En 2006, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció que se iba a llevar a cabo la reforma del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el proyecto para modificar la Ley General de la Seguridad Social, sin embargo la última reforma del mercado de trabajo no modifica la situación de precariedad en la que están […]
En 2006, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció que se iba a llevar a cabo la reforma del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el proyecto para modificar la Ley General de la Seguridad Social, sin embargo la última reforma del mercado de trabajo no modifica la situación de precariedad en la que están instaladas las trabajadoras del sector doméstico. La reforma laboral ha modificado levemente algunos puntos sin tocar lo esencial, es decir, sin alterar la invisibilidad de un trabajo que se relaciona directamente con la migración femenina, los cuidados y, en definitiva, la propia organización de la sociedad.
Si la crisis económica ha aumentado los índices de desempleo, no ha ocurrido así en el trabajo doméstico, donde el número de afiliaciones se ha mantenido estable o incluso en aumento en este sector claramente feminizado. Unas 800.000 personas, más del 90% mujeres, trabajan como empleadas del hogar en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De ellas, se calcula que 280.000 están dadas de alta en la Seguridad Social y el resto forman parte de la economía sumergida. Sin embargo, cotizar en este sector no supone un reconocimiento de derechos laborales equiparable a los del Régimen General, regulado desde 1985 por el Régimen Especial de Empleados del Hogar (REEH).
Arantxa Zaguirre, del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid, recuerda que en 2006 el Ejecutivo se comprometió a integrar a las empleadas del hogar en el Régimen General pero este compromiso nunca ha llegado a cumplirse. Durante este tiempo, sostiene que se ha producido una «simbiosis perversa» entre el REEH y la Ley de Extranjería a medida que se masificaba la incorporación de las españolas al mercado laboral y las tareas domésticas de las que se encargaban en casa se transmitían a mujeres migrantes. Hoy, el 65% de las trabajadoras del hogar afiliadas son extranjeras, muchas de ellas «capaces de aguantar condiciones que una trabajadora autóctona no soportaría» por miedo a perder los permisos de trabajo y de residencia, precisa Zaguirre. «La ausencia de prestaciones por desempleo puede llevar a la aceptación de situaciones inaceptables, como en el caso de empleadas internas sin red social o familiar en el Estado español, que saben que un despido supone quedarse sin trabajo, sin ingresos y sin casa en un mismo día«, explica esta abogada.
El REHH no reconoce cotizaciones y prestaciones por desempleo, de ahí que -según Zaguirre- muchas extranjeras en paro paguen de su bolsillo la cotización a la Seguridad Social -160 euros mensuales- para poder renovar sus tarjetas de residencia. Por otro lado, «a muchas españolas no les importa trabajar en negro porque la regulación es tan cutre que apenas les compensa estar dadas de alta», agrega la abogada. Por su parte, la antropóloga social Silvina Monteros incide en la necesidad de «abolir el régimen de internas» y que se fije una jornada máxima de 40 horas semanales, excepto en la regulación del trabajo nocturno, que debe fijar también una duración determinada.
«800.000 personas trabajan como empleadas del hogar en España, de ellas, 280.000 están dadas de alta en la Seguridad Social»
«Vivir con la familia da un toque de servilismo y el trato personal en esta convivencia dificulta que se defina la situación profesional», subraya Monteros. Respecto a las consecuencias de la Ley de Extranjería, coincide con Arantxa Zaguirre en que las reformas de la norma (la última se llevó a cabo en 2009) dificultan la reagrupación familiar e impiden a las migrantes tanto contar con un entorno que les ayude a conciliar su vida personal y profesional, como no ejercer su derecho a la maternidad.
