El río y el cauce

El nuevo curso político se inicia, una vez más, con la cuestión catalana en el centro de la agenda política…y judicial. En efecto, la Diada del 11 de septiembre y el aniversario del referéndum del 1 de octubre van a volver a mostrar la disposición de un amplio y plural movimiento ciudadano en Catalunya a ejercer el derecho a decidir su futuro y, más concretamente, sobre su separación o no del Estado español.

Sería un error considerar que esa aspiración es un simple proyecto de una elite política o económica (cuando, además, parte de esta última ya está mirando con buenos ojos a personajes como Manuel Valls…), capaz de «manipular» a unas ingenuas «masas», como insiste la mayoría de los medios de comunicación españoles e incluso parte de la izquierda española. Es más bien la experiencia del fracaso de la vía «federalizante» del Nou Estatut la que ha conducido a la conformación de un nuevo sujeto político en Catalunya desde al menos 2012, en cuyo seno se expresan distintas corrientes en disputa por la hegemonía. Fue ese sujeto muy plural el que el pasado 1 de octubre ejerció un verdadero ejercicio de democracia, desobedeciendo y haciendo frente a las amenazas y a la represión del Estado español, logrando una participación inédita en la historia europea teniendo en cuenta las condiciones en las que se dio. Es cierto que no llegó a contar con todas las garantías necesarias para su reconocimiento internacional, pero recordemos que esto se debió a las trabas de todo tipo impuestas por el Estado y no a la voluntad de quienes lo convocaron.

Frente a la innegable realidad de una mayoría social, confirmada por las encuestas repetidamente, que reclama ese derecho a decidir, limitarse, como pretende Pedro Sánchez, a ofrecer la negociación de un nuevo Estatut (que luego tendría que pasar por el rodillo de su propio partido y, luego, del Congreso y el Senado españoles…) o, lo que es peor, oponer a esa reivindicación la «muralla» de la Constitución, como ha hecho Pablo Casado en Ávila (¿por qué no lo hizo ante la reforma exprés del artículo 135, violador de los derechos sociales?), supone perseverar en una ceguera que, como ya hemos visto en el pasado, pese a darles réditos en algunos sectores de la sociedad española, no hará más que agravar el conflicto. Tarea en la que sin duda Ciudadanos está ganando el primer puesto, empeñado en la búsqueda de la confrontación, no sólo con el independentismo sino incluso con todas aquellas fuerzas que pretenden mantenerse equidistantes o, simplemente, no han apoyado su fracasada campaña contra los lazos amarillos.

Volvemos así de nuevo a escenas ya conocidas de una película que se repite constantemente: la de unos partidos políticos mayoritarios en el Estado español que con su ausencia de respuesta política, más allá del recurso a la fuerza (como ese artículo 155 con el que ya amenazó Felipe González en 1989 y que ahora se vuelve a esgrimir como amenaza), actúan como verdaderos responsables del ascenso del soberanismo y del independentismo en Catalunya. Es cierto que dentro de esta comunidad existe un amplio sector contrario a ese proyecto pero la única forma de dilucidar hacia dónde se inclina la mayoría de ese país es a través de un referéndum de autodeterminación acordado.

Esa polarización creciente en el plano político se ve, además, reforzada por la opción que esos mismos partidos hicieron por la vía de la represión judicial. Desde octubre del pasado año hemos podido comprobar cómo la cúpula del poder judicial, con los jueces Llarena y Marchena a la cabeza, se obstina en seguir calificando de «rebelión» las protestas que transcurrieron el 20 de septiembre y el 1 de octubre, frente a la desautorización manifiesta procedente de una amplia mayoría de expertos en Derecho Penal y, más recientemente, de tribunales alemanes, belgas o escoceses. Como muy bien escribe Ignacio Sánchez Cuenca en el diario La Vanguardia el pasado 1 de septiembre: «La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido». Por eso sobran razones para exigir a la nueva Fiscal General del Estado una firme y urgente rectificación de esa acusación.

