El proyecto emancipador para la educación frente a la reacción conservadora

0. Introducción: la involución conservadora del imperialismo en decadencia.

Los actuales problemas del sistema educativo en el Estado español constituyen un aspecto más de la crisis cultural, que acompaña al contexto de decadencia social, política y económica en los estados imperialistas. Los países que han constituido el centro del sistema capitalista mundial en los últimos siglos, se encuentran sumidos en una depresión económica que conlleva la pérdida de la hegemonía política. Las dinámicas económicas del neoliberalismo, fundadas en la privatización de los bienes públicos, están generando un empobrecimiento de los trabajadores y las capas inferiores de la sociedad. En España 13 millones de personas -casi el 28% de la población- se encuentra en riesgo de pobreza, 2 millones se ven obligadas a recurrir a los bancos de alimentos y 6 millones, a pesar de trabajar, no alcanzan en el cómputo anual ingresos superiores al salario mínimo (Cañada 2017). Esa privatización viene acompañada de mecanismos de corrupción que favorecen el drenaje de la riqueza social hacia los sectores más favorecidos de la población.

La crisis económica viene acompañada por el auge de movimientos de extrema derecha y de las políticas autoritarias, especialmente remarcables en el tratamiento de la inmigración y las minorías nacionales, en el fomento del belicismo y la violencia para resolver los conflictos internacionales, así como el retorno de la guerra fría entre el bloque atlantista y el bloque asiático. A esta involución histórica se añade un desarrollo cultural basado en el predominio de ideologías reaccionarias en contra de la razón, cuyo objetivo es negar realidades históricas objetivas para postular la superioridad de las particularidades subjetivas. Un claro ejemplo de ello es la invocación de los derechos humanos para justificar la guerra criminal desarrollada en Oriente Medio por la OTAN. Esas tendencias, presentes ya en el posmodernismo desde finales del siglo XX, se han agudizado en los últimos años para postular la posverdad, con una concepción completamente privativa y parcial de la verdad. El desarrollo cultural presente en las sociedades imperialistas tiene consecuencias en el ámbito educativo a través de la privatización y mercantilización de la enseñanza, que es necesario analizar y combatir para sostener una cultura racional fundada en los ideales de la humanización.

1. Dos modelos alternativos para la educación.

La ideología de la libertad que proclama el liberalismo es compatible con la represión violenta de las relaciones sociales: un ejemplo de ello son los golpes de Estado en América Latina, que se suceden desde hace décadas sin interrupción. La explicación es sencilla: libertad para los empresarios y sujeción para los trabajadores; en el capitalismo las empresas y sus propietarios son libres para competir en el mercado, pero en la organización del trabajo dentro de la empresa no hay libertad, los empleados se limitan a obedecer para conservar su puesto de trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista de la clase obrera, el nivel de libertad creado por la sociedad puede medirse por el grado de la autonomía personal en el trabajo. El Estado liberal es una democracia representativa, que puede degenerar en dictadura en los momentos de crisis social; en cambio el Estado que garantiza la libertad de los trabajadores es la república democrática. En esa contradicción de clases se asienta la dinámica política de la sociedad contemporánea.

Con grandes tensiones y profundos retrocesos, a través de grandes luchas sociales, podemos afirmar que en términos generales el desarrollo histórico de las sociedades modernas avanza hacia una extensión y profundización de la democracia, estableciendo los mecanismos institucionales que garantizan la emancipación de los trabajadores y la gestión colectiva de las decisiones políticas. La cultura democrática debe promover un proceso de participación, incorporando en el debate a aquellos colectivos y personas que manifiesten su interés en expresar sus propuestas; las líneas de acción colectiva deben poderse establecer a través de la deliberación pública de todos los agentes sociales implicados, y ser elaboradas por las instituciones representativas de los movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, partidos, etc. Para que se desarrolle esta democracia avanzada es necesario contar con una ciudadanía bien informada, compuesta por personas críticas y conscientes capaces de evaluar las mejores opciones para todos. En el proceso de formación de ese orden social democrático, la educación juega un papel fundamental.

Por eso se puede afirmar que el modelo político liberal no es el punto final de la historia, pues constituye una democracia representativa con importantes limitaciones para el ejercicio del poder político popular, y está entrando en un proceso de cambio y conflictos sociales en los últimos años. Ante la crisis del liberalismo, el debate educativo se ha agudizado entre los defensores de un modelo participativo en la gestión social, frente al Estado liberal que representa los intereses de la oligarquía y las elites sociales de la oligarquía financiera, y que evoluciona en un sentido cada vez más autoritario. En este debate hay dos modelos de escuela posible con múltiples aspectos diferenciados, los más importantes se señalan a continuación.

El modelo liberal para la educación

1. la enseñanza es un servicio que puede ser ofertado de forma eficaz por empresas privadas 2. la enseñanza dota de habilidades y capacidades que aseguran el éxito en la competencia dentro del mercado de trabajo. 3. el currículum debe ser elaborado por los expertos en materia educativa. 4. la actividad del profesorado está controlada burocráticamente y se limita al adiestramiento de los alumnos. 5. el éxito de la enseñanza depende del esfuerzo y las habilidades naturales de los individuos. 6. el Estado privilegia un tipo de creencias tradicionales en la sociedad, como es el cristianismo católico en España.

Modelo republicano de escuela pública

1. la educación es un derecho universal, cae bajo competencia pública 2. la educación tiene por objetivo formar personalidades autónomas, responsables, conscientes y críticas, para una democracia participativa 3. el currículum debe ser establecido teniendo en cuenta la opinión de todos los agentes de la comunidad educativa. 4. el educador transmite valores y capacidades morales bajo el principio de la libertad de cátedra. 5. el éxito educativo depende de la buena formación del profesorado, de su profesionalidad y conducta ética. 6. el Estado es laico, admite y respeta la pluralidad de valores y creencias de la ciudadanía, realizando el papel de mediador entre ellas.

En primer lugar, desde la concepción de la educación:

1. La educación entendida como un derecho universal, garantizado por el Estado de manera equitativa para toda la ciudadanía; lleva a defender la escuela pública.

2. La educación entendida como un servicio mercantilizado, que debe ser liberalizado para crear empresas que compiten en el mercado educacional. La libertad de enseñanza se concibe como argumento para liquidar la escuela pública. Supone desarrollar un sistema educativo desigual y empeorar las condiciones laborales y docentes del profesorado, porque prima una menor inversión con un mayor rendimiento.

En segundo lugar, desde la concepción de las relaciones sociales:

1. el modelo democrático de participación ciudadana se funda en la ciudadanía consciente y responsable, fomentando el diálogo y el compromiso a partir del acuerdo colectivo. El alumno desarrolla su autonomía personal y su pensamiento con libertad, conscientemente y de forma crítica.

