Desde hace unos meses estamos viviendo todo tipo de movilizaciones, protestas, escritos en la red, nacimiento de plataformas… que tienen como denominador común el rechazo al proyecto de Ley para la reordenación del sector público por parte de un importantísimo número de funcionarios de la Junta de Andalucía. En estos días contemplamos la última fase […]
Desde hace unos meses estamos viviendo todo tipo de movilizaciones, protestas, escritos en la red, nacimiento de plataformas… que tienen como denominador común el rechazo al proyecto de Ley para la reordenación del sector público por parte de un importantísimo número de funcionarios de la Junta de Andalucía.
En estos días contemplamos la última fase del recorrido legislativo -no el político que sin duda se mantendrá- de la propuesta, tras aprobar la Comisión Parlamentaria de Hacienda y Administración Pública del Parlamento Andaluz el pasado 8 de febrero, el dictamen del Decreto Ley (votos a favor del PSOE, abstención de IU), tramitado como Proyecto de ley, seguramente por las denuncias de farsa que suscitaron los decretos 5 y 6 de 2010, y estar a la espera de la votación a celebrar el próximo miércoles 16 de enero en el pleno del Parlamento Andaluz.
En todo el proceso, a los miembros del Colectivo Prometeo nos ha llamado la atención el nada disimulado intento del PSOE de mantener a toda costa su estrategia, que pasa por no ceder ni un ápice en su cobertura a los cobijados bajo el manto de cualquiera de los centenares de entidades públicas (agencias, fundaciones, empresas públicas…) que han florecido con el pretexto de «agilizar y modernizar la Administración» y en buscar, ante la virulencia inesperada de la protesta, un apoyo sindical -brindado ¡como no! por CC.OO. / UGT- y otro político -cortejo a IU- que le permita vender la imagen de estar ante un proyecto político con cierto respaldo social y no ante una iniciativa partidista más de las tantas perpetradas en sus tres décadas de hegemonía absoluta.
Y por eso, preocupados por las demoledoras consecuencias que para la Izquierda plural puede tener el subirse con la excusa de » mantener una actitud responsable y constructiva… ya que el momento de la derogación ha pasado… y hay que cruzar el puente del entendimiento… (portavoz de IU dixit)» a un carro que no es el suyo, queremos hacer públicas las siguientes reflexiones.
En primer lugar, consideramos que debe haber un debate y una regularización del Estatuto del Empleado Público, pero el actual no es ni el marco ni el momento en que éste debe producirse. No es el marco porque ahora se pretenden mezclar y difuminar las diferencias entre Administración Pública y Sector público empresarial, dos sistemas diferentes y cuya regulación, por tanto, debe de abordarse separadamente.
No es el momento pues el proponente -PSOE- goza de una mayoría absoluta que le permitirá sacar la ley que más convenga a sus intereses de partido y como mucho consentirán un lavado de cara siempre que el meollo no se toque.
En segundo lugar, si siempre hemos mantenido que la práctica del capitalismo salvaje, vestido de pensamiento neoliberal ha utilizado una y otra vez como fórmula la excusa de «externalizar, modernizar o crear entes- ¿agencias, fundaciones? que agilicen la burocracia estatal» para desmantelar los restos del Estado Social, y si pensamos que estas prácticas han llevado aparejadas corrupción, nepotismo, clientelismo, difícilmente podemos apoyar que la solución a los problemas sea amparar a todas las fundaciones, agencias y entes que han proliferado, invadiendo territorios y competencias de la Administración Pública, en estos años.
Además, podemos tener legitimas dudas sobre cual ha sido la forma de acceso a las distintas agencias, fundaciones y empresas públicas. Nos gustaría conocer el número exacto de trabajadores de las mismas (junto a la fórmula de la Coca- Cola se está convirtiendo en uno de los secretos mejor guardados, en unas fuentes se habla de 20 mil, otros cuentan 23 mil, hay quien puja hasta los 35 mil), pero ante todo, si su entrada se hizo respetando escrupulosamente los requisitos que establece la actual Constitución vigente (principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, libre concurrencia…), descartando toda sombra de vacío legal, alegalidad, ilegalidad o simplemente enchufe.
Por lo tanto antes de poner sobre la mesa conceptos como «no hacer peligrar ningún puesto de trabajo por la integración o reordenación» debe alejarse cualquier sombra de que estamos ante un intento de ennoblecer, legitimar o blanquear un empleo de origen clientelar y por lo tanto bastardo.
Hay quien pueda ver en estas dudas prejuicios anti-PSOE. Si es así, que repase las hemerotecas aunque sea de los últimos días (caso EREs). Y si es parlamentario de IU, en su mayoría curtido y con trienios acumulados en la brega política, que pase una encuesta por las Asambleas de su provincia pidiendo opinión.
