Las personas que viven en las zonas del Estado con los procesos de turistificación más avanzados han dicho basta. Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña o Valencia prometen un estío de protestas sin precedentes para reclamar un cambio de modelo.
Este domingo, Palma (Mallorca) vivirá una de las fechas marcadas en rojo en el calendario por los movimientos sociales: la manifestación contra el más que patente proceso de turistificación que vive no solo Mallorca, sino también el resto de las Islas Baleares. Bajo el lema “Canviem el rumb” (cambiemos el rumbo), organizaciones vecinales, ecologistas o del ámbito de la vivienda, entre otras, recorrerán la capital mallorquina para exigir un cambio en un modelo turístico que exprime a sus habitantes.
Ni es la primera de este tipo en las islas ni será la última. La gente lleva ya tiempo saliendo a las calles para denunciar que una de cada tres viviendas que se compran son ya como segunda residencia y que se cuentan entre 12 y 13 turistas por cada habitante gracias a los más de 17 millones que visitaron Mallorca solo el año pasado. Aún así, esta manifestación cobra especial relevancia por el contexto en el que llega: un verano en que el que las protestas contra los procesos de turistificación copan cada vez más titulares, mientras territorios de todo el Estado español construyen nuevas redes o fortalecen las ya existentes para poner sus reivindicaciones en el mapa.
En Palma, las demandas girarán en torno a dos puntos principales: el decrecimiento turístico, a través de propuestas como la limitación de los vuelos y de los cruceros que llegan a la isla; y la vivienda, donde se exige regular las licencias de alojamiento turístico, aumentar el control de la oferta ilegal y limitar la compra de vivienda por parte de personas no residentes en las islas. “Hay que entender el turismo como un depredador de servicios públicos”, explica Pere Joan Femenia, de Fridays For Future Mallorca, una de las organizaciones convocantes. “Las carreteras, la sanidad, los espacios públicos… Todo se ve desbordado por la llegada en masa de turistas que la isla no puede soportar”, recalca.
Ese modelo turístico es, además, un vector de precarización de las condiciones laborales. Un claro ejemplo es el de las kellys, las trabajadoras que limpian las habitaciones de los hoteles, y que han visto cómo, al aumentar el número de turistas, ha aumentado su carga de trabajo sin que sus sueldos lo hayan hecho en proporción. Una realidad que no es exclusiva de Mallorca.
Esta manifestación llega en un contexto en el que las protestas contra la turistificación crecen en todo el Estado español. El pasado sábado 13, Alicante salía a las calles en la primera manifestación de este tipo que veía una ciudad en cuyo puerto atracan 100 cruceros cada año de los que desembarcan más de 200.000 pasajeros. La provincia en conjunto, en la que residen algo más de 1,8 millones de personas, recibe 17 millones de turistas anuales.
Salvador Cobo, portavoz de Alicante, ¿dónde vas?, la plataforma convocante de la manifestación, señala también a la vivienda como una de las principales consecuencias del modelo turístico, algo que comparten todas las ciudades que salen estos días a las calles. En 2019, cuenta Cobo, un piso de dos habitaciones cercano al centro “rondaba los 400 euros”, ahora, “es imposible encontrar nada por debajo de 800 y lo habitual es que esté en torno a los 900”.
En Barcelona, el sábado 6 de este mismo mes, en torno a 20.000 personas salieron a las calles en una protesta que señaló no solo el problema de la vivienda, sino también los procesos de museización de la ciudad. “Se produce una desnaturalización de los espacios de la ciudad”, explica Daniel Pardo, de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico. Así, se regula el libre acceso a espacios emblemáticos de la ciudad, como el Parque Güell, las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira o el castillo de Montjuïc. Por mucho que se haga con la intención de preservarlos correctamente, cuentan, se acaban adaptando a las necesidades turísticas. “Luego permiten que se hagan desfiles de moda de marcas elitistas en el Park Güell”, ironiza Pardo.
Esta marcha llegaba además en un contexto muy concreto para la ciudad. Además de la inminente celebración de la Copa América Louis Vuitton, contra la que hubo consignas durante todo el recorrido, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acababa de anunciar su intención de eliminar 10.000 pisos turísticos a partir de 2028 mediante la no renovación de sus licencias. Una decisión que desde fuera parece aceptar una de las grandes demandas de los movimientos sociales, pero que estos miran con recelo ya que entregaría el mercado a la patronal hotelera: “Nosotros también ponemos el foco en los hoteles, que también impulsan un proceso de expulsión de los vecinos fuera de sus barrios”. Barcelona recibe más de 30 millones de turistas al año.
