Marca un precedente que el derecho internacional aún no sabe cómo afrontar, y no será el único país en desaparecer sin un lugar adonde ir
La crisis climática ya no es una amenaza lejana ni abstracta. Para Tuvalu, un pequeño país insular del Pacífico con apenas 26 kilómetros cuadrados de superficie, es una sentencia a futuro. El Alto Comisionado de Australia en el país ha anunciado que 8.750 de los poco más de 11.200 habitantes de Tuvalu —el 78 % de su población— han solicitado los nuevos visados para refugiados climáticos, convirtiéndose en el primer contingente oficial de desplazados por el cambio climático reconocido por un tratado bilateral.
Aunque la cifra suene impactante, no es sorpresiva. La nación, compuesta por tres islas coralinas y seis atolones, está al borde de la desaparición. Dos de sus atolones ya han sido tragados por el mar, y los estudios científicos prevén que el resto del país será inhabitado en unas pocas décadas, cuando el nivel del mar haya subido lo suficiente para cubrir gran parte del terreno incluso durante mareas normales.
Australia ha ofrecido este año los primeros 280 visados como parte de un acuerdo de cooperación firmado en 2024. Este tratado marca un hito en el reconocimiento institucional de los refugiados climáticos, una categoría aún inexistente en el derecho internacional. Los seleccionados podrán vivir, trabajar y estudiar en Australia, aunque la oferta, por ahora limitada, deja fuera a miles de solicitantes que deberán esperar futuras convocatorias.
Pero el drama no es solo numérico. En Tuvalu, el cambio climático ya ha alterado drásticamente la vida cotidiana. Las aguas suben con tal rapidez que se filtran por el poroso suelo de las islas, inundando calles, patios y hogares. Las costas se erosionan, los cementerios desaparecen, y la agricultura tradicional, basada en cultivos como el coco o el pulaka, se ve diezmada por la salinización del suelo. La inseguridad alimentaria y la escasez de agua potable son hoy parte del día a día.
Frente a esta realidad, el país también ha adoptado medidas insólitas para conservar su identidad. El gobierno trabaja en la digitalización de Tuvalu: crear un gemelo virtual de su territorio y su cultura en el metaverso. Puede parecer una excentricidad, pero es un intento desesperado de preservar lo que pronto podría perderse físicamente. De llegar a desaparecer, Tuvalu sería el primer país del mundo en convertirse en una “nación digital”.
Más allá del caso particular, el drama de Tuvalu es un presagio global. Representa un microcosmos de lo que puede ocurrir, y de hecho ya empieza a ocurrir, en otras regiones costeras y vulnerables del planeta. Desde las islas del Pacífico hasta las costas del sur de Asia, del Caribe y del este de África, millones de personas viven en territorios cada vez más amenazados por el aumento del nivel del mar, la desertificación, los eventos meteorológicos extremos o el colapso de los recursos básicos.
Actualmente, el derecho internacional no contempla el estatus de refugiado climático. Los tratados de asilo fueron diseñados para proteger a quienes huyen de conflictos armados o persecuciones políticas, no de eventos medioambientales. Sin embargo, se estima que para 2050 podría haber más de 200 millones de desplazados climáticos en el mundo, una cifra que desafía las estructuras migratorias, humanitarias y jurídicas actuales.
Tuvalu es el primer país que entra formalmente en esa categoría de nación condenada por el clima, pero no será el último. Su experiencia, su éxodo y sus estrategias para la preservación cultural son una advertencia tangible de la magnitud del desafío climático. No se trata solo de estadísticas sobre el calentamiento global: se trata de países que desaparecen, de culturas que se extinguen y de personas que pierden no solo sus hogares, sino la posibilidad misma de una existencia en su lugar de origen.