2. el modelo autoritario impone la disciplina y la obediencia a las decisiones tomadas por los responsables del orden social. La educación crea personalidades dependientes y acríticas, incapaces de ejercer el control democrático sobre los poderes públicos.

En tercer lugar, respecto de los contenidos:

1. el currículum define el camino del conocimiento y forja nuestra identidad; por tanto es una cuestión política y sometida a debate, dependiendo de los intereses distintos y enfrentados de culturas, clases y grupos sociales.

2. el currículum se entiende como una cuestión técnica, elaborada por expertos sin contar con los miembros de la comunidad educativa.

En cuarto lugar, respecto de la acción pedagógica del profesorado:

1. autonomía de los profesores para diseñar su asignatura en función de sus conocimientos y preparación, valorando la madurez y formación de los alumnos para adoptar criterios propios en relación con la cultura.

2. control burocrático de la actividad docente, exigiendo informes detallados de los procesos de enseñanza y evaluando los conocimientos mediante pruebas externas cuantitativas.

En quinto lugar, respecto de los factores que constituyen el éxito escolar:

1. el éxito educativo depende de que el profesorado sepa transmitir un modelo conductual ético y responsable, permitiendo a los alumnos apropiarse de las herramientas conceptuales para aprender por sí mismos y elaborar criterios propios para evaluar la realidad en la que viven.

2. el éxito en los estudios depende del esfuerzo individual en el dominio de las destrezas exigidas, dentro de un proceso competitivo con el resto de los alumnos, medido por las calificaciones escolares.

En sexto lugar, respecto de la relación entre lo privado y lo público:

1. el Estado es laico, respeta la pluralidad de valores presentes en la población, y la política consiste en realizar la función de mediación entre las creencias de los grupos particulares para coordinar la acción colectiva.

2. el Estado privilegia un tipo de creencias sobre otras, bajo la consideración de su importancia tradicional en la sociedad, en el caso español la religión católica.

En España el conflicto entre ambas concepciones de la educación se ha planteado con claridad: de un lado, el partido conservador en el gobierno, y del otro, la sociedad civil agrupada en las Redes por una Nueva Política Educativa, donde el Foro de Sevilla ha jugado un papel fundamental (Foro 2015). En cada uno de los apartados señalados más arriba, la alternativa a) se refiere a las propuestas pedagógicas de la sociedad civil en favor de un modelo alternativo, mientras que la b) representa las características de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza) del gobierno PP (BOE 2016). Y si bien la mayoría parlamentaria en las Cortes está en contra de la LOMCE, no hay acuerdo acerca del modelo educativo alternativo. Mientras que el Foro de Sevilla apunta a un modelo de renovación pedagógica bastante radical, los sectores reformistas de la oposición apuestan por un modelo intermedio que no representa una ruptura con las propuestas conservadoras para la educación.

2. Del déficit democrático a la involución autoritaria.

El Estado liberal español, heredero de una cultura históricamente autoritaria e intolerante, tiene limitaciones importantes que impiden la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones políticas que afectan a la mayoría; eso resulta especialmente significativo en el terreno de la educación. La democracia formal ha reducido la participación y la capacidad de decisión sobre la política educativa a las estructuras de los partidos políticos, empobreciendo el debate público y recortando las posibilidades de la sociedad civil para determinar el desarrollo de la educación. El electoralismo sustituye el verdadero ejercicio de la política, como ámbito de la decisión colectiva consensuada sobre el fundamento del diálogo y el compromiso.

Así, a pesar de la descentralización por transferencia de competencias educativas a las Comunidades Autónomas, el modelo escolar depende de la legislación emanada del gobierno central, estando sujeta a los sucesivos cambios que ha sufrido el ordenamiento educativo en las últimas décadas; ha habido siete leyes diferentes desde la instauración de la democracia con la Constitución del 78: LGE (Villar Palasí, ministro franquista -1970-), LOECE (UCD -1980-), LODE (ley orgánica del derecho a la educación, PSOE 1985), LOGSE (PSOE, 1990), LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación PP-2002), LOE (PSOE 2006) LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa PP-2013). Cada gobierno de los partidos mayoritarios que se han turnado en el ejercicio del poder ha querido establecer su propia ley de educación: estando de acuerdo en el modelo de gestión económica neoliberal y en la estructura monárquica del Estado, ambos partidos han querido diferenciarse por su política cultural. Pero ninguna de las leyes anteriores ha hecho los cambios suficientes que requiere un sistema educativo democrático y comprensivo.

Especialmente la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, 9/12/2013) -también conocida como ley Wert por el nombre del ministro de educación del partido conservador- ha profundizado en la tendencia autoritaria y antidemocrática.

1. La LOMCE es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso, de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, cuando el PP tenía la mayoría absoluta en las Cortes; ésta ha sido deslegitimada en las sucesivas elecciones parlamentarias, pero el PP ha retenido el gobierno de la nación. Ese proyecto está en proceso de revisión por la enorme controversia que suscitó en la comunidad educativa. Generó una movilización social en contra conocida como ‘marea verde’ por el color escogido por la ciudadanía para identificarse. Se protestaba por el autoritarismo del gobierno, la privatización y la confesionalidad de la reforma educativa, el modelo curricular que elimina las humanidades y las enseñanzas artísticas, la segregación del alumnado, etc.

2. Esa ley ha eliminado las funciones del Consejo Escolar, como órgano de gobierno de la Comunidad Educativa, en el que estaban representados los agentes del proceso de enseñanza -alumnos, profesores, padres, ayuntamientos, personal laboral-, y que gracias a su control del Proyecto Educativo del Centro (PEC) establecía las directrices pedagógicas fundamentales de cada institución educativa. El Consejo Escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias. Las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.

3. El director del Instituto tiene competencias en la selección del profesorado, lo que introduce la arbitrariedad y el subjetivismo. La actividad del profesorado es controlada burocráticamente por medio de tareas administrativas y detrimento de su autonomía. Además esta ley favorece la privatización y mercantilización de la educación, lo que otorga importantes cuotas de poder a los empresarios privados.

