Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
Empezó en marzo de hace ocho años. El día 13 hubo elecciones a las cortes que la Constitución española establece como la sede de la soberanía única. El PP obtuvo mayoría absoluta y José María Aznar tomó la vara de mando del Gobierno de España.
Un año después la ciudadanía de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya votó de nuevo, para elegir a los miembros del parlamento de la comunidad autónoma. Esos parlamentarios, esos representantes de alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, eligieron a un presidente para la cámara legislativa y a un presidente para el gobierno, Juan Mari Atutxa y Juan José Ibarretxe. De entre los 75 parlamentarios que esos ciudadanos eligieron aquel 13 de mayo había siete de Batasuna: Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez, Jon Salaberria, Jone Goirizelaia, Rakel Peña, Antton Morcillo y Josu Urrutikoetxea.
Esa cámara en que tenía mayoría absoluta el PP, con el apoyo del PSOE y de otros, aprobó la Ley de partidos. Y esa misma cámara renovó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), manteniendo la mayoría de vocales conservadores. Se nombró presidente del CGPJ al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Francisco José Hernando) y, cada vez que ha habido algún un hueco en esa sala, esa mayoría conservadora del CGPJ ha nombrado al nuevo magistrado, lo mismo que cada vez que lo ha habido en el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), como en el caso del presidente (Fernando Ruiz Piñeiro en lugar de Manuel Zorrilla). La cámara legislativa elegida por alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, evidentemente, no ha tenido capacidad de decisión, ni siquiera indirecta, en la elección de los miembros del CGPJ ni en el nombramiento de los magistrados del Tribunal de la CAV.
Posteriormente, el Tribunal Supremo ─con el apoyo de la mayoría conservadora y de la minoría no tan conservadora─ ilegalizó a Batasuna, sirviéndose de una ley que la mayoría del Parlamento vasco había rechazado claramente. Esto es: con una ley rechazada por la mayoría de la representación parlamentaria de la voluntad política de alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos ilegalizaron al partido de algunos representantes parlamentarios de alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos.
Los parlamentarios del partido ilegalizado, entonces en el grupo Sozialista Abertzaleak, siguieron siendo grupo, con la aprobación de la mayoría del Parlamento vasco. El Tribunal Supremo ordenó al Parlamento vasco la disolución del grupo, pero los parlamentarios elegidos con los votos de la ciudadanía consideraron que esa orden era contraria a la autonomía del Parlamento, quebraba la división de poderes y que las decisiones del Parlamento son soberanas.
Sin embargo, poniendo las esposas ahora a Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao el Tribunal Supremo español le ha dado un mensaje que no podía ser más claro al Parlamento vasco, a todas las instituciones de la CAV y a quienes querrían soberanía en el autogobierno de la CAV: no es soberano, está bajo mis órdenes y no hay división de poderes entre superior y subordinado. En definitiva: las leyes impuestas conforme a la soberanía única española y los tribunales están por encima de la voluntad de (una parte) de la ciudadanía vasca.
Tendría razón el Gobierno vasco cuando dice que esta decisión del Tribunal Supremo vulnera la soberanía del Parlamento vasco si esa soberanía existiera realmente. Pero no es así. El Tribunal Supremo español dice que no y las instituciones vascas sólo se limitan a mostrar desacuerdo, además de acudir a otro tribunal formado según la correlación de fuerzas de la soberanía única española, el Tribunal Constitucional.
Esto no empezó con Juan Mari Atutxa y, además, no acabará con Juan José Ibarretxe. La rueda sigue girando, mientras algunos de los elegidos aquel lejano 13 de mayo están en la cárcel. El 4 de febrero será el turno de EHAK. Y el día siguiente, el de EAE-ANV. Y todo ello en el país que dicen que tiene el autogobierno más sólido de toda Europa. * Imanol Murua es periodista político.