En Cuba: revolución y contrarrevolución. A debate con los proyectos de las disidencias

No es necesario aguzar los sentidos para descifrar los mensajes de jefes de gobiernos, voceros de organizaciones, de campañas humanitarias, o de «formadores de opinión» y opositores internos insistiendo sobre la solidaridad con el pueblo cubano, pero de ningún modo con su sistema. La causa del pueblo no es la causa del sistema. Con ese subterfugio tales voces creen ver que los intereses de los cubanos como sociedad y nación y los objetivos del proyecto socio-político de la Revolución están o pueden ser disociados. La realidad cubana, sin embargo, persiste en lo contrario.

La trayectoria hacia el bienestar social y económico se intenta a través de una alternativa cultural al capitalismo. Cuba ensaya una alternativa no-capitalista de sociedad que intenta legitimar valores socialistas como vía para alcanzar una forma superior de organización socio-humana. Y en ese camino ya le sobran resultados válidos aunque le resten logros no menos importantes.

El ostracismo de distinto género contra Cuba se explica por esa misma razón. La naturaleza no-capitalista del proyecto socio-político de la Revolución inhibe el respeto al derecho internacional en relación con Cuba. Ahí están para demostrarlo gobiernos como los de los EEUU y la UE. Es la esencia del proyecto cubano la que conlleva también a la hostilidad abierta contra él. El proyecto de la Revolución es contestatario por necesidad histórica. ¿Por qué una alternativa?

Existe una respuesta tan sencilla como definitiva: porque los países subdesarrollados no han conseguido hasta ahora, como no lo conseguía Cuba hasta ayer, entrar en la trayectoria del avance cultural y socioeconómico justo y sostenible de sus naciones. Es decir, demuestran que el sistema capitalista no llega a constituir una opción viable de desarrollo sustentable y democrático para sus pueblos, a pesar del secular empecinamiento en tales modos y sistemas de valores. En Cuba de lo que se trata es, por tanto, de superar paradigmas incapaces de propiciar las transformaciones que el subdesarrollo estructural capitalista siembra.

La trascendencia del proyecto de desarrollo de la Revolución Cubana de 1959 enraíza sus fundamentos en la naturaleza eminentemente popular de sus postulados socio político y económico. El concepto y la práctica de lo popular estructuraron su esencia política sobre la radical revisión de las relaciones de poder oligárquico de la Cuba pre-revolucionaria. Las relaciones de poder que la concentración de la propiedad y del capital definían a favor de élites socio-políticas se sustituían por el equilibrio de relaciones socioeconómicas simétricas y neutras en cuanto a la correlación entre propiedad y poder económico y político. La consolidación del proceso de simetría social se produce sobre la base de la socialización de la propiedad, a través de su decidida y amplia estatización y afincándose, gracias a ello, en la distribución y redistribución equitativa, de naturaleza más bien egalitaria, de la renta nacional. Lo que en esencia se produce es la nacionalización de todo el patrimonio nacional en pos del reposicionamiento del proceso de acumulación social interna de capital en un nuevo punto de equilibrio, a partir del cual resultaba factible emprender el cambio de la naturaleza política de las relaciones de poder y la recomposición del carácter de las fuerzas productivas de la nación. Por lo tanto, desde la perspectiva social, postulada como determinante del proceso, la verdadera revolución se planteaba en términos de una reformulación cultural de las condiciones de desarrollo de la nación [i] .

No es legítmo, entonces, condicionar las relaciones con Cuba ni divorciarlas del respeto a su derecho a la autodeterminación como nación y estado soberano. Cuba posee todo el derecho a un empecinamiento distinto al que se enfrascan los países de la periferia capitalista. No reconocerle este derecho al pueblo cubano constituye una forma de combatir el proyecto socio-político de la Revolución.

Los opositores internos en Cuba se tornan inconstitucionales por opción propia. Concentran sus esfuerzos en derrumbar el orden socio-político establecido y suplantarlo por aquel que satisfaga los intereses de grupo que promueven y en pos de ello optan, no por el disentimiento genuino dentro del marco institucional, sino por la subversión con el patrocinio económico y político (directo o indirecto) de gobiernos extranjeros. Podrá decirse que no existe posibilidad de disentir dentro del marco institucional cubano, pero una opinión objetiva sería que lo que no existe es tal posibilidad desde la perspectiva de un multipartidismo político. Sin embargo, desde la razón del derecho ciudadano, lo que se enfrenta con el disentimiento es la ortodoxia política del sistema. El enfrentamiento que abre el espacio político a inevitables contradicciones internas, por lo tanto, es legítimo de asumir en esas condiciones.

