En su pueblo, trabajas en el campo o te vas. Diecisiete años ha pasado Ana Pinto por distintas fincas de Huelva. “¡En la vida había pensado dejar de hacer este trabajo!”, explica. Pero alzar la voz contra los abusos que, denuncia, plagan el sector agrícola, ha sido una decisión que le ha cerrado las puertas y ya no le dejan trabajar como jornalera por su actividad sindical.
Es una de las impulsoras de la organización Jornaleras de Huelva en Lucha y, recientemente, ha empezado a ejercer de mediadora sindical con Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza. “Ha sido la oportunidad de quedarme, si no, tendría que haberme ido ya a otro lugar a intentar buscarme la vida”, asegura. Con lo único que cuenta, dice, es con sus manos, y, lo que querría es desarrollar un proyecto agroecológico en su tierra, cada vez más despoblada a golpe de degradación laboral. “Mantengo la esperanza de que podamos recuperar la dignidad en los campos y volver a trabajar sin que se nos rechace por pedir algo que no creo que sea nada del otro mundo: que se cumplan nuestros derechos, salario digno y que nos respeten”, afirma la activista.
La campaña de Inspección del Trabajo en los campos, anunciada por la ministra Yolanda Díaz hace unas semanas, fue recibida como un ataque entre el empresariado del sector e incluso por parte de algunas administraciones ¿Qué explica tanta indignación?
Lo que se pide es que se compruebe si existen abusos laborales en los campos y eso ha hecho que pongan el grito en el cielo quienes tapan los abusos y la explotación. Cuando se asustan tanto es porque tienen algo que esconder. Las inspecciones han empezado hace unos días y ya ha habido dos casos de fincas en las que han detectado que no se cumplían derechos de las personas trabajadoras. ¡Menos mal que han decidido ya de una vez meterle mano a esto!
¿Hasta el momento, cómo ha sido la intervención de Inspección del Trabajo ante las denuncias de vulneraciones de derechos de las trabajadoras en los campos?
El trabajo que ha hecho en Huelva la Inspección Laboral es lo mismo que nada. Hemos denunciado vulneraciones de derechos en un montón de ocasiones y, para ellos, todo funciona correctamente. Aquí las empresas actúan con total impunidad. Hemos puesto más de una decena de denuncias y en las que se han pronunciado han dicho que todo está bien.
¿Los abusos laborales y los malos tratos a las personas jornaleras es algo generalizado en las empresas del sector?
Es vox populi. Aquí todo el mundo trabaja en el campo y es lo que cuenta la gente en cualquier encuentro con amigos o familia. Está generalizado y no solo aquí, también en otras provincias: Almería, Valencia, Murcia, Lleida. Los casos de explotación están saliendo en toda España. Va incorporada a la agricultura intensiva de la agroindustria, aquí y en otros países.
¿Una persona que haya trabajado siempre en el campo ha notado una caída de sus condiciones laborales en los últimos años?
El sueldo sigue siendo el mismo que hace años, pero nos ha subido el sello agrícola, que te permite cobrar 430 euros los meses en los que no hay trabajo, y cada año suben también las normas abusivas que nos obligan a firmar el primer día de trabajo. Y la presión para que produzcamos más. Para ir al baño tienes que pedir permiso a la manijera, que te apunta en una lista y tienes que esperar a que te avise, si no, te castigan o te echan. Los baños no tienen buenas condiciones higiénicas. Muchísima gente coge infecciones de orina. Está prohibido comerte una fruta. Vas directa a la calle. También ponerte la radio para hacer el trabajo más ameno. Nos han prohibido hasta hablar con los compañeros. Otra norma: prohibido pantalón corto y chaleco de tirantes, cuando estás trabajando debajo de un plástico a más de 50 grados.
¿Cómo ha afectado el coronavirus a las condiciones de las trabajadoras?
