presupuestaria a 31 de julio, es decir, las modificaciones de los créditos asignados a cada partida en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Congreso para este año. Una vez más, el presupuesto de Defensa es el que más engorda.
En concreto, a esa fecha, los créditos se habían aumentado en 1.162 millones, pasando así de los 5.788 aprobados en Las Cortes a 6.950. Esta cifra podría aumentar aún más, si tenemos en cuenta la tendencia de años anteriores, en lo que queda de 2016.
Este aumento de los créditos no es nuevo. Lo que lo hace diferente es que en esta ocasión el Gobierno no ha aprobado el también tradicional crédito extraordinario de verano destinado al pago de Programas Especiales de Armamento (PEAs), que suele justificar buena parte del engorde anual y que en julio fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional.
En la sentencia, que responde a un recurso presentado por varios grupos parlamentarios (PSOE, IU, ICV, CHA y UPyD) contra el crédito de 2014, el Constitucional considera que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Eso sí, no habrá marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015).
En el documento, el TC recoge palabras del propio Ministerio de Defensa en el Congreso: «No trata de dar cobertura a necesidades imprevistas, su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores», para justificar que no se trata de gastos que no se puedan planificar. En ese sentido, establece que, aunque no se puede saber exactamente a cuánto ascenderá la factura anual a la industria armamentística, sí se conoce el total a abonar hasta 2030: 29.500 millones.
Además, asegura que la urgencia de la que habla el Gobierno, vinculada a que la imagen del país no resulte dañada por el impago de obligaciones como estas, se podría aplicar a cualquier sector y que no está justificado de forma suficiente en este caso concreto. Por todo ello, concluye que el Gobierno podría utilizar el trámite de una ley ordinaria y que no hay razones de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifiquen el uso del decreto-ley.
Así, si sigue este mandato, el Gobierno debería aprobar un proyecto de ley y llevarlo al Congreso para poder abonar las obligaciones de este año, algo difícil de asumir con un gobierno en funciones. Pese a todo, y sin esos créditos extraordinarios, el Ministerio de Defensa ya ha aumentado en más de mil millones su presupuesto inicial.
Por el momento, la cifra queda lejos de los 2.300 millones extra concedidos en 2015. Gracias a ese engorde, el crédito final superó al de 2014 y ascendió a 8.102 millones de euros.