Cuando demandas como las contenidas en el llamado Proyecto Varela intentan hacer valer una opción distinta de modos y sistemas de valores para lograr, como se postula, el bienestar del pueblo cubano, el asunto de fondo no radica en el derecho o no de sus promotores a presentar una opción -derecho legitimado en la propia Constitución cubana -, sino en la naturaleza de la opción que se propone. Y sobre ello, con toda seguridad, debate el pueblo cubano. El pueblo no debate directamente sobre el Proyecto Varela, el pueblo debate y se afana en impulsar una opción no-capitalista de desarrollo socio-humano.

El llamado Proyecto Varela podría y, en buen razonamiento político, debería ser sometido a referéndum en Cuba. Pero para entender la naturaleza política del proyecto Varela es necesario distinguir el carácter de sus demandas económicas. Entonces, como se pide tomar en serio lo que se ha dado en llamar un importante proyecto de reformas para Cuba, despejemos precisamente el trasfondo de su postulado proa: el derecho de los cubanos a poseer empresas privadas.

En consecuencia, deconstruyamos otra vez una verdad absolutamente objetiva e irrebatiblemente demostrada. La propiedad privada de los medios de producción y las relaciones socioeconómicas afines distinguen el modo de organización de la sociedad capitalista. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Se trata del culto a un sistema de propiedad que sacraliza el derecho a la propiedad por encima del derecho a la participación democrática en la utilización de la ganancia de todos los que trabajan para crearla. El principio de discriminación de quien trabaja por un salario que el propietario determina -claramente visible en condiciones de empleo deficitario-, es inmanente al derecho sobre la propiedad privada. No es una práctica casuística sino un fenómeno global históricamente condicionado. Ha existido un proceso secular de relaciones socioeconómicas conflictivas dado por la extorsión originaria del capital [ii] . La discriminación de quienes trabajan por un salario es parte de una lógica de reproducción de los bienes privados de capital, invariablemente regida por el hecho de la tendencia inevitable del propietario a la maximización del lucro, es decir, al aumento del valor económico de la empresa (sociedad) para los propietarios. Ello es inevitable, no por fuerza divina, sino por razones sociológicas. La conformación de una realidad social sujeta a la exaltación del individualismo y el poder de unos sobre otros como forma marcante del status quo social, por regla, llega a esterilizar en la sociedad el sentido de solidaridad socio-humana. El sistema de propiedad y de relaciones socioeconómicas que le son propias determinan las reglas del juego. Circunstancias en las cuales prima el derecho «natural» de exclusividad (así como de natural entendían ya en el s. XVIII los fisiócratas el derecho de los terratenientes a la renta del suelo) sobre lo que se posee como propio.

El estado de bienestar social capitalista no ha dejado de ser, en el fondo, por fuerza de la razón de la propiedad privada, un estado caritativo puesto que no es la democracia económica la que determina las condiciones del bienestar social que se alcanza. La ganancia apropiada asegura la reproducción cada vez más ampliada del capital que se acumula y concentra, en mayor y menor escala. Es esto lo que a su vez permite la reproducción tecnológica de los medios de producción que se poseen, absolutamente, o en derecho de propiedad mayoritario, y lo que garantiza la multiplicación del lucro que, por lo general, ha de poner por encima de la sociedad y del propio estado a los detentores de su acumulación exclusiva y exponencial.

A la propiedad privada le es ajeno el factor axiológico sobre la remuneración social del trabajo, el cual habría de presuponer la participación democrática en el beneficio del mismo. El lugar de la abarcadora acepción de la participación económica equitativa ha sido ocupado por el frío cálculo de una categoría económica: el salario. El salario no participa de la ganancia sino del costo de producción. El salario es lo que se ha de restar para que el lucro se pueda multiplicar [iii] . El salario es el lastre que limita la altura del lucro, es decir, una carga que ha de tirarse al vacío ante cada amenaza que marque el altímetro. Se tira por la borda así, o se frena cada vez que sea necesario, el nivel de vida de quienes trabajan en condiciones donde precisamente la magnitud de los ingresos, es decir, el salario, determina -casi absolutamente en los países del Tercer Mundo-, el de la vida.