Ha evidenciado la vulnerabilidad y la explotación que sufrimos. No se han respetado las medidas de seguridad. Muy pocas empresas han garantizado mascarillas y guantes. Con denuncias públicas, hemos conseguido que se tomen algunas medidas, como que pongan agua y desinfectante. Pero hay tajos aún en los que no hay y en los que tampoco se cumplen las distancias de seguridad. Tenemos constancia de empresas que han ocultado casos de contagio y han amenazado a las trabajadoras para que no hablen de ello. Hay empresas que han falsificado firmas de trabajadoras para darles una baja voluntaria, como si no quisieran ir a trabajar, cuando la realidad es que no han podido, en muchos casos por tener criaturas o mayores a cargo, y estas mujeres no han optado a ningún subsidio.
¿La situación en Huelva tiene particularidades?
En Huelva se da toda la explotación posible: el racismo, con la explotación de personas migrantes; el machismo, porque es un sector muy feminizado; y la explotación del medio ambiente. Con los pozos ilegales, el acuífero de Doñana está prácticamente seco y los pantanos de la zona los tenemos totalmente secos. Además, lo que conlleva la cantidad de plástico que se desecha, los químicos y el monocultivo. Ahora hay producción de muchísimas toneladas de frutos rojos, pero si en algún momento esto se quita de ahí, nos vamos a quedar con unas tierras totalmente áridas. No van a servir para cultivar nada más. Nuestra lucha engloba estos frentes.
¿Hay cierta normalización de las condiciones extremadamente precarias de las trabajadoras del sector agrícola?
Aquí las mismas trabajadoras han normalizado la situación porque es el único sustento que tienes. En los pueblos no tenemos mucha más opción que trabajar en el campo y las empresas actúan con total impunidad, con la protección de la Administración, de los sindicatos mayoritarios y de los partidos políticos. Por otro lado, la gente va a comprar fruta y verdura y parece que crea que sale de allí mismo, del supermercado. Nunca se ha valorado el trabajo de las personas jornaleras, que recogen esos frutos para que los demás coman. Es una de las tareas de cuidados más importante que hay. Preocupa mucho el PIB, pero la gente parece que no entiende que lo que necesitamos es comer y que las personas que trabajamos en los campos somos una pieza fundamental. Sin embargo, somos las más invisibilizadas y castigadas.
¿Cuál ha sido la chispa que ha encendido vuestra organización?
Lo que nos decidió a tirar adelante fue la denuncia de nuestras compañeras marroquíes en 2018. Coincidí ese mismo año con cincuenta mujeres marroquíes en una cuadrilla y cuando me di cuenta de la realidad que viven ellas… mucho peor que la que vivimos nosotras, que ya nos parece horrible. Decidí comenzar con el activismo para sacar a la luz esta situación. Me fui encontrando con otras mujeres que denunciaban lo mismo. Nos organizarnos y, a principios de este año, nos constituimos de manera pública.
¿Qué relación tenéis con los sindicatos?
Descartado cualquier contacto con los mayoritarios porque no se han personado nunca en el campo. Mantienen silencio absoluto ante la situación que vivimos. Y los minoritarios, intentan ayudarnos, pero hay egos, divisiones, machismo… Decidimos que somos nosotras las que tenemos que dirigir la lucha, que somos las que la conocemos y la vivimos. Estamos haciendo de sindicato como podemos, y ojalá que en algún momento podamos llevarlo a cabo como tal.
¿Entonces, qué alianzas habéis encontrado para ganar fuerza en vuestras reivindicaciones?
Nos arropan colectivos migrantes y feministas, aunque tengo que decir que el movimiento feminista no se echa igual a la calle cuando las que sufren agresiones sexuales son las compañeras temporeras marroquíes que cuando las sufre una mujer de aquí. Por otro lado, está siendo fundamental la Cooperativa de Abogadas Andaluzas, que nos permite ofrecer asesoría jurídica y denunciar abusos. También lo es el trabajo de un medio de comunicación pequeño, La Mar de Onuba, el único de aquí que saca a la luz lo que ocurre en el campo. Poco a poco se nos está sumando gente de los pueblos, compañeras de Rumanía, compañeras de Marruecos, y estamos en una lucha hermanada con los compañeros africanos, por los derechos de las personas trabajadoras del campo.
