El año pasado en estas fechas se lanzó a la calle un movimiento de trabajadoras de hogar, amplio, articulado y político. Se manifestaban contra la Enmienda 6777 a la Ley de Presupuestos del Estado para 2018, con la que el PP estaba proponiendo al Parlamento español atrasar en cinco años algo que debía comenzar el […]
El año pasado en estas fechas se lanzó a la calle un movimiento de trabajadoras de hogar, amplio, articulado y político. Se manifestaban contra la Enmienda 6777 a la Ley de Presupuestos del Estado para 2018, con la que el PP estaba proponiendo al Parlamento español atrasar en cinco años algo que debía comenzar el 1 de enero de 2019: la cotización por salarios reales y la cobertura de los vacíos en el cálculo de las pensiones de Hogar. Ya habían soportado una espera de 7 años, porque la Ley 27/2011, que integró al sector en el Régimen General como Sistema Especial de Hogar, aplazó la equiparación en estos dos aspectos hasta el 2019.
La bandera de la lucha fue aquella discriminación visible, clara y formal, pero la energía para la protesta se alimentaba de más atropellos. Junto a externas autóctonas con largas trayectorias de cotización, indignadas por el nuevo aplazamiento y por las consecuencias que iba a tener en sus pensiones futuras, había internas migrantes que conocían la experiencia de renunciar derechos a cambio de una oferta escrita de trabajo con la que regularizar su situación. Aquella era una protesta contra las faltas de respeto a la integridad personal, que van desde los acercamientos sexuales indeseados hasta la falta de tiempo libre y descanso, la falta de reconocimiento del valor del trabajo, los despidos de la noche a la mañana sin derecho a prestación de desempleo, los salarios congelados durante años, y tantas otras situaciones.
La Enmienda finalmente salió adelante en una coyuntura política especial: el día 1 de junio el PSOE acababa de ganar la moción de censura contra Rajoy, pero el PP mantuvo la suficiente fuerza en el Parlamento como para imponer sus Presupuestos, que el día 28 de junio quedaron definitivamente aprobados.
En mitad de la vorágine política que se vivió aquellos días, los guiños al movimiento se multiplicaron: acercamiento de fuerzas políticas a las concentraciones de trabajadoras para expresar su solidaridad; aprobación unánime en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de una moción contra la enmienda 6777 con la única abstención del PP; declaraciones de la nueva ministra de trabajo manifestando que el Gobierno del PSOE iba a ratificar el Convenio 189 de la OIT… El nuevo Gobierno quería mostrar públicamente un perfil de izquierda frente a la actuación del recién destituido. Por su parte, el mensaje del movimiento fue que esperaba que los presupuestos de 2019 corrigiesen la enmienda.
Los medios de comunicación se hicieron eco de las movilizaciones y también de la situación del sector en una medida nunca vista, aunque demasiadas veces el tema se trató de manera superficial. Se agitaban en la misma coctelera las políticas de los gobiernos con las actuaciones de los empleadores particulares, lo que no ayudó a situar los porqués de la situación y a señalar responsabilidades. Hubo medios, no pocos, empeñados en presentar a la trabajadora de hogar como el prototipo de la víctima de abusos (me extendería gustosamente en este aspecto odioso), con más interés en obtener testimonios personales que alimentasen el estereotipo que en comunicar lo que el colectivo quería conseguir.
Llegó el pacto PSOE-Podemos de 11 de octubre de 2018 para los Presupuestos de 2019, que no rectificó la enmienda: lo que hizo fue adelantar la equiparación al 1 de enero de 2021, dejando en la ambigüedad el asunto del desempleo.
El acuerdo sobre incremento del 22,3% del salario mínimo para 2019, catorce pagas de 900 euros, debería haber tenido un impacto enorme en hogar. La jornada de 40 horas semanales subía de 858,55 a 1.050 euros al mes con prorrata de pagas, y el precio de las 60 horas semanales que legalmente pueden realizarse pasaba de 1.357 a 1.660 euros al mes. Esto, sin considerar que 7 de cada 10 de las internas trabajan más de las 60 horas y sin mencionar aún lo que la subida de las cuotas Seguridad Social encarecía el costo.