La propiedad privada, por sí misma, hace que la resistencia a la distribución solidaria de los costos económicos y sociales sea cerradamente inflexible. Una sociedad de naturaleza solidaria es genéticamente incompatible con el sistema de propiedad privada en tanto sea ésta la filosofía sustentadora de la naturaleza del estado y el tipo de sociedad afín. O sea, con el sistema que hace exclusiva la participación en el aprovechamiento de la ganancia que la actividad productiva de la sociedad genera, una vez reducido el salario a su mínima expresión posible, o de haberse aumentado en la proporción más onerosa practicable, o de haberse inmovilizado en el tiempo lo más prolongadamente factible. ¿Podría concebirse el funcionamiento de la propiedad privada bajo el precepto democrático de un código empresarial que estableciera el derecho de los trabajadores a la administración de las utilidades?, en el que la remuneración del trabajo implicara la participación de la retribución social en la ganancia. ¿No se estaría así despojando la propiedad privada de su capacidad de acumulación y concentración excluyente de capital?. ¿Cual sería el sentido en tales condiciones de la propiedad privada? [iv] .

La evolución del sistema capitalista ha llevado a una clara división de «funciones» entre propietarios, gestores de la propiedad y ejecutores. Los primeros retienen del derecho a la acumulación de capital mientras que los segundos y terceros trabajan para su reproducción por el salario que devengan. En las sociedades accionarias un grupo de «inversionistas-accionistas» obtiene dividendos como retribución al capital de préstamo sin que participen directamente en el proceso creador de bienes y servicios. El criterio de eficiencia es aumentar el valor de las empresas para los accionistas de la mismas. ¿Cuáles son las causas irrebatibles por las cuales habría que mantener tales paradigmas en las relaciones socioeconómicas?. ¿No está la división en clases sociales que con ello se establece en los fundamentos del subdesarrollo secular y la exclusión social en que se persiste en los países latinoamericanos?. La propiedad no-privada asume el principio de la socialización de los beneficios pero también de los costos del proceso socio-productivo. La organización de la relaciones socioeconómicas converge con la práctica de la igualdad social.

Abogar por un referéndum sobre el Proyecto Varela, es decir, sobre la aceptación o no de un grupo de exigencias que reivindican reformas económicas, desvinculadas de esencias como la propiedad social, es decir, la propiedad no-privada sobre los medios de producción, no pasa de ser un velada negación de uno de los presupuestos cardinales de la esencia no-capitalista del proyecto sociopolítico de desarrollo de la Revolución legítimamente blindados por la Constitución cubana. No por casualidad el denominado Proyecto Varela ha sido convertido en una bandera de lucha por los círculos foráneos de la oposición profesional al proyecto socio-político de la Revolución.

La cabeza visible del proyecto no ha dudado en manifestar abiertamente su apoyo a la funesta práctica latinoamericana de los golpes de estado contra órdenes sociopolíticos instituidos según los principios democráticos asumidos en los países latinoamericanos. A pesar de enfrentar de ese modo la llamada Carta Democrática de la propia OEA, esa cabeza visible es objeto de atenciones por parte de jefes de estado de la UE, de altos funcionarios estadounidenses y representantes de otros gobiernos de los centros de poder capitalista, pero también de las periferias dependientes. Para los mal informados (y los desinformados), es bueno recordar la estrecha relación que guarda el Proyecto Varela con el «Programa para una Transición Democrática en Cuba», elaborado y auspiciado por Washington. La propiedad privada y la libre empresa son el leitmotiv y la carga implosiva.

Proponer el derecho de los cubanos a «tener empresas», pretendiendo pasar por alto el tema de la naturaleza de la propiedad de la empresa, puede considerarse, como mínimo, una subestimación del sentido común o de la capacidad intelectual o del instinto político del pueblo cubano o estas tres cosas a la vez. Exigir un referéndum sobre el derecho a empresas privadas sin invitar con igual determinación a un debate sobre las esencias que el pueblo cubano puede seguir definiendo en la trayectoria de evolución no-capitalista asumida, lleva el signo del oportunismo político.

En Cuba sigue planteada la lucha por la defensa de un proyecto de estado-nación que rompe con la filosofía del modo capitalista de relaciones socioeconómicas. En Cuba se lucha por concebir las relaciones socio-productivas no como antagonismos, sino como modos de cooperación humana. Modos en los cuales el trabajador (de cualquier profesión) no tenga que vivir bajo el acoso de ser para la empresa, a fuerza de no valer en el , un activo (asset) multiplicador de ganancias en las cuales no participará en igualdad de derechos por la razón de no estar en posesión del capital.