La crisis política de la democracia liberal tiene un factor importante en el descrédito de los partidos políticos de la monarquía -el bipartidismo PP/PSOE-, que se han visto involucrados en procesos de corrupción. La incapacidad del sistema político para resolver las dificultades económicas ha generado la movilización social en los últimos años, que ha sido duramente reprimida por el Estado. En el ámbito educativo el autoritarismo del partido conservador y la incapacidad del PSOE para contrarrestarlo han dado lugar a una protesta generalizada en el Estado español. Apostando por una legislación desarrollada bajo el consenso democrático, el Foro de Sevilla nació en 2012 para desarrollar el necesario debate entre todos los sectores de la comunidad educativa, con el objetivo de constituir una Ley de Educación consensuada que modele de forma definitiva nuestro sistema educativo. Posteriormente se constituyeron las Redes por una Nueva Política Educativa en que participan 24 ONGs y asociaciones ciudadanas, además de las asociaciones de padres y madres de estudiantes organizadas como AMPAs (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), que se asocian en la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos), sindicatos de estudiantes y de profesores, y partidos políticos.¹

Esta movilización ha subrayado la necesidad de un pacto político que haga posible una ley de educación duradera; para ello tiene que darse un consenso básico, que no parece posible en el estado español: primero, porque en la etapa constitucional han primado los intereses partidistas; y segundo porque en el momento actual el gobierno conservador quiere imponer su punto de vista sobre la sociedad española, consiguiendo sostenerse en medio de la crisis. Mientras el partido conservador tuvo mayoría absoluta, promulgó la LOMCE sin discusión alguna en el año 2013; pero cuando perdió esa mayoría, después de las elecciones de 2016, y bajo la presión de la movilización social, el debate llegó a las Cortes. El 15/11/2016 la mayoría del Congreso aprobó iniciar los trámites para suspender la LOMCE por 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones; el Pleno del Congreso tomó en consideración la proposición de ley del PSOE, instando a paralizar los aspectos de la reforma educativa que aún no han tenido aplicación, como es el caso de las evaluaciones externas o reválidas, así como sustituir la reforma educativa del PP por otra ley. Votaron a favor el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, así como ERC, el PNV, el Partit Demòcrata Català, Bildu, Compromís y Coalición Canaria, cuyos escaños suman mayoría absoluta. El PP y Foro Asturias en contra. Entonces se estableció una subcomisión parlamentaria que reflexionara sobre el modelo educativo, aunque esta subcomisión todavía no ha dado resultados prácticos

3. Evolución del conflicto

Las sucesivas leyes de educación han mantenido un sistema intermedio entre ambas opciones de organización escolar, con predominio del modelo liberal. Eso resulta insatisfactorio para los sectores más comprometidos con el modelo republicano de escuela pública -agrupados por el movimiento de renovación pedagógica-. Por ejemplo, según los gobiernos puede variar la cantidad de dinero público con que se financia a las entidades privadas, pero se mantiene el negocio educativo. Se cambia el lugar de la religión en la escuela, pero se siguen contratando profesores de religión católica bajo recomendación del obispado. Las reformas curriculares que se han ido sucediendo, todas superficiales, han acudido a intereses corporativos y disciplinares -diferentes materias de estudio-, sin plantearse en profundidad las características de una enseñanza para la emancipación personal. Etc.

Pero si la indefinición ha caracterizado a los inestables pactos educativos de la democracia liberal, la ruptura de todo consenso por los últimos gobiernos conservadores ha sublevado a la sociedad, de forma especialmente notable en los ámbitos sanitario y educativo. De ese modo la última ley de la enseñanza generó la movilización social en su rechazo. Las características más criticadas de la LOMCE son:

1. Carece de base científica pedagógica, no se estudian las causas reales que provocan el fallo del sistema educativo español.

2. Autoritaria:

1. Impuesta de espaldas a la comunidad educativa

2. Elimina las funciones del Consejo Escolar

3. Pérdida de autonomía de los centros y aumento del control burocrático

4. Permite la selección arbitraria del profesorado

3. Privatizadora:

3.1. Defiende una ideología mercantilista: la educación como servicio

3.2. Reduce la financiación de la educación pública

3.3. Apoya la gestión empresarial de la educación mediante la concertación

4. Fomenta la desigualdad y la segregación del alumnado

4.1. Deriva a las personas con dificultades hacia itinerarios secundarios

4.2. Introduce la competencia y la selección entre los estudiantes

4.3. Devalúa la formación profesional

4.4. Admite la concertación para centros con alumnos separados por sexos

5. Supone un ataque a la formación humanística y laica

1. Elimina las enseñanzas humanísticas y artísticas

2. Introduce pruebas de evaluación externas en cada tramo educativo

3. Potencia el adoctrinamiento católico en la escuela.

En marzo de 2017, tras la pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes, hubo una huelga de la enseñanza con participación de toda la comunidad educativa. Se pedía derogar cuanto antes la LOMCE calificada como ideológica y elitista, sin esperar a la conclusión de la negociación del pacto educativo en el Congreso. El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) justificaba la huelga porque el gobierno conservador mantenía la misma política educativa, a pesar de perder varios millones de votos en las elecciones; mientras se organizaba el diálogo para el pacto educativo, el gobierno conservador en minoría aprovechaba la falta de consenso entre las fuerzas opositoras para mantener el proceso de implementación de la ley Wert. Lo único conseguido hasta el momento ha consistido en eliminar las reválidas que esa ley introduce en cada en tramo de la enseñanza -una evaluación externa donde el ministerio de educación evalúa las competencias alcanzadas por los alumnos-.

El 26 de julio de 2017 la Cortes publicaron «Resumen global por temas de las comparecencias de la subcomisión Pacto de Estado Social y Político por la Educación«, donde se recogían las intervenciones de los agentes sociales en las Cortes y se exponía el debate realizado durante el segundo trimestre del año (Foro 2017). Un documento sin efectividad práctica; tanto es así que en septiembre los miembros del Foro de Sevilla denunciaron la nulidad efectiva de esa subcomisión. Según el representante de Podemos: seis meses después de la huelga, la situación apenas ha cambiado. El PP plantea la subcomisión como una prórroga de la LOMCE (Castillo 2017b). En efecto, el Pleno del Congreso aprobó prorrogar otros seis meses los trabajos de la subcomisión que negocia el Pacto por la Educación, solicitada por todos los grupos, lo que prolonga la vigencia de la controvertida ley. El partido conservador ha retenido el poder político a pesar de contar con mayorías escasas, imponiendo su punto de vista en la mayoría de los asuntos, gracias al apoyo de la UE y las instituciones no democráticas del Estado, como la monarquía, los tribunales y los cuerpos de seguridad.

Esta situación ha derivado en que los grupos de la oposición se planteen acuerdos para modificar puntos concretos de la LOMCE. Entre los puntos más necesarios para modificar están: los conciertos educativos como forma de privatización de la enseñanza -la educación concertada es proporcionada por entidades privadas subvencionadas con dinero público-, la obligatoriedad de la asignatura de religión y su validez significativa para el currículum, y la segregación de los niños en fases tempranas de aprendizaje creando líneas educativas diferenciadas.

4. La privatización de la educación.

La LOMCE promueve la privatización de la enseñanza, como una forma de establecer jerarquías y elites sociales en consonancia con la reciente evolución de la sociedad occidental hacia un modelo competitivo y autoritario -puesto que no hay democracia dentro de la empresa privada que compite en el mercado-. Esa privatización toma la forma de centros de enseñanza concertados: el Estado subvenciona centros privados con fondos públicos, para que ejerzan una labor educativa complementaria a la escuela pública, bajo la argumentación de proteger la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones personales. Podemos establecer dos aspectos de esa privatización: la mercantilización de la enseñanza y los recortes en el gasto público educativo.

