«¡Ojalá!», exclama Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Es su reacción cuando el periodista le cuenta que la ministra de Justicia, Pilar Llop (PSOE), ha dicho en una rueda de prensa que cuando va en transporte público oye a la gente hablar del bloqueo del PP al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que prueba la gravedad del asunto. Las crónicas que se ocuparon de las declaraciones las calificaban de «sorprendentes» o daban cuenta de las «risas» de algún periodista o de las bromas en Twitter. En el telediario de Antena 3 Vicente Vallés editorializaba con ironía. Sí, parece impensable que la gente se preocupe de algo así. Pero «ojalá» lo hiciera, dice Arbós: «Si se hablara en el metro de estas cosas, significaría que hay preocupación popular por un problema grave para la salud de la democracia».
Coincide en la seriedad del diagnóstico Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, que habla de «aberración política, jurídica y democrática». A Salazar le parece «muy grave» la negativa del partido de Alberto Núñez Feijóo a permitir la renovación del CGPJ, pese a que tiene el mandato constitucional caducado y está en funciones desde hace cerca ya de cuatro años, lo que mantiene artificialmente una mayoría conservadora que favorece al PP. Pero se muestra aún más duro contra la actitud de una parte del CGPJ, que a su juicio agrava la crisis al impedir el nombramiento por parte del órgano de dos magistrados del Tribunal Constitucional, lo que desde el día 13 de septiembre sitúa al consejo fuera del cumplimiento de la ley.
Sí, el órgano de gobierno de los jueces no sólo está bloqueado, sino que incumple la ley.
Salazar recuerda que, durante el procés, había un escándalo generalizado por el incumplimiento de representantes institucionales de la legalidad. Ahora, en cambio, no. «Es inconcebible. Imaginemos que los diputados y diputadas se negaran a constituir el Parlamento en las fechas previstas por la Constitución y el reglamento del Congreso, o que el jefe del Estado se negara a hacer las rondas previas a la investidura, o que el presidente del Gobierno se negara a elegir ministros y ministras…», relata Salazar, que atribuye a los dos grandes partidos un deterioro de la idea original del CGPJ, pero ahora señala al PP por la situación de bloqueo: «Está retardando todo lo posible el recambio de un consejo afín a sus intereses. Ese es el motivo, un poco ruin, que hay de fondo. Quieren aguantar el tirón para mantener una parcela de poder fundamentalísima».
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, repite el sustantivo de Salazar: «Aberración». En su caso, dice «aberración constitucional». Culpa del bloqueo a la «derecha española, que es la que es». El jurista compara el fondo de su actitud con el autoritarismo de Viktor Orbán, primer ministro húngaro. «La derecha española acepta la democracia a beneficio de inventario. Si gana, bien. Pero si no…».
Un órgano bloqueado en «desvinculación democrática»
El CGPJ tiene rango constitucional. La ley suprema le atribuye la condición de «órgano de gobierno» del poder judicial. Su misión declarada es «el mantenimiento a ultranza de la independencia judicial». El CGPJ nombra a los magistrados del Supremo y a su presidente, que es a su vez presidente del CGPJ. También elige a dos magistrados del Constitucional. Además, tiene tareas de inspección, disciplinarias, formativas, reglamentarias, consultivas…
El artículo 122.3 de la Constitución cuantifica en 20 sus miembros, con un mandato de «cinco años», a los que se suma el presidente. Su composición es fruto de la época de mayoría absoluta del PP (2011-2015). No se ha adaptado a los cambios democráticos ocurridos desde 2013. El mandato del CGPJ está caducado desde diciembre de 2018. Actualmente hay 19 miembros: el presidente y 18 vocales, después de la muerte de una vocal y la jubilación de otro. Diez de ellos, mayoría, son del sector conservador, es decir, sus nombres llegaron a las Cortes a propuesta del PP. Se trata de un reparto que beneficia a este partido. Así que el PP bloquea la renovación. ¿Puede hacerlo? Puede, técnicamente. Por ley orgánica, está fijado que los integrantes del CGPJ sean elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos en las Cortes Generales. Es decir, 210 diputados y 159 senadores. Para ello tienen que ponerse de acuerdo el PP y el PSOE. El partido antes dirigido por Pablo Casado y ahora por Feijóo evita ese acuerdo y por lo tanto la formación de esa mayoría. El Gobierno y el PSOE se desgañitan recordándole que tiene la obligación constitucional de hacerlo. Pero nada. Con todo tipo de excusas y la exigencia de nuevos requisitos para pactar, Feijóo va demorando la renovación.
