El PNV ha vuelto a apoyar al gobierno de Rajoy, en este caso con la aprobación de lo que se ha denominado techo de gasto. Aprovechando el desconocimiento de la gente sobre la materia, los representantes de ese partido se han atrevido a decir incluso que ese voto a favor es una medida «técnica, que […]
El PNV ha vuelto a apoyar al gobierno de Rajoy, en este caso con la aprobación de lo que se ha denominado techo de gasto. Aprovechando el desconocimiento de la gente sobre la materia, los representantes de ese partido se han atrevido a decir incluso que ese voto a favor es una medida «técnica, que carece de valor político». Nada más lejos de la realidad. Lo vamos a tratar de explicar brevemente.
En primer lugar, hay que saber qué es lo que se ha aprobado. Han sido tres decisiones:
– La primera, el límite de déficit público que tienen que cumplir obligatoriamente todas las administraciones (incluidos el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra, las Diputaciones Forales y los ayuntamientos). Así, en 2018 el déficit del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra no podrá superar el 0,4% del PIB, al igual que el del resto de Comunidades Autónomas. Se establece que ese límite sea en 2019 de un 0,1% y que no haya déficit en 2020. Las Diputaciones Forales y los ayuntamientos no podrán tener déficit en ningún año del período 2018-2020.
– La segunda, la que fija que en 2018 el gasto de todas las instituciones, incluidas las de Hego Euskal Herria, no podrá crecer más de un 2,4% en términos nominales sobre el gasto de 2017. Si los ingresos aumentan más, la diferencia se deberá destinar al pago adelantado de la deuda pública, impidiendo que se pueda aumentar la inversión social. Es decir, se topa el aumento de los presupuestos para 2018.
– La tercera, lo que es propiamente el techo de gasto. Se establece que el gasto no financiero del Gobierno español sea en 2018 como máximo de 119.834 millones de euros, solo un 1,3% más que en 2017 (con un aumento inferior al IPC, que se sitúa en la actualidad en un 1,5%), y 13.400 millones menor que la establecida para 2014, lo que da una idea de los recortes a los que obliga la cifra fijada para 2018.
Las consecuencias de todas estas medidas son muy claras: consolidación de las políticas de ajuste y de los recortes masivos en el espacio social y limitación de las capacidades de decisión de todas las administraciones, incluidas las vascas. Son decisiones absolutamente políticas. Tratar de vestirlas como técnicas es un atentado a la inteligencia, que solo se puede entender por el afán de ocultar a la sociedad la realidad.
Todas estas medidas vienen de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 con Rajoy en el Gobierno, que era un mero desarrollo de la nefasta reforma de la Constitución aprobada en verano de 2011 por iniciativa de Zapatero, con el objeto de limitar el déficit y el gasto público. Aceptar la lógica de esa reforma es, también, una opción política. Opción en nuestra opinión sumamente criticable.
Por si todo esto no fuese suficiente, una cosa más, que permite ver el recorrido real de la bilateralidad. Lo decidido en Madrid fija los límites de déficit público de las instituciones de Hego Euskal Herria. Como hemos visto, son los mismos que Rajoy ha impuesto a todas las Comunidades Autónomas (con el voto en contra de las que están gobernadas por el PSOE, de la Generalitat y del Gobierno de Cantabria). En los próximos días vamos a asistir al «acuerdo» entre Montoro y los representantes del Gobiernos Vasco, que pretenderán dar una imagen de supuesta bilateralidad a lo que es una simple sumisión y aceptación de lo que impone Rajoy. Menudo paripé. En realidad lo que ocurre es que se comparten las políticas de ajuste. Y viene bien que todo eso se decida en Madrid.
Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios del sindicato ELA
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