Pese a que la pandemia ha demostrado la riqueza del trabajo comunitario, el Ayuntamiento de Madrid continúa en su deriva de cerrar los centros sociales autogestionados. Entre desalojos y cese de sesión de espacios, ya son al menos una decena los que han visto su recorrido vital interrumpido. Es la cronología de una ciudad en permanente conflicto con la construcción vecinal.
El 12 de febrero, la Red de Solidaridad Vecinal Somos Tribu Vallekas era galardonada por el Parlamento Europeo con el Premio Ciudadano Europeo 2020. “En la actualidad son más de 1.500 personas voluntarias, organizadas en más de 30 grupos de trabajo, con cinco despensas solidarias que reparten más de 500 cestas de comida semanales y con más de 1.300 familias atendidas”, destacaba la web del Europarlamento. Habían pasado solo cuatro días de la entrega al Ayuntamiento de llaves del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA). Cara y cruz de un juego institucional donde los espacios autogestionados suelen estar bajo la lupa de la política.
A Somos Tribu VK les felicitaba por Twitter el delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José “Pepe” Aniorte Rueda. “Enhorabuena por este reconocimiento. La colaboración entre administraciones y asociaciones vecinales es más importante que nunca ante la crisis social provocada por la pandemia”, expresaba en sus redes sociales.
Las premiadas agradecían la felicitación, pero le recordaban que “es importante que os acordéis de nosotras también para construir ciudad, como @evArganzuela”. Desde el perfil del Centro Social La Villana enumeraban la lista de espacios asociativos que el bipartito de derechas, con el apoyo de Vox, ha cerrado desde que gobierna Madrid: “La Ingobernable, la Gasolinera, SPA Maravillas, La Salamandra, Dragona, Casa Asociaciones, Espacio Vecinal Montamarta, EVArganzuela”.
Días antes de aquella felicitación, en el Pleno de Puente de Vallecas del 18 de enero se había votado la proposición 2020/1020957 formulada por la Mesa Social del Foro Local, que instaba a la Junta Municipal de Distrito “para que a través de los Servicios Sociales Municipales organice y mantenga la coordinación de todas las iniciativas que intervienen en el reparto de alimentos a la población que los demanda y necesita, creando un espacio permanente de coordinación de todos los actores que intervienen en su reparto”.
La propuesta consistía en crear “una Mesa por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria”, que trabajara con protocolos comunes para derivar a las personas que solicitan alimentos hacia los servicios sociales. Que estos asumieran “su responsabilidad de dar respuesta en clave de derechos y atención social comunitaria”. Fue rechazada con tres votos de Ciudadanos —el partido del concejal Aniorte—, tres del PP y uno de Vox.
Experiencia
En Madrid, los movimientos sociales autónomos han adquirido un fuerte arraigo barrial en las últimas dos décadas. Lejos de las viejas miradas que los vinculaban a grupos sociales minoritarios y a la marginación, se han convertido en lugares que encarnan la impronta que en los años 70 tenían las asociaciones vecinales. Puntos de encuentro que revelan la carencia de dotaciones sociales para una vecindad ávida de espacios propios en los cuales poner en común problemas y compartir iniciativas. En definitiva, hacer política por fuera de las estructuras más institucionalizadas.
Familias que encuentran un huerto urbano para aprender a cultivar entre el cemento que gana alturas. Personas mayores que comparten con sus nietos partidas de ajedrez, dibujo o simplemente juegos. Jóvenes que aprenden autodefensa o boxeo. Vecinas que hacen teatro, poesía, danzas y canto. Taller de bicicletas o percusión. Clases de idiomas y salas de estudio. Bibliotecas. Grupos que defienden los espacios verdes y luchan contra el cambio climático. Feministas, defensoras de lo público, artistas de las más diversas disciplinas. Son formas de construcción política que se alejan de las pautas del mercado, modos que reproducen la vida y los cuidados frente al aislamiento social que las políticas neoliberales siempre han pregonado, algo que se ha agudizado durante el 2020 por la pandemia.
