En defensa de salarios y pensiones dignas, movilización

Somos rehenes de las políticas de la Unión Europea, de las reformas que los gobiernos han implementado a lo largo de los años al amparo de las decisiones del Pacto de Toledo, Reforma de las Pensiones, IPC Medio en vez del Real, Planes de Pensiones de Empresa o Pacto de Rentas. La no derogación de la reforma laboral de la derecha, ha hecho agudizar más la pobreza de mucha gente.

Las pensiones que se recibimos son la consecuencia de muchos años de cotización, pero la cotización de todos estos años, en muchos casos no da para unas pensiones mínimas dignas. La cuestión es mantener el poder adquisitivo, que es de justicia, porque un jubilado ya no tiene capacidad de generar más ingresos, por lo que no es admisible que asuman una pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones tienen que permitir una vida digna, sin olvidar que quien paga las pensiones hoy, son los hijos y nietos de los pensionistas.

Miles de personas se han manifestado en Madrid para exigir la revalorización de las pensiones y los salarios conforme al Índice de Precios de Consumo y defender que el sistema que sostiene las prestaciones públicas en la jubilación es solvente y no necesita ninguna privatización. La protesta, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y a la que se han adherido sindicatos como CGT, ha reunido a pensionistas de distintas partes de España. «Soy viejo, no pendejo», decía una de las pancartas; «todos somos pensionistas, quiero mi pensión o «blindar las pensiones y no a los borbones», coreando cánticos como «pensiones dignas para todas las mujeres» o «viva la lucha de la clase obrera».

Han sido y son un ejemplo. Toca Movilización y Unidad, ante las agresiones a la forma de vida de trabajadores y pensionistas. Hoy me hago eco del llamamiento de Pensionistas: Lucha Internacionalista, que apoya las movilizaciones que pretende unir a pensionistas y a trabajadores en la defensa de salarios y pensiones dignas. Estoy a favor de las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones.

El 44,9% de la población española tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes. El Capital ya no garantiza trabajo ni salarios y utiliza su propia crisis para garantizar sus beneficios. El grado de explotación ya no garantiza un salario o una pensión. Ya no hay seguridad para tener una vida digna, después de haber cotizado y trabajado toda una vida. La cantidad de personas que se encuentran en pobreza severa va en aumento. La gente tiene dificultades para pagar un alquiler, y el coste de los suministros básicos es cada vez más grande. La cesta de la compra cuesta más, agravado por la cuantía de los salarios y las pensiones que se cobran, mientras vemos como los bancos, las eléctricas y los intermediarios se hacen cada vez más ricos a coste de nuestra miseria.

Sigue aumentando la brecha de género en salarios y pensiones. Las personas que cobran las pensiones no contributivas tienen que sobrevivir con una pensión que no llega ni al salario mínimo interprofesional, por desgracia este colectivo está mayoritariamente compuesto por mujeres. Un 27,8% es la población está ya en riesgo de pobreza según el Gobierno y más del 60% según la Carta Social Europea para España.

En términos absolutos, están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 6.417,3 euros al año, 535 euros al mes. En 2021 esta cifra es ocho décimas superiores a la del año anterior. Sin embargo, en combinación con el aumento de población supone unas 372.000 personas más.

El capital financiero y los monopolios son los beneficiarios de su propia crisis, y provocan que el conjunto de las clases populares sufran todo su peso. Desde la crisis de la especulación inmobiliaria del 2008, las medidas de los sucesivos gobiernos han sido a favor del capital. A la invasión de Ucrania por Rusia se le achaca la inflación, cuando antes de comenzar la guerra ya teníamos una tasa del 8,2% y los pensionistas estábamos en la calle pidiendo subida de las pensiones, para paliar la inflación.

Seguimos viendo cómo se sigue permitiendo la subida de los alquileres, un gran negocio financiero que niega el derecho a una vivienda digna. Se ha facilitado que las facturas de luz y gas suban de forma inalcanzable para muchas familias, en vez de nacionalizar los grandes monopolios energéticos que se reparten ingentes beneficios y bonificaciones.