Jorge Urdánoz, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra, afirma que la posición del PP desvela un «problema del principal partido de la oposición con la comprensión de los fundamentos básicos de la democracia». Urdánoz es contrario a la fórmula de elección de los miembros del CGPJ por parte del Congreso, que –afirma– tenía sentido en el arranque democrático pero ahora genera alineamientos con respecto a los partidos por los que llegan al puesto. No obstante, ve «gravísimo» que el PP «se escude en que ahora, no cuando gobernaba, no le gusta la ley para no cumplirla». «Revela muy poco sentido de Estado y una compresión muy limitada de la alternancia en la democracia», señala. A su juicio, el PP pretende prolongar su bloqueo «hasta ganar las próximas elecciones», lo cual supone «jugar con las cartas marcadas».
Pérez Royo se lleva las manos a la cabeza. «Los órganos de naturaleza política no pueden ser prorrogados. Es incompatible con su naturaleza política. No se puede prorrogar el mandato de senadores y diputados. En el Gobierno, por la fórmula que tenemos, que se toma su tiempo para la investidura, hay una etapa de transición. Pero, con carácter general, una vez cumples tu mandato, vas fuera», señala. A su juicio, el bloqueo al CGPJ ha provocado un «total incumplimiento del mandato del constituyente», que sitúa al órgano de gobierno de los jueces en un estado de «desvinculación democrática». «Ahora mismo el CGPJ carece de legitimidad democrática», señala Pérez Royo. En un artículo en El País, Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y exministro de Justicia (PSOE), llega a calificar la actitud del PP como «golpe de Estado institucional». Y la compara con los intentos de Donald Trump de evitar desde la presidencia de EEUU el reconocimiento de la victoria electoral de Joe Biden.
Arbós (Universidad de Barcelona) afirma que la idea original del CGPJ elegido por las Cortes era «sensata» en la Transición porque alejaba al Ministerio de Justicia de los jueces y «protegía su independencia», en la que «no había excesiva confianza». No obstante, cree que PSOE y PP, en vez de aplicar «consenso», han seguido la lógica del «intercambio de puestos», lo que ha llevado a degradar al órgano con «etiquetas» de conservador o progresista de sus miembros. Hasta aquí ve una «responsabilidad compartida». Ahora bien, en el bloqueo actual pone una «carga superior» en el PP, que mantiene una «deliberada negativa a la negociación para renovar los vocales del CGPJ».
Un CGPJ «en rebeldía» ante la ley
Si la situación es grave con el bloqueo, ahora ha empeorado. Es el propio CGPJ el que está sumido en la anomalía institucional. Hasta ocho vocales del bloque conservador mantienen una actitud de obstrucción al cumplimiento de la ley que obligaba al Consejo a elegir sus dos miembros del Constitucional antes del 13 de septiembre. El plazo ya ha pasado. Y nada. Estos dos nombramientos, sumados a los dos que le tocan al Gobierno dentro de la renovación conjunta de un tercio del tribunal, hacen prever una mayoria progresista en el tribunal de garantías. Estos cuatro puestos, los dos elegidos por el CGPJ y los dos del Gobierno, están pendientes de renovación desde junio. Una prueba de la gravedad de la situación: hasta cuatro exministros de Justicia –Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo– han irrumpido en el debate urgiendo al CGPJ a hacer sus deberes. «El CGPJ tiene que cumplir la ley», ha dicho Gallardón. Catalá: «Cuidado porque la casa se nos cae».
La obligación de nombrar los dos magistrados antes del 13 de septiembre es fruto de una ley impulsada por el Gobierno y aprobada en julio. Antes, en marzo, el Congreso había aprobado otra ley, también promovida por el Ejecutivo, para limitar los poderes del CGPJ en funciones, de forma que el órgano no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato expirado. El PP afirma que la culpa del «bloqueo» es del Gobierno por esta «reforma exprés», dado que ha molestado a miembros del CGPJ.
Xavier Arbós afirma: «Alucina que el órgano de gobierno de los jueces se salte un plazo legal. Estos vocales, cuando vuelvan a sus audiencias o tribunales, ¿cómo reaccionarán si un justiciable incumple un plazo?». A su juicio, el principal problema que se deriva del bloqueo y el atrincheramiento de los vocales es una merma de la confianza en la justicia.
Salazar afirma: se está produciendo un «cuestionamiento del Estado de derecho», que se camufla tras el aspecto de una «trifulca partidista más». «Era constante que se hablara de la rebeldía frente al sistema en Cataluña [durante el procés]. Pues aquí ocurre algo similar. Un poder del Estado hace de su capa un sayo». Hay, señala, un «brutal incumplimiento por el tercer poder del Estado del artículo 9.1 de la Constitución», que establece que tanto los ciudadanos como los poderes públicos «están sujetos» a la ley suprema. «¿Cómo puede ser? ¿Así que quien vela por los derechos de la ciudadanía, porque todos nos atengamos a la ley, se salta el mandato de la ley? Esto debería escandalizar a los jueces».
