Un buen número de extremeños y extremeñas nos hacemos eco y apoyamos la Iniciativa Legislativa Popular en la que está trabajando la Coordinadora Anti privatización de la Sanidad Pública (CAS) mediante la recogida de firmas en todo el territorio nacional.
A continuación, recogemos algunos de las propuestas fundamentales incluidas en esta iniciativa legislativa popular y otros comentarios integrantes de las declaraciones realizadas por Nines Maestro, luchadora en defensa de la salud pública, en las que resalta la necesidad de combatir las políticas del gobierno que se hace llamar más progresista de la historia pero que prepara una normativa reaccionaria y conservadora que en nada avanza en la defensa de la salud pública, sino todo lo contrario retrocede respecto a la anterior.
Consideramos de extraordinaria importancia apoyar e impulsar la movilización y la participación ciudadana para cambiar la correlación de fuerzas políticas y sociales si queremos que la Sanidad Pública sea de calidad, universal y gratuita.
1.- Hay que acabar con la colaboración de los gobiernos con el negocio de las empresas y de la industria farmacéutica. El Sistema Nacional de Salud será de calidad cuando se ponga fin al auténtico cáncer que lo degrada progresivamente, independientemente del color político del gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas: que no es otro que la obtención de beneficio privado, con dinero público, por parte de las empresas privadas y la colaboración de las administraciones públicas.
Las repercusiones de su desmantelamiento se miden en muertes evitables, en diagnósticos tardíos, en un consumo de fármacos injustificado, en listas de espera interminables en todos los procesos sanitarios, los escándalos de muertes en las residencias y en un deterioro generalizado de la salud de la población. Todo este engranaje, que sufrimos todas y todos, revela la colaboración de los gobiernos, de todo color político, con el negocio de las empresas y de la industria farmacéutica
2.- La Iniciativa Legislativa Popular es el único mecanismo de participación popular que la Constitución y una legislación – la más restrictiva de la UE – permite, para que la voz del pueblo llegue al Parlamento. Para que la ILP llegue al Parlamento, es preciso recoger, al menos, 500.00 firmas en seis meses. Eso supone un trabajo enorme para quienes no contamos con apoyo alguno de los grandes medios de comunicación – que como sabemos están en manos de los mismos poderes económicos interesados en la privatización – ni tampoco de los grandes partidos y sindicatos, que colaboran con la misma.
3.- Los programas electorales «en defensa de la sanidad pública» acaban en papel mojado. Tanto el PP, el PSOE y las derechas nacionalistas, como los sindicatos UGT y CCOO han apoyado los grandes mecanismos legales como la Ley 15/97 que permite la gestión privada de la sanidad y la han llevado a cabo sistemáticamente, o bien colaborando directamente en la suscripción de pólizas de seguros privados por parte de sus afiliados, como hace UGT en el Ayuntamiento de Madrid.
4.- El argumento elemental es que para que el negocio privado funcione, es preciso degradar al máximo la sanidad pública. Sin embargo, está suficientemente demostrado estadísticamente que los hospitales privados, son 7 veces más caros que los centros públicos, que la reducción de recursos y de personal hace a la asistencia sanitaria privada de menos calidad que la pública, y que las infecciones hospitalarias sean superiores en los centros privados, directamente relacionada con la privatización de los servicios de limpieza.
5.- La Ley enormemente restrictiva que regula participación popular impide que se tramite ninguna ILP que afecte a los Presupuestos Generales del Estado. Así en la ILP se rechazan plazos concretos para que, eliminando las empresas privadas de la gestión de la sanidad, se dotara de recursos suficientes a la sanidad pública; se rechazó el requerimiento de concretar en plazos anuales el incremento de la dotación financiera de la Atención Primaria, pieza clave para la ejecución multidisciplinaria de la Medicina Preventiva y la Promoción de la Salud; lo mismo ocurrió cuando se han concretado medidas para la creación de un sistema público de fabricación y distribución de medicamentos.
6.- La dictadura del capital es incompatible en materia de salud, como en otros muchos campos, como la precariedad laboral, las pensiones, la educación, la vivienda, que inciden directamente sobre la salud de las poblaciones.
En estos momentos en los que se esperan pocos gestos de los gobiernos para avanzar en la defensa de unos servicios públicos de calidad lo más urgente es conseguir la toma de conciencia y la movilización popular para cambiar la correlación de fuerzas y que la gente salga a la calle, y empujar a quienes se dicen de izquierdas a que en el parlamento voten por la sanidad pública y en contra de las privatizaciones.