Efectos de la reforma laboral
La reforma laboral aprobada por el Gobierno no mejora la situación del trabajo doméstico. Arantxa Zaguirre lamenta que «hacia donde vamos no es a que las trabajadoras del hogar se acerquen a conseguir los derechos del Régimen General, sino que el Régimen General se está acercando al de las trabajadoras del hogar«. Las novedades se basan en reducir del 45% al 30% el máximo del salario que se puede percibir en especie y establecer que no pueda cobrarse en metálico un salario inferior al mínimo interprofesional, fijado en 633 euros. Para Silvina Monteros, estas medidas son insuficientes porque la mayoría de las trabajadoras están sin contrato y, por tanto, no se puede asegurar el salario mínimo interprofesional; además, siempre cobran menos que el resto porque sólo se les reconocen dos pagas extraordinarias anuales de 15 días cada una.
Asimismo, la reforma contempla la contratación a través de entidades intermediarias que, a juicio de Monteros, favorecen la precariedad, a no ser que se llegue a un acuerdo de mínimos por debajo de los cuales no se permita contratar. Una de las causas de la ausencia de mejoras en la regulación del sector es que sus representantes, las asociaciones de trabajo doméstico, nunca se han sentado a la mesa de la negociación colectiva junto a la CEOE, CEPYME y los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT. Arantxa Zaguirre considera que la posición sindical «no está clara» y reconoce que la negociación es «difícil» porque «defienden a las empleadoras, que son trabajadoras normales que tienen salarios normales; la mayoría mileuristas». Por eso, apuesta por una «negociación diferente» para el caso de las trabajadoras del hogar que cuente con la postura de las asociaciones que las representan. En este sentido, Monteros critica la parálisis parlamentaria para mejorar las condiciones laborales del sector pero resalta que «a nivel cívico, las empleadas del hogar se están moviendo muchísimo y esto es muy positivo». Muestra de ello son los encuentros promovidos por el Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Promoción y Capacitación de la Mujer (UN-INSTRAW) en 2009, que reunieron en Madrid a más de 30 entidades sociales de todo el Estado que elaboraron un pliego de propuestas para acabar con las discriminaciones del REEH.
«A nivel cívico, las empleadas de hogar se están moviendo mucho y esto es muy positivo», recalca Monteros
Este año, la experiencia se repite en Granada, Albacete y Pamplona. Las tareas de cuidado Las deficiencias en la regulación del trabajo doméstico repercuten de forma negativa en las tareas de cuidado. Raúl Beltrán, colaborador de la Plataforma por la Defensa de la Ley de Dependencia, declara que en aplicación de esta ley, «las administraciones públicas están recurriendo de forma abusiva a las prestaciones económicas por personas cuidadoras en el entorno familiar». Según sus datos, el 49% de las prestaciones son de este tipo y las relativas a la contratación de personal asistente, que se corresponde con la contratación particular del trabajo doméstico, representan el 0,1%. En su opinión, estos porcentajes derivan, en parte, del hecho de que muchas personas dependientes no tienen ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades elementales (viviendas adaptadas, equipamientos, cuidados personales, movilidad, etc.). Beltrán añade que cuando no se cuenta con ayudas públicas, quienes no pueden hacer frente a los gastos que necesitan, «tampoco están en disposición de afrontar el pago de un salario justo para trabajadoras domésticas, con lo que se extienden las situaciones de exclusión social y precariedad entre ambos colectivos». Para Beltrán, la Ley de Dependencia debería ser «una buena oportunidad» para hacer emerger la economía de los cuidados que se encuentra al límite de la legalidad. No obstante, «la escasez de las ayudas económicas, así como la falta de servicios sociales públicos encargados de prestar servicios de apoyo a la autonomía personal, contribuyen a la situación de precariedad de las trabajadoras domésticas», concluye Beltrán.
La perspectiva ecofeminista
El grupo de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción entiende que el trabajo doméstico es «el sustento de nuestra existencia» pero «los trabajos esenciales para la supervivencia están infravalorados», explica Marta Pascual, una de las componentes del grupo. Para Ecologistas en Acción, este trabajo debería respetar los «tiempos de la vida» y convertirse en un modelo a imitar pero, para conseguirlo, es necesaria una revisión de la estructura laboral que suprima la división sexual del trabajo.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-PSOE-incumple-su-anuncio-las.html