Cuando apenas han transcurrido dos meses de vida del nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez, es difícil encontrar signos de cambio que vayan más allá de haber dejado atrás la era Rajoy en un plano más cosmético que simbólico. En efecto, ya sabíamos que en el núcleo duro de la política de Estado y de […]
Cuando apenas han transcurrido dos meses de vida del nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez, es difícil encontrar signos de cambio que vayan más allá de haber dejado atrás la era Rajoy en un plano más cosmético que simbólico.
En efecto, ya sabíamos que en el núcleo duro de la política de Estado y de la UE, o sea, la economía política, no cabía esperar un nuevo rumbo; la ministra de Economía Calviño lo dejó claro poco después de asumir su cargo cuando afirmó que «es vital la confianza de los mercados», si bien a continuación matizó, alertada quizás por su mala conciencia, «y también la de los ciudadanos». Lo mismo se podía prever respecto a la xenofobia institucional (con el nuevo invento de los «centros controlados» en países como Libia, mientras el ministro Grande-Marlaska no pone reparos a las nuevas «devoluciones en caliente» en el Norte de África), o a la cuestión catalana, más allá de la voluntad de diálogo en torno a un nuevo Estatut, pese a la derrota judicial sufrida en Alemania.
Con todo, parecía que el líder del PSOE iba a compensar su fidelidad a la vieja política con un esfuerzo por responder a algunas de las expectativas creadas en otros terrenos progresistas o, simplemente, regeneracionistas. Algo ha habido en este sentido: la universalización de la sanidad pública, el nombramiento a duras penas de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE o la disposición a exhumar el cadáver del dictador del mal llamado Valle de los Caídos. Sin embargo, ni siquiera se ha atrevido a hacer pública la lista de personas beneficiadas por la amnistía fiscal del ministro Montoro (pese a la promesa hecha desde la oposición), ha renunciado a derogar la reforma laboral de Rajoy (decisión desgraciadamente compartida por las direcciones de CCOO y UGT) y la Ley Mordaza, si bien aspira a cambiar algunos de sus artículos, y se ha opuesto a la inclusión del régimen especial de las trabajadoras domésticas en el general de la Seguridad Social; por no hablar de la todavía inconcreta disposición al acercamiento de presos y presas vascas, aunque sólo sea como cuota a pagar al PNV.
A todo esto se suman, por si cabía alguna duda de su fidelidad a los Borbones, su oposición a la Comisión parlamentaria de investigación sobre el emérito y ladrón rey Juan Carlos I a raíz del escándalo del caso Corinna y, last but not least, su compromiso a aumentar los gastos de defensa en cumplimiento de las exigencias del tan denostado Trump, al mismo tiempo que sigue sin concretar el impuesto a la banca ante las primeras críticas de esos patriotas del Banco Santander que amenazan ya con cambiar de sede madre.
Sería un error deducir de este sucinto balance que el PSOE no está obteniendo réditos de la centralidad que desde el gobierno está tratando de ocupar en el tablero político, como lo está confirmando su ascenso en los sondeos. No obstante, no parece que esa mejora esté consolidada ni que vaya a ser suficiente para contrarrestar la ofensiva de la derecha, si bien la polarización que ésta va a desarrollar con su estrategia de la crispación le pueda ayudar a ganar votos en el centro.
La disputa por la hegemonía en la derecha española
Del desenlace del Congreso del PP ha salido ganador un proyecto nada regenerador, pero sí firmemente dispuesto a buscar la polarización política y social; no sólo contra Unidas Podemos y el independentismo catalán sino también contra el mismo PSOE («todo a la derecha del PSOE», Casado dixit). De las declaraciones del nuevo, y todavía bajo la sospecha de fraude académico, líder del PP es fácil encontrar ya una audaz combinación de neoliberalismo (con su asesor económico Daniel Lacalle reivindicando «un PP liberal-conservador sin complejos y con orgullo» y proponiendo reducir el tipo máximo del IRPF a niveles inferiores al 40%), conservadurismo (defensa de la familia y de los privilegios de la iglesia católica), banalización del franquismo (no gastar un euro por la exhumación de Franco…), machismo (contra el derecho al aborto y la «ideología de género»), nacionalismo español reaccionario y punitivo (proponiendo incluir en el Código Penal el delito de «sedición impropia» y la restauración de la prohibición de referéndum, vigente bajo su mentor José María Aznar) y, por si lo echábamos en falta, apelación a la movilización ciudadana contra la «amenaza» de que «millones (¡) de africanos» lleguen a tierra española.
Esta firme decisión de optar por un discurso xenófobo le alinea con la extrema derecha europea, precisamente allí donde se encuentra la frontera más desigual del planeta, y está destinada a generar alarma social a base de mentiras entre una población cuya inseguridad ante su futuro se vería desviada hacia el resentimiento contra los sectores más vulnerables. Supone, por tanto, un verdadero llamamiento a intensificar la «guerra de fronteras» que desde hace tiempo vivimos en la fosa común en que se ha convertido el Mediterráneo 1/. No va a ser fácil hacer frente a esta nueva ofensiva si no sabemos acompañar la denuncia de sus mentiras con un proyecto de futuro alternativo, antineoliberal y solidario.
Así pues, derrotada la línea tecnocrática pero no por ello menos dura de Sáenz de Santamaría, ha ganado la opción a favor de un rearme ideológico que, de paso, le ayude a dejar en el olvido su corrupción estructural (que no por ello va a dejar de salir a la luz con nuevos juicios). De ese modo, busca competir desde la oposición con las fuerzas que en los últimos tiempos le disputaban la hegemonía en la derecha española: Ciudadanos y, en menor medida, Vox. Lo hemos visto ya con el desplazamiento de Casado y Rivera a Ceuta, pero quizás sea en Catalunya donde esa competencia será más dura.
