Sobre los robos de bebés que empezaron a perpetrarse en la guerra civil y continuaron durante 50 años, el activista social Luis Pla y el miembro de la Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL), Miguel Hernández, estrenaron en mayo de 2016 el documental «Ladrones de vidas: niños robados en la Comunidad Valenciana». Son 55 minutos […]
Sobre los robos de bebés que empezaron a perpetrarse en la guerra civil y continuaron durante 50 años, el activista social Luis Pla y el miembro de la Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL), Miguel Hernández, estrenaron en mayo de 2016 el documental «Ladrones de vidas: niños robados en la Comunidad Valenciana». Son 55 minutos de audiovisual, ocho horas de entrevistas y tres años de grabación, en las que aparece el testimonio de diputadas y exdiputadas, investigadoras (Luz Pouto), periodistas (María José Esteso Poves), abogados y asociaciones de víctimas de Valencia y Alicante, que denuncian los robos de niños, las adopciones irregulares y el modo de operar de estas tramas. Caracterizan el documental como «Político», al contrario que otras series de ficción sobre estos robos emitidos por las televisiones privadas. A diferencia de Argentina, subrayan los autores, «en el estado español se cuenta con un aparato represor que impide el avance: aquí no se investigan las denuncias, directamente se archivan». Los autores no cuentan con un calendario definido de presentaciones: «No somos profesionales de esto, las cosas nos van surgiendo…».
-¿Quiénes fueron los «ladrones de vidas», y quiénes las víctimas?
Hay una gama de grises, pero fueron quienes sin consentimiento y sin hacerlo explícito sustrajeron vidas de recién nacidos sin el consentimiento expreso de la madre, el padre o de ambos. En las tramas organizadas participaron ginecólogos, abogados, notarios, enfermeras, curas, monjas taxistas y conserjes de hospital, entre otros. Una gama muy amplia, que abarcaba todo el territorio español. Víctimas de esos robos fueron principalmente, y en un principio, las perdedoras de la guerra de 1936: republicanas, anarquistas o «rojas». Con el paso del tiempo también este colectivo, pero el robo se extendió de modo general a cualquiera que cayera en las redes de las tramas organizadas.
-¿Pueden por tanto distinguirse diferentes periodos en el robo de bebés?
Siempre hubo una raíz ideológica, por eso nos decidimos a hacer el documental. Como afirma la investigadora Luz Pouto en el audiovisual, los hijos no se los iban a dar a cualquiera. Se los entregaban a familias adictas al Régimen. Al principio esto era muy evidente, pero con el tiempo cobró mayor peso el factor «negocio». En 1981 hay datos de niños desaparecidos por ejemplo en Valencia, e incluso existe algún caso a principios de los 90. Pero lo que dio el golpe de gracia a estas tramas fue la Ley 21/1987 de Adopciones, que potenciaba la intervención de la Administración Pública. Hasta ese momento, todo esto prácticamente podía hacerse en privado.
-¿Se trata de un documental político, que toma partido en la batalla por la memoria histórica?
Político es todo, añadiríamos que se trata también de un documental social que da a conocer las raíces de los hechos: la «limpieza» ideológica que emprende el franquismo cuando gana la guerra. Aquello que Hitler no fue capaz de hacer al resultar derrotado, lo hizo Franco.
-En vuestro trabajo se pone voz y rostro a una decena de víctimas de los robos y adopciones irregulares. ¿Qué testimonios os parecen más ilustrativos?
Laura, de Alicante, habla con el corazón en la mano y no se mueve por rencor ni por dinero o notoriedad mediática. Desea encontrar al hijo que le robaron. Ella estaba casada, y después tuvo otros dos hijos. Laura se expresa de una manera inteligente, sencilla y contundente. Otro testimonio significativo es el de un chico farmacéutico del municipio de La Eliana (Valencia), que busca a sus padres. La vida de esta persona, criada en una familia pudiente, cambia al descubrir con más de 30 años que es un niño «robado» e incluso está dado de alta como hijo biológico de quienes cree sus padres. Pero no lo es. Entonces todo su mundo se viene abajo. Cuando intenta saber, le dan la espalda y le desheredan.