Entonces, la falacia de un referéndum que intenta ignorar la naturaleza política de la propuesta que se vende, no puede ser enfrentada por el pueblo exclusivamente en el ámbito parlamentario. Se necesita denunciarla políticamente puesto que el pueblo cubano está absorto en superar las consecuencias de los factores capitalistas que condujeron a la nación, es decir a Cuba, al subdesarrollo socioeconómico y la desigualdad social a las que se enfrentó la Revolución. Cuba se ha despegado -inmersa en contradicciones socioeconómicas y políticas propias y en una devastadora agresión económica externa-, de los presupuestos y los sistemas de valores capitalistas que hasta hoy diezman las sociedades latinoamericanas.

El proyecto socio-político cubano, a pesar de sus sensibles insuficiencias sistémicas, se ha distanciado dramáticamente del subdesarrollo socio-cultural en que sigue hundido el resto de los pueblos de América Latina. El elitismo de las sociedades latinoamericanas es la expresión de la exclusión social, hija directa del sistema de propiedad privada que las divide en clases antagónicas. Los problemas que entorpecen el proyecto socio-político de la Revolución no son sus barreras sino sus retos.

En el ámbito de las relaciones internacionales políticamente correctas se profesa la orfandad de Cuba. Y se alimentan todo tipo de mesianismos redentores y civilizatorios, o se organizan cruzadas modernas como la permanente agresión económica y política estadounidense. Se suelen idealizar los lazos consanguíneos y culturales entre Cuba y España para imaginar y pedirle a esta última, a título de miembro de la UE, que ayude a mejorar en paz las condiciones de vida del pueblo cubano. ¿Podrán España, la UE u otros estados capitalistas acercarse con propuestas e ideas para ayudar a perfeccionar el modelo no-capitalista de desarrollo que intenta adelantar Cuba?. Al olmo nunca se le ha podido pedir peras.

Cuba exige un tratamiento no discriminatorio en las relaciones económicas y políticas internacionales, puesto que Cuba demuestra, con creciente reconocimiento internacional y recuperándose de la profunda crisis estructural de principios de los 90, una apreciable capacidad de inserción en las relaciones económicas internacionales. Es la UE el primer socio comercial de Cuba. La expansión de las relaciones financieras y comerciales así como la cooperación tecnológico industrial con China pueden considerarse de carácter estratégico. Se construye un proyecto de cooperación internacional sui géneris con Venezuela y se consolidan nuevas etapas en la integración en el Caribe. La industria cubana de la biotecnología se reafirma en el más exigente de los mercados. La especialización en los servicios de altos valores de intercambio, como es el de la asistencia médica, cobra espacios cada vez más osados y no pierde el norte de una ética profundamente humanista. A pesar del rabioso revanchismo económico y financiero de los gobiernos de los EEUU, en la actualidad los productores agroindustriales estadounidenses son los beneficiarios más directos de la demanda de alimentos de Cuba.

Entonces, lo que el pueblo cubano ha demostrado es tener plena conciencia que sólo la defensa inquebrantable de su soberanía y de su derecho a la autodeterminación obliga a los gobiernos a respetar los legítimos derechos de Cuba a la otredad. Otredad que ha sido condenada por los centros de poder capitalista, con los EEUU al frente, debido al desasosiego que produce la eventualidad de un precedente de desarrollo alternativo viable en América Latina y en el llamado Tercer Mundo.

Cuba está retada ante sí misma a demostrar la viabilidad de la opción de su proyecto socio-político puesto que lo que está en juego no es un modelo, sino el bienestar sustentable de toda la nación. La evolución interna del proyecto, en la trayectoria no-capitalista asumida, ha de enfrentar decididamente, también en debates nacionales abiertos, las causas que mediatizan la democracia ciudadana, política y económica. La arrojada profundización de la democracia participativa y directa en todo el universo de las relaciones socio-económicas determina la auto sustentabilidad del sistema y no puede ser indefinidamente pospuesta. La autonomía del movimiento de la sociedad constituye una de las claves de la viabilidad de la propuesta del proyecto socio-político cubano. Donde la evolución hacia un sistema mixto de propiedad social resulta una de las otras claves determinantes. Bajo tales condiciones la eficiencia del modelo económico hallará terreno propicio para una dinámica progresión. No existen dudas que las potencialidades de desarrollo que liberan estas prerrogativas se multiplicarían en un escenario donde las hostilidades externas desaparezcan. En este sentido importa resaltar que el respeto incondicional al derecho de autodeterminación de Cuba se logrará no por la magnanimidad de los centros de poder hegemónico sino por la fuerza de carácter y la capacidad de resistencia y empuje creativo del pueblo cubano.