Almeida, el moderado
Los partidos de la derecha centraron parte de la campaña electoral de 2019 en el discurso antiokupación y la supuesta existencia de “chiringuitos electorales”. El ahora alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se citaba delante de diferentes espacios autónomos ocupados y emitía soflamas frente a las cámaras de televisión. El aparato mediático afín hacía el resto.
Fue el 5 de febrero de ese año cuando, a las puertas del solar de Antonio Grilo, en Malasaña, Almeida prometía que a partir del 26 de mayo, Madrid sería “una ciudad libre de okupas”. El compromiso llevaba un señuelo, vincular los espacios aludidos con personas ociosas “que quieren vivir a costa de los madrileños sin pegar palo al agua”. Los primeros señalados fueron La Dragona y el Solar del Patio Maravillas y, una vez en el Gobierno, no dudó en apresurar su desalojo.
La promesa de tolerancia cero con el movimiento okupa comenzó a cristalizarse en la madrugada del 18 de octubre de 2019, cuando decenas de policías irrumpían en La Dragona. El espacio llevaba once años generando propuestas en el barrio de La Elipa. No solo albergaba las actividades de las asociaciones vecinales, sino que también era un granero de iniciativas gratuitas abiertas a toda la comunidad. Biblioteca, gimnasio, salas de ensayo, taller de pintura, música o de reparación de bicicletas.
No había pasado un mes y la diana hizo blanco en La Ingobernable, un centro social que en apenas dos años y medio de existencia se había convertido en un símbolo de esas “vidas que merecen ser vividas”. Si en algo coincidían todos los movimientos sociales de la ciudad era en la necesidad de defender ese bastión ubicado en el corazón mismo de Madrid, a escasos metros de Atocha Renfe y el Museo del Prado.
La Ingo, heredera del disuelto Patio Maravillas, supo arropar un relevo generacional saludado con alegría desde el resto de colectivos sociales. Militancia nueva que, coordinada con las de mayor recorrido, que ya habían tenido su 15M, derivó en la organización de las manifestaciones y huelgas feministas del 8M, juventudes por el clima y nuevas prácticas y luchas.
En su relación tirante con la institución, el centro social había instalado en el eje del debate público la denuncia de grandes pelotazos urbanísticos de los Gobiernos del PP, con el regalo, la cesión o venta a precios exiguos de edificios públicos que pasaban a manos de empresarios cercanos a la administración conservadora. Su mera ocupación puso en jaque la cesión por 75 años que la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, había hecho del inmueble al ignoto arquitecto argentino Emilio Ambasz. En ese Madrid todo estaba en venta.
La facilidad con que el gobierno de las derechas desalojó el buque insigne de los movimientos evidenció, por otra parte, el perverso juego de distracción que desde el “Gobierno del cambio” se había llevado a cabo. Dentro de un Ahora Madrid ya fracturado, a Carmena nunca le convenció La Ingobernable y mucho menos la movida en torno a la ocupación. En consecuencia, la iniciativa por una cesión a los movimientos autónomos se diluyó en negociaciones a media luz que dejaron el espacio desprotegido ante lo que se venía.
Martínez Almeida prometía un centro de salud y una biblioteca. Finalmente ordenó la cesión por 50 años del edificio a una Fundación Hispanojudía que tenía como vicepresidente al exalcalde popular Alberto Ruiz-Gallardón. Meses después, el Ayuntamiento se echaba atrás. Pasado un año desde que sus entradas fueran tapiadas, el edificio sigue cerrado.
Progresivamente, la capital va perdiendo espacios de autogestión. “Van a dejar Madrid como un erial”, opina Blanca Gómez, integrante de la Casa de Cultura de Chamberí, que el 24 de marzo cerrará sus puertas al terminar la cesión del espacio que habían obtenido mediante concurso en 2017.
