Es conocido que la ley del paralelogramo de fuerzas se aplica también a la política: «cuando los aliados políticos tiran en direcciones opuestas la resultante es cero». El DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GV quiere aplicar la Ley de Vivienda Vasca pero el resto del gobierno tira justamente en la dirección contraria. El DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA […]
Es conocido que la ley del paralelogramo de fuerzas se aplica también a la política: «cuando los aliados políticos tiran en direcciones opuestas la resultante es cero». El DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GV quiere aplicar la Ley de Vivienda Vasca pero el resto del gobierno tira justamente en la dirección contraria. El DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA desoye la petición de asignar mas personal a Vivienda, y el DEPARTAMENTO DE HACIENDA sitúa a la vivienda como farolillo rojo en recursos, a pesar de ser un derecho fundamental para la inclusión social, y del cual dependen otros derechos, como la salud, la educación, o la protección de los menores.
La LEY DE VIVIENDA VASCA va a cumplir cuatro años y la situación se ha agravado. Vivimos una EMERGENCIA HABITACIONAL que se quiere desconocer. 52.000 inscritos en ETXEBIDE, con unos ingresos medios de 12.000 euros año, demandan un alquiler social, mientras conocemos que hay familias viviendo hacinadas, o en viviendas que no son dignas, o en oficinas y locales sin actividad. Se retrasa la edad de emancipación, y es difícil desarrollar proyectos de vida compartidos. Miles de personas viven dia-riamente de la caridad, cada dia es más difícil acceder a un techo, y aumentan los hogares que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda y suministros básicos.
Asistimos, además, a un proceso de concentración privada de la propiedad inmobiliaria. Los bancos están vendiendo su patrimonio inmobiliario a «fondos buitre» como CERBERUS, LONESTAR, BLACKSTONE, O INTRUM. Fondos que operan en paraísos fiscales, y actúan agresivamente para conseguir beneficios abusivos de «paquetes de deuda» que compran a precios de saldo, y que incluyen viviendas con el propietario dentro. Hay esta el intento de desahucio de una familia por TESTA RESIDENCIAL, que gestiona 450 viviendas VPO en BENTA BERRI DONOSTIA, o el de CHUSE en Rioja Alavesa por INTRUM, que gestiona 45.000 alquileres en el estado. El resultado es que se han disparado los precios de alquiler, 1.096 euros de media en la CAV el año pasado, y se ha turistificado el centro de las ciudades. La dramática consecuencia es el aumento espectacular de los desahucios de alquiler, muchos de los cuales no pasan por el juzgado, ni aparecen en las estadísticas. Además, hay arrendadores que directamente exigen condiciones discriminatorias que excluyen a colectivos vulnerables, y prolifera el alquiler de habitaciones, sobre todo de familias monoparentales, sin contrato ni derecho a empadronamiento. Actualmente, más de un 40% de los contratos de alquiler en el mercado privado son clandestinos.
Añadir que, en los próximos meses, 80.000 ejecuciones hipotecarias, que estaban suspendidas, deberán ser resueltas por los tribunales españoles tras la Sentencia del TJUE sobre la cláusula de vencimiento anticipado. En junio entrará en vigor la Ley de Crédito Inmobiliario y su carácter retroactivo significará una nueva ola de demandas hipotecarias. El año que viene finaliza la suspensión por dos años de los desahucios hipotecarios. Por eso son necesarias medidas urgentes que no admiten espera.
La primera obligación de las administraciones públicas es cumplir la ley. El DICTAMEN DEL COMITÉ DESC DE NACIONES UNIDAS, de junio de 2017, es de obligado cumplimiento, y dice que: es una violación grave del PIDESC, suscrito por el reino de España, cualquier desalojo forzoso, por ejecución hipotecaria o por alquiler, de una persona o colectivo vulnerable, sin previa alternativa habitacional. El RDL DE ALQUILERES recién convalidado, establece que los jueces vienen obligados de oficio a comunicar a los servicios sociales del ayuntamiento todos los desahucios para que emitan informe de vulnerabilidad y proporcionen una alternativa habitacional. Los juzgados vascos ya han empezado a cumplir esta ley lo que va a incrementar la demanda de viviendas de emergencia. Sin embargo, los PISOS DE ACOGIDA, previstos en la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, están saturados y son insuficientes, y los pocos PISOS DE EMERGENCIA del Gobierno Vasco se retrasan tres y más meses en estar disponibles y ser asignados. Esta es la primera necesidad urgente.
Mientras se incumple la ley, se retrasan injustificadamente las actuaciones para movilizar las más de 20.000 viviendas que según el GV llevan más de dos años deshabitadas. Es exigible ya información transparente sobre cuántas viviendas deshabitadas hay en cada municipio, y quiénes son sus titulares. Es un crimen que haya viviendas vacías cuyo propietario es la propia administración, por ejemplo 480 viviendas en Gasteiz según el alcalde, pero también de bancos, fondos de inversión, de la Iglesia, o de grandes tenedores, que tienen una mayor responsabilidad social. Urgen medidas contra la especulación, estableciendo INDICES OFICIALES DE PRECIO DE ALQUILER, por municipios y barrios, vinculados a los ingresos medios de la zona, que delaten a quienes se están aprovechando de la necesidad para hacer negocio. Y hay que reformar la fiscalidad, porque no es comprensible que casi 400 millones de euros desgraven la compra de vivienda cuando hace falta mas presupuesto para aumentar el parque público de alquiler, ni tampoco que haya arrendadores con beneficios fiscales aunque cobren alquileres abusivos.
Finalmente, los ayuntamientos deben aprovechar la reciente autorización por ley para que dediquen sus Remanentes de Tesorería a políticas de vivienda, y el GV tiene que aumentar drásticamente su presupuesto para no tener que explicar mañana por qué las promesas que hizo ayer no se han cumplido hoy.
Jose Arturo Val del Olmo es miembro de Stop Desahucios Euskadi
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