-¿Qué diferencias destacarías entre vuestro documental y las series de Antena 3 («Historias robadas», de 2012) y Tele 5 («Niños robados», de 2013)? Las dos abordan el robo de bebés…
Se trata de series de ficción, aunque basadas en hechos reales. Cuentan una historia con un enfoque sentimental, como si hubiera personas malvadas que sin más realizaran estas prácticas… Y se cargan las tintas en los sentimientos. Sin embargo, nuestro punto de vista es político e intentamos ir a las causas de los problemas, que son políticas. ¿Por qué empezaron a producirse estos robos en un año concreto y por qué continuaron ocurriendo tras la muerte de Franco? Ni siquiera nos interesó ver estas series.
-¿Quién es sor Aurora Gallego? En septiembre de 2015 la Audiencia Provincial de Valencia archivó una querella contra ella, impulsada por SOS Bebés Robados por negar información sobre las madres biológica.
Una religiosa de las Hijas de la Caridad presentes en diferentes ciudades del estado español, y directora de la Casa Cuna de Santa Isabel en Valencia, donde se daba a luz hasta la década de los 80. Sor Aurora Gallego se ha significado, por ejemplo, por querer que se implantara nuevamente el «torno», donde anónimamente podía depositarse un bebé; es lo que se hacía durante la Edad Media en conventos y monasterios: alguien dejaba el bebé y se iba. La monja Aurora Gallego recibía dinero público y distinciones; de hecho, fue nombrada hija adoptiva de la ciudad de Valencia además de los reconocimientos autonómicos. Compromís intentó que estas distinciones se revirtieran cuando se destapó el asunto de los niños «robados», lo que indignó al PP, como explica en el documental la actual vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El Grupo Parlamentario Popular se negó a realizar la tramitación.
-¿Qué precio se ponía a los bebés «robados»?
El precio era algo muy relativo, dependía de cada caso. Por tener una referencia, podía equivaler al coste de un piso de la época. No se pagaba por los gastos del hospital o por el parto, no se hacía por caridad: se trataba de un negocio. Cobraban un dinero que excedía en muchos los costes de un parto. Hay ginecólogos actuales que amasaron fortunas gracias a estas mafias.
-¿Se trata de un asunto silenciado en el que los tribunales no han querido entrar? El pasado 15 de septiembre Europa Press informaba del «estancamiento» del juicio contra el ginecólogo Eduardo Vela, primer procesado por un caso de bebés «robados» en España, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva un recurso de apelación contra el auto de apertura del juicio oral.
Sin duda, y hoy en día continúa silenciado. El gran problema de las asociaciones de víctimas hoy es que no se les da cabida en los medios. Pasó ya la época en que cobraron algo de actualidad cuando se produjeron las series y ciertos programas televisivos; pero hace ya unos años que parece como si el problema se hubiera resuelto. En la fase de grabación, el abogado Enrique Vila nos contó que no se había producido ningún juicio ni condena en España. Y esto es así porque ni la fiscalía, ni la policía ni los jueces investigan estos asuntos cuando les llegan. Directamente se archivan. Es más, la única persona que puede terminar en la cárcel por este asunto es una víctima, no un miembro de la mafia. Se trata de María Ascensión López, que denunció públicamente a una monja -sor Dolores- de mediar en su adopción. Esta interpuso una querella por un presunto delito de injurias y calumnias. A María Ascensión le condenaron entre otras penas a una indemnización de 40.000 euros a la religiosa o cinco meses de prisión.
-¿Qué imágenes llamativas han quedado fuera en un documental de 55 minutos, que condensa tres años de trabajo de grabación?