Almeida ha aplicado con contundencia su rodillo contra los espacios autogestionados de la capital. Para diciembre de 2020 se contabilizaban varios centros cerrados a fuerza de desalojos o finalización de cesiones en espacios municipales. A la Dragona y La Ingobernable se sumaron La Gasoli (Guindalera), La Salamandra (Moratalaz), La Yaya (Argüelles), la Casa de las Asociaciones (Hortaleza) y el Espacio Vecinal Montamarta (San Blas).
Algunos de ellos sobrevivieron y encontraron un cambio de ubicación acorde al proyecto, otros perdieron su presencia física. Todos, de una manera u otra, sintieron la embestida de esa Madrid institucionalizada.
Despensas solidarias
La pandemia ha revelado aún más la importancia del trabajo comunitario. Las despensas solidarias que funcionan en espacios autogestionados están siendo claves en la lucha contra la pobreza. Cuando se declaró el estado de alarma y los servicios de distrito cerraron, y las que mantuvieron los repartos de alimentos a personas confinadas y sin remanentes fueron estas redes de apoyo.
Más allá de la propaganda oficial de las administraciones, en Madrid cada día aumenta el número de familias precarizadas que han perdido sus trabajos o reducido sus ingresos a límites insoportables. Las denominadas colas del hambre han encontrado un paliativo en los movimientos autónomos. No solo en las cinco despensas premiadas de Somos Tribu Vk, también en otras muchas que han nacido dentro de los propios centros sociales que el Ayuntamiento se empeña en cerrar.
La mañana del 8 de enero, los primeros copos de nieve del temporal Filomena congelaban las historias del solar de Antonio Grilo. Pese al frío, decenas de familias se acercaron a recoger algunas de las plantas que crecían en su huerto urbano, un pulmón en la jungla de edificios y gentrificación en que se ha convertido Malasaña.
“Me llevo un pequeño esqueje que espero poder devolver allí donde surja un rincón verde en el barrio. Hacen mucha falta, porque carecemos de puntos de encuentro más allá de asfalto, terrazas y bares”, sentenciaba Javi, un vecino que ha disfrutado con sus hijos de la década de existencia del solar.
A las 13 horas, operarios del Ayuntamiento echaban el cierre definitivo al portón del Solar Polivalente Autogestionado (SPA) Maravillas. Cadenas, candados y, por si acaso, un par de soldaduras al portón de chapa que da a la calle.
El compromiso del Ayuntamiento, otra vez, era que allí pronto funcionaría un centro de salud, una antigua demanda vecinal a la que nadie se oponía, pero que muchos temían, no sería el verdadero cometido. “Esto era un vertedero y a muchos vecinos nos daba miedo pasar por esta calle, y mira, se había convertido en un foco de vida y de encuentros y de actividades”, recordaba Javi. El tiempo dirá si el nuevo descampado no se sumará a ese Madrid que está siempre en venta.
Adiós a EVA
Ha pasado un mes del cierre del Solar Maravillas. Es el mediodía del domingo 7 de febrero y miles de personas recorren el centro de Madrid en defensa del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA). El Ayuntamiento exige devolver el local a primera hora de la mañana del lunes 8 y es la última batalla a dar a la espera de que un recurso judicial interpuesto in extremis logre frenar el desalojo. “El EVA no se cierra”, corean las familias de un espacio que durante cuatro años ha sido la referencia social indiscutible del barrio.
Las actividades han suplido un vacío de equipamientos sociales en el barrio. Solo la Red de Apoyo de Arganzuela cubría una cesta semanal de alimentos para 93 hogares, unas 300 familias beneficiarias, muchas de ellas derivadas desde los servicios sociales de un Ayuntamiento desbordado.
No ha terminado la manifestación cuando algunos medios difunden la noticia menos deseada: la Justicia ha desestimado el recurso y no quedará más opción que entregar las llaves a la mañana siguiente. Otra vez, como en la Ingobernable y el SPA Maravillas, la explicación oficial está vinculada a temas de salud. La idea del consistorio sería trasladar el SAMUR a esas dependencias, una iniciativa a la que el tejido vecinal no se opone pero que, consideran, podría hacerse en la parte de las instalaciones ociosas del viejo Mercado de Verduras de Legazpi, lindantes a donde funciona el EVA.
