La petición de perdón se debería singularizar en el caso de Cataluña en la figura de Lluís Companys y debería ser el Rey quien entregue al presidente de la Generalitat la certificación jurídica de la anulación de la causa sumarísima contra el ex presidente de la Generalitat. ERC ha presentado en el Congreso una proposición […]
La petición de perdón se debería singularizar en el caso de Cataluña en la figura de Lluís Companys y debería ser el Rey quien entregue al presidente de la Generalitat la certificación jurídica de la anulación de la causa sumarísima contra el ex presidente de la Generalitat.
ERC ha presentado en el Congreso una proposición de ley sobre la «memoria histórica republicana y antifranquista» con la que se pretende obligar al Rey como Jefe del Estado a «formalizar solemnemente en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana».
El portavoz de ERC en el Congreso, Jordi Tardà señaló que la petición de perdón se debería singularizar en el caso de Cataluña en la figura de Lluís Companys y debería ser el Rey quien entregue al presidente de la Generalitat la certificación jurídica de la anulación de la causa sumarísima contra el ex presidente de la Generalitat.
Tardà señaló que el Rey es «la rótula entre la dictadura y el Estado democrático» y recordó que «dirigentes alemanes se han arrodillado en Auschwitz y «no es ninguna vergüenza».
La proposición de ley de ERC se suma así a la impulsada por ICV para la recuperación de la memoria histórica y pretende presionar al Gobierno del PSOE para que cumpla su compromiso de presentar una iniciativa en esta línea en este periodo de sesiones. Tardà explicó que ERC está dispuesta a retirar su proposición de ley si el Gobierno presenta una propia pero de lo contrario someterán a votación el texto y «tendrá consecuencias políticas».
En la proposición de ley de ERC se reclama el reconocimiento jurídico de la condición de «víctimas» para quienes sufrieron persecución y muerte» durante el franquismo como punto de partida para la restitución moral y material de los represaliados.
Así, se decretaría la anulación de las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, el Tribunal de Orden Público, los tribunales de responsabilidades políticas y por el denominado Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. También se prevé una compensación simbólica de 12.000 euros para los conyuges, parejas o hijos de fusilados en virtud de condenas en consejos de guerra.
Se pide un reconocimiento jurídico y moral para los que practicaron la lucha armada antifranquista, así como una indemnización económica y los beneficios sociales reconocidos por ley a los exiliados. Otros colectivos para los que se pide un reconocimiento son la masonería, los perseguidos por su orientación sexual, por su cultura, o por su lengua.
Asimismo, se reclama la restitución a la Generalitat y el Gobierno vasco de «todos los honores y los bienes que les fueron incautados por el franquismo», así como a los miembros de las fuerzas del orden republicanas que fueron desposeídos de sus cargos por causa de su «fidelidad institucional», como son la Guardia Civil-Guardia Nacional Republicana, Guardia de Asalto, Carabineros, Mozos de Escuadra y Ertzanza.
La proposición de Ley prevé también la restitución de los patrimonios incautados, incluido el dinero incautado que conformó el «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo», con un valor actualizado al año en curso; así como de los documentos y los bienes inmuebles.
MUSEOS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS Y LA COMISARÍA DE VIA LAIETANA.
En cuanto a la preservación de los lugares de memoria, ERC plantea que el Valle de los Caídos sea museizado como centro de información y divulgación de la memoria represora, y propone convertir en centros de información históricos el Campo de Concentración de Miranda de Ebro, el edificio de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol o el hospital de mujeres de Saturran de ondarra.
El iniciativa prevé un convenio específico para la museización de las dependencias de la Jefatura de Policía de Barcelona en la Via Laietana, como centro histórico de «detención y tortura de los presos políticos de Catalunya».
La localización de las fosas comunes, la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos en el plazo de un año y el fomento de la investigación y la divulgación de la memoria y los valores republicanos son otras medidas que plantea ERC. En concreto, se propone que los planes educativos incluyan un temario específico sobre la represión política y social, y sobre «el intento de genocidio cultural y lingüístico de las lenguas y culturas vasca, catalana y gallega por parte de la dictadura franquista.