La mañana del 24 de junio de 1972, un fuerte dispositivo policial irrumpió en el convento de los frailes oblatos de Pozuelo de Alarcón. Su objetivo consistía en apresar a los miembros de la Coordinadora General de Comisiones Obreras que trataban allí de reunirse.
Se trataba de Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco García Salve, Juan Muñiz Zapico, Fernando Soto, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora Antón, Luís Fernández Costilla y Pedro Santiesteban. Fueron todos ellos conducidos a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, para prestar declaración. A continuación, quedaron a disposición del Juzgado de Orden Público que les inculpó en el famoso Proceso 1001, llamado así por el número que correspondía al sumario. Inmediatamente ingresaron en la prisión de Carabanchel, motivo por el que serían también conocidos como los «Diez de Carabanchel». Dada su condición de sacerdote, García Salve sería muy pronto trasladado a la prisión de Zamora, reservada para los clérigos.
Esta exposición tiene lugar en el cincuentenario de aquellas detenciones y del subsiguiente proceso. Está organizada por la Biblioteca Nacional de España, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Fundación 1º de Mayo. Partiendo de las propias detenciones, la muestra se adentra en el contexto en el que tuvieron lugar, marcado por la movilización social y la represión. Por un lado, durante los años finales de la dictadura, se produjo un incremento de las huelgas y otras protestas laborales, junto con la movilización de otros sectores como los estudiantes, las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales o una minoría del clero católico. En esta movilización general, cada vez más las libertades democráticas y la amnistía se impusieron en el orden del día. A su vez, el régimen respondió redoblando la represión. Además de las detenciones, los procesos y los estados de excepción, se sucedieron las muertes de huelguistas por disparos de la fuerza pública en Granada (1970), Madrid (1971), Barcelona (1971), Ferrol (1972), San Adrián del Besos (1973).
La exposición se adentra asimismo en la vida en el interior de la cárcel. Carabanchel fue un símbolo de la represión franquista, un espacio punitivo, aunque también un lugar de socialización y de pequeñas resistencias. En la prisión se celebraban reuniones y discusiones políticas, se organizaban clases de materias muy diversas, como historia, economía o filosofía. Los presos además articulaban su vida en torno la comuna, una fórmula de organización social, de contrasociedad si se prefiere, a través de la cual se distribuían los alimentos, los libros o el tabaco, que les llegaba desde el exterior.
Al hilo de la estancia en prisión se desarrolló el proceso mismo. Los abogados de los encausados, representaban todo el arco de la oposición democrática, desde José María Gil Robles a la joven Cristina Almeida. Iniciado el juicio oral el 20 de diciembre de 1973, el mismo día del asesinato de Carrero Blanco, una semana después el Tribunal de Orden Público (TOP) dictó una sentencia que, en conjunto superaba los 160 años. Su dureza, recordaba más a los consejos de guerra de los primeros años cuarenta que a las sentencias del TOP, máxime teniendo en cuenta que la acusación no era otra que la de pertenecer a la dirección de las Comisiones Obreras. Hasta 1975 no recobrarían la libertad los «Diez de Carabanchel». Unos, tras la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Supremo; el resto, a raíz del indulto que tuvo lugar con motivo de la coronación de Juan Carlos en noviembre de ese año.
Siendo hombres todos los encausados en el Proceso 1001, las mujeres jugaron un papel muy relevante. Las esposas y hermanas estuvieron durante esos años muy activas, reclamando la libertad de sus familiares y de los presos políticos en general. Se dirigieron así a todo tipo de autoridades, enviando escritos y pidiendo ser recibidas. Igualmente se desplazaron al extranjero para participar en múltiples mítines de solidaridad. Encarnaron de ese modo una figura del antifranquismo como fue la de «mujer de preso».
El Proceso 1001 dio lugar a una amplísima campaña de solidaridad, tanto en el interior del país como en el extranjero donde encontró un amplio eco, teniendo en cuenta que los procesados fueron condenados por tratar de ejercer la libertad sindical, reconocida en los países de nuestro entorno democrático. Se formaron comités de solidaridad desde Estados Unidos hasta Australia. Al final, la solidaridad, dado su alcance, se convirtió en un acta de acusación contra un régimen que negaba los derechos y libertades fundamentales.
La exposición concluye con la salida de la cárcel y la incorporación de los procesados a la vida social y política del momento. Esa coyuntura se caracterizó por la oleada de huelgas y movilizaciones ciudadanas del primer trimestre de 1976 que, en definitiva, harían inviable el proyecto continuista de Arias Navarro. En efecto, el 1 de julio fue cesado por el rey y dos días después sería nombrado nuevo presidente del gobierno Adolfo Suárez. Suárez tomó la iniciativa llevando adelante el referéndum para la reforma política el 15 de diciembre de 1976, a pesar de la llamada a la abstención de la oposición y de la jornada de paro general del 12 de noviembre anterior.
La exposición rescata, en suma, un episodio de represión contra el sindicalismo, así como la amplia solidaridad que despertó, convirtiéndolo de ese modo en un símbolo de la lucha del movimiento obrero contra el franquismo y por los derechos y libertades democráticas. Se exhibirán un centenar de libros, documentos, periódicos, fotografías, carteles, etc. procedentes de la BNE y de otras instituciones españolas.