Colectivo estatal de afectados denuncia la grave situación de
abandono administrativo y vulneración de derechos en la que viven
El 16 de junio ha sido el Día Internacional de la Electrohipersensibilidad (EHS). Los primeros afectados datan de la II Guerra Mundial. La investigación denominó “enfermedad de microondas” al conjunto de síntomas y dolencias que comenzaron a padecer los técnicos militares de radares. Desde entonces, mucho ha llovido y pocos son los países que la han reconocido oficialmente. El primero Suecia, en el año 2000, donde se la tipificó como “discapacidad funcional”. El segundo Holanda, en el año 2024, donde se reconoció que la EHS cae bajo el amparo de la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En marzo del año pasado, la asociación Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS) presentó una solicitud formal de reconocimiento de la EHS al Ministerio de Sanidad, de la que no hemos recibido respuesta. Asimismo, EQSDS ha participado en la elaboración de un informe sobre la EHS como discapacidad orgánica, realizado por la coalición nacional CONFESQ, desde el punto de vista jurídico de los Derechos Humanos.
El abandono administrativo y la vulneración de derechos que acumulan las personas afectadas de EHS difícilmente admite comparación. En mayor o menor medida, las radiofrecuencias (RF) con las que funcionan las telecomunicaciones están literalmente en todas partes. Por ello, quienes padecen electrohipersensibilidad tienen dificultades o imposibilidad de conservar o acceder: a un puesto de trabajo, a su propia vivienda, al transporte público, a la asistencia sanitaria adecuada (teniendo en cuenta que lo habitual es que tampoco se conozca lo que les pasa o incluso que se disponga de información incorrecta sobre ello), al sistema educativo, a espacios y actividades de ocio y tiempo libre y, en muchos casos, a disfrutar incluso de espacios naturales, los cuáles no siempre están libres de este tipo de contaminación. Asimismo, muchos tienen enormes dificultades para cumplir con sus responsabilidades familiares, vecinales y ciudadanas.
Por si fuera poco, las mujeres poseen una predisposición orgánica mucho mayor que los hombres a padecerla. El 80% de las personas afectadas de EHS (y SQM) son mujeres. El reciente Estudio Doctrinal Laboral
de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
denuncia que existe un sesgo médico-institucional asociado a la EHS (y a
la SQM), en tanto que enfermedad ambiental feminizada, con una
relevante trascendencia jurídico-legal que dificulta todavía más su
pleno reconocimiento médico, agravando la desatención y vulneración de
derechos de todo el conjunto de afectados, hombres y mujeres.
Todo
esto sucede mientras las evidencias de los riesgos y los daños para la
salud de las radiofrecuencias no dejan de acumularse. A día de hoy,
contamos más de 50 llamamientos científicos alertando a las autoridades y a la opinión pública sobre este asunto. En 2011, España fue uno de los países firmantes de la Resolución 1815/2011 de la Asamblea del Consejo de Europa,
donde se solicitaba encarecidamente el reconocimiento y la protección
de los EHS, así como la creación de zonas blancas. En casa, las cosas
son diferentes. El retrato de los distintos gobiernos de España en
relación a la protección de la salud pública por radiofrecuencias es
realmente lamentable, cuando no, denunciable. Después de once años y dos
leyes generales de Telecomunicaciones no se ha creado la Comisión
pública de evaluación de radiofrecuencias y salud a la que obliga la
ley. En esta materia, el gobierno de España sanciona indirectamente las
evaluaciones de un Comité Científico, el CCARS,
creado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones
(COIT). Todos lo sabemos, ¿quién mejor que el zorro para cuidar de las
gallinas? En 2017 y 2020, EQSDS denunció ante el Ministerio de Sanidad la grave situación de conflicto de interés
en la que se encontraba el funcionario técnico encargado de evaluar las
enfermedades ambientales, casualmente el mismo señor que ha ocupado
durante años la dirección médica del CCARS/COIT, quien, posteriormente,
fue nombrado coordinador del Plan Estatal de Salud y Medio Ambiente (PESMA). Tampoco entonces recibimos respuesta alguna.
Colectivos como Ecologistas en Acción, AVAATE y nosotros mismos (EQSDS) llevamos años denunciando incumplimientos y reclamando protección. De hecho, Ecologistas acaba de reclamar al Defensor del Pueblo que
reabra la reclamación que interpuso al gobierno recordándole su deber
de crear la comisión científica de evaluación pública de
radiofrecuencias y salud. ¿Hasta cuándo vamos a padecer esta situación? ¿Hasta
cuándo continuará la irresponsabilidad y la impunidad de nuestras
administraciones en materia de contaminación electromagnética y salud? ¿Hasta cuándo la connivencia con la industria?
Hoy,
como forma de “celebrar” nuestro día en sociedad, queremos trasladar la
situación en que nos encontramos al conjunto de la ciudadanía y
encarecidamente recomendamos que presten atención a consejos tan
sencillos como los que ofrece la Sociedad Española de Protección Radiológica
para moderar el uso de los dispositivos inalámbricos: primar el uso de
“manos libres” y el modo avión siempre que pueda, primar las llamadas y
conexiones por cable, evitar permanecer próximo al rúter Wifi y apagarlo
cuando no se use, entre otros. Hacemos una llamada de atención e
invitamos a todos a reconsiderar su relación con las nuevas tecnologías.
Tengamos presente la ubicuidad y el abuso que ejercemos de las
conexiones inalámbricas, la necesidad de proteger a los menores, a
colectivos de enfermos y, por ejemplo, a nuestros animales de compañía.
En definitiva, tomemos conciencia del grave problema ambiental y
sanitario que supone la contaminación electromagnética. Démosle más
espacio a la vida analógica. Seamos conscientes de que nuestro consumo
inalámbrico nos convierte en una fuente de contaminación para nosotros
mismos y para nuestro alrededor. Además, no olvidemos que el consumo
digital excesivo puede convertirse en una fuente de adicción, de
aislamiento social, así como de otros problemas de salud: “En la actualidad ya nadie duda de que los medios digitales afectan a la salud a todos los niveles, y a cualquier edad”, tal y como expresa la Asociación Española de Pediatría
en sus últimas recomendaciones. Por todo ello, necesitamos una adecuada
regulación sanitaria que tenga la biocompatibilidad como finalidad y
principio regulador. Mientras luchamos por esa normativa realmente
protectora, recapacitemos sobre la responsabilidad individual que todos
tenemos en esta materia, desarrollemos y apliquemos una ética social e
individual del uso de las nuevas tecnologías. No queremos seguir
recibiendo nuevos socios ni socias. Todo lo contrario: queremos
contribuir a que la defensa de nuestros derechos sirva para proteger la
salud de los demás.