4.1. Se entiende la mercantilización de la educación como la transformación de este derecho universal en un servicio, satisfecho por las empresas privadas a cambio de un valor monetario establecido por el mercado.

Hace ya más de una década, en el cambio de siglo, se dieron a conocer los proyectos privatizadores de la enseñanza por parte del capitalismo internacional: se calculaba que la educación constituía, para las empresas del conjunto de los países de la OCDE, un negocio potencial con valor equivalente al mercado mundial de automóviles. La privatización y comercialización de la educación se presentaba como uno de los objetivos de las grandes empresas multinacionales secundadas por organismos supranacionales como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial.

En aquellas fechas se estableció el AGCS (Acuerdo General para el Comercio de Servicios), cuya finalidad consistía en establecer un marco normativo internacional para el comercio de servicios, contribuyendo así a su expansión progresiva. Se quería liberalizar los mercados, esto es, facilitar desde el punto de vista legal la eliminación de todo tipo de barreras, haciendo posible la mercantilización de los servicios, de forma que las empresas transnacionales se apoderen del sector terciario de la economía en constante crecimiento (los servicios representan en torno al 50% del PIB mundial). En la reunión de la OMC celebrada en Hong Kong en diciembre de 2005, se adoptó una Declaración Ministerial en la que se recomienda a los países que aún no lo han hecho, la apertura de sus mercados, es decir, el compromiso de liberalización de sectores como la educación (Quirós 2004).

Sin embargo en 2006 se produjo el fracaso de la ronda Doha, que como señalaron diversos observadores resultó en beneficio para los pobres, paralizando esos procesos privatizadores. Pero ese fracaso no terminó con la lucha política de los grandes capitales por modificar la legislación en su beneficio. Desde entonces se han intentado concertar varios tratados internacionales que dan ventaja a las empresas, como el ALCA en América -también fracasado-, y el TTIP-CETA en Europa -que todavía no han sido aprobados a pesar de las enormes presiones ejercidas-. Se quiere subordinar así la acción política del Estado a los intereses y beneficios de las empresas privadas. Con ellos la sociedad pierde la capacidad para controlar y planificar los procesos educativos.

Ante el fracaso de esos tratados internacionales, la educación sigue bajo la custodia de los Estados nacionales, aunque en Europa esa soberanía está subordinada a los tratados comunitarios que escapan a los mecanismos democráticos de supervisión política. Así los Consejos de Ministros Europeos en Lisboa (2000) y Barcelona (2002), tomaron decisiones en materia educativa a espaldas de la ciudadanía y sin ningún control democrático. En la Declaración de Bolonia de 1999 se puso en marcha el Espacio Europeo de Educación Superior, con la reforma de los estudios universitarios que abrió las puertas a su privatización: proliferación de universidades privadas y reducción del ciclo de formación superior a cargo del Estado, creando un ciclo suplementario de estudios –másters de especialización- pagados por el alumno y en buena parte privatizados.

La justificación de esos procesos de privatización tiene un doble aspecto:

1. se basa en los derechos de la familia a proteger sus particularidades ideológicas: el Tratado Constitucional Europeo reconoce el derecho de los padres a asegurar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, escogiendo el centro de enseñanza que consideren oportuno, lo que es una puerta abierta a la enseñanza privada.

De ese modo se erosiona la posibilidad de construir el Estado laico, a partir de una cultura ciudadana fundada en el bien común y la participación en las decisiones colectivas. O bien las agrupaciones confesionales son consideradas como grupos de presión en la negociación social para la decisión política, o bien la regulación social queda al albur del mercado y el beneficio empresarial. En el primer caso, no se puede negar el derecho a tener las propias creencias y a compartirlas en la privacidad, pero no es admisible que lo privado interfiera en la cultura colectiva, destruyendo la esfera pública; esa dinámica lleva a la generalización de los conflictos que podemos observar en las sociedades posmodernas. En el segundo, la privatización de la educación pública se corresponde con la negación de la racionalidad, entendida como diálogo y consenso público entre sujetos sociales con perspectivas diferentes, pero complementarias. En ambos casos, se destruye la racionalidad moderna fundada en el laicismo y el diálogo.

2. afirma la eficacia de los centros privados para la profesionalización competitiva; la ideología que defiende este tipo de enseñanza se basa en la teoría del capital humano: la especialización y cualificación del trabajo es el rasgo que determina la productividad de los trabajadores y, consecuentemente, su remuneración y posicionamiento en el mercado de trabajo; se produce así la estratificación y desigualdad que caracterizan a la así llamada sociedad del conocimiento.

Pero los hechos desmienten esa supuesta teoría sociológica. La hipotética relación entre la enseñanza privada y la preparación profesional es falsa. Si por un lado la calidad de la enseñanza no mejora con la privatización, por otro el negocio educativo no fabrica mejores profesionales. Ni forma mejores personas, ni proporciona más amplios conocimientos. La educación no se reduce a enseñanza, el aprendizaje de técnicas manuales o intelectuales, sino que contiene una imprescindible labor de formación personal y desarrollo de la conciencia. Por eso, incluso en las cuestiones técnicas y en la especialización profesional resulta inferior, pues el ser humano es algo más que una máquina. Más importante que aprender, es aprender a aprender, esto es, tener instrumentos intelectuales que permiten a las personas desarrollar autónomamente los propios conocimientos.

Por otro lado, esa enseñanza valorativamente neutra -cuyo principal y más decisivo valor es el monetario- produce la homogeneización cultural dentro del pensamiento único, dirigido por la competencia económica en el mercado hacia el mayor beneficio entendido como racionalidad. Lejos de crear una sociedad diversificada por sus creencias privadas, la privatización de lo público crea personalidades unidimensionales: el único valor que todo individuo reconoce como auténtico es el dinero, que sirve como medio para realizar la cooperación social a través de los intercambios en el mercado. A menos que adopten formas de desarrollo alternativas, los países del sur europeo -menos desarrollados en forma capitalista y, por tanto, menos competitivos en términos mercantiles, pero ideológicamente subordinados al centro imperialista del sistema- sufren especialmente este problema.

Sistemas de evaluación meramente cuantitativos miden destrezas de los alumnos, pero no toman en cuenta otros factores educativos y desarrollos personales. Por ejemplo, la formación en valores, la socialización y sociabilidad, el sentido de la justicia, la inteligencia emocional, son aspectos de la personalidad que inciden en la realización personal, pero no pueden ser adecuadamente evaluados por los test de aprendizaje, diseñados por las instituciones oficiales al servicio del proyecto neoliberal. Sobre la base de esas evaluaciones sesgadas por los intereses de la productividad capitalista se crea la competencia entre centros dentro del mercado educativo. Pero incluso desde este tipo de evaluaciones -como es el Informe PISA-, el sistema educativo español no ha mejorado sus resultados en los últimos 15 años (Pisa 2015).