Por ejemplo cuando la exdiputada de EUPV-IU, Ester López Barceló, nos contó que al presenciar una exhumación en la que se suponía habían de hallarse los restos de un niño muerto, no fue así: apareció el brazo de una persona adulta. Una de las víctimas también explica cómo un taxista, que por lo visto se hizo famoso, llevaba a los niños «robados» de una ciudad a otra. Nos llamó la atención por otra parte que las niñas fueran más caras que los niños. En una sociedad tan machista, católica y de valores franquistas como la española, por las niñas se pagaba más. Creemos que una de las razones es que en muchos casos se buscaba no sólo compañía sino también una «criada»; esto demuestra el grado de mercadeo infame al que se llegó. Mientras que el hombre se ponía a trabajar a los 16 años, la mujer tenía que estar en casa cuidando de sus padres hasta que se casaba, y entonces pasaba a cuidar a su familia. Se constata así el egoísmo de personas mayores, con dinero, que buscan una cuidadora que esté en casa… En estos casos el cariño era escaso.
-¿Qué hilo de continuidad puede trazarse entre «Ladrones de vidas» y vuestro primer documental, producido en 2011, sobre el maestro de escuela Cayetano Ripoll, la última víctima de la inquisición en el estado español (murió ahorcado en 1826)?
El hilo conductor es la influencia de la iglesia católica en la represión, y denunciar la falta de libertad de conciencia siempre que la iglesia católica, o cualquier iglesia en general, está de por medio.
-¿Por qué dedicáis una parte significativa del documental al psiquiatra Vallejo-Nájera y las indagaciones sobre el «gen marxista»? Regresa de Alemania y en 1930 comienza a dirigir una clínica psiquiátrica en Madrid…
Porque resulta fundamental. Toda represión necesita, para poder justificarse, de una ideología: uno no puede decir que va a matar porque sí. Los nazis la tenían también. Vallejo-Nájera era un psiquiatra que abrazaba la ideología nazi, y que intentó -cuando hablaba del «gen rojo»- otorgar una cobertura científica a los actos del franquismo. También los nazis arrebataban la condición de «persona» a los judíos. El psiquiatra estuvo en Alemania durante los años previos al nazismo, cuando se estaba incubando el huevo de la serpiente. Mamó una ideología, que incorporó en España con un tono folclórico, indígena… y franquista.
-Por último, ¿se inscribe el «robo» de bebés en un sistema de secuestros amparado por las leyes franquistas, o se trata de mafias aisladas y consentidas?
Una Orden de 30 de marzo de 1940 legalizaba el secuestro al otorgar la patria potestad al Estado. La Ley de 4 de diciembre de 1941 autorizaba a cambiarles los apellidos, lo que dificultaba su búsqueda por parte de los familiares. Esta ley fue la trasposición a España de un decreto nazi. Todo ello dificulta la búsqueda por parte de los padres legítimos. Este modelo supone una gran diferencia respecto a Argentina, donde el robo nunca fue legal sino oculto, vergonzante y existen cerca de 500 casos denunciados. En muchas ocasiones, en Argentina, los hijos de víctimas fusiladas, desaparecidas o arrojadas al océano fueron a pasar a manos de los asesinos de los padres biológicos: los militares que perpetraron los crímenes. En el caso español, no. Aquí el fenómeno fue más generalizado, «legalizado», hecho a la luz del día… En el estado español se ha aportado la cifra de 300.000 bebés «robados», pero es aproximada ya que el número real nunca se sabrá. Es importante que en Argentina, con 500 casos, las Abuelas de Plaza de Mayo consiguieron un banco público nacional y gratuito de ADN, una legislación que les favorece y el hecho de que la policía y los fiscales investiguen. Han logrado todo aquello que ha hecho posible la aparición de hijos y madres. En España se cuenta con un aparato represor que impide el avance. Aquí no se investiga, directamente se archiva.
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