En esas condiciones, ante el esperpento de juicio que se anuncia para antes de fin de año o comienzos del próximo, agravado por el mantenimiento en prisión preventiva de los y las acusadas, es completamente legítima la campaña desarrollada en Catalunya (y también en otros lugares) con lazos amarillos tanto en la calle como en edificios de instituciones públicas, frente al beligerante ataque desencadenado por Ciudadanos y sus aliados de la extrema derecha. Exigir además, como hace el Defensor del Pueblo, la renuncia a la libertad de expresión de las mayorías que gobiernan en instituciones públicas, cuando en el pasado se ha ejercido repetidas veces, supone entrar en una deriva de «democracia militante» y excluyente de la disidencia que, si llegara a aplicarse, corre el riesgo de extenderse a otros conflictos y ámbitos, como en realidad ya está ocurriendo con la extensión interesada de acusaciones de delito de «odio» al libre ejercicio de la libertad de expresión y de creación artística.

Ante este panorama de bloqueo político permanente y represión judicial la respuesta de la mayoría de fuerzas y de la «opinión publicada» a la izquierda del PSOE sigue siendo el silencio o, en el mejor de los casos, una protesta tímida que se limita a reclamar el fin de la prisión preventiva y una reforma de la Constitución que permita el «encaje (¡) de Catalunya en España»; o, ahora, apoyar la propuesta de Pedro Sánchez a sabiendas de su falta de credibilidad ante una mayoría de la sociedad catalana. ¿No sería mejor tomar nota de lo que el actual secretario general de la UGT de Catalunya contestaba recientemente cuando se le preguntaba «¿Qué pediría a la izquierda española en su relación con Catalunya?»: «Con todas las izquierdas del Estado, la política, la sindical, la intelectual, me gustaría que encontráramos consensos similares a los que se forjaron con el ‘no a la guerra’. Hay un elemento que no es sólo catalán, que es un tema democrático y que afecta a los tuiteros, los cantantes, los titiriteros y también a los dirigentes soberanistas presos, y que se ha de trabajar. Difícilmente gente de la izquierda española se convertirá en independentista, pero la izquierda española ha estado demasiado callada».

De eso se trata, de hacer que el cauce se amplíe y deje de violentar el río que baja corriendo desde Catalunya y, esperemos, desde otros lugares para compartir un «No a la criminalización del disenso» y un «Sí a las libertades, a la democracia y al derecho a decidir». Un cauce que, si no reaccionamos a tiempo, amenaza ser cada vez más estrecho, como estamos viendo aquí con la banalización -cuando no reivindicación sin complejos- del franquismo por parte del PP y C’s, al igual que en toda Europa con la militarización de las fronteras contra personas que, procedentes de otros países nada seguros, reclaman su legítimo «derecho a tener derechos».

No es cuestión, por tanto, de mera solidaridad altruista, sino de ser conscientes de que lo que está en juego en Catalunya, como también nos ha recordado, más allá de las diferencias que se puedan tener con él, el president Quim Torra dirigiéndose en su discurso de este 4 de septiembre a «los ciudadanos de España que mostráis vuestro compromiso con una solución política y no represiva para el conflicto entre Catalunya y las instituciones del Estado», también nos afecta en nuestra aspiración común a más libertades y a una democracia republicana. En resumen, a establecer una nueva relación de igualdad entre pueblos soberanos frente al despotismo oligárquico y austeritario vigente en Europa y a las falsas alternativas procedentes de una extrema derecha que sigue queriendo ignorar lo que sostenía el genetista recientemente fallecido Luca Cavalli Sforza: que las razas existen sólo en las mentes de los racistas.

Jaime Pastor es Politólogo y editor de Viento Sur

Fuente: https://blogs.publico.es/dominiopublico/26356/la-cuestion-catalana-el-rio-y-el-cauce/