Es importante que trabajadores y trabajadoras, entiendan que si se renuncia a las movilizaciones seguiremos perdiendo poder adquisitivo y seguirá perdiéndose empleo. Sin un salario y un empleo dignos no podremos tener unas pensiones dignas. Hay que decir basta a los convenios que no aseguran el empleo y no incrementan los salarios ajustados a la inflación. Es necesario decir no a los convenios que intenten imponer los Planes Privados de Empresa.

Por un plan obrero de medidas que son urgentes. Es necesario un acuerdo entre organizaciones de pensionistas, sindicatos y movimientos sociales para preparar una huelga general, porque motivos tenemos. Que se discuta en los centros de trabajo, en la universidad, que todas y todos los trabajadores, pensionistas y estudiantes la secundemos.

Por la subida de salarios y pensiones con el IPC Real. Ante la subida del coste de la vida y el plan de rentas que solo pretende consolidar la bajada de salarios y que los trabajadores perdamos el Coste de la Vida como referencia en convenios y revalorización de pensiones.

No es admisible la subida de precios que se está produciendo. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en septiembre un 14,4% respecto al mismo mes de 2021 –seis décimas más que en el mes anterior– y un 0,5% respecto al pasado mes de agosto, con alzas anuales destacadas en leche, aceites y grasas, huevos y cereales y sus derivados. El Gobierno tiene que intervenir.

Mientras, los salarios aprobados en los convenios subieron una media del 2,61% hasta setiembre. Apenas es un 0,01% por encima de lo que aumentaron hasta agosto, que fue del 2,60%. El dato supone más de seis puntos por debajo del último IPC (8,9%). Este aumento salarial se queda por debajo de la subida del 3,6% que acordó el Gobierno con los sindicatos para el SMI. Urge subir los salarios, controlar los precios, limitar los beneficios y garantizar unas pensiones dignas.

Hasta un total de 13,1 millones de personas estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2021 en España, lo que supone el 27,8% de la población, según el XII Informe El Estado de la Pobreza. El informe refleja que el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social aumentó casi un punto porcentual con respecto al año anterior. En términos absolutos, unas 380.000 nuevas personas más están en riesgo de pobreza o exclusión social este último año. Los hogares en los que viven niños y adolescentes tienen tasas más altas en los principales indicadores que aquellos donde hay adultos solamente. Dentro de estos hogares, destacan especialmente los monoparentales y las regiones del sur, más pobres que las del norte de España.

En el año 2021, unos 3,9 millones de personas, que constituyen el 8,3% de la población española, vivía con privación material y social severa, que incluye a aquellas personas que viven en hogares que no pueden afrontar siete o más conceptos o elementos de consumo, de un total de nuevo considerados básicos en el territorio europeo, lo que representa un indicador de vulnerabilidad grave.

Hay que seguir reivindicando el IPC real, es decir, lo que sube el coste de la vida en el año. El año pasado perdimos cerca de un 3% y este año podemos perder un 2%, porque el cálculo se hace en noviembre y según las estimaciones este año subirá a más del 10%, pero a las pensiones subirán un 8.5%.

Debemos preparar movilizaciones contra el capital, que se prepara para salir beneficiado de la crisis y que el pago de la deuda financiera siga a costa de nuevos recortes sociales. Partidos como Ciudadanos se oponen abiertamente a la subida lineal de las pensiones y otros como el PP se refugian en la indefinición. Algunos de sus dirigentes plantean un pacto de rentas en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC; lo que significaría que las prestaciones más elevadas no subieran un 8,5%, sino en una horquilla de entre un 4,5% y un 7%.

Hay que apoyar las movilizaciones que se está convocando y celebrando desde el movimiento pensionista, los sindicatos y los movimientos sociales, porque gobierne quien gobierne las pensiones y los salarios se defienden.

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