Feijóo respalda el atrincheramiento
El propio presidente del órgano, Carlos Lesmes, con una trayectoria marcada por su vinculación con el PP, ha alzado la voz con un mensaje que se aleja ahora de las posiciones mayoritarias del bloque conservador. El pasado 7 de septiembre, en la apertura del año judicial, con el rey Felipe VI sentado a su lado, Lesmes solemnizó que el CGPJ no podía situarse «en rebeldía» frente a la ley.
Feijóo no se da por aludido por el llamamiento de Lesmes, que también urgió a la renovación del CGPJ, ni ofrece síntomas de cambio de posición. Es más, sale a la ofensiva y acusa al Gobierno de intentar controlar el Constitucional. El presidente del PP se refiere al ejercicio de la potestad del Ejecutivo de elegir dos miembros del tribunal como si no fuera algo perfectamente constitucional. El artículo 159 establece que el Constitucional lo forman 12 miembros: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ. Estos últimos cuatro son los que corresponde nombrar ahora porque todos sus miembros son designados por un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres. Hay discusión jurídica sobre si el Gobierno puede nombrar a sus dos magistrados antes que el CGPJ o debe esperar para que el tercio del CGPJ y Gobierno se renueven a la vez. En cualquier caso, el Ejecutivo tiene intención de esperar a que el órgano de los jueces haga antes sus dos nombramientos. Lo seguro es que todos tienen la obligación de hacer esos nombramientos.
Feijóo, además de deslizar acusaciones contra el Gobierno por querer nombrar a los dos magistrados que le corresponden, llega al extremo de negar que el CGPJ esté incumpliendo la ley al no nombrar a los dos suyos, porque la norma aprobada por el Congreso «es inconstitucional» al imponer plazos al poder judicial. De modo que los miembros del CGPJ deben actuar «en conciencia», dice Feijóo. Tampoco modifica la posición del PP el que exista ya una evidente inquietud en la Comisión Europea. Su vicepresidenta, Věra Jourová, ha remitido una carta a Lesmes en la que le urge a «poner fin inmediatamente a la situación de interinidad».
Deterioro democrático
El bloqueo del CGPJ, sumado al incumplimiento de la ley por parte de este órgano, tiene repercusiones directas sobre el Constitucional, que debe decidir sobre leyes tan importantes como la educativa o las de aborto y eutanasia. La composición es clave y ahora mismo no refleja los cambios de mayorías decididos por los ciudadanos en 2019. Además, la limitación competencial impuesta legalmente al CGPJ en funciones provoca que haya ya un tercio de puestos vacantes en la cúpula judicial. En junio de este año ya había casi un 20% de magistrados por renovar entre todas las salas del Supremo. Ello, por supuesto, retrasa la resolución de los asuntos, lo que afecta al ciudadano.
La situación también le ha valido ya a España menciones críticas en los informes internaciones sobre calidad democrática. Freedom House, think tank valedor del ideal estadounidense de democracia liberal, anota en su informe de 2022 que «la composición del consejo debía renovarse a finales de 2018, pero el PP, en la oposición, negó a los partidos gobernantes la supermayoría necesaria». Y añade: «El Consejo en funciones siguió funcionando de forma provisional durante 2021, lo que suscitó dudas sobre la legitimidad de sus nombramientos judiciales y otras decisiones». The Economist, otro referente liberal, degrada a España de «democracia plena» a «democracia defectuosa» en su último Democracy Index. El informe señala: «El descenso se debe principalmente a la disminución de su puntuación de la independencia judicial, relacionada con las divisiones políticas sobre el nombramiento de nuevos magistrados del CGPJ […]. En la actualidad, el consejo funciona de forma interina, ya que su mandato expiró en 2018, y no ha habido acuerdo sobre el nombramiento de nuevos jueces».
El Informe sobre la democracia en España de la Fundación Alternativas también da protagonismo al bloqueo del CGPJ dentro de las causas por las que atribuye un deterioro –no grave, al menos aún– del Estado de derecho. La situación impacta sobre la imagen de España en el ámbito internacional, como pone de relieve Pablo Castillo, investigador en Derecho y Ciencia Política y profesor en la University of Sheffield, School of Law, en Reino Unido: «El debate político-judicial sobre el CGPJ es observado –e incluso explotado– en países de nuestro entorno. En particular, el caso polaco muestra cómo Gobiernos iliberales pueden tratar de instrumentalizar la problemática española para legitimar procesos de desconsolidación del Estado de derecho».