¿Habéis detectado esa actitud que culpa del empeoramiento de las condiciones a las trabajadoras migrantes?
Romper con este discurso es algo que nos está costando. Nosotras vamos a pedir trabajo y hay empresas que nos dicen que no quieren españoles. Tal cual. Lo tienen muy bien planteado desde la patronal y hace falta pedagogía con los compañeros y compañeras locales. Se está creando un discurso de odio terrible y se ha visto reflejado en las elecciones andaluzas. A la vez, durante la pandemia, hemos visto también una solidaridad que muestra que la semilla que hemos plantado va germinando.
Miles de mujeres provenientes de Marruecos no han podido trabajar esta campaña de recogida de frutos rojos por el cierre de fronteras. ¿Cómo ha afectado al trabajo?
Ha pasado algo muy curioso. La patronal hizo un llamado de socorro a la población española para trabajar en el campo. Vinieron estudiantes y personas que tienen sus carreras y sus trabajos pero que, por lo que sea, han ido a probar, y se han encontrado la situación que tienen las mujeres de Marruecos todos los años. Por ejemplo, en la empresa Los Mimbrales han metido a setenta personas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y muchos sitios en una vivienda con tres cuartos de baño y con tres o cuatro fuegos de hornilla. Cuentan que las mantas que les han dado tenían chinches y que en el contrato había una cláusula que les obligaba a pagar 2,5 euros diarios por la vivienda, que es totalmente ilegal. Y se han encontrado con el trato que recibes en el campo. Han quedado horrorizados y mucha de la gente está denunciando lo que ha vivido, porque no van a volver, y piensan en quienes, año tras año, trabajan aquí de esta manera.
¿Es el miedo a posibles sanciones por formar parte de un espacio de lucha laboral una barrera que encontráis?
La gente tiene mucho miedo. Soy yo la que está dando la cara porque ya me tiré a la piscina hace dos años y me dije “tira para adelante”. A pesar del miedo, creo que estamos creando una buena estrategia para denunciar de la mejor manera, sin perjudicar a quienes lo hacen. Y también es cierto que hay personas que están perdiendo el miedo; que esta situación de abuso no la aguantan más.
A finales de 2018, se puso en funcionamiento el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social (PRELSI). ¿Qué ha aportado en términos de protección a las trabajadoras?
Este plan es como poner al zorro a vigilar las gallinas. Lo ha creado la patronal y lo financia la Junta de Andalucía… El objetivo, supuestamente, es proteger y defender a las trabajadoras, creado por la patronal. Tienen contratado a un equipo de mediadores que hablan árabe y están por las fincas. Si hay una mujer que denuncia un abuso, este mediador debe trasladarlo a Interfresa, el lobby de la patronal; Interfresa lleva el caso a la empresa en la que ocurrido y, entre ellos, deciden si se traslada o no a las autoridades. Cada vez que hay un problema aparece el PRELSI y la mujer retira la denuncia o ya no quiere hablar. Han montado un sistema de vigilancia para quitar los problemas del medio. No han presentado ni una denuncia, cuando tenemos contrastado que no se están cumpliendo las medidas de seguridad en las empresas y mucha gente vive en chabolas sin luz ni agua. El relator de pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, cuando estuvo aquí a principio de año, puso el grito en el cielo porque los asentamientos de jornaleros son peores que algunos campos de refugiados. La empresa tiene la responsabilidad de ofrecerles una vivienda digna por trabajar su finca. El beneficio económico que generan para los pueblos es inmenso. Palos de la Frontera es de los pueblos más ricos de España y tiene a miles de personas trabajadoras del campo viviendo en chabolas.