4.2. Recortes de la LOMCE: reducción del gasto público en educación.

Las huelgas de la enseñanza se han sucedido en los últimos años contra la LOMCE por su ideología, pero también por la reducción del gasto público en educación. Parece evidente que una educación de alta calidad necesita una financiación sostenible, sin embargo, esta ley no lleva ninguna memoria económica, sino que lo que hace es ajustar los términos legales del presupuesto educativo a una disminución de casi un punto del PIB en materia educativa. El gasto educativo español es inferior a la media de los 35 países que integran la OCDE en todas las etapas, desde la educación infantil a la Universidad.

Las medidas que acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa LOMCE) se concretan en recortes de la inversión pública en educación desde que el PP ha empezado a gobernar; este partido adoptó un compromiso con la UE de recortar más de 15.000 millones de euros hasta 2015 del gasto público educativo -que se sitúa en el 4% del PIB-, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE -media del 5,6% del PIB y 9% en Finlandia y Dinamarca. Lo que se ha traducido en una reducción de las plantillas de profesorado -afectando especialmente a los profesores interinos- y un aumento de la ratio de alumnos por aula. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual (Díez Gutiérrez 2013).

La Marea Verde -movilización ciudadana en contra de la política conservadora en educación- señalaba los propósitos ideológicos de la LOMCE, que incluían impulsar los procesos de privatización de la educación. En efecto, esta ley aumenta los conciertos educativos, un modelo de escuela privada subvencionada por el Estado. En Alemania, el porcentaje de alumnos matriculados en la escuela pública es del 92%. En Francia, del 87%. En el Reino Unido, del 95%. En Noruega, del 97%. En Grecia, del 93%. En Italia, el 94,5%. Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y Croacia superan el 98%. En una Europa con gran diversidad de sistemas educativos, un punto en común en todos ellos es el peso residual de la escuela privada. España, en cambio, se queda en el 68%. Está 22 puntos por encima de la media europea en alumnos matriculados en escuelas concertadas. Solo Malta y Bélgica la superan (Castillo 2017a).

Lo que se conoce como enseñanza concertada son los centros privados sostenidos con fondos públicos. El mecanismo para fomentar la enseñanza privada incluye el deterioro de la pública, de forma que esta pierde alumnos pues los padres prefieren matricular a sus hijos en la privada. Esto se aprecia especialmente en la Comunidad de Madrid, donde después de gobernar varias décadas, el PP ha dejado porcentajes del 50% para la enseñanza privada. En algunas zonas como Vallecas -un barrio obrero de tradición progresista-, hay más alumnos en la enseñanza privada que en la pública.

5. Déficit de valores: la ideología como una cuestión privada -la conciencia religiosa frente a la conciencia de clase-.

La ideología privatizadora se funda en un concepto privativo de la libertad, que se desentiende de los condicionamientos sociales que forman la personalidad y constituyen el fundamento de su acción personal. El individuo perdido en la masa ha roto sus lazos vitales con la comunidad, ignora su capacidad de desarrollarse como persona a través de un proyecto de cooperación social. La libertad se realiza, entonces, como libertad de elegir y consumir entre productos alternativos en el mercado, entre marcas o empresas, tanto como entre ideologías y creencias puramente subjetivas.

En esa sociedad capitalista, el mercado es el lugar donde se realiza la cooperación social entre individuos egoístas. Pero su egoísmo es el fundamento mismo de su esclavitud, puesto que necesitan vender sus capacidades y habilidades en el mercado de trabajo para poder satisfacerlo. Esos individuos se dejan llevar por impulsos inconscientes estimulados por la propaganda consumista, se encuentran subordinados a los intereses ajenos sin tener conciencia de ello, -enajenados o alienados en las masas anónimas de las metrópolis capitalistas-. Son unidimensionales: átomos carentes de entidad personal, sometidos a las fuerzas impersonales del mercado. La enseñanza privatizada, que promueven los gobiernos liberales, tiene por objetivo producir ese tipo de personalidades unidimensionales.

5.1. Preparación profesional contra educación en valores.

La enseñanza de habilidades y capacidades tecnológicas tiene por objetivo mejorar la cualificación de los trabajadores, lo que aumenta la productividad de su trabajo, permitiéndoles acceder a mejores condiciones laborales y retribuciones. Ese adiestramiento se convierte en valor económico a través de la competencia por el puesto de trabajo; se opone así a la formación del carácter moral por una educación emancipadora que proporciona a la persona criterios y valores conscientes. La enseñanza en las modernas sociedades capitalistas no se entiende como el fundamento del desarrollo personal, sino como un instrumento para aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía (junto con otros elementos como la privatización de las pensiones, la flexibilidad laboral, el retraso en la jubilación, etc.).

Los fallos de ese tipo de educación se han mostrado de forma desastrosa en estos años de crisis. La falta de puestos de trabajo para las cualificaciones alcanzadas por los estudiantes ha tenido dos consecuencias notables: a) ha generado una fuerte emigración de los jóvenes hacia aquellos países que resistieron mejor la crisis; b) muchos jóvenes han aceptado trabajos muy inferiores a su cualificación profesional, con remuneraciones inferiores a las previstas. La precariedad laboral y los contratos basura han golpeado fuertemente a la clase trabajadora, especialmente entre los jóvenes; éstos, en su protesta que nació el 15M del 2010, adoptaron el lema de juventud sin futuro.

Y no se debe olvidar que el actual desarrollo tecnológico es responsable de la crisis ambiental, que está destruyendo la biosfera terrestre; las décadas del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, la computación y la automatización de las fábricas, las redes telemáticas y el acceso a la información, han sido también los años en los que se he generado una crisis ambiental espantosa que compromete gravemente el futuro de las jóvenes generaciones.

La necesidad de una renovación pedagógica se hace cada vez más evidente; urge hacer transformaciones hacia un modelo educativo más integral, crítico y comprometido con el mundo en que vivimos. Sin embargo, en el Estado español esa renovación pedagógica se ha hecho cada vez más difícil desde hace años en el ámbito de la escuela pública. El sistema evoluciona en sentido contrario, incrementándose la intensidad con que se aplican las medidas liberales en educación; para los gobiernos conservadores el problema de la educación, como el de la economía mixta, no es la falta de racionalidad del mercado como instrumento para organizar la cooperación social, sino los obstáculos para la libre competencia representados por la existencia de intervenciones estatales en la economía. Pero incluso la cooperación social no estatal, basada en el altruismo y la benevolencia, son considerados negativamente por esa ideología de la competencia darwinista.