Queda en el ambiente un gusto a que algo ha fallado en la concesión de los espacios realizado en la gestión anterior. ¿Por qué el Partido Popular se permite cesiones a 50 o 75 años y las concedidas a los centros autogestionados han sido ostensiblemente menores? Blanca Gómez arriesga una respuesta. “Creo que se pasaron de justos, efectivamente siempre se han dado por muchísimos más períodos o prórrogas automáticas. Es bastante incomprensible que hayan sido solo por cuatro años, pero ahora ya no tiene remedio, hablar del pasado no tiene razón de ser y tenemos que intentar seguir adelante como sea”, afirma. Fueron pocas las cesiones prolongadas en la gestión de Ahora Madrid. Las principales, la de la Casa de México, por un período de 25 años, y la Nave 9 del Matadero, por 50 años, a la Fundación Sandretto.
El centro al que pertenece Blanca, la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, tiene los días contados. Finalizados los cuatro años de rigor, el 24 de marzo deben entregar las llaves del local. El proceder es el mismo que ha sufrido EVA: devolver el local sin importar lo mucho o poco que se haya realizado.
Se quedan en la calle 26 colectivos de diferente índole y el Ayuntamiento prefiere tener vacío un local por el que en 2019 pasaron más de 15.000 personas. Para Gómez, se trata “de una revancha política, no hay otra explicación”. Según Óscar Álvarez, otro impulsor del proyecto, “el Ayuntamiento muestra una enorme alergia. Deben mirarnos con cierto temor, seguramente piensan que no hay comunidad, que solo somos individuos que consumimos. Entonces todo lo que es desarrollo comunitario, organización vecinal, apoyo mutuo, actividades de solidaridad, no lo entienden”, reflexiona. Es otra despensa solidaria que se queda sin su lugar de encuentro y proyectos que pasarán a engrosar la lista de iniciativas populares desechadas por el Madrid de Martínez Almeida. Les duele especialmente que pacientes y familiares del Hospital de Ponzano de Salud Mental se queden sin el espacio de referencia donde podían conocer, compartir e interactuar con el resto del vecindario.
En Carabanchel se van preparando. El Huerto de Matilde funciona desde 2013 en una de las 17 parcelas que el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a la venta. Otra vez la pandemia, en esta oportunidad porque “es necesario recaudar”. Hasta que los vecinos lo desescombraron y prepararon para cultivar, era un terreno municipal que durante tres décadas había acumulado basuras y ratas. Decenas de familias se sumaron y hoy muestran con orgullo más de 50 especies diferentes de plantas y otras tantas de animales, en especial aves, que se han “apropiado” del terreno.
“Denunciamos dos cosas: por un lado, la pérdida de patrimonio municipal destinado a la especulación inmobiliaria en los barrios. Y por otro, la pérdida de un espacio donde aprender, abierto a posibilidades que puede ser modelo para otros lugares. También que este tipo de espacios no se fomenten desde las administraciones públicas, porque tienen un efecto muy positivo en las personas, en el ambiente y en la cultura”, explica uno de sus artífices, Javier Gómez Calzada.
¿Por qué el Ayuntamiento va detrás de estos espacios? “Son las mismas personas que cierran los parques y abren los bares. Estos lugares les resultan extraños porque no circula el dinero. Valoramos justo lo contrario, un valor que escapa de lo monetario y ellos no entienden”, afirma Gómez Calzada. Óscar Álvarez lamenta que estas medidas tengan un coste solo para las vecinas. “En apariencia no pasará nada, salvo que todo queda bajo la alfombra, los problemas se agravan, pero sin un espacio, una red de contención en donde puedan encontrar al menos la empatía de sus vecinas”.
El Madrid de lo común va perdiendo casas, espacios, locales, huertos. Quedan las prácticas de la articulación social, los cuidados, los abrazos y apoyos. Queda una energía que no se destruye, solo se transforma.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/movimiento-vecinal/el-secuestro-de-lo-comun