El pago en mano, las jornadas interminables, son responsabilidad de la parte empleadora; pero la Inspección de Trabajo debe pedir a las familias que le presenten las nóminas o una concreción escrita de la jornada laboral
No hubo conmoción general. Las consecuencias de la subida del SMI en el hogar, ni despertaron alarma en la patronal ni se analizaron en la zona sepia de los periódicos. La razón no es que la CEOE se despreocupe del precio del trabajo asalariado en el entorno privado; lo tiene en cuenta. Basta leer la nota de prensa de la agencia COLPISA de 21/1/2008, en la que, ante los rumores de que se estaba gestando un cambio, la patronal advertía a Rodríguez Zapatero que el convertir la relación laboral especial de hogar en una relación laboral ordinaria, al subir el coste para los hogares, iba a ser un peligro para la buena marcha del área mercantil de la economía. La anterior frase es mi traducción de lo que dijeron, que fue otra cosa: que peligraba la participación de las amas de casa en el mercado laboral al no poder pagar a la empleada que atendía «sus» labores domésticas. Por algo hablamos de capitalismo patriarcal.
El problema de la subida de los costes de hogar en 2019 se ha resuelto dejando actuar a la correlación de fuerzas, sin intervención de la autoridad. Al poco de llegar al poder, el Gobierno lanzó para el resto de los sectores la señal de que iba en serio contra el fraude en los contratos a tiempo parcial y los falsos temporales. El primer paso fue un barrido general a cargo de la Inspección de Trabajo, una advertencia a todas las empresas de que iba a darse un segundo paso para controlar ilegalidades, y el resultado fue la regularización de miles de situaciones. En hogar no ha habido absolutamente ningún movimiento, ningún gesto de las autoridades laborales, que indicase a los empleadores que la legalidad está para algo. Y no será porque la situación sea desconocida.
Cuando hay contrato escrito, no suele reflejar las verdaderas condiciones de jornada y salarios. Esto es responsabilidad de la parte empleadora, pero es culpa del Gobierno que en muchas oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social se nieguen a cumplir su obligación legal de registrar los contratos de hogar que se les presentan. El pago en mano, las jornadas interminables, son responsabilidad de la parte empleadora; pero la Inspección de Trabajo no puede escudarse en el respeto a la intimidad del domicilio familiar como excusa para no pedir a las familias que le presenten las nóminas o una concreción escrita de la jornada laboral. Es entonces donde tendrían que explicar el milagro de que trabajadoras internas que viven solas durante toda la semana a cargo de personas con Alzheimer, estén realizando únicamente las 40 horas que aparecen en contrato.
Las agencias privadas de colocación funcionan libremente, con y sin autorización. Intermedian tirando del mercado a la baja, colocando a las trabajadoras en condiciones ilegales. Suelen redondear el negocio cobrando una cantidad mensual por seguir gestionando la relación laboral, que formalmente y a pesar de eso se seguirá calificando como de empleo de hogar. Además, las agencias no autorizadas suelen quedarse con un porcentaje enorme de lo que la familia paga para cubrir el gasto total. No es sorprendente que haya personas sin escrúpulos en el negocio del cuidado, lo que necesita explicación es que la Inspección de Trabajo no las persiga.
La lucha contra la Enmienda 6777 reivindicaba la equiparación de derechos de Seguridad Social. En enero de 2012, con la desaparición de Régimen especial de la Seguridad Social de empleados de hogar y la integración en el General, parecía terminar una historia cuyos rasgos generales recuerdo: las bajas de enfermedad solo se cobraban a partir del día 29, no se reconocía el accidente laboral, no se podía estar de alta en el sistema con empleos semanales de menos de 18 horas, el trabajar para más de un domicilio suponía el traslado de la obligación de cotizar a la trabajadora, y lo mismo ocurría durante todas las bajas, incluida la de maternidad. Para redondear un panorama imposible, la cuota era única, se pagaba lo mismo trabajando cualquier número de horas semanales. Mujeres con decenas de años de trabajo en Hogar no habían estado nunca de alta, sus ingresos eran un salario de ayuda familiar, y su pensión de futuro era la de viudedad.