Desde algunos agentes de la comunidad educativa -como los sindicatos de profesores y la CEAPA- se han aducido razones económicas para explicar estas dificultades, pues resulta el dato más obvio y fácil de establecer. Y no les falta razón si observamos los datos económicos ya expuestos: la reducción sistemática de recursos económicos, conlleva la disminución del profesorado, el aumento de ratios y la inestabilidad de los equipos docentes. Pero se deben añadir otros factores menos fáciles de cuantificar, como la falta de autonomía en los centros públicos y la cultura mercantilista e individualista del capitalismo liberal. Tampoco ayuda el modelo educativo puramente academicista y selectivo, cargado de burocracia y de currículos inabarcables y farragosos, que imponen las leyes de educación. La imposición de pruebas estandarizadas y seleccionadoras dificultan enormemente otras formas de educar, que no sean las que impone el adiestramiento para su superación. Finalmente, la rutina, la dictadura del libro de texto, el aislamiento que conlleva la falta de tiempo para coordinarse, planificar y compartir experiencias entre los docentes, el miedo al cambio y la falta de una sólida formación, también forman parte de los obstáculos que hacen difícil la extensión de proyectos y prácticas innovadoras.

La transformación profunda de la escuela debe servir para crear una cultura radicalmente diferente, que supere el sistema capitalista profundamente corrompido. La educación es un factor esencial para la emancipación humana en la autorrealización individual y colectiva, y el desarrollo pleno de las personas; el marco de esa emancipación es una sociedad fundada en compartir la experiencia vital, construyendo equidad y justicia social. Parece difícil que la renovación de la enseñanza pueda realizarse en el marco de una sociedad de masas regida por los criterios mercantiles: la reforma educativa requiere un cambio en las orientaciones fundamentales de la sociedad.

La crítica de la tecnología fundada en los valores humanos debe partir de la constatación de su ambivalencia y su carácter de instrumento para fines sociales. La técnica no es un destino de la humanidad, como lo plantea la ideología del capitalismo liberal, sino el medio racional para construir un mundo verdaderamente humano, transformando la naturaleza con el trabajo colectivo. El destino humano depende de que sepamos hacer efectivos los valores racionales de la humanidad, subordinando la tecnología a la realización social de las personas. La ciencia no es neutral, pues depende de los valores sociales que inspiran sus formulaciones; y esto es especialmente cierto en el terreno de las ciencias sociales como la pedagogía. Pero los descubrimientos tecno-científicos pueden ser utilizados de formas diversas, y hemos de aprender a utilizarlos de forma emancipadora a través de la formación de personalidades críticas y autónomas que se realizan dentro del compromiso social.

5.2. Enseñanza confesional

La planificación educativa consigue introducir la confesionalidad del sistema de enseñanza español a través de dos vías: primero, la concertación; y segundo, la asignatura de religión. La concertación es la concesión de licencias para la enseñanza a empresas privadas, a cambio de subvenciones públicas. En España el 80% de las escuelas concertadas son religiosas y esto supone una importante cantidad de dinero público para la Iglesia.

Además, la LOMCE establece que la asignatura de religión es evaluable en primaria y secundaria, y cuenta para la nota media del alumno. Por tanto, influye en la concesión de becas y ayudas basadas en el rendimiento académico. Es de remarcar que los profesores de religión son seleccionados por el obispado, lo que supone una imposición de una entidad privada sobre la escuela pública. Esos profesores suelen calificar muy alto a sus alumnos, y además ofertan viajes a Roma para hacer atractiva su asignatura. Así tenemos que, después de varias décadas de política de infiltración en la escuela, la Iglesia ha conseguido que numerosos alumnos cursen la asignatura de religión, y son escasos los alumnos que siguen los itinerarios alternativos.

El peligro de esa enseñanza es la inculcación de ideas que están contra el sentido laico de la sociedad moderna. En muchos religiosos esas ideas están en contra de los derechos humanos; de modo que se puede defender una ideología racista, machista y patriarcal, desde una tribuna legítima como es la de la escuela pública. Por poner algunos ejemplos, el arzobispo de Granada afirmaba que el aborto favorece el maltrato a las mujeres, o que las mujeres tienen que leer el libro Cásate y sé sumisa; el arzobispo de Valencia, preguntaba si esa invasión de refugiados es todo trigo limpio, y afirmaba que hay que luchar contra el imperio gay…

El fundamento legal de esa situación reside en las ambigüedades de la Constitución española, que en su artículo 27 afirma el derecho a la educación religiosa y moral y a la libertad educativa. La interpretación liberal de ese artículo ha derivado en la creación de una doble red, privada y pública, que constituye un factor de desigualdad por la selección del alumnado que introduce en el alumnado, además de irracionalidad y conservadurismo.

6. El fracaso escolar en España.

El modelo liberal de la enseñanza en España, basado en el pacto entre un partido conservador y otro progresista, ha fracasado a raíz de la crisis económica, porque ésta ha traído una involución autoritaria, de modo que los conservadores han conseguido imponer su concepción de la educación, igual que en otros aspectos de la cultura y la sociedad. Pero la inviabilidad del modelo venía ya anunciada por los altos índices de fracaso escolar y la baja calidad de la enseñanza, según los índices elaborados por esa misma concepción de la enseñanza. Esa circunstancia ha sido aprovechada por el partido conservador para justificar sus políticas educativas.

Los Informes PISA, que miden la calidad de la enseñanza desde los criterios cuantitativos que venimos criticando, muestran que los resultados de los alumnos españoles no han mejorado en las últimas décadas; los resultados del último informe muestran notas casi inalterables durante las seis ediciones celebradas desde al año 2.000. De modo que el modelo liberal de la enseñanza no solo resulta un fracaso desde el punto de vista de la educación en valores; lo es también en sus propios términos, incapaz de mejorar las habilidades cognitivas de los alumnos, medidas por los test cuantitativos del aprendizaje.

6.1. Los datos del fracaso escolar.

El Informe sobre el fracaso escolar en el año 2003 de Álvaro Marchesi, Exsecretario de Estado para la Educación, sigue teniendo vigencia después de década y media y voy a utilizarlo como referencia, dado que los índices de la educación apenas han mejorado en los últimos años según nos muestran los Informes PISA.