A Barcelona la precedió Málaga en una tendencia cada vez mayor a que las ciudades mediterráneas se revuelvan contra el modelo turístico que ha marcado su economía las últimas décadas. Tras algunas acciones directas para denunciar la situación de la ciudad, como el bloqueo de candados de apartamentos turísticos, esa fue una manifestación que el Sindicato de Inquilinas de la ciudad calificó como histórica, en la que miles de malagueños y malagueñas denunciaron, bajo el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir”, que más de las viviendas del centro de la ciudad son ahora de uso turístico. Desde 2016, el número de apartamentos turísticos se ha multiplicado por 15, hasta los 12.000 actuales. Son más de 1,6 millones de turistas los que visitan una ciudad con algo más de 500.000 habitantes. Ese mismo sábado, más de 2.000 vecinos y vecinas de Cádiz salieron también a las calles, una ciudad que ha perdido un tercio de su población en los últimos 30 años y que tiene el mayor porcentaje de vivienda turística de toda España, según Cádiz Resiste.
No es algo único del litoral mediterráneo ni mucho menos. Hace tan solo unos días, activistas del Sindicato de Vivienda – AZET de Bilbao se encadenaron a las puertas de otro piso turístico para denunciar un aumento de un 35% de la gentrificación, una acción en la que los bomberos se negaron a intervenir para su evacuación. En Laredo, Cantabria, salieron a las calles en mayo en otra protesta histórica para denunciar una situación que no copa tantas portadas: que el norte peninsular también está sufriendo la masificación turística.
Paulu Lobete, de Cantabristas, la organización política convocante, explica que la chispa que desató la manifestación fue la puesta en marcha de un macroproyecto urbanístico en Ribamontán del Mar que incluía la construcción de varias urbanizaciones y campos de golf. Este proyecto es una muestra del principal problema que afronta Cantabria: la construcción y la compra de vivienda de segunda residencia. “La legislación es muy laxa en cuanto a la construcción en suelo rústico”, explica Lobete, que señala que está habiendo “una segunda burbuja del ladrillo en Cantabria” que está provocando un “proceso de transformación de los pueblos por la construcción de vivienda turística o de segunda residencia que está expulsando a muchos vecinos de sus pueblos hacia el interior menos turístico de la comunidad”. En lo que va de año, una de cada tres compras de viviendas en la comunidad ha sido realizada por no residentes. Un dato que se comprende mejor al saber que en el último año, el precio de la vivienda en Cantabria aumentó un 32,6%, la comunidad donde más ha crecido.
Este tipo de turismo es especialmente “elitista”, explica Lobete. Aunque siempre hay turismo internacional, el principal aporte de turistas y residentes temporales es el resto de España que “llegan con una renta mucho mayor que la nuestra, huyendo del calor del verano”. “Un ejemplo muy claro es Comillas, donde veranea una gran parte de la jet set madrileña que se ha creado un submundo allí”, asegura. Figuras políticas de la derecha, como Marcos de Quinto o Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros cuentan ya con segundas residencias allí.
No es posible hablar de protestas contra el modelo turístico sin mencionar a Canarias. El archipiélago vivió el 20 abril una movilización conjunta en las ocho islas que puso en el mapa el problema del turismo al sacar a las calles a más de 200.000 personas. La situación de la comunidad pone de manifiesto los efectos más precarios del modelo turístico, con un 35% de la población en riesgo de exclusión social, mientras a las islas llegan cada año más de 14 millones de turistas por los dos millones de habitantes de la comunidad. Ante todo ello, las instituciones no responden. El Cabildo de Gran Canaria pretende, mediante el Plan Insular de Ordenación publicado en 2022, aumentar en 129.000 el número de camas disponibles en la isla, es decir, duplicar la capacidad. Así, desde la Coordinadora del 20A ya anuncian movilizaciones multitudinarias al finaliza el verano.
El movimiento contra la turistificación está siendo un ejemplo de lucha capaz de aglutinar a movimientos de diferente calado. En Mallorca, la plataforma ‘Menys turisme, més vida’ ha recibido el apoyo de más de 110 entidades, y está compuesta, entre otros movimientos, por organizaciones ecologistas como Fridays For Future o el GOB; antiglobalización y por la justicia económica como ATTAC; o especializadas en el propio turismo como SOS Residents. En Alicante, la idea surgió en torno a la librería Fahrenheit 451, conocida por trabajar estrechamente con los movimientos sociales de la ciudad. Allí, de la mano de la Coordinadora de Carolines, uno de los barrios con más presencia social y militante, comenzó a idearse lo que ha desembocado en la marcha de la pasada semana. Y en Málaga, el centro social okupado La Invisible juega un papel central en la organización e impulso del movimiento, y que, situada en pleno centro de la ciudad, se posiciona como un símbolo de resistencia frente a la gentrificación.