A partir de enero de 2012, entre otras mejoras, el alta y la cotización se hicieron obligatorias desde la primera hora. La cotización por salarios reales se aplaza al 1 de enero de 2019 y mientras tanto se pasa a hacerlo por tramos, dependiendo de franjas salariales. Los tramos cambian cada año, y entre 2012 y 2018 tienen siempre un tope mínimo y un tope máximo: el año pasado, la base más baja por la que se podía cotizar era 167,74 euros y la más alta, 896,94 euros. La base mínima era alta respecto a los salarios que pagan quienes contratan unas pocas horas semanales, que generalmente son pensionistas. Como resultado, casi todos esos contratos se mantienen en la economía sumergida y con ello las trabajadoras que acuden por horas a varios domicilios. En el extremo contrario, en la franja de salarios más elevados, la base máxima tiene consecuencias evidentes en las posteriores prestaciones de seguridad social, que vendrán calculadas sobre esas bases topadas y no los salarios realmente percibidos.
Para el año 2019, el nuevo Gobierno hace los siguientes cambios en las bases de cotización: establece la mínima en 206 euros, agravando el problema preexistente en los contratos de pocas horas, y elimina el tope máximo de cotización: a partir de 1.294,01 euros hay que cotizar por salarios reales. Los tramos del 1 al 9, tienen un diseño que promueve directamente el fraude. Por poner un ejemplo, en el tramo 7, correspondiente a los salarios desde 914,01 hasta 1.050 euros brutos (adviértase, la holgura es de 136 euros), la base de cotización es 1050 euros, que es lo que hay que cotizar aunque se paguen, pongo por caso, 915 euros de salario. El efecto ha sido que la parte empleadora en muchos casos ha reducido horas o ha pasado a pagar en mano unos pocos euros, para poder bajar al tramo 6, que corresponde a salarios entre 780 a 914,01 euros, cuya base de cotización es 877 euros.
No es espacio para comentar en detalle otra barbaridad: la menciono solo para la lectora extrañada de cotizar más barato este año a pesar de pagar el mismo salario que en 2018. El fenómeno se llama «caída de tramo» y es lo que ocurre cuando el salario del año pasado pasa a estar clasificado en un tramo al que corresponde una base inferior. Esto sólo podría pasar en Hogar, ¿no es cierto?
Pero hay más. En lugar de informar a la parte empleadora de que debía actualizar la declaración de salarios, la TGSS ha seguido cobrando (años anteriores y en 2019 también) las cuotas de Hogar de acuerdo con salarios declarados en 2012; tenemos una compañera cuyos empleadores quieren arreglar el desaguisado y sólo han podido rectificar los últimos cuatro años.
La TGSS ha estado admitiendo cotizaciones por bases inferiores al salario mínimo interprofesional en relación a las horas de trabajo. En 2019 ha resultado especialmente evidente en contratos a tiempo completo que deberían estar en el tramo 7, cuya base son los 1.050 euros, que es la cifra del salario mínimo para 40 horas. Como no se hizo un programa específico de ordenador para maltratar silenciosamente a trabajadoras de hogar, sus vidas laborales han delatado la situación: trabajadoras internas y externas de 40 horas que aparecen como si estuviesen tiempo parcial, porque no se les cotiza por la base íntegra. La TGSS tenía que haberse ocupado de regularizar las bases, reclamando la cotización correcta. Es lo que se hace con otros sectores, tanto del trabajo por cuenta ajena como el autónomo: las bases se regularizan, nunca las permiten por debajo del mínimo legal.
Podríamos dar aún más vueltas al asunto, advirtiendo, por ejemplo, que todo este comentario se ha movido en los límites del empleo formal. La atención a personas en situación de dependencia, sigue recayendo en dos grupos sociales, por este orden: sus familiares, casi siempre mujeres, y trabajadoras de hogar. De estas últimas, una parte son internas y el 24% no tiene papeles, de acuerdo a las estadísticas de la ATH-ELE de 2018. El sistema de servicios sociales consigue un enorme ahorro a base de promover el contrato privado de trabajo de hogar y cuidado sin controlar sus condiciones; no encuentro razones misteriosas en la situación que he descrito más arriba. Hay una relación directa entre la privación de derechos de las trabajadoras de hogar y la accesibilidad al servicio por parte de una franja amplia de la población. Eso es.
Isabel Otxoa es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE).
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/aniversario-luchas-contra-enmienda-6777