Hoy la necesidad de mayor nivel de formación de la población se corresponde con unos datos de mayor porcentaje de alumnos estudiando: en 1945, el 80% de los alumnos de 14 años en Europa occidental dejaban la escuela para trabajar, mientras que en el año 2000, el 80% de los jóvenes de 17 años se mantienen estudiando (Marchesi 2003, 11). El problema, por tanto, está en que la sociedad es más exigente, los conocimientos que se necesitan son mayores y las habilidades requeridas para el trabajo son habitualmente de nivel superior. La consecuencia de este planteamiento es clara: alumnos que no fracasaban en el año 1975 podrían ser fracasados escolares en 2002. La dificultad en cada momento histórico se sitúa en establecer los conocimientos básicos que se requieren para integrarse en la sociedad. La educación en España sigue los patrones europeos con un cierto retraso: durante los años 80 la exigencia mínima era el título de EGB que se obtenía a los 14 años. Al final de la década de los años 90 se empieza a exigir que los alumnos hayan cursado, al menos, diez años de educación obligatoria. Hoy los jóvenes prolongan sus estudios, entre otras cosas porque las ofertas de trabajo son escasas y en malas condiciones laborales.

Según los Informes PISA los estudiantes españoles, junto con los portugueses, alcanzan los peores resultados en las pruebas que miden las capacidades desarrolladas -en el último Informe, los alumnos portugueses superaban a los españoles-. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por los alumnos españoles de quince años en comprensión lectora son inferiores a los de la media de la OCDE. Es también significativo el alto índice de abandono escolar. El porcentaje de la población que alcanzaba los objetivos de la enseñanza obligatoria o equivalente en el año 1999 es del 76,4%, y el fracaso escolar pasó del 37% al 23,6%, en diez años de la década de los 90, lo que supone una reducción del 13,4%. Sin embargo, según el Eurostat de 2013, que elabora estadísticas sobre diversos aspectos de las sociedades europeas, el sistema educativo español mantenía altas tasas de abandono escolar catorce años después -incrementándose incluso en más de un punto: 24,9%, 28,8% alumnos y 20,8% alumnas-.

En tercer lugar, el fracaso escolar debe medirse también por la repetición de cursos. El porcentaje de estudiantes repetidores es demasiado alto en España, que es el noveno país con más repetidores de los 72 analizados en el informe PISA: el 31% de los estudiantes de 15 años aseguró haber repetido algún curso, frente a la media europea de 11%. Los resultados del Informe PISA muestran que eso no solo es ineficaz, sino que desmotiva a los estudiantes y es costoso para el sistema

El mantenimiento de altas tasas de fracaso escolar provoca graves consecuencias en los alumnos y en la sociedad. Los jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo, o que no alcanzan la cualificación mínima necesaria tienen una escasa confianza en sus posibilidades y una baja motivación para incorporarse a programas de formación. La probabilidad de encontrar un trabajo, su estabilidad en el mismo y su retribución económica es menor que en los casos de mayor nivel educativo. Pero tal vez lo más grave sea su dificultad de adaptarse a las crecientes exigencias laborales, por lo que el riesgo de marginación económica y social se incrementa. El problema del fracaso escolar no es solo un problema educativo, es también un problema con enormes repercusiones individuales y sociales.

6.2. Causas del fracaso escolar.

Las leyes educativas de los gobiernos conservadores -como la LOCE de 2002 y la LOMCE de 2013- han insistido una y otra vez en la importancia del esfuerzo de los alumnos como factor principal de su éxito o fracaso escolar. Otras perspectivas más científicas y menos ideológicas, por el contrario, han puesto el énfasis principal en los factores sociales y culturales. El hecho de que las zonas socialmente desfavorecidas tengan un porcentaje superior de fracaso refuerza esta posición. Por tanto, el modelo que debe proponerse para comprender el fracaso escolar debe incorporar estos factores para ofrecer una visión amplia e integradora.

Una teoría comprensiva del problema abarca seis niveles estrechamente relacionados: sociedad, familia, sistema educativo, centro docente, enseñanza en el aula y disposición de los alumnos. El referido informe de Marchesi estudia esos niveles teniendo en cuenta indicadores específicos que se consideran relevantes: contexto económico y social, dedicación y expectativas de las familias, gasto público en educación, tiempo de enseñanza, organización y funcionamiento de los centros docentes, estilo de enseñanza de los profesores e interés de los alumnos.

Hay tres aspectos del fracaso escolar: a) alumnos que no alcanzan los conocimientos mínimos exigidos; b) los alumnos que abandonan la escuela obligatoria sin alcanzar la titulación correspondiente; c) las consecuencias laborales y sociales en la edad adulta. Estos tres aspectos pueden reducirse a uno: se debe entender el fracaso escolar como la ruptura de la persona con los procesos de desarrollo cultural y tecnológico de la sociedad en la que vive (Marchesi 2003, 7-8). La formación personal es una tarea permanente de la vida humana; pero especialmente en nuestras sociedades, basadas en el conocimiento y la cualificación del trabajo, es una necesidad por la velocidad de los cambios tecnológicos que se están produciendo. Por eso el fracaso escolar se convierte en un proceso de ruptura con el entorno social, produciendo marginación y conflictos personales. Eso significa también que el fracaso escolar tiene dos aspectos: la incapacidad para adquirir habilidades intelectuales y manuales, tanto como el fracaso en las relaciones socio-afectivas.

El modelo pedagógico conservador se desentiende del fracaso escolar porque al mismo tiempo que se crean empleos que requieren una alta cualificación del trabajo, se crean otros innumerables que se pueden realizar sin cualificación y que no requieren formación. Estimula la formación de los mejor dotados para que realicen los trabajos más productivos, mientras margina a la mayoría hacia empleos precarizados y rutinarios. Sería esta la vía conservadora para resolver un agudo problema presente en la actual sociedad desarrollada: la existencia de personal cualificado que no encuentra empleos para desempeñar sus conocimientos y deben aceptar trabajos sin cualificar, o bien emigrar a otros países empobreciendo a la propia sociedad. Para afrontar el fracaso escolar es necesario tener en cuenta la evolución de las sociedades contemporáneas, tanto por el entorno tecnológico que construyen, como por las relaciones sociales de producción que establecen.

Del estudio de Marchesi pueden subrayarse los siguientes resultados:

0. El entorno social influye en el rendimiento de las clases más bajas de la sociedad: más del 70% de los alumnos de Garantía Social provienen de los estratos inferiores de la sociedad.

1. El nivel educativo de los padres influye en el rendimiento académico de los hijos.

2. España tiene un bajo porcentaje de alumnos que continúan la educación posobligatoria.

3. El funcionamiento del sistema educativo tiene responsabilidad importante en el fracaso escolar.

4. El gasto por alumno explicaría el 17% de las puntuaciones de los alumnos; el gasto público es una condición necesaria pero no suficiente.

5. El tiempo efectivo de instrucción está estrechamente relacionado con el aprendizaje de los alumnos. El número total de horas dedicado a las matemáticas y las ciencias es inferior en la educación española a la media de la OCDE, si bien los alumnos españoles dedican más tiempo que la media al estudio fuera de la escuela.

6. La tradición educativa española es muy centralista y homogeneizadora, falta autonomía en los centros, lo que produce una cierta rigidez en el funcionamiento de los mismos y la falta de flexibilidad para adaptarse a contextos cambiantes.