En todo caso, las próximas elecciones andaluzas serán el primer test de cuál va a ser el resultado de este giro discursivo, una vez comprobado que el anclaje territorial de este partido, aun siendo superior a sus competidores, está lejos de la imagen que quería dar como «el partido más grande de Europa»: una vez actualizado, el censo de militantes y votantes en su reciente Congreso pasó de los 800 mil y pico a los 50 mil y pico.
Catalunya, Podemos y el mal menor
En este nuevo escenario de reducción de expectativas respecto al nuevo gobierno y de envalentonamiento desde la oposición de un PP que sin duda va a estimular a Ciudadanos a seguir un camino similar, la nueva fase que se está viviendo en Catalunya muestra tendencias contradictorias: si bien por un lado hay un bloqueo y una ausencia de hoja de ruta en el nuevo govern, con una mayor disputa por la hegemonía entre la nueva Crida Nacional per la República y ERC, la reivindicación popular de la libertad de presas y presos catalanes con ocasión de los próximos juicios y la legitimidad de una mayoría parlamentaria independentista mantendrán la tensión movilizadora en un otoño caliente que va a volver a poner contra las cuerdas al gobierno español, obligándole a mover ficha en uno u otro sentido. El riesgo de una nueva confrontación y una nueva escalada represiva no es descartable y por eso es muy necesario que Unidas Podemos retome la reclamación tanto del cese de la represión como de un referéndum pactado en torno a la relación entre el Estado español y Catalunya. Reivindicaciones ambas que, pese a la beligerancia de la mayoría de los medios de comunicación, empiezan a tener mayor audiencia en la sociedad española, especialmente entre las nuevas generaciones.
Sin embargo, el dato más preocupante del nuevo ciclo político es la profunda crisis de discurso, de proyecto estratégico y, ahora mismo, de orientación táctica que atraviesa Podemos. Parecía que, una vez constatado el rechazo de Sánchez a un gobierno de coalición, se insistía en el estatus de socio preferente «en la sombra», pese a la experiencia fallida de la designación del número 1 y el Consejo en RTVE. Para ello se guardaron inmediatamente en reserva las 20 medidas propuestas por Pablo Iglesias, algunas de ellas claramente incompatibles con las políticas austeritarias de la UE, que no han sido objeto de campaña alguna. Ahora mismo, en cambio, ante la verificación innegable de los límites del nuevo gobierno, la disposición a seguir la política del «mal menor» parece perder credibilidad sin que por ello se está caminando hacia la búsqueda de la confluencia con las nuevas luchas y movilizaciones, única vía posible para ir desbordando al gobierno e ir haciendo frente a la contraofensiva de las derechas en mejores condiciones.
Porque, en efecto, un dato fundamental del nuevo escenario es el retorno de las luchas obreras en sectores precarizados (con las de Amazon y Ryanair, entre otras, que trascienden incluso la escala estatal), coincidentes con otras frente a las nefastas consecuencias de la nueva burbuja inmobiliaria y la gentrificación en manos de los fondos buitre, sin olvidar la continuidad del protagonismo del movimiento feminista en el rechazo a sentencias judiciales como la de la manada o la más reciente contra Juana Rivas. Victorias parciales como la conseguida por el pueblo de Murcia a favor del soterramiento de las vías del tren, junto a otras que se van logrando a escala regional y local, vienen a demostrar que el nuevo escenario es más propicio para el desarrollo de un nuevo ciclo de protestas y de empoderamiento popular. Ahora mismo, la huelga de taxistas, más allá de la heterogeneidad del sector, está desenmascarando también a ese capitalismo de plataforma que se esconde tras la autodenominada economía colaborativa.
En ese contexto de polarización política y social los resultados alcanzados en las elecciones primarias en Podemos Andalucía y la dinámica ilusionante de confluencia que allí se está desarrollando con Izquierda Unida, colectivos sociales y gente procedente de los movimientos sociales, constituyen datos esperanzadores de que es posible una vía distinta, de oposición al PSOE y de construcción de contrapoderes ciudadanos, y, con ellos, de otro Podemos,. Por eso sería un error gravísimo de la dirección estatal de esta formación imponer obstáculos burocráticos a ese proceso, ya que sólo iría en beneficio de una de las peores caras del PSOE, la que representan Susana Díaz y el régimen clientelar que desde hace décadas rige en esa Comunidad.
La posible convocatoria de elecciones andaluzas en otoño puede convertirse, por tanto, en la primera fase de un calendario que probablemente culmine en unas elecciones generales antes del final de esta legislatura, a la vista de la debilidad que está mostrando el gobierno actual ante sus adversarios de la derecha españolista y el bloque financiero-inmobiliario. Razón de más para no dejarse arrastrar por una política del «mal menor» (ésa que, como escribió Gramsci, es «la forma que asume el proceso de adaptación a un movimiento regresivo»), incapaz de generar ilusión de cambio, y para asumir, por el contrario, un proyecto autónomo y confluyente con los y las de abajo, que vuelva a poner en el centro la denuncia de un régimen lastrado por su propio origen y frente al cual sólo cabe persistir en una estrategia destituyente y rupturista.
Nota
1/ Entre los muchos testimonios y relatos sobre la «guerra no declarada» que se vive en el Mediterráneo me remito al artículo de la ya veterana y perseguida activista Helena Maleno «Gabriel y su última batalla. Nos sangran las fronteras: guerras no declaradas del siglo XXI», viento sur, 150, pp. 76-85.
Jaime Pastor es politólogo y editor de Viento Sur.