En diciembre, el tribunal ratificaba un plan municipal que prevé la destrucción de centenares de viviendas para ampliar una avenida. Los vecinos, que llevan diez años de lucha, recurrirán al Constitucional. Hace más de diez años que los vecinos del barrio marinero de El Cabanyal- Canyameral, uno de los más antiguos y característicos de Valencia, […]
En diciembre, el tribunal ratificaba un plan municipal que prevé la destrucción de centenares de viviendas para ampliar una avenida. Los vecinos, que llevan diez años de lucha, recurrirán al Constitucional.
Hace más de diez años que los vecinos del barrio marinero de El Cabanyal- Canyameral, uno de los más antiguos y característicos de Valencia, viven bajo la amenaza del expolio y una constante sombra de incertidumbre. El delirio urbanístico llevó al consistorio a planificar la destrucción de más de 1.600 viviendas para prolongar una avenida hacia el mar, un proyecto que lleva ya una década dando tumbos por los tribunales. Finalmente, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo consideró legal el plan municipal contra las demandas de los vecinos y de gran parte de la sociedad valenciana, que reclamaba la rehabilitación del barrio, declarado Bien de Interés Cultural en 1993 por la Generalitat, sin tener que pasar por su destrucción parcial. A pesar de que numerosos peritajes realizados a petición de los vecinos por catedráticos, colegios de arquitectos e infinidad de expertos manifestaban la inviabilidad del plan, no fueron aceptados ni por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ni por el Tribunal Supremo. Ambos órganos judiciales sólo contemplaron los realizados por el Ayuntamiento, fallando así a su favor.
El 45% de las acciones de la sociedad mixta Cabanyal 2010, encargada de ejecutar el plan, fue puesta a disposición de empresas privadas, que sorprendentemente se retiraron en su totalidad el año pasado, dejando a ésta en manos exclusivamente de las empresas de titularidad pública. Aunque la última sentencia le es favorable, el Ayuntamiento permanece aparentemente quieto, y tan sólo se ha atrevido a derribar algunas casas previamente adquiridas a precios cuestionables. El precio que ha establecido por metro cuadrado, según denuncian los vecinos, es menos de una tercera parte de lo que vale, por lo que muy pocos vecinos están vendiendo al Consistorio su propiedad. Pero aunque quisiera, éste no dispondría del capital necesario para pagar la totalidad de las expropiaciones al precio que acabaran dictando los tribunales. Vicente Gallart, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, consultado por DIAGONAL, afirma que con la mitad de ese dinero se podrían rehabilitar todas las viviendas del barrio que lo necesitaran. Y es que hasta el informe que realizó el arquitecto de la Consellería de Cultura cuando el Ayuntamiento presentó el plan ya cuestionaba su viabilidad, aunque su redactor fue destituido y el proyecto siguió adelante. Por si fuera poco, el actual director técnico de Cabanyal 2010 afirmó en una reciente entrevista que el proyecto era un agujero negro, desfasado, innecesario y carente de rentabilidad y con unas consecuencias negativas para los vecinos afectados, admitiendo la importante pérdida patrimonial que comporta.
El vecindario no se rinde
Los vecinos y vecinas saben que aunque pierdan la batalla legal están avalados por gran parte de la sociedad valenciana y por numerosos expertos que cuestionan este tipo de supuesta modernización, por lo que prosiguen con su actividad reivindicativa con concentraciones y actividades durante todo el año. El Tribunal Constitucional todavía tiene que decidir si admite a trámite el recurso interpuesto por éstos, por lo que todavía quedan cartuchos que quemar.