Ya son al menos cinco los recursos contra nueve prospecciones petrolíferas en Canarias que ha admitido a trámite el Tribunal Supremo, los del gobierno canario, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, IU y la organización ecologista WWF. Tanto las administraciones canarias como buena parte de la sociedad civil se han posicionado en contra de la […]
Ya son al menos cinco los recursos contra nueve prospecciones petrolíferas en Canarias que ha admitido a trámite el Tribunal Supremo, los del gobierno canario, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, IU y la organización ecologista WWF. Tanto las administraciones canarias como buena parte de la sociedad civil se han posicionado en contra de la autorización a Repsol para que busque petróleo en las costas cercanas a Lanzarote y Fuenteventura porque consideran que supondría un impacto mediambiental y turístico con graves consecuencias. Ahora es el Alto Tribunal quien tendrá que, una vez más, tomar una decisión sobre este asunto.
La intención de Repsol de realizar nueve prospecciones en aguas canarias viene de lejos. En 2001, el Gobierno de José María Aznar aprobó un Real Decreto en el que autorizaba el proyecto, que en 2004 fue tumbado por el Tribunal Supremo al considerar que no se habían llevado a cabo los estudios de impacto medioambiental pertinente. Con el regreso del PP al Gobierno a finales de 2011, las prospecciones volvieron a estar sobre la mesa, esta vez de la mano del ministro José Manuel Soria, que meses antes había sido apartado de la presidencia de la comunidad autónoma -pese a obtener mayor número de votos- gracias a un pacto entre Coalición Canaria y el PSOE para que Paulino Rivero (CC) continuara liderando la administración autonómica.
El 16 de marzo de 2012, el Gobierno aprobó un Real Decreto para recuperar la autorización de 2001. Rivero decidió interponer un nuevo recurso al considerar que se estaba incumpliendo la sentencia del 2004, pero el Supremo dió la razón al ejecutivo central porque los defectos de forma medioambientales habían sido subsanados. Estos nuevos recursos pretenden que el Alto Tribunal dilucide la cuestión de fondo y frene la autorización estatal.
El mismo día que el BOE recoge dos de esas admisiones a trámite hace público que el Tribunal Supremo también ha admitido un recurso de Ecologistas en Acción de Burgos contra la autorización a la empresa Trofagás para la extracción de gas no convencional mediante la técnica de la fractura hidráulica (fracking), un sistema muy criticado por los ecologistas por su alto impacto ambiental.
Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com