Desde la Izquierda siempre hemos apostado por un modelo de administración pública que garantice la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas, donde los intereses generales de la ciudadanía estén por encima de cualquier otro y en la que no se pueda dar ninguna confusión entre Partido que gestiona como ganador de unas elecciones y Administración como espacio neutral y de todos. Por eso el actual proyecto es incoherente e inconstitucional: las potestades públicas sólo pueden ser ejercidas por los funcionarios y funcionarios sólo puede haber en la Administración. Y siguiendo el hilo argumental: si las agencias empresariales no pueden ejercer potestades públicas y los funcionarios no pueden existir como tales en las agencias, ¿para qué las agencias?
Lo que nos ha quedado claro de los Decretos Leyes 5 y 6 y del Proyecto de Ley a debate, ha sido la intención de eludir por parte de la Administración de la Junta de Andalucía el sometimiento al Derecho Administrativo, que en definitiva es el que establece las garantías para los ciudadanos en los procedimientos de gestión de los servicios públicos.
En tercer lugar, nos ha llamado también la atención que en las enmiendas presentadas por IU (en la Comisión Parlamentaria esta fuerza ha visto rechazadas 69 y aprobadas 13, lo que se ha traducido en su abstención) una de las motivaciones más empleadas era la de contar con el aval de CC.OO. y UGT.
Cabría recordar que ir de la mano o avalado por estas centrales sindicales no se traduce en ningún rédito político pues ha quedado demostrado hace pocas fechas cómo a la hora de actuar se rigen por sus propios intereses (¿recordamos el Pensionazo?) y no tienen ningún problema por dejar tirados, en el momento que les venga bien a quienes poco antes pidieron ayuda (huelga del 29-S). Además de no ostentar la exclusiva de la defensa de los trabajadores, debe saberse que entre los sindicatos movilizados contra el proyecto se encuentran el SAT, CGT-A y USTEA, a los que no puede tildarse de «amarillos o derechistas». Dejemos de emplear la palabra «izquierda» como etiqueta que se desempolva en los mítines y apliquémosla de una puñetera vez a los hechos y comportamientos.
Para terminar, un ejemplo: Crear Agencias con personalidad jurídica propia como entes instrumentales no es una novedad ni en la Administración Andaluza ni en la Española. Si lo es quererlas apartar del Derecho Administrativo. En la actualidad existen «entes» con personalidad jurídica propia que gestionan competencias de la Junta, pero sometidas al derecho administrativo, es el caso del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Por qué se transforma en una Agencia Pública de régimen especial que se llama » Servicio Andaluz de Empleo»?
La respuesta la podemos encontrar en el art. 8.5 del Decreto-Ley 6/2.010 que reza, «El Servicio Andaluz de Empleo quedará subrogado en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), desde la fecha en que se acuerde su disolución».
Traducción para profanos: Los empleados de FAFFE se integrarán en el Servicio Andaluz de Empleo sin pasar por un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad. Después de la conversión del Servicio Andaluz de Empleo, se seguirán haciendo las mismas tareas en las oficinas de empleo. La diferencia: el personal de FAFFE ya serán personal del SAE, pero, ¿cómo entraron al FAFFE?
En este contexto es totalmente superfluo y anecdótico querer poner la lupa en si a los empleados de las agencias se les va a permitir pasar a ser funcionarios o no, cuando en la práctica van a estar codo y en igualdad de condiciones materiales con los que sí son empleados públicos y han accedido legítimamente a esa condición. ¡Qué mas les dará entonces como les llamen! Ya estarán mezcladas churras y merinas, que es lo que el proyecto pretende.
Como recapitulación final, entendemos que hace falta un debate serio sobre el estatuto del Empleado Público y para ello sería bueno incorporar el tema en los programas electorales y deslindarlo de lo que suena a » vía de urgencia» para solventar situaciones creadas.
Ese debate enmarcarse en una defensa acérrima de la profesionalización de la administración y acceso a la Función Pública exclusivamente por Oposición, trazando una nítida raya que impida crear situaciones parecidas a la actuales. En la defensa de Lo Público como elemento esencial de un modelo progresista de sociedad, debemos garantizar la independencia absoluta del funcionario y ser conscientes de que toda la sociedad pierde cuando las administraciones se puedan convertir en cortijos y permitan que la arbitrariedad campe.
Cuando un proyecto parte de una premisa errónea, es peligrosísimo- aunque se haga desde la buena voluntad – intentar enmendar lo que no tiene enmienda. En el mejor de los casos quedará un mal remiendo y , en el peor, todo enmerdado. Quienes juegan a política del corto plazo y sueñan con estrenar un traje nuevo de consejero, puede que al final el traje soñado sólo les sirva de mortaja política.
El sábado 12 y el miércoles 16 hay convocadas movilizaciones. Con la izquierda y desde la izquierda, en ellas estaremos.
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