En 2023 la publicación de la memoria anual de la Fiscalía estuvo envuelta en polémica. No registraba la mayor parte de los delitos de odio pero incluía a los activistas climáticos bajo el epígrafe «terrorismo nacional». Aunque corrigió ese apartado, su criminalización los ha hecho objeto de espionaje por parte de la Policía.

Las protestas ante la sede del PSOE fueron el escaparate de una extrema derecha poco conocida pero muy activa. Allí se mezclaron falangistas, carlistas y ultras de nuevo cuño que mezclan consignas anticapitalistas con nacionalismo y supremacismo identitario.

Tras el ruido y el pánico desatado con la entrada de la ultraderecha a las instituciones, existen otros hechos que han pasado relativamente desapercibidos. Los movimientos sociales valencianos denuncian varios casos que han terminado en detenciones y en altas peticiones de penas para varios jóvenes por denuncias de grupos de extrema derecha, desde VOX hasta neonazis.

La comisión de inteligencia del Parlamento de Gran Bretaña ha presentado esta semana un informe en el que se analiza el incremento de la amenaza terrorista de la extrema derecha, a la que, afirman, se le presta poca atención y exige muchos más recursos.

«La importancia de estos grupos reside en su capacidad de aglutinar a gran parte de la juventud con inquietudes políticas y descontenta con la política convencional, poco seducida por la imagen pija de Vox y desencantada de las luchas cainitas y del sectarismo de parte de la izquierda», escribe el autor.

La institución, pionera en la lucha contra el nazismo y en memoria de las víctimas del Holocausto, muestra su indignación al Gobierno por una circular de la Fiscalía que ampara a grupos nazis bajo la ley de delitos de odio.