7. La formación del profesorado es deficitaria, y no acompaña el desarrollo de la sociedad.

7. Un modelo alternativo: Foro de Sevilla

Como se ha señalado más arriba, las evaluaciones de distintos organismos internacionales, como la OCDE y la Comisión Europea, muestran que el sistema educativo español genera altas cifras de fracaso escolar. Pero en lugar de responder a esos problemas de manera justa y científica, el gobierno conservador ha implementado un modelo escolar competitivo y segregador, al servicio de la economía de mercado. Ese modelo agravará el problema del abandono escolar, puesto que su objetivo es crear capas diferenciadas entre trabajadores de una sociedad clasista. La comunidad educativa se ha levantado contra esa ley, generando una movilización social de envergadura, que se apoya en un modelo alternativo para la educación. La reforma educativa es una necesidad urgente para la sociedad española; sin embargo, ésta se encuentra bloqueada de momento, al permanecer bajo la hegemonía conservadora. De ahí que esa movilización persistente de la comunidad educativa todavía no haya dado resultados. Mientras que la actitud del Estado se concentra en la legislación y las normas, esa renovación pedagógica tendría que apoyarse en las aspiraciones del profesorado para mejorar la calidad de la enseñanza y la participación de todos los agentes de la educación. La mejora del sistema educativo dependerá de la capacidad de los enseñantes para actuar consistentemente en función de las necesidades escolares, asumiendo un programa pedagógico científicamente fundamentado.

Apoyándose en los debates internacionales realizados en las últimas décadas -el Foro Social Mundial y su Carta de Porto Alegre de 2001 y 2003, la Declaración de Quebec de 2001, la Declaración de São Paulo de 2004 y la Declaración del IV Congreso de la Internacional de la Educación de 2004-, el Foro de Sevilla demanda una educación integral y democrática desde sus primeras reuniones. En abril de 2015, se crean las Redes por una Nueva Política Educativa en el Encuentro social de debate. Por una nueva ley educativa, con más de 30 organizaciones de la sociedad civil no empresarial. Las conclusiones de este encuentro afirmaban los principios de igualdad, participación democrática, laicidad, coeducación, sostenibilidad, cooperación y demás valores democráticos de la educación (Foro 2015). Un año después esas propuestas fueron discutidas en el Congreso de los Diputados (Anexo II).

Esta toma de posición inicial se ha ido desarrollando a través del debate colectivo en una serie de documentos que exponen su concepción de la educación. En diciembre de 2016 se presentó el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo de las Redes, donde se afirmaban los principios para una educación democrática:

«La educación que queremos se basa en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación. Que desarrolle un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad educativa.»

Las funciones de la educación comprenden el desarrollo intelectual, la formación para la ciudadanía, el desarrollo emocional para el bienestar personal y colectivo, y la formación general y específica para desarrollar tareas productivas útiles y sostenibles. Elementos indispensables para alcanzar esas funciones son la educación democrática, la eliminación del patriarcado, la defensa del medio ambiente, el desarrollo de la sensibilidad estética y la atención personalizada fundada en el respeto hacia las particularidades de cada cual. Este Documento señala, además, que la legislación en materia educativa debe fundamentarse en los pactos internacionales sobre las bases jurídicas de la sociedad moderna, estos es, la Declaración universal de los derechos humanos, la de los Derechos de la Tierra y la de los Derechos de la infancia. Garantizar esos derechos de forma universal es competencia de los poderes públicos, que deben aportar los recursos necesarios para hacerlos realidad, favoreciendo la autonomía y la capacidad crítica de las personas, y sin pretender adoctrinarlas.

A lo largo del año 2017 la comunidad educativa participante en el Foro se ha reunido con los partidos políticos en las Cortes, para gestionar el cambio legislativo, sin lograr sus propósitos de paralizar la LOMCE a pesar de que los conservadores han perdido la mayoría parlamentaria.

BIBLIOGRAFÍA

BOE (2016): https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf

CAÑADA, Manuel (2017): Siete tesis de urgencia sobre la renta básica. http://rebelion.org/noticia.php?id=235464

CASTILLO, Carlos del (2017a): Las razones de la educación pública para rebelarse contra la LOMCE. Público. http://www.publico.es/politica/huelga-razones-educacion-publica-rebelarse.html

CASTILLO, Carlos del (2017b): El pacto educativo se retrasa: la LOMCE seguirá viva hasta final de legislatura. Público. http://www.publico.es/politica/pacto-educativo-retrasa-lomce-seguira-viva-final-legislatura.html

DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique (2013): 14 razones para retirar la reforma educativa. https://www.cronicapopular.es/2013/07/14-razones-para-retirar-la-reforma-educativa/

FORO de Sevilla (2015): Por otra política educativa, https://porotrapoliticaeducativa.org/

FORO de Sevilla (2017): En defensa de una planificación educativa al servicio de la ciudadanía y no de la segregación escolar. https://porotrapoliticaeducativa.org/2017/07/31/en-defensa-de-una-planificacion-educativa-al-servicio-de-la-ciudadania-y-no-de-la-segregacion-escolar/

MARCHESI, Álvaro (2003): El fracaso escolar en España. https://www.nodo50.org/movicaliedu/fracasoescolarespana.pdf

PISA (2015): Resultados clave. https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf

QUIRÓS, Beatriz (2004): Comercialización de la educación. África, América Latina. Cuadernos, 45.

ANEXO I. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DE LAS REDES POR UNA NUEVA POLÍTICA EDUCATIVA

Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por los colectivos y plataformas: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública.

Sindicatos de Estudiantes Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.

Asociaciones de Madres y Padres Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.

Organizaciones Sindicales Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical y CGT Confederal

Partidos Políticos Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana

ANEXO II. EL PROGRAMA EDUCATIVO A DEBATE.

Bajo el título de «Jornada de debate sobre educación. Propuestas para una nueva ley educativa», el jueves 28 de abril de 2016 a las 17 horas, en el Congreso de los Diputados, se reúnen colectivos y organizaciones con los partidos políticos para presentar un gran Acuerdo Social y Político que servirá para la elaboración de una nueva ley que dé estabilidad al sistema educativo

Los ejes principales que se debatirán se centrarán en torno a las propuestas del documento:

*La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta firme por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.

*La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.

*La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.

*La Laicidad del sistema educativo, lo que significa sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar.

*La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados concertados.

*Un currículo inclusivo que reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.

*Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.

*La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.

*Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones.

*Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.

*Aprobar una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.

*Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.

*Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos. No realizar pruebas externas que produzcan la homogeneización del aprendizaje y su utilización en la confección de baremos, que jerarquicen los centros y den pie a la segregación del alumnado.

Nota:

1^ Ver Anexo I para